El conflicto armado en Colombia se ha vivido principalmente y con mayor crudeza en los territorios. Por eso, la tarea de reparar a cerca de 9 millones de víctimas se realiza también desde el nivel local con la participación de las entidades territoriales y las víctimas del conflicto. El Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas es una ocasión para destacar el trabajo y avances desde las regiones para implementar de manera efectiva la política pública de víctimas.

Así, por ejemplo, en 2015, el Ministerio del Interior y el Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas (VISP) de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), diseñaron y pusieron en funcionamiento el Modelo de Fortalecimiento a Entidades Territoriales. Una herramienta para mejorar el desempeño de las entidades territoriales y la implementación de la política pública para la atención, asistencia y reparación integral para las víctimas (PPV).

El Modelo responde a la necesidad de territorializar la política pública de víctimas y dar respuesta a las obligaciones derivadas de la Ley de Víctimas 1448 de 2011 y los requerimientos de un país en posconflicto. Durante su implementación ha beneficiado 82 autoridades territoriales y más de 700.000 víctimas y personas en condición de vulnerabilidad de manera indirecta.

“Los funcionarios no teníamos la sensibilización, el conocimiento y la claridad para implementar la política pública de víctimas.Nos faltaba esa experticia para hacer un buen acompañamiento y la debida atención a la población. Pero hoy, podemos decir con certeza, que realmente somos capaces de prestar  un servicio sólido y útil a la población que lo requiere”, dice Jorge Rojas, Alcalde de Bugalagrande (2016-2019).

El Modelo fortalece el conocimiento técnico y proporciona las herramientas administrativas y tecnológicas, a través de las cuales la entidad territorial, contribuye a restituir los derechos de la población victima y da alcance a las competencias que le determina la Ley de víctimas.

En cada uno de los 82 municipios impactados, el Modelo ha proporcionado a las entidades territoriales asistencia técnica, dotaciones y adecuaciones físicas para garantizar un servicio digno a la comunidad sobreviviente del conflicto armado. A su vez, ha fortalecido las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas de dichos municipios y ha apoyado la formulación e implementación de proyectos productivos y planes de fortalecimiento organizativo de 12 organizaciones de víctimas contribuyendo a su reparación integral y estabilización socio-económica.

“En la parte rural todavía la gente tiene mucho desconocimiento respecto a los temas de víctimas. El fortalecimiento me dio las herramientas para orientar y ayudar a la comunidad respecto a la Ley de Víctimas. Para mí como lideresa y ahora enlace de víctimas, tengo mucha información para brindar una mejor atención”, relata Nelly Solar, representante de Mesa de Participación Efectiva de Corinto, Cauca.

El Modelo se implementa en cinco etapas: diagnóstico, formulación, implementación, verificación de resultados y gestión del conocimiento. Actualmente, se encuentra en su séptima fase de ejecución, en la cual se han priorizado 10 municipios: Maria La Baja, San Jacinto (Bolivar); San Antonio De Yacopí, Viotá, Pacho (Cundinamarca); Dagua, Buenaventura (Valle del Cauca); Riosucio (Chocó); y Chigorodó, Necoclí (Antioquia). Así mismo, actualmente se avanza en el proceso de alistamiento para intervenir 15 municipios que harán parte de su octava fase con la cual se espera alcanzar un total de 97 municipios intervenidos.