Esta comunidad barranquillera es un caso exitoso de superación de las diferencias por el bien común. Además, sus acciones en medio de esta coyuntura son una evidencia de que las crisis pueden generar transformaciones positivas.

Dicen que de las crisis surgen los cambios y las buenas ideas. Y lo que pasó con la comunidad del barrio Villa Del Mar, popularmente conocido como La Cangrejera, en medio de la pandemia por el COVID-19, es muestra de ello.

En este lugar ubicado en el corregimiento de La Playa en Barranquilla, se han asentado familias de nacionales venezolanos que se han ido integrando con la población local, la cual vive en condiciones vulnerables. Lo anterior había generado retos para su inclusión comunitaria debido a factores asociados a oportunidades sociales y económicas.

Sin embargo, cuando el COVID-19 llegó a la comunidad, su fuerza impactó a todos por igual. Y fueron justamente las necesidades económicas y de acceso a servicios de salud frente a esta situación, lo que afianzó esta unión entre quienes antes se veían con desconfianza: colombianos y nacionales venezolanos en La Cangrejera eran una sola comunidad. Incluso, un grupo de vecinos de este territorio, inicialmente colombianos, decidió agruparse y buscar ayuda para la comunidad teniendo en cuenta a los nuevos habitantes provenientes del vecino país.

A partir de abril, surgió un proceso de organización en el que se involucraron también a nacionales venezolanos, identificando un líder por calle para realizar censos tocando puertas, con el fin de hacer que los auxilios propuestos por entidades gubernamentales y no gubernamentales llegaran a La Cangrejera.

Pronto notaron que requerían formalizarse para tener una postura más sólida frente a las instituciones, así que en agosto pasaron de ser un colectivo que trabajaba por un propósito comunitario a constituirse como la Fundación Organización Social, Comunitaria y Ambiental (OSCA) de la que hacen parte colombianos y venezolanos.

“Quisimos pensar en grande y cuestionarnos sobre la forma de hacer un plan estratégico de desarrollo en nuestra comunidad”, señala Wilffer Mendoza, líder colombiano y socio fundador de OSCA.

Con esa visión llegaron apalancados y motivados por la formación en participación ciudadana que les proporcionó Acción Contra el Hambre en Barranquilla, socio implementador de acciones de integración comunitaria en La Cangrejera, del Programa de Estabilización Comunitaria (CSA) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Para Wilffer, una de las evidencias de este proceso de integración en su comunidad es la mejorada relación entre los miembros de la Fundación y la Junta de Acción Comunal (JAC). Para lograr esto, fue valiosa “la formación en participación ciudadana que nos motiva a la vivencia de la democracia, a la convivencia y a la conciliación”, reflexiona el líder comunitario sobre este espacio donde participaron tanto migrantes y como personas de la comunidad de acogida.

“El éxito fue de la gestión mediadora del Programa [CSA]”, confirma por su parte Delci de Jesús Tapia, otro de los miembros de la Fundación, también colombiano. “Ahora tenemos una relación maravillosa”, señala.

Gracias a esta articulación entre OSCA y la JAC lograron una alianza estratégica que les ha permitido avanzar hacia la creación de un plan de acción, para superar las dificultades de la pandemia y hacer mejoras para la comunidad que permitan mantener la integración y prevenir la xenofobia.

Según Migración Colombia, en el departamento del Atlántico se encuentra el 9% del total de los ciudadanos nacionales venezolanos ubicados en Colombia. Y Barranquilla, su capital, es la tercera ciudad de acogida de esta población con 94.719 personas, después de Bogotá y la ciudad fronteriza de Cúcuta.

Estas cifras evidencian que la integración comunitaria es más que necesaria. Hoy, el hecho que la Fundación OSCA, además de lograr su conformación legal y llegar a acuerdos con la Junta de Acción Comunal, tenga entre sus miembros a 10 nacionales venezolanos y pretenda aumentar ese número a 40, habla de un proceso exitoso de fortalecimiento del tejido social construido, que abona el terreno para superar las dificultades.