El Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas (VISP, por sus siglas en inglés) de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), apoyó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la consecución de insumos y análisis técnicos para la investigación y producción del documento Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) mediante el cual se definen las acciones, metas y recursos necesarios para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, como se le denominó a la Ley 1448 de 2011, cuya vigencia se extendió por 10 años más.

Este documento refleja el compromiso del Estado colombiano con la implementación de la Ley, mediante la destinación de cerca de 142 billones de pesos para el cumplimiento de las 286 metas definidas por 32 entidades del gobierno nacional y del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Esto, teniendo en cuenta la necesidad de “mantener la estabilidad fiscal y macroeconómica del país(…) fundamental para el progreso económico y social”, como se puede leer dentro del texto del CONPES.

Dentro de las acciones propuestas, en el CONPES se incluyen temas como la reunificación de familias víctimas de desplazamiento forzado, asistencia para superar situaciones de vulnerabilidad a 4,6 millones de víctimas de la violencia, subsidios de vivienda, acompañamiento para encontrar empleo (a través del Servicio Público de Empleo), acceso a salud y educación para 700.000 familias, y apoyo para la creación de 60.000 emprendimientos y el fortalecimiento de 250.000 ya existentes.

Ahora que se han cumplido estos primeros 10 años de la Ley de Víctimas, quedan en evidencia los avances y desafíos para reparar de manera integral a 9.1 millones de víctimas, una cifra cercana al 20% de la población total del país. Hasta el momento, se ha entregado la indemnización a 1.163.500 víctimas individuales y ha avanzado en la reparación de 52 sujetos colectivos pertenecientes a comunidades y pueblos étnicos por valor de $13.426 millones de pesos. También se han acompañado a 1.810 familiares en la búsqueda de 567 desaparecidos y se han restituido 394.659 hectáreas de tierra.

El CONPES se convierte en una esperanza para las víctimas, pues define acciones, metas y recursos específicos para: “…mitigar la ocurrencia de nuevos hechos de afectaciones a la vida, la seguridad personal, la libertad y la integridad de las víctimas del conflicto armado (…) mejorar sus condiciones socio-económicas (…) contribuir a la reparación de las víctimas (…) y brindar soluciones a los retos que aún persisten en la articulación y el funcionamiento de la institucionalidad dispuesta para el cumplimiento de esta política”, como afirma su introducción.

Desde el 2012, el Programa VISP de USAID, ejecutado por la OIM, ha venido apoyando técnicamente los esfuerzos de las instituciones del gobierno colombiano encargadas y responsables del proceso de implementación de la política pública de víctimas. El Programa también promueve la participación efectiva e incidencia de las víctimas en dicha política.