Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con el ultimátum de Duque a los exlíderes FARC, que incumplan lo acordado, de suspender el levantamiento de órdenes de captura; la situación crítica del programa de sustitución de cultivos; las nuevas formas de reclutamiento de menores en el postconflicto; los siete nuevos proyectos productivos que fueron aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de paz 7-13 Noviembre 2018

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Duque dijo que podría levantar suspensión de órdenes de captura a miembros de FARC

El presidente Iván Duque aseguró que, si Hernán Darío Velásquez, conocido como el Paisa, no se presenta ante la JEP oportunamente, tendrá que “obrar y suspender el levantamiento de las órdenes de captura”. “En repetidas ocasiones he escuchado que está buscando reactivas muchas de sus estructuras criminales, y nosotros hemos obrado prudentemente, diciéndole a la Fiscalía y la JEP, pero el país no puede dejarse manipular de esa manera y creo que tenemos que responder con absoluta contundencia”, dijo el jefe de Estado. Advirtió, que la JEP debe definir si “el Paisa” está dentro del proceso de paz y, si está por fuera, se tendrá que proceder con el aparato judicial para capturarlo. Una posición similar sostuvo sobre Iván Márquez, quien ha tenido una comunicación con la JEP a través de sus abogados, y quien el pasado 28 de octubre envió una carta a esa jurisdicción, que también firmaron el Paisa, Romaña y otros.

Programa de sustitución voluntaria de hoja de coca, en estado crítico

La más reciente noticia que le entregó a la prensa el Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, es preocupante para quienes respaldan la sustitución de cultivos de uso ilícito: el pasado jueves declaró que el gobierno nacional no vinculará más familias al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). El funcionario, acudió a Tumaco por invitación del defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien organizó un foro con líderes comunitarios de Nariño para hablar sobre diversos temas, entre ellos el estado actual del PNIS. En la segunda parte del foro, Archila se refirió a la visión que tiene el gobierno del presidente Iván Duque sobre el Programa. Varias de las afirmaciones del funcionario generaron interrogantes en el auditorio, mayormente compuesto por dirigentes de las comunidades afro e indígenas. El mensaje del Alto Consejero fue muy claro, un llamado a la legalidad ante todo: “Yo sé que esto no es tan popular, pero hay que decirlo con todas las letras: cultivar coca es ilegal. Quien cultiva coca hace parte, con o sin causa, de una cadena de delitos que causa daño, que le causa daño a nuestros jóvenes, que fomenta la corrupción, que fomenta que Colombia tenga problemas. Esa persona está haciendo algo que es ilegal”.

Nuevas formas de reclutamiento que atacan a los niños

El reclutamiento forzado, ha mutado de acuerdo con las nuevas realidades de la vida nacional. Antes los forzaban a ingresar a las filas de la guerrilla y los paramilitares, pero hoy los reclutan para otros fines: como miembros de las bandas criminales y delincuenciales, como sicarios, extorsionistas y expendedores de drogas, y como trabajadores en los cultivos ilícitos. Y eso ocurre tanto en las grandes ciudades como en las regiones más apartadas. Esta es una de las conclusiones de un riguroso estudio elaborado por Alianza por la Niñez Colombiana, conformada por 21 organizaciones nacionales e internacionales, que hace un análisis sobre los desafíos de los niños que han sido víctimas del conflicto armado y frente a las realidades de esta población de cara al posconflicto. “A muchos niños y jóvenes también los reclutan para labores de minería ilegal, en redes de explotación sexual y contrabando. Las condiciones de vulneración de derechos y de riesgo de esta población son muy grandes y deben atenderse de manera prioritaria”, expresó Gloria Carvalho, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez.

Siete proyectos de Farc verán la luz

Siete proyectos productivos por un valor de 5.217 millones de pesos fueron aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), máxima instancia que define los lineamientos del ingreso de los exintegrantes de las FARC a la vida legal, en lo económico y social. Con estas iniciativas enfocadas especialmente en agricultura, ganadería y comunicaciones se beneficiarán 463 exguerrilleros, explicó Emilio José Archila, Alto Consejero para el Posconflicto. Hasta esta semana solo habían sido desembolsados los recursos para dos proyectos: uno, en Miravalle (Caquetá) y otro, en Icononzo (Tolima), que suman 1.048 millones invertidos y benefician a 87 excombatientes. Asimismo, están en proceso de pago otros 15, que llegarán a 1.024 excombatientes, para lo que se requieren 12.721 millones de pesos que están en proceso de ser entregados todavía. Es importante aclarar que si bien los exguerrilleros están recibiendo una asignación básica mensual correspondiente al 90 % de un salario mínimo (703.117 pesos), esos recursos podrán dejar de tenerlos en agosto de 2019, cuando se cumplen los 24 meses prometidos en el Acuerdo.

ELN liberó al gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca

El ELN se acerca a la línea roja que le trazó el gobierno de Iván Duque de liberar a todos los secuestrados que tiene, para poder reanudar la mesa de diálogo en La Habana. Este martes, la guerrilla entregó a una comisión humanitaria, al director de las empresas públicas municipales de Arauca que llevaba siete meses secuestrado. José Leonardo Ataya Rodríguez, había sido secuestrado en marzo de 2018 cuando se movilizaba por una de las veredas de la región. No obstante, la noticia se conoce un día después de la ofensiva que el grupo guerrillero protagonizó en el país este fin de semana. El sábado, dinamitaron la estructura del puente Flecha Roja en Cesar que comunica el municipio de La Mata con Aguachica. Adicionalmente, este lunes se registró un doble atentado contra el oleoducto de Caño Limón Coveñas en el municipio de Saravena. Pero la situación más preocupante se vive en el Chocó donde centenas de indígenas tuvieron que desplazarse por los enfrentamientos de esa guerrilla con las Autodefensas Gaitanistas.

Sanando heridas: estas son las víctimas de las Farc que han asistido a la JEP

La JEP ya empezó a escuchar los testimonios de las víctimas del secuestro. Las audiencias se han desarrollado en el marco de la justicia transicional. El procedimiento de escuchar a las víctimas le corresponde a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos. Es una las primeras etapas de la justicia transicional que planteó el Acuerdo de Paz. Las víctimas comenzaron a comparecer el pasado 22 de octubre. Ese día, la JEP escuchó al excongresista Luis Eladio Pérez, quien pasó 7 años en cautiverio. Desde entonces han rendido testimonio otras 24 víctimas de secuestro, o sus familiares. En la última audiencia que se ha realizado hasta ahora, habló Clara Rojas. Las víctimas han hecho énfasis en las malas condiciones que sufrieron en sus secuestros, en la reparación que esperan y han ratificado su voluntad para ayudar con la construcción de paz. Desde varios aspectos relacionados con el conflicto —la situación militar y las consecuencias políticas y familiares—, relataron un capítulo tan relevante como aterrador de nuestra historia.

Los desplazamientos masivos van en aumento

Según la Unidad para las Víctimas, los desplazamientos masivos del 2018 en Colombia ya superan la cifra total del 2017. Según los datos de esta entidad, el año pasado hubo 52 eventos en total, este año ya van 65. Pese a que la extinta guerrilla de las FARC dejó las armas, en las regiones donde ostentaban poder se han reconfigurado grupos armados que expulsan a las poblaciones de sus territorios. Respecto a esto, la Corte Constitucional afirmó que “si bien la magnitud del desplazamiento no es la misma que se presentaba al momento de la declaratoria, en años recientes, los escenarios de riesgo que afrontan las comunidades, en algunas zonas del país, presentan transformaciones asociadas a los cambios en las dinámicas de la violencia y el conflicto armado en Colombia”. En este panorama, Nariño es actualmente el departamento que más desplazamientos masivos presentó en los dos últimos años y, en total, serían 59.931 las personas desplazadas forzadamente en todo el país en 2018.

Tres décadas después, en Segovia (Antioquia) siguen pidiendo justicia y no repetición

Alrededor de 400 personas, entre familiares de las 46 víctimas que dejó la incursión paramilitar, organizaciones sociales, entidades estatales, segovianos y vecinos de las veredas, realizaron este domingo el mismo recorrido que hace 30 años hicieron los hombres armados que arremetieron con barbarie contra la población del casco urbano. Fue una marcha carente de arengas, en donde la memoria, vestida de blanco y empoderada con pancartas, flores, banderas y lazos, se encargó de hablar.  El 11 de noviembre de 1988, 30 hombres armados con equipos de uso privativo de las fuerzas militares, recorrieron durante más de media hora puntos específicos del pueblo en donde, con lista en mano, acribillaron simpatizantes de la Unión Patriótica en sus casas, al lado de sus hijos. Pero también masacraron a personas que estaban en bares y a transeúntes. Los familiares y amigos de algunas de las víctimas de la masacre esta vez cambiaron el sonido de los estallidos y disparos por el de los tambores de la banda marcial y los aplausos que se daban cuando se pasaba por la casa de alguno de los asesinados.

“Somos como Tú” nueva campaña de líderes campesinos en Barrancabermeja

Hace una semana se lanzó en Barrancabermeja la campaña “Somos como tú”, mediante la cual un amplio número de organizaciones sociales con presencia en el Magdalena Medio pretende contrarrestar la estigmatización y los señalamientos que crecen en esa región contra los líderes campesinos. “Se trata de una campaña en la que pedimos que cese la estigmatización que existe sobre los líderes campesinos, en especial hacia ellos, que defienden derechos territoriales”, explicó Santiago Londoño, responsable de las comunicaciones de la iniciativa, ideada por un amplio número de organizaciones no gubernamentales con presencia en el Magdalena Medio. Una de ellas es la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credos). Su principal vocero, Iván Madero, detalló al respecto: “Monitoreamos diez municipios del Magdalena Medio. Y este año se han presentado dos asesinatos de líderes sociales en la región; diez líderes han sido judicializados y tenemos 35 líderes amenazados, de ellos, 21 son de Barranca, donde la situación es más brava.”. Pero, a juicio del activista, “uno de los principales riesgos que encierra el trabajo de los líderes hoy en el Magdalena Medio, además de las amenazas y las extorsiones que imponen los ‘gaitanitas’ y la guerrilla del ELN, es la estigmatización y el señalamiento por parte de las autoridades judiciales, militares y de policía”.