Los pasados 23 y 24 de mayo, la OIM participó en un foro organizado por la Corte Constitucional para dialogar sobre los avances y retos alrededor del desplazamiento forzado.

El evento conmemoró los 20 años de la sentencia T-025 de 2004, que declaró un Estado de Cosas Inconstitucional por la vulneración de los derechos de la población desplazada.

Este año se cumplieron dos décadas de la sentencia T-025 de 2004, en la que la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional debido a la gravedad del desplazamiento forzado causado por el conflicto armado y la vulneración sistemática de los derechos de millones de víctimas. Una sentencia que significó un hito en el país y abrió la puerta a importantes transformaciones sociales e institucionales para reconocer, reparar y construir mejores condiciones de vida para los desplazados.

En conmemoración de este hecho significativo, el 23 y 24 de mayo, en la Universidad de Los Andes, en Bogotá, se desarrolló el foro “Justicia constitucional en contextos de conflicto: aprendizajes de la sentencia T-025 de 2004 y reflexiones hacia futuro sobre el desplazamiento forzado interno”, organizado por la Corte Constitucional y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el apoyo del programa Restaurando Nuestro Futuro de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en alianza con ACDI/VOCA.

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas de la Unidad para las Víctimas, con corte a 31 de marzo de 2024, en Colombia hay un poco más de 8.6 millones de víctimas de desplazamiento forzado por el conflicto armado, de las cuales 6.9 millones aún necesitan asistencia o reparación, en especial en lo referente al acceso a derechos a vivienda, educación y generación de ingresos. Por eso es importante abrir este tipo de espacios de diálogo y articulación entre distintos actores.

La magistrada Natalia Ángel Cabo, presidente de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, recordó que “el Estado de Cosas Inconstitucional se supera cuando los desplazados logran estar en igualdad de condiciones frente al resto de la población en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y de sus derechos económicos, sociales y culturales, como la vivienda, la salud y la educación.”

En el espacio se reunieron expertos nacionales e internacionales en materia de desplazamiento forzado: académicos, funcionarios públicos, representantes de organismos internacionales, juristas, líderes y lideresas de víctimas, entre otros. El primer día, la conversación giró en torno al impacto de la sentencia en las condiciones de vida de las víctimas y en la formulación e implementación de política pública. El segundo día, se trataron temas como las buenas prácticas y la búsqueda de soluciones duraderas, e incluyó un panel sobre desplazamiento por factores ambientales y climáticos, tema central de la reciente sentencia T-123 de 2024 de la Corte Constitucional.

Denisse Velázquez, Jefa de Misión Adjunta de OIM en Colombia, quien participó en el panel ‘Respuesta a los desafíos del desplazamiento forzado de cara al futuro’, explicó que uno de los principales retos es mejorar la coordinación interinstitucional y garantizar la complementariedad entre las diferentes políticas públicas: “Cuando hablamos de soluciones duraderas, hablamos de políticas y de instituciones que tienen que dar respuesta a esas condiciones de vulnerabilidad […] y cómo llegamos a transformar los contextos para resolver las problemáticas específicas del desplazamiento de manera sostenible, con foco en cuatro componentes: generación de ingresos, vivienda, fortalecimiento y reconstrucción del tejido social, y la participación activa de las comunidades”.

Uno de los invitados principales al foro fue Robert Piper, Asesor Especial del Secretario General de la ONU para las Soluciones a Desplazamientos Internos. En su discurso, señaló la importancia de que Colombia sea uno de los países piloto para la implementación de una estrategia para avanzar en la búsqueda de soluciones duraderas que permitan superar la vulnerabilidad de la población desplazada. Este proyecto, en el que participa OIM junto a otras agencias de Naciones Unidas como PNUD, ONU Hábitat y ACNUR, se desarrollará en Bogotá, Cali, Medellín, Buenaventura, Quibdó, Tumaco, y Florencia.

Laura Borrero, miembro del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, enfatizó en la importancia de que esas transformaciones sean estructurales y sostenibles: “Las regiones históricamente más afectadas por el conflicto armado hoy lo siguen siendo. Aspectos como la vivienda, la tierra, el acceso a la educación y la protección de los niños son fundamentales y necesitan abordarse de manera integral”.

El evento, que se puede ver en diferido en la cuenta de YouTube de la Corte Constitucional (día 1 y día 2), fue un escenario de pedagogía sobre los avances que se han dado en Colombia gracias a la sentencia, y un espacio para discutir cómo abordar los desafíos al futuro. Desde OIM Colombia, seguimos comprometidos con la búsqueda de soluciones duraderas que generen condiciones estructurales para garantizar los derechos de las víctimas.

Sobre el programa Restaurando Nuestro Futuro

El programa Restaurando Nuestro Futuro de USAID, implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en alianza con ACDI/VOCA, busca contribuir a reparar adecuadamente a las víctimas, restituir sus derechos y fortalecer las relaciones de confianza entre el Estado y las comunidades afectadas por el conflicto para promover una reconciliación duradera.