Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la decisión de la JEP de no extraditar a Santrich y ordenar su liberación; la preocupante impunidad que envuelve los casos de asesinatos a líderes sociales; el pedido de protección del Movimiento por la paz a los magistrados de las altas cortes; la incertidumbre que genera el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos en Tumaco; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de paz 8-15 Mayo 2019

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JEP niega extradición de "Jesús Santrich" a EE.UU. y ordena su libertad

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó el miércoles 15 de mayo una su decisión más importante desde que entró en funcionamiento: pidió la libertad de Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido en la guerra como Jesús Santrich, y le otorgó la garantía de no extradición. El exjefe guerrillero, quien lleva más de un año en la cárcel tras ser acusado de participar en un presunto envío de cocaína a Estados Unidos, será investigado y juzgado en Colombia.

La Sección de Revisión de la JEP decidió que no se puede comprobar que el delito que le atribuyen a Santrich se haya cometido después del Acuerdo de Paz, como establece la regla. Recordemos que la garantía de no extradición es un tratamiento especial para los excombatientes de las FARC que se acogieron al proceso de paz no sean extraditados por delitos cometidos antes del 1º de diciembre de 2016, cuando el Congreso ratificó este pacto entre la extinta guerrilla y el Gobierno Nacional. Por este motivo, solicitó a la Fiscalía General de la Nación la libertad inmediata de Santrich.[1]

El fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, presentó su carta de renuncia en rechazo de la decisión de la JEP de no extraditar a Jesús Santrich. En una declaración que realizó en compañía con la vicefiscal María Paulina Riveros, Martínez anunció: "Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación y exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad en Colombia y la defensa de la paz. En un marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos. Y particularmente para todas las víctimas del conflicto".[2]

La impunidad en el caso de los asesinatos de líderes sociales

Las intimidaciones y asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales comenzaron a crecer luego de que las FARC dejaron las armas. Frente a las cifras, todavía no hay unanimidad. La Defensoría del Pueblo habla de 462 líderes asesinados desde 2016, pero la Fiscalía dice que son 276, la misma suma de la ONU. Por su parte, la ONG Indepaz cuenta 681, y Somos Defensores menciona 366. Lo cierto es que, de todos los casos, la Fiscalía sostiene que ha avanzado en 225 y ha capturado 244 personas.[3]

Adicionalmente preocupa los altos niveles de impunidad que envuelven este fenómeno. El banco de datos de Derechos Humanos del Cinep resalta que de los 1418 casos de victimización contra líderes registrados en 2018 en 195 aparece la etiqueta desconocidos, en 139 casos el autor es hombres armados o encapuchados y en 562 casos no hay información, lo que equivale a más de 800 casos que están en la impunidad.

De ahí que el último informe de esta organización haga un llamado a la sociedad colombiana, para que le exija a las autoridades que no camuflen los homicidios contra líderes sociales, simplemente relacionándolos con móviles judiciales como atracos, prestamos gota a gota, líos pasionales y problemas con el vecindario. “Así se camufla de manera mediática la verdad de los defensores de derechos humanos y su importancia en la sociedad”, señala el informe.[4]

Movimiento por la paz pide a ONU proteger a magistrados

A través de una carta firmada por 361 personas, entre congresistas, exministros, exnegociadores de paz, defensores de derechos humanos, víctimas y artistas, entre otros, el movimiento Defendamos la paz le pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) medidas de protección para los magistrados de las altas cortes en Colombia a raíz de los recientes hechos que califican como “ataques y presiones”. [5]

La misiva estaba dirigida a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en la que se expresó la preocupación por “los sucesivos ataques y presiones contra las magistradas y los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y de la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Los defensores de la implementación del Acuerdo de Paz calificaron estos hechos como “una ofensiva sin precedentes contra la autonomía del poder judicial, los fundamentos del Estado de derecho y la democracia”. Según el movimiento, existe una campaña de difamación y presiones contra las cortes y la JEP que estaría marcada “por la circunstancia de que en la actualidad los magistrados están tomando decisiones sobre asuntos esenciales para la Nación”.[6]

En Tumaco no saben qué pasará con el PNIS[7]

Las extorsiones y amenazas contra quienes quieren dejar atrás la coca en este municipio del Pacífico nariñense se han multiplicado, de la mano de la expansión de diversos grupos armados que ven la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos como un riesgo para su control territorial y sus fuentes de financiación.

Estas intimidaciones han ido nublando el panorama para las familias cocaleras, mientras no se sabe qué va a hacer el gobierno nacional con el PNIS ni con el Plan de Atención Inmediata (PAI), con el que se debería acompañar el proceso de sustitución, que se ha desarrollado a medias en sus componentes familiar y comunitario, ya que los operadores de asistencia técnica iniciaron tarde sus labores y esto ha demorado los desembolsos de dinero necesarios para la subsistencia.

Allí, los grupos armados no sólo vienen haciendo lo posible para que las familias que antes vivían de sembrar, recolectar y convertir la hoja de coca en pasta base no se vinculen al Programa, sino que, encima de todo, están extorsionando a quienes han recibido el apoyo a corto plazo del PNIS. Dicho apoyo corresponde a un millón de pesos mensuales durante el primer año del Programa.

La JEP cumplió con audiencia ante la CIDH

La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, la magistrada Patricia Linares, calificó como “excelente” la audiencia temática sostenida el jueves pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde expuso los avances y retos de la entidad.  El encuentro se realizó en Kingston, Jamaica, en donde la presidente de la JEP estuvo acompañada por la también magistrada Alexandra Sandoval, de la Sala de Indulto y Amnistía del tribunal de justicia transicional.[8]

“Puedo calificar como excelente esta reunión donde pudimos presentar el balance del proceso de implementación durante el primer año de funcionamiento de la JEP. Además, se expusieron los desafíos y retos que hemos enfrentado y que esperamos superar en corto tiempo, y ratificamos nuestro interés en avanzar en los propósitos del convenio de cooperación técnica acordado con el Gobierno en el 2018”, puntualizó Linares.

El encuentro se dio a pesar de la inconformidad del Gobierno, que llegó a pedir a través de la Cancillería que no se realizara dicha sesión al considerar que esa jurisdicción no se encontraba “facultada para acudir a instancias internacionales, salvo por los conductos establecidos en la Constitución”.[9]

“Gobierno Duque sigue haciendo trizas el acuerdo de paz”: partido FARC[10]

Tras hacer un recuento de los últimos hechos violentos que han sufrido varios integrantes de la antigua guerrilla de las FARC, el ahora partido político hizo un llamado a la comunidad internacional y a los colombianos para que exijan al gobierno el cumplimiento de lo pactado.

“Estos hechos son producto de la falta de garantías y seguridad por parte del gobierno del presidente Iván Duque, a pesar de que en el Acuerdo de Paz están contempladas las medidas y herramientas para ese fin. Hechos como estos demuestran que la política actual del gobierno sigue siendo la de hacer trizas el Acuerdo, siendo complacientes con la cuota de sangre que reclaman los amigos de la guerra”, advirtió la FARC.

En relación a la falta de garantías de seguridad, la Misión de Verificación de la ONU ha advertido los riesgos que crea para la sostenibilidad del proceso de reincorporación: “Estas situaciones generan un serio riesgo para la estabilidad del proceso de paz, lo que ha llevado a algunos excombatientes a abandonarlo”.

Juradó, Chocó: dos semanas de enfrentamientos y 1.600 personas afectadas[11]

Desde el pasado 26 de abril, cerca de 1.600 personas pertenecientes a cinco comunidades indígenas Embera (Cedral, Pinchindé, Eyasake, Buena Vista y bongo) de la zona rural del municipio de Juradó, Chocó, fueron afectadas por el ELN y las Autodefensas. A la fecha seis comunidades (914 personas) se encuentran desplazadas y cinco comunidades más están en situación de confinamiento (729 personas).

Del total de esta población, 263 son niños y niñas menores de 5 años. Algunas de estas familias, de la comunidad wounnan, habían denunciado –en el transcurso del 2018– una grave situación por los enfrentamientos entre los grupos neoparamilitares y la guerrilla del ELN.

La ONIC le pidió al gobierno que cumpla con lo que se comprometió en 2018: activar alertas tempranas; implementar un plan de contingencia sociocultural; activar mecanismos de protección y protocolos de seguridad; así como, acciones para garantizar la vida y dignidad de las comunidades indígenas de Jurado y demás municipios del Chocó. Es clave, asegura la ONIC, que el gobierno intervenga con planes agrícolas para cerrarle el paso a diferentes grupos ilegales que se están lucrando del narcotráfico y de otros negocios como la ganadería.

Así han crecido los grupos armados tras la desmovilización de las FARC[12]

Todos los grupos armados organizados que existen en Colombia cuentan con más integrantes de los que tenían antes de que el Gobierno firmara la paz con las FARC. La salida de esa guerrilla del conflicto dejó un espacio vacío que quisieron aprovechar y que en la institucionalidad no se tomaron las precauciones para evitar el reocupamiento por parte de los ilegales.

Según el Plan Nacional de Seguridad y Defensa, las disidencias de las FARC (denominados como GAO residual) ya suman 3.000 integrantes, entre individuos en armas y redes de apoyo (conocidas como milicias) y tienen capacidad de acción violenta. En el último año el ELN creció en cerca de 1.000 miembros vinculados a estructuras violentas, llegando a ser más de 4.000. El Clan del Golfo conserva más de 1.600 hombres en armas, junto a un número superior, aún no determinado por inteligencia, de personas vinculadas a redes criminales.

Hay que agregar a los Caparros (antes llamados Caparrapos)[13], una disidencia del Clan del Golfo que ahora tiene en jaque a poblaciones del Bajo Cauca Antioqueño, y el EPL (o Pelusos), grupos que según cálculos de inteligencia militar están en 250 y 260, respectivamente.

Fuentes:

Pacifista disponible en: https://pacifista.tv/

Semana disponible en: https://www.semana.com/

La Silla Vacía disponible en: https://lasillavacia.com/   

El Tiempo disponible en: https://www.eltiempo.com/ 

Verdad Abierta disponible en: https://verdadabierta.com/    

El Colombiano disponible en: http://www.elcolombiano.com/

Fundación Paz y Reconciliación disponible en: https://pares.com.co/ 

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com/noticias