Hasta finales del año pasado, en el departamento de Bolívar se concentraba casi el 5% de la población proveniente de Venezuela, de acuerdo con las cifras de Migración Colombia. En Cartagena, su capital, se encuentran más de 50 mil personas provenientes de ese país vecino.

Para atender las necesidades de orientación legal de esta población, la Universidad de Cartagena -desde el Consultorio Jurídico de Derecho y Desplazamiento- ha implementado un programa de asesoría legal para ayudarles en asuntos como la regularización de su estatus migratorio y el acceso a servicios. Esta iniciativa inició hace dos años.

Es el caso de Yesenia Miranda y sus hermanos, provenientes de Maracaibo, Venezuela, el Consultorio les ha guiado para acceder a la educación de los niños y resolver asuntos relacionados con sus documentos de identidad. “Recomiendo ese servicio porque me han atendido y guiado muy bien”, dice la mujer, consciente de que -en muchas ocasiones- los trámites requieren paciencia.

Si bien la satisfacción de los beneficiarios refleja la calidad del trabajo del Consultorio, su coordinadora, Angélica Navarro Monterroza, es consciente de que “la atención se queda corta para que sea integral”. Con el fin de abordar este desafío, la Universidad de Cartagena, desde el Observatorio de Desplazamiento, Conflictos y Construcción de Paz, planteó la necesidad de asociarse con otras entidades de educación superior para ofrecer otros servicios de atención social y psicológica.

“La atención debe realizarse desde diferentes disciplinas, para dar respuesta de manera integral a las necesidades que están desatendidas e invisibilizadas. Es importante la orientación legal, pero también es vital el acompañamiento desde el plano psicológico, social y en materia de empleabilidad. De igual manera, resulta fundamental producir información científica sobre la problemática en la ciudad”, explica la abogada. 

Universidades en red

Con ese objetivo, en 2020 se crea la Red Universitaria para la Atención y Seguimiento Integral al Migrante (RUASIM) en la que, además de la Universidad de Cartagena, también participan con sus programas de Trabajo Social, Derecho y Psicología, la Corporación Universitaria Rafael Núñez, la Universidad del Sinú, la Universidad San Buenaventura y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entidad con la cual se abordarán necesidades de emprendimiento y empleabilidad.

La Red cuenta, desde julio de 2020,  con la financiación del Fondo de Donaciones del Programa de Estabilización Comunitaria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y tiene la expectativa de atender mil personas durante el primer semestre de 2021, para contribuir en los esfuerzos de los actores relevantes en la promoción de los derechos de la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela, de los colombianos retornados, así como personas de las comunidades de acogida.

Uno de los aportes de la Universidad de Cartagena a la Red, consiste en el desarrollo de un software de seguimiento a las necesidades y atención de los beneficiarios en el que todas las instituciones participantes registrarán las diversas problemáticas que enfrenta la población refugiada y migrante. A partir de los datos recogidos en la plataforma, los grupos de investigación de las universidades -bajo estrictas condiciones de confidencialidad y previo consentimiento de estas personas-, podrán contar con insumos para construir propuestas metodológicas que permitan mejorar las intervenciones y acotarlas para favorecer las condiciones de vida de nacionales venezolanos y colombianos retornados, en su área de influencia.