Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la entrega de las Fiscalía a la JEP de dos informes fundamentales para esclarecer las dinámicas de la violencia en el país; las declaraciones de Iván Márquez contra el Gobierno por los incumplimientos a la paz; las acciones del Gobierno Duque para atender el asesinato de líderes sociales; la expansión de los ‘Caparrapos’ en el Bajo Cauca Antioqueño y el sur de Córdoba; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de paz 09-15 Enero 2019

Si quiere consultar el histórico de publicaciones de la Gaceta de la Paz: clic acá

Fiscalía entrega a la JEP informes de rentas de las FARC y asesinatos de líderes sociales

El Fiscal General entregó este jueves a la JEP dos informes que investigan los asesinatos a líderes sociales y el modo de financiación de la guerrilla de las FARC. Para Patricia Linares, presidenta de la JEP, estos informes son un paso fundamental para esclarecer la verdad sobre estos fenómenos.

Con respecto al primer informe, detalla las principales fuentes y los mecanismos de la financiación de la desmovilizada guerrilla, desde sus orígenes en la década de los sesenta hasta 2016. La investigación concluyó que la economía de la guerra de las FARC se rigió bajo el principio de la diversificación, según Martínez: “Pudimos esclarecer que ésta fue mantenida por billones de recursos provenientes del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión y la minería ilegal”.

El segundo informe da información trascendental para esclarecer asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos por parte de agentes del Estado, desde 1985 a 2016. El ente judicial resaltó que en este periodo adelantó 184 investigaciones, con un universo amplio de víctimas: activistas políticos, sindicalistas, estudiantes, indígenas, campesinos, académicos, abogados y funcionarios del Estado, entre otros.

Iván Márquez reaparece para condenar los incumplimientos a la paz

Iván Márquez, desde algún lugar de Caquetá, aseguró que los resultados en materia de cumplimiento por parte del Estado son desalentadores. En un video de 12 minutos, entre otros temas sensibles, aludió a la falta de garantías políticas, al asesinato de 85 excombatientes y 400 líderes sociales, así como a la voluntad de destruir la JEP por parte del Gobierno.

Por su parte el Alto Consejero para el Postconflicto, Emilio Archila, le respondió a Márquez, defendiendo el desempeño del actual Gobierno y cuestionando su compromiso con la implementación: “[…] el que está incumpliendo es él […] dejó su liderazgo y dejó atrás a la gente que venía trabajando con él.”

Asimismo, pidió a la justicia transicional iniciar un proceso en su contra, “[…] están dadas las condiciones para que la JEP inicie el incidente de incumplimiento”. Según el alto funcionario, el excomandante guerrillero está incitando al levantamiento de las armas al indicar que se arrepentía de haber pactado la dejación de armas “antes de asegurar el acuerdo de reincorporación política, económica y social”.

Gobierno dice que adelanta acciones para frenar agresiones a líderes

Tras reunión preparatoria para la Comisión Nacional de Garantías, la ministra del Interior anunció acciones en las regiones más vulnerables del país frente a agresiones contra líderes sociales. Antioquia, Córdoba, Chocó, Bolívar, Valle del Cauca y Catatumbo serán las regiones con las que inicia el cronograma de enero para evaluar en terreno situaciones concretas de seguridad.

En esta reunión participaron también el Ministro de Defensa, el Director de la Policía, el Alto Comisionado para la Paz y el Fiscal General. Este último, aseguró que han tomado varias medidas y que no hay ni habrá impunidad contra los asesinos de líderes sociales. Dijo que, según cifras de Naciones Unidas, entre 2016 y 2018 asesinaron a 238 líderes sociales y el Estado ha logrado el esclarecimiento del 53 por ciento de los homicidios.

Por su parte, a través de la revisión de una acción de tutela, la Corte Constitucional le hizo un llamado al Gobierno Nacional para proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos. En concreto, pidió que en los estudios practicados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) se tenga en cuenta la situación de violencia generalizada que está sufriendo esta población en todo el territorio nacional.

‘Caparrapos’: fuerza que desestabiliza el Bajo Cauca antioqueño y el sur cordobés

La expansión de los ‘Caparrapos’ hacia El Bagre muestra que la confrontación que tiene lugar en el Bajo Cauca antioqueño con las AGC está lejos de ceder en intensidad. Por el contrario, amenaza con instalarse en otros pueblos circundantes como Zaragoza, Nechí, Ituango, Segovia, Remedios e, incluso, en municipios cordobeses como Montelíbano y San José de Uré.

De hecho, organizaciones sociales del sur de Córdoba denunciaron recientemente que un grupo de hombres fuertemente armados ingresó al centro poblado de San José de Uré y pintaron varias paredes con las siglas B.V.P.A o ‘Bloque Virgilio Peralta Arenas’ -denominación que se dan a sí mismos los ‘Caparrapos’-; además de la leyenda: “Fuera Guajiro”, una amenaza directa contra un comandante ‘gaitanista’.

De otro lado, en los pueblos de Segovia y Remedios, vecinos del Bajo Cauca antioqueño donde la presencia ‘gaitanista’ es fuerte e histórica, comenzaron a aparecer desde finales del año pasado grafitis alusivos a un grupo autodenominado “Nueva Generación-Caparrapos”, mientras que, en Dabeiba, occidente antioqueño, se habla con insistencia sobre su llegada y las intenciones de disputarle el dominio hegemónico que han tenido las AGC en esa vasta región.

Sin las FARC, el narcotráfico tiene más acento mexicano

En 2018 se cumplió un año desde que la que fuera la guerrilla más vieja del mundo, la extinta FARC, dejó sus armas, son significativas las repercusiones ha tenido la desmovilización en la dinámica del narcotráfico, el principal negocio por el cual se sostenían.

El vacío de poder que dejaron y el nacimiento de sus disidencias han marcado una reconfiguración. Sin embargo, se trata de unos cambios que ya venían dándose con la proliferación de bandas y nuevas caras herederas de los paramilitares y la ausencia de grandes capos. Pero, el lugar común de la nueva dinámica es una mayor influencia de carteles extranjeros, puntualmente Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, enemigos entre sí y cada uno buscando garantizar el flujo de su mercancía.

Bajo el estado actual del negocio, se presencia la caída de grandes capos y el avance de la lucha militar contra el narcotráfico. Así, los grupos que controlan territorios cocaleros solo alcanzan a producir la pasta, y contactos internacionales, sobre todo carteles mexicanos, son los que la hacen llegar a Estados Unidos.

Las tierras del cartel del norte del Valle que ahora sirven para la restitución

Cinco predios que eran de Piedad López Rengifo, esposa del difunto narcotraficante Orlando Henao Montoya fueron entregados por la Unidad de Restitución a 29 familias. El rastro de violencia dejado por por el extinto jefe del cartel del Norte del Valle, Orlando Henao Montoya, mejor conocido como el Hombre del Overol, en los años 90, incluyó presiones a campesinos de la región para “alquilar” sus predios, desplazamiento forzado, usarlos con fines de narcotráfico y aprovechar corredores estratégicos de la cordillera occidental, entre otros.

En los terrenos, que alguna vez fueron de la familia del capo, ahora viven y trabajan en proyectos productivos víctimas del conflicto de los municipios Trujillo, Bolívar, Dagua, Guadalajara de Buga, El Dovio, Riofrío y La Unión. Todas zonas que fueron objeto de disputa territorial de Orlando Henao, quien consolidó una estructura criminal junto con sus hermanos, tanto o más agresiva que el propio cartel de Medellín de Pablo Escobar. Tras la muerte de Henao, la disputa entre Diego Montoya Sánchez y Wilber Varela llevó a la creación de las bandas Los Machos y Los Rastrojos.

¿Por qué quieren callar a la gente de El Salado?

En El Salado, la población está trastornada. Desde hace una década el gobierno nacional centró su mirada en este corregimiento por el volumen de víctimas que dejó el conflicto armado. El pueblo quedó desolado después de dos masacres paramilitares, en 1997 y 2000, por lo que la justicia transicional comenzó a dictar medidas de reparación integral, que siguen en curso. El desconcierto es porque quienes reclaman esa reparación están siendo amenazados.

Aunque la situación es difusa, los relatos coinciden en que las amenazas las han recibido quienes exigen el cumplimiento de cualquier derecho fundamental; están haciendo pedagogía sobre rutas de reparación a víctimas; crean espacios de participación para la búsqueda de desaparecidos; y promueven la implementación del Acuerdo de Paz, así como escenarios de reconciliación entre víctimas y excombatientes de las FARC.

Las amenazas que se hicieron, como muchas otras que se hacen constantemente contra líderes sociales en todo el país, les exige a estos que abandonen sus tierras y los trabajos que adelantan en sus regiones. De lo contrario, prometen los armados, los asesinan.  Muchos líderes resisten en los territorios, otros son obligados a escapar y en el peor de los casos otros son asesinados.

Cambios en el modelo de salud para excombatientes de FARC

El 28 de diciembre de 2018, la Alta Consejería para el Posconflicto anunció un nuevo modelo de salud para los excombatientes de las FARC aprobado por el Consejo Nacional de Reincorporación y el Ministerio de Salud y que, al igual que el suministro de alimentación y servicios básicos en los espacios de reincorporación (ETCR), funcionará hasta el 15 de agosto de 2019. Ese día dejarán de existir jurídicamente estos espacios.

“Lo que logramos es que el modelo de salud no se interrumpiera y, de hecho, estamos en niveles de servicio sustancialmente por encima de lo que se venía tratando. Esto lo discutimos en el Consejo Nacional de Reincorporación y mi entendimiento es que quedaron satisfechos”, aseguró Archila.

Sin embargo, este modelo que la Alta Consejería anunció como nuevo no es más que el comienzo del plan de desmonte del esquema de atención en salud estipulado en el Acuerdo de Paz, según señala Laura Villa, representante de las FARC en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).

La verdad: condición para la paz en Boyacá

En el Alto de la Buenavista el viento azota tanto que agudiza el vértigo que produce la altura de la montaña. Situado en la provincia boyacense de Lengupá, con su característica cuchilla y su picacho coronado de nubes, el sitio ofrece una belleza paradójica, pues en él el paisaje físico de montañas escarpadas se entrecruza con el de la memoria. Allí los paramilitares desaparecieron decenas de personas, arrojando los cuerpos de sus víctimas al precipicio, reeditando una práctica de los tiempos de la violencia bipartidista sobre la cual hay referencias literarias en El Cristo de espaldas, de Caballero Calderón, o en El cadáver insepulto, de Arturo Alape.

Para romper el silencio impuesto por la violencia que ha marcado la vida de la provincia en distintas fases, cada año se lleva a cabo una peregrinación hasta el Alto. Más específicamente, hasta un despeñadero ubicado a metros de la carretera que conecta los municipios de Berbeo y Páez, en el cual se han ejecutado torturas, asesinatos y desapariciones. Semanas atrás, en el marco del día internacional de los derechos humanos, se realizó la quinta versión de la actividad.