Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con un especial sobre el nuevo escenario de “posconflicto” que se empieza a vislumbrar a partir de la ruptura de las negociaciones con el ELN; el balance de la implementación del Acuerdo de Paz realizado por el jefe de la Misión de la ONU en Colombia; el avance de procesos complejos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); la entrevista con Iván Márquez sobre su posición frente al estado actual del proceso de paz; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de paz 6-12 Febrero 2019

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La niñez sí va a la guerra: Organizaciones entregan informe a la JEP[1]

El martes 12 de febrero se conmemoró el “Día Internacional contra el reclutamiento de niños, niñas, jóvenes y adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley". Este año la conmemoración es amarga, porque durante 2018 los reportes de reclutamiento volvieron a subir después de dos años de disminución.

La Coalico (Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia) conmemoró este día entregándole un informe a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el evento se dio a conocer su informe a la Sala de Reconocimiento de esa entidad. En el informe la Coalico da pistas sobre cómo podría esclarecer los crímenes en contra de la niñez. Esperan que el caso por victimizaciones contra los niños sea abierto por la entidad en los próximos días.

“Hay una victimización completamente desproporcionada contra la niñez en el marco del conflicto armado”, aseguró Marcela Briceño, quien coordinó la elaboración del documento. Así lo demuestran las cifras de la Unidad de Víctimas, según las cuales entre 1985 y el 2018 fueron afectados 2.384.190 menores de edad.

Desfinanciación de la paz en el Plan Nacional de Desarrollo

La semana pasada el gobierno Iván Duque dio a conocer las bases de su Plan Nacional de Desarrollo (PND), que detalla la hoja de ruta del gobierno y deberá ser aprobado en el Congreso. Este lunes, delegados del partido FARC se reunieron con Raúl Rosende, jefe de verificación de la Misión de la ONU, y le manifestaron algunas de sus preocupaciones sobre la implementación de los acuerdos, también en relación con el PND.

Entre las inquietudes principales se señaló que: refleja un espíritu contrario a la reforma rural integral, al estar más enfocado en dinamizar la productividad del campo desde una estrategia de la regularización de la propiedad y desarrollo de “cluster”; retoma una visión de “intervención y consolidación” más que planes de desarrollo territorial, muy similar a la perspectiva de Seguridad Democrática; se desconoce lo que se pactó en La Habana en materia de reincorporación, al plantear la vuelta a un esquema de DDR tradicional; se tiene una meta de reparación de víctimas menor si se compara con el cuatrenio anterior (282 mil víctimas menos).[2]

Adicionalmente, la preocupación principal es la desfinanciación de la paz, pues aun cuando el gobierno Santos hizo cálculos de que implementar el Acuerdo Final costaría 129,5 billones durante los próximos 15 años, el actual de Iván Duque no ha incluido un nuevo rubro en el PND que precise la cantidad de recursos específicos para la paz.[3]

Naturaleza: ¿víctima del conflicto?[4]

En un contexto de posconflicto, surge una pregunta: ¿el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos podría abrir la puerta para que ecosistemas que han sido vulnerados por el conflicto armado sean reconocidos como víctimas? Y si la respuesta es afirmativa, ¿la naturaleza tendría derecho a ser reparada y restaurada?

La naturaleza sigue siendo una víctima silenciada en los conflictos y olvidada en los periodos de posconflicto. A pesar de la limitada jurisprudencia sobre la protección del medio ambiente, parece que los avances en torno a la naturaleza como sujeto de derechos están conduciendo hacia el reconocimiento de la naturaleza como víctima del conflicto. Aunque es un tema sobre el que todavía hay vacíos y se está generando un gran debate.

Pensar la naturaleza como sujeto de derechos implica reconocer que tiene una integridad que debe ser mantenida y que puede verse quebrada. No implica solo el reconocimiento del derecho a la vida e integridad que debe ser conservada o restaurada, sino que también que cualquier decisión sobre la naturaleza deba darse en diálogo con ella, y que en la práctica se puede dar a través de quienes mejor la conocen: sus comunidades.

Implementación del acuerdo en temas de género, a paso lento[5]

El Grupo de Trabajo Interdisciplinario por el Enfoque de Género (GPaz), que se encarga de hacerle seguimiento al cumplimiento del componente de género en el acuerdo de paz que se firmó con las FARC, hizo un análisis sobre qué tanto se han cumplido esos compromisos. En el acuerdo se pactaron 122 medidas de género, de las cuales 13 se han culminado satisfactoriamente, mientras que las otras 109 tienen distintos niveles de avance.

Según un informe entregado por este grupo –conformado por diferentes ONG–, aunque el 70,64 por ciento de estas medidas ya tienen un desarrollo normativo –lo que significa que se ha cumplido por lo menos en llevarlas al papel y convertirlas en ley–, solo el 14,68 por ciento viene andando con una implementación satisfactoria. “Persiste la paradoja de la brecha entre el progreso formal y la concreción práctica”, asegura la investigación.

El orden, control y cultura paramilitar siguen vigentes en el país[6]

Bajo el título de “Organizaciones sucesoras del paramilitarismo”, la CJJ exploró las líneas de continuidad que es posible identificar entre las estructuras pre y posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Si bien hay consenso en que después del sometimiento a la ley de los grupos paramilitares en 2005 persistieron estructuras armadas, diversos sectores difieren en la manera de concebirlos.

Para el Estado se ha tratado de “Bacrim” (bandas criminales) con cierto grado de organización cuyo fin es únicamente ejecutar actividades delincuenciales para obtener recursos económicos. En la otra orilla se sitúan sectores académicos y de investigación como el Centro Nacional de Memoria Histórica que han sostenido el planteamiento de que las estructuras armadas actuales responden a organizaciones neoparamilitares que tienen vínculo directo con las estructuras anteriores.

Para la CJJ es claro que las organizaciones sucesoras del paramilitarismo tienen claros vínculos con las AUC e incluso sus raíces históricas pueden rastrearse. “El paramilitarismo es más que una expresión armada. Es un fenómeno político, económico, social y cultural arraigado en el país”, explica Silvia Becerra, autora del libro.

'Pactemos con los ilegales para que no maten líderes'

El temor se volvió a apoderar de los Montes de María. La Mesa por la Protección a la Vida sesionó de manera extraordinaria en El Carmen de Bolívar, a raíz de las constantes amenazas que han recibido los pobladores a través de redes sociales y llamadas telefónicas[7]

“A pesar de todos los que siempre nos han querido callar, no estamos solos. Nos tenemos a nosotros mismos y a nuestras comunidades que confían en el trabajo hecho con profunda convicción a pesar de que nos siguen matando”, expresó Soraya Bayuelo lideresa de esta región.[8] "¿Por qué un líder social es menos importante que un funcionario público?", fue otro de los mensajes que resonó en el encuentro.[9]

Frente a la incapacidad del Gobierno para protegerlos los líderes sociales se han planteado pactar con los ilegales para que no los maten; como está sucediendo en Tumaco donde una “paz mafiosa” ha dado lugar a una reducción de los homicidios, tras un pacto que promovieron algunos líderes sociales y fue mediado por la iglesia. Se trata de una opción realista para salvar la vida de los líderes, que no es la primera vez que se lleva a cabo en la historia del conflicto.[10]

Posible designación de Acevedo en el CNMH abre debate sobre conflicto armado

“Aunque la ley de víctimas dice que lo vivido fue un conflicto armado, eso no puede convertirse en una verdad oficial” afirma el que será el nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Darío Acevedo, historiador y profesor emérito de la Universidad Nacional.

Para Iván Orozco, quien fue miembro del Grupo de Memoria Histórica, el tema del desconocimiento o reconocimiento del conflicto “es el punto de partida más poderoso y más radical en términos de construcciones narrativas que hay en este momento en el país”. De hecho, la pelea de Uribe con Santos empezó cuando este último dio un viraje en el discurso y reconoció que en Colombia ha habido un conflicto armado que responde a causas sociales.[11]

En este sentido el senador uribista, José Obdulio Gaviria, salió en defensa de la designación de Acevedo como director del CNMH: “es un pensador sin pertenencia orgánica a ningún partido político que coincide con nosotros y nos da línea”.  Según Gaviria, esta perspectiva que desconoce el conflicto armado interno y que prefiere llamarlo amenaza terrorista “es una posición científica, es una posición basada en los hechos”.[12]

Por su parte, el jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Christoph Harnisch, afirmó: “La realidad del terreno nos enseña que lo que hemos visto en los últimos años en Colombia es la existencia de conflictos armados no internacionales. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Nosotros como CICR tenemos un mandato, que es proteger y asistir a la población civil en situación de conflicto armado, y tenemos el deber de hacer una calificación jurídica”.[13]

Los espacios de reincorporación: ¿cuál será el futuro de los excombatientes?

De las 26 zonas veredales que se crearon cuando las FARC se concentraron para dejar las armas (hoy ETCR) quedan 24 y van hasta agosto. El jefe de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruíz Massieu, se refirió a esta inquietud: “Un desafío a corto plazo es definir el estatus de los 24 Espacios Territoriales, cuya vigencia expira el 15 de agosto (…) Es fuerte el deseo de los excombatientes de trabajar y encontrar un lugar en la sociedad, pero también está la incertidumbre que muchos sienten con respecto a su seguridad física, jurídica y económica”. [14]

No obstante, los reincorporados de las FARC resisten en lugares como Colinas (Guaviare). “Nos vamos a quedar aquí haciendo la reincorporación”, dice con vehemencia Noé Gutiérrez Galvis. El Ardillo, como lo conocen los cerca de 400 excombatientes de las FARC que habitan este espacio, es uno de los líderes más visibles, ahora lidera la Cooperativa Multiactiva de la Amazonia Colombiana, que agrupa a sesenta excombatientes que le apuestan a generar empleo para ellos y la comunidad.[15]

Otro ejemplo se da en Sucre, donde excombatientes de FARC trabajan con la comunidad en nuevos puntos de reagrupamiento. En Colombia hay 24 ETCR en donde se encuentran ubicados la mayoría de los excombatientes, no obstante, otro número importante está en los llamados Nuevos Puntos de Reagrupamiento (NPR), como es el caso de Sucre, donde hay más de 200 excombatientes que están construyendo proyectos productivos en Ovejas, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Sincelejo y Colosó.[16]

Fuentes

Pacifista disponible en: https://pacifista.tv/

La Silla vacía disponible en: https://lasillavacia.com/

DeJusticia disponible en: https://www.dejusticia.org/ 

El Tiempo disponible en: https://www.eltiempo.com/

Verdad Abierta disponible en: https://verdadabierta.com/

Fundación Paz y Reconciliación disponible en:  https://pares.com.co/

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com/noticias

Misión de Verificación de la ONU en Colombia disponible en: https://colombia.unmissions.org/