La transición de un conflicto armado de más de 50 años a la paz y la reconciliación tiene muchos retos y dificultades. La protección de la vida de los líderes y lideresas sociales y comunales; defensores de derechos humanos y periodistas es fundamental y urgente. Por eso, el Programa de Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas, de USAID implementado por OIM, ha priorizado la implementación de diferentes proyectos y acciones encaminadas a contribuir a hacer efectiva la garantía y protección de los derechos humanos en conjunto con entidades de gobierno, como el Ministerio de Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP), y con organizaciones sociales.

En ese marco, los días 10 y 11 de julio, se realizó en Bogotá, el Panel “Desafíos de la política pública integral de garantías para la promoción y defensa de los Derechos Humanos” bajo el liderazgo del Ministerio de Interior. El evento contó con la participación de más de 100 personas entre líderes y lideresas sociales y comunales, periodistas, defensores de DDHH, instituciones y cooperación internacional. Los resultados de la jornada, apoyada por USAID, OIM y la MAPP-OEA, nutrirán un documento CONPES sobre el tema.

Patricia Colchero Aragonés y José Miguel Edgar Cortez de México; Roberto Carlos Parra de Perú; y Jaime Prieto y Juan Carlos Botero de Colombia hicieron parte del panel de expertos que discutió acerca dos preguntas: ¿Cómo pasar de paradigma de protección a un paradigma de prevención y garantías? Y ¿Cómo puede participar la sociedad civil en la construcción de política pública de protección?

Para Patricia Colchero de México “la transición de un paradigma de protección a prevenciòn es un proceso de largo aliento y ambos sistemas deben funcionar de forma paralela y complementaria donde la política de prevención debe atender múltiples causas estructurales como la corrupción, el crimen organizado y la falta de reconocimiento a líderes y defensores”. Desde su punto de vista, la participación de la sociedad civil en el proceso debe ser desde el diseño, pasando por la implementación y la evaluación.

Por su parte, José Miguel Edgar Cortez, de México, afirma que la transición requiere combatir la impunidad y los estigmas contra personas que defienden los DDHH. Igualmente, indica, es necesario generar acciones y discursos de reconocimiento desde las instituciones (incluyendo la Fuerza Pública) y sector empresarial. Agrega “el enfoque de DDHH debe ser un parámetro de evaluación de la gestión de todas las instituciones públicas”.

Cortez también recomienda que la investigación sobre las denuncias realizadas por los líderes y defensoras incluya dentro de las hipótesis que las amenazas o hechos hayan sido por causa de su trabajo y no por “temas personales”. Igualmente indicó que los análisis de riesgo son complejos y deben realizarse por parte de equipos técnicos calificados, pero también deben incluir entrevistas con el afectado, su familia y las autoridades locales.

Por su parte, Roberto Carlos Parra de Perú, sostiene que el paradigma de protección está en crisis entre otras razones por su alto costo económico. Por eso, es necesario pensar y transitar hacia modelos de anticipación y prevención. En esto, indica,“es necesario trabajar directamente con las organizaciones y permitir que ellas mismas propongan mecanismos de autoprotección”, y agrega: “El rol de la sociedad civil en la política pública de prevención es fundamental especialmente en zonas donde el Estado no tiene presencia fuerte”. 

Para Juan Carlos Botero, de Colombia, en el contexto colombiano, la protección es fundamental y necesaria y se debe complementar con acciones de prevención para atender los aspectos estructurales que impiden el ejercicio efectivo de la defensa y promoción de los DDHH. Desde su punto de vista el modelo de protección en Colombia es eficaz por demanda, pero no por la oferta. Por eso, el reto es identificar personas en riesgo, ofrecerles protección o motivar a que éstas acudan a solicitarla a partir de una construcción de confianza. Para él, “la prevención eficaz requiere coordinación interinstitucional multinivel”. 

Por último, Jaime Prieto, de Colombia, afirma que el paso del paradigma de protección al de prevención y garantías requiere combatir la estigmatización a líderes sociales no solo entre ciudadanos sino desde las altas  instituciones, funcionarios y autoridades del Estado.  Y agrega “la prevención implica facilitar diálogos entre sectores en tensión y generar un cambio cultural en la manera de tramitar las controversias desde una cultura de la apertura al diálogo”.

Durante el evento, el Ministerio de Interior, informó que ha venido fortaleciendo el diálogo y la participación con las comunidades y otras instituciones con competencia en el tema como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la UNP. Así mismo, según el Director de DDHH del Ministerio, Ricardo Arias, para dar respuesta urgente a la situación de riesgo de los líderes sociales se viene avanzando en la actualización de los planes de prevención y protección y en la implementación del Plan de Acción Oportuna (PAO) en los territorios con mayor índice de riesgos. Igualmente realizó, el pasado 9 de julio, la instalación del Comité Intersectorial de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de DDHH, cuyo plan de acción y ejecución se elaboró a partir de una metodología participativa con mujeres de Montes de Maria, Putumayo, Chocó y Valle del Cauca.  El Comité de Garantías para las Mujeres también cuenta con el apoyo de USAID y OIM.