Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la sanción de la Ley Estatutaria de la JEP por parte de Iván Duque; la dramática situación de violencia que vive la comunidad Waunana en San Juan, Chocó; la sentencia que elimina el límite de tiempo para registrar casos de violencia sexual en la Unidad de Víctimas; el reconocimiento de la JEP a la naturaleza como víctima del conflicto armado; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de paz 5 - 11 Junio 2019

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 Por orden de la Corte, Duque firma ley estatutaria de la JEP[1]

El presidente Iván Duque puso punto final a la batalla jurídico-política que se libró en los últimos meses en la Jurisdicción Especial para la Paz, el Congreso y la Corte Constitucional con relación a la ley estatutaria de la JEP. El jefe de Estado firmó esa norma con lo cual esta cobra vida legal formalmente. La puja por esta ley se convirtió en uno de los pulsos más duros que ha vivido el gobierno de Iván Duque con la cúpula de la justicia. Finalmente, la semana pasada, la Corte Constitucional enterró las objeciones de manera definitiva y le ordenó al presidente sancionar esa norma.

La sanción de la ley estatutaria, de esa manera, genera efectos para la Casa de Nariño. Por un lado, frente a quienes rechazan la JEP, el presidente queda bien pues finalmente la justicia lo obligó a promulgar esa norma, aunque agotó todas las instancias posibles para mantener las objeciones. En términos de gobernabilidad, el presidente asumió un costo político muy grande. Se echó encima a la Corte Constitucional, al Congreso y a la comunidad internacional, los cuales consideran que los acuerdos son un compromiso de Estado que el Gobierno tenía que respetar.

 

La dramática situación de la comunidad en San Juan[2]

El pasado domingo circularon dos audios en grupos de Whatsapp que denunciaban la situación dramática que estaba viviendo la comunidad Waunana del resguardo Río Pichima Quebrada, en El Litoral del San Juan, Chocó.El propósito era que los hechos llegaran a oídos de las autoridades. Uno de los audios era una transmisión en vivo del enfrentamiento entre grupos armados ilegales.  

Según versiones que hemos conocido el enfrentamiento fue entre el ELN y disidencias de las FARC-EP. Estas últimas llegaron a la región del Pichima hace un mes aproximadamente a hacer presencia en la zona que antes ocupaban a raíz de la falta de cumplimiento del Acuerdo por parte del gobierno. Las primeras informaciones indican que habían alcanzado un acuerdo con el ELN, el cual se había roto y provocó el enfrentamiento.

Hoy sabemos con algo de alivio que la población que presenció ese enfrentamiento se encuentra en Docordó, cabecera municipal de El Litoral del San Juan, Chocó. Son 417 personas que conforman 97 familias. Allí han recibido la primera atención de la ayuda humanitaria, consistente sobre todo en alimentación, y han instalado a las familias en albergues.  

 

Sin límite de tiempo para registrar casos de violencia sexual en la Unidad de Víctimas[3]

De ahora en adelante, la Unidad de Víctimas deberá resolver las solicitudes de mujeres que hayan sufrido violencia sexual en el conflicto armado sin importar el momento en que fue hecha la declaración ni en que ocurrió el hecho victimizante y deberá incluirlas en el Registro Único de Víctimas (RUV) para que accedan a su derecho a la reparación integral.

La Corte Constitucional tomó esta decisión a partir del caso de una mujer que presentó una acción de tutela porque la Unidad le negó la inclusión en el RUV por declarar “de manera extemporánea”. La decisión tomada en la sentencia T-211-19 exige a la Unidad de Víctimas incluir en el RUV a la mujer que interpuso la tutela, además de incluir a otras mujeres víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado “sin rigorismos formales”, en referencia a los plazos que exige para hacer la declaración.

La inscripción en el RUV constituye un derecho fundamental de las víctimas porque les otorga la posibilidad de afiliarse al régimen de salud subsidiado, recibir ayuda humanitaria e indemnización, acceder a programas de empleo y, en el caso de mujeres que sufrieron violencia sexual, recibir atención en salud diferenciada para superar las afectaciones físicas y psicológicas por ocasión del abuso sexual.

 

La JEP reconoce a la naturaleza como víctima del conflicto[4]

Voladura de oleoductos, bombardeos, fumigaciones, devastación de la selva y contaminación de los ecosistemas:  estas son tan solo algunas de las afectaciones que ha tenido que sufrir el medioambiente en Colombia por causa del conflicto armado. En la JEP lo saben y por eso abrieron un capítulo especial para esa víctima que en muchos escenarios ha sido ignorada: la naturaleza. En el Caso 002, sobre las afectaciones del conflicto en Tumaco, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP tuvo en cuenta las alteraciones a los ecosistemas que generó el conflicto armado en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte en Nariño.

Los fiscales de la UIA están trabajando de la mano con las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y con organizaciones sociales para hacer una recopilación rigurosa sobre los datos de las afectaciones medioambientales en el marco del conflicto. Esto apenas comienza, pero como dijo el director de la UIA, Giovanni Álvarez Santoyo, “la Unidad de Investigación y Acusación está comprometida con el reconocimiento del ambiente como víctima silenciosa del conflicto y con la búsqueda de mecanismos para su reparación efectiva, propendiendo por garantizar la no repetición”.

 

El ETCR de Colinas en el Guaviare recibió a 17 médicos especialistas[5]

Con presencia de más de 700 personas se llevó a cabo en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Colinas en el departamento de Guaviare, la visita médica del Club Rotario con un grupo de médicos especialistas que atendieron a la población rural de la vereda Colinas y 8 veredas aledañas más. Esta visita, se realizó en coordinación con la Misión de Verificación y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

“Vine con mis papás, mi hijo y mi hermana, hemos aprovechado esta oportunidad de poder tener un especialista en la región y además nos pone muy felices como familia, que podamos estar acá en un lugar donde las personas de las FARC hacen su reincorporación y reencontrarse con conocidos, que por diferentes cosas estaban en guerra, ahora están acá con todos es una maravilla”, dijo Nazareth López, una de las asistentes.

En el ETCR de Colinas prepararon la acogida de los visitantes, acomodaron el hospedaje, organizaron las comidas y fue el escenario para el reencuentro con los amigos y familias que se habían dejado de ver por muchos años. Unos contaban sus anécdotas y otros hablaban del presente que tienen con muchos desafíos.

 

Evacúan de Hacarí a 18 personas de una misma familia por amenazas[6]

La confrontación que sostienen desde comienzos del año comandos de las guerrillas del ELN y el EPL sigue dejando víctimas de homicidios selectivos, desplazamientos y amenazas en la región del Catatumbo. La situación se recrudeció la última semana en el municipio de Hacarí, donde, en un lapso de 72 horas, tres personas fueron asesinadas y dos más quedaron heridas.

El pasado jueves murieron en pleno casco urbano de esa población Ramón Emel Angarita y su hijo Jaime. Asimismo, y pese a la presencia de autoridades militares y policiales, el sábado anterior se presentó el tercer hecho violento, que dejó como víctima a Jean Carlos León de 25 años de edad, y heridos a Jeinis Quintero Peñaranda y Luis Ascanio Ortiz.

A esos hechos sicariales se sumaron las amenazas contra familiares de los asesinados, quienes se contactaron con el delegado de la Defensoría del Pueblo. Una vez el organismo tuvo conocimiento de las intimidaciones se activaron los protocolos establecidas determinando que lo más conveniente era evacuar, a 18 miembros de una misma familia de la cual hacen parte un adulto mayor y siete menores de edad de entre 5 y 17 años.

 

Denuncian la presencia del cartel de Sinaloa en Caquetá[7]

El defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Negret, denunció este jueves la presencia de mexicanos miembros del cartel de Sinaloa en el departamento de Caquetá, uno de los más afectados por el conflicto armado en el sur del país cafetero.

Me preocupa la extorsión, los retenes ilegales y el reclutamiento de menores en el Caquetá. Así como el negocio del narcotráfico, el crecimiento de las disidencias y la presencia del cartel del Sinaloa en el departamento", dijo Negret en una audiencia pública realizada en el Aeropuerto Benito Salas de la ciudad de Neiva, ubicada también en el sur de la nación andina.

Tras la audiencia se definió que las denuncias serán puestas en conocimiento de las autoridades pertinentes con el objetivo de que tomen las acciones necesarias para neutralizar la acción de este grupo criminal.

El año pasado el exfiscal colombiano Néstor Humberto Martínez aseguró que el grupo de disidentes de las FARC que lideraba Walter Patricio Arizala, alias "Guacho", quien fue abatido por las autoridades, era el "brazo armado" del cartel de Sinaloa.

 

Excombatientes y comunidad se capacitan para emprender[8]

La ARN trabaja en la implementación de 'Conversar para emprender', una iniciativa comunitaria que busca promover espacios de diálogo, emprendimiento, creatividad, reconciliación y construcción de paz en el corregimiento de San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz, Cesar.

La iniciativa, que se trabaja en articulación con el SENA tiene dos componentes clave: generar espacios para el diálogo, la construcción de paz y reconciliación en el territorio por ser una comunidad aledaña al ETCR San José de Oriente; y el desarrollo de habilidades que conlleven a la elaboración de manualidades. Actualmente, 30 personas se han inscrito para ser las beneficiadas, entre los que se encuentran habitantes del corregimiento y exintegrantes de las FARC.

Angélica Agámez, coordinadora de la ARN en Cesar, indicó que la implementación de esta iniciativa busca la consolidación de una cultura de paz y el fortalecimiento de liderazgos que permita la reconciliación en el territorio a través de la sana convivencia y el respeto por las diferencias. "La iniciativa es muy interesante porque busca generar entornos protectores para nuestra juventud, y generar capacidades para que los habitantes del corregimiento y exintegrantes de las Farc", agregó Agámez.

 

Cámara recibió documentos para posesión de Jesús Santrich[9]

El presidente de la Comisión de Acreditación de la Cámara, el representante conservador Wadith Manzur, indicó que recibió la documentación requerida de parte de la Secretaría General de esa corporación para que el exjefe guerrillero de las Farc, Jesús Santrich, asuma su curul. Dentro de esa documentación está el fallo ya ejecutoriado del Consejo de Estado, en donde precisamente se determina que está vigente la credencial de Santrich, por lo que se tiene dar su posesión.

“Como presidente de la comisión ya cité […] a los miembros de la comisión para que procedan a expedir la acreditación, siempre y cuando se hayan anexado todos los documentos y el señor Santrich cumpla todos los requisitos de ley para posesionarse”, indicó el congresista Manzur. Según se sabe, en la actualidad Santrich se encuentra en el espacio territorial de Pondores en La Guajira, en donde permanecerá hasta el día de su posesión en la Cámara.

 

Fuentes:

Pacifista disponible en: https://pacifista.tv/

Semana disponible en: https://www.semana.com/

El Tiempos disponible en: https://www.eltiempo.com/

Verdad Abierta disponible en: https://verdadabierta.com/

El Colombiano disponible en: http://www.elcolombiano.com/

Fundación Paz y Reconciliación disponible en: https://pares.com.co/

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com/noticias

Misión de Verificación ONU disponible en: https://colombia.unmissions.org/

Noticias ARN disponible en: http://www.reincorporacion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias