Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con los documentos que confirman la presencia de grupos armados ilegales en Venezuela; la crisis que se vive en Jamundí, Valle del Cauca, a raíz del narcotráfico y la erradicación forzada de cultivos; las consecuencias jurídicas que deberán enfrentar Márquez, Santrich y los demás reincidentes; la firma del decreto que le da continuidad a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR); entre otros.

Lea y descargue Gaceta de Paz 4 - 10 Septiembre 2019

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Se confirma presencia de grupos armados al margen de la ley en Venezuela[1]

De acuerdo con documentos reservados –que se filtraron– del Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebín) y del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) existe evidencia contundente de la presencia de guerrilleros colombianos en ese país. Las carpetas, elaboradas por las agencias de inteligencia venezolanas y sus Fuerzas Militares, revelan la protección y colaboración a los grupos armados ilegales colombianos que se esconden y operan desde territorio venezolano.

Las Fuerzas Militares colombianas estiman que hay cerca de 1.000 hombres del ELN y 600 de las disidencias de las FARC en el territorio vecino. Uno de los escritos reservados, al que se tuvo acceso, registra que esa cifra puede llegar a los 2.000 guerrilleros, de los cuales entre 15 y 20 por ciento son ciudadanos venezolanos, reclutados por estos grupos.

También se conoció un memorando confidencial remitido por la Dirección de Bases Territoriales de Contrainteligencia al director de Contrainteligencia del Sebín, el servicio de inteligencia del régimen. Bajo el número 0152 relaciona la “ubicación de personal y campamentos del Ejército de Liberación Nacional (ELN)”. Tiene un mapa anexo que de forma general muestra dónde están los guerrilleros. Prácticamente, se encuentran en todos los estados de Venezuela.

 

El narcotráfico en Jamundí y el deseo de sustitución de cultivos de coca[2]

Las matanzas a mano armada, la aparición de cadáveres en fosas y los secuestros volvieron a ser habituales en Jamundí. El conflicto se ha desarrollado por igual en la zona urbana como en la rural. Se rumora que el cartel de Sinaloa tiene su centro de operaciones allí. Sin embargo, las autoridades locales, la Fiscalía y la inteligencia militar han descartado esa posibilidad. Para el director de Fiscalías del Cauca, los mexicanos que han visto son compradores que vienen a garantizar que la cocaína sea de buena calidad y que el dinero no se pierda en las negociaciones; mientras que, el gobernador del Cauca dice que se trata de transacciones de cocaína de mexicanos que siguen utilizando esa ruta de narcotráfico hacia Centroamérica.

Aunque los grandes mafiosos no están en las montañas, en esa zona sigue la tensión porque los campesinos están dispuestos a impedir que la Fuerza Pública arranque las matas de coca. Según dijo la Policía Antinarcóticos, Jamundí tiene 600 hectáreas en la parte alta, pero los campesinos y afrodescendientes están exigiendo la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, con el fin de cambiar a proyectos productivos que los saquen de esa economía ilegal.

 

Las consecuencias jurídicas que deberán enfrentar los reincidentes de las FARC[3]

 

El video donde aparecen Márquez, Santrich, El Paisa y Romaña, es prueba del incumplimiento de la condición esencial para todos los desmovilizados de las FARC: no volverse a alzar en armas. Entre octubre del año pasado y julio de este año, la JEP abrió los incidentes de incumplimiento en contra de los cuatro exjefes guerrilleros que retomaron las armas. Esta es la diligencia judicial que se requiere para excluirlos y revocar todos sus beneficios.

A raíz del video, el 29 de agosto la JEP revocó los beneficios de los 4 exjefes guerrilleros y puso en marcha su proceso de expulsión. El 30 de agosto, la Corte Suprema de Justicia dictó una segunda orden de captura en contra de Santrich, esta vez por haberse levantado en armas. Ese mismo día, la Fiscalía abrió investigaciones formales en contra de todos ellos.

Todos aquellos crímenes cometidos después de diciembre de 2016 son responsabilidad de la justicia ordinaria. Esto significa que, si una persona sometida a la JEP vuelve a delinquir, la Fiscalía es la encargada de adelantar las investigaciones y de dictar las órdenes de captura que se requieran. Quien retome las armas, por lo tanto, sería excluido de la JEP y sujeto a las sanciones del Código Penal, tanto por los delitos cometidos en el marco del conflicto como los posteriores.

 

Firman el decreto para mantener los ETCR donde viven EXFARC[4]

Esta semana el presidente Iván Duque firmó el Decreto 1629 que define la situación jurídica de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde todavía viven unos 3.200 excombatientes con sus familias. Sin embargo, nada dice el documento sobre cuáles serán los ETCR que serán reubicados ni a dónde.

Allí se establece que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) deberá administrar los inmuebles que requiera la Fuerza Pública para prestar seguridad donde se ubicaron los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, o donde el Gobierno nacional estime pertinente reubicarlos.

Y así mismo, esta entidad deberá administrar los bienes y servicios, así como establecer los suministros necesarios para adelantar el proceso de reincorporación en los lugares y por el término que establezca el Gobierno Nacional, para lo cual su director adoptará el reglamento. Lo anterior podrá ser ejecutado a través del Fondo Colombia en Paz (FCP).

 

Vuelve el desplazamiento forzado al sur de Córdoba[5]

El desplazamiento forzado volvió al sur de Córdoba con una magnitud no registrada desde 2011. En solo seis días, familias enteras se vieron obligadas a dejar sus casas en la región del Nudo de Paramillo, donde varios grupos armados ilegales se disputan el territorio, principalmente para controlar el cultivo y el procesamiento de droga.

La misión de la fuerza pública es la de abarcar el territorio tanto como sea posible para infundir en la población la idea de que la zona ya es segura, pero ni la presencia de tantos hombres ni los operativos militares que han adelantado se traducen en una mayor e inmediata sensación de seguridad. Los grupos armados ilegales llevan décadas asentados en el Nudo de Paramillo y sacarlos de ahí no será un asunto que se resuelva en semanas o meses, ni solo con fusiles y artillería.

La única opción que estas comunidades aceptan es el cumplimiento del acuerdo de paz, en especial el punto 4 que está relacionado con proyectos de desarrollo sostenible con enfoque territorial que sirvan de alternativas a los cultivos de uso ilícito. Lo que sí es claro para todos es que las bandas armadas ilegales no van a desaparecer de inmediato y los combates continuarán. Si les toca volver a salvar la vida, saldrán de desplazados tantas veces como sea necesario.

 

¿Cuál justicia puede abordar mejor la violencia sexual?[6]

Como en muchos países, en Colombia la violencia sexual ha sido una de las atrocidades más invisibles: de las 8.8 millones de personas que han sido oficialmente reconocidas como víctimas del conflicto, apenas 28,641 han denunciado violencia sexual, según la Unidad de Víctimas.

El Gobierno presentó dos reformas constitucionales, una es la ley que prohíbe que la violencia sexual, el narcotráfico y el secuestro sean considerados como conexos al delito político, con lo que una persona responsable de ella no podrá terminar con amnistía o indulto, y la otra, es un proyecto para prohibir que la violencia sexual contra niños pueda ser competencia de cualquier justicia transicional o tenga sanciones alternativas.

Entre tanto, la JEP comenzó a investigar la violencia sexual, centrándose en entender las órdenes que dentro de las FARC permitieron que sucediera y quiénes las dieron. Una vez sean identificadas, deberán dar un paso adelante para reconocer su responsabilidad, contar la verdad y personalmente reparar a las víctimas.

Mientras la JEP avanza en sus “macrocasos” y define si abre otros, las mujeres de Rosa Blanca y Fevcol, están recogiendo firmas para convocar un referendo para revocar la JEP, con el argumento de que la justicia ordinaria es más confiable, y promueven que la Corte Suprema de Justicia tome sus funciones en una nueva sala especial.

 

Hay 74 candidatos LGTBI en estas elecciones 2019[7]

Según investigación realizada por la ONG Caribe Afirmativo, desde que se inició la campaña por la visibilización de las candidaturas LGBTI en Colombia, en 1998, se ha registrado un número de 90 candidaturas abiertamente LGBT a cargos de elección popular, de los cuales han sido elegidos, hasta la fecha, ocho personas: tres congresistas, un alcalde, cinco concejales y un edil. Todos ellos, con excelente trayectoria en el servicio público que les ha permitido ser evaluados como los mejores en su desempeño.

La participación de las personas LGBTI, según concluye dicha investigación, se renovó significativamente para este periodo electoral, ya que más del 60% de los candidatos se postuló por primera vez, lo que refleja la voluntad de cambio de las nuevas generaciones en cuanto a inclusión social se refiere.

De igual manera, es importante resaltar que, dentro de la participación de candidatas y candidatos con OSIGEG diversa, también se cuantificó el componente étnico en aras de tener una visión trasversal de la campaña electoral. En este sentido, si bien la mayoría de las personas LGBTI se considera mestiza, con un porcentaje aproximado del 35%, se destaca la participación afro, indígena y raizal que, aunque no fue la más significativa, sienta un precedente importante en la participación LGBTI.

 

Consejo de Estado mantiene la suspensión del fracking[8]

Una vez más, el Consejo de Estado se ratifica en su decisión: todavía no se puede hacer fracking en Colombia, y cualquiera que lo haga, está cometiendo una ilegalidad. Esta es la más reciente decisión del alto tribunal, dentro de un debate jurídico que busca que los magistrados le den el aval a la exploración y explotación de petróleo y gas en el país en yacimientos no convencionales en Colombia.

Esta nueva determinación del Consejo de Estado se conoce, luego de que el gobierno le pidiera al alto tribunal que suspendiera unas medidas cautelares que decretó en noviembre del año pasado.

Para el gobierno, que en Colombia se pueda emplear este método es de suma trascendencia pues, sin esta técnica, se puede afectar la seguridad energética del país. Además, asegura, no hay evidencias que acrediten que su uso tenga efectos en el cambio climático; que hay suficiente legislación al respecto; y que los efectos del fracking “no producen daños graves e irreversibles”.

Sin embargo, para ambientalistas, la posición del gobierno es contraria a los que investigaciones científicas han demostrado en otros países: todavía no han descartado que el fracking no representa riesgos para la salud y el medio ambiente. En consecuencia, es mejor prevenir cualquier situación que pueda afectar los suelos y el aire del país y la vida de sus ciudadanos.

 

De la derecha a la izquierda: la violencia electoral no discrimina[9]

No ha pasado ni una semana desde la masacre en el Cauca en que murieron varios líderes y la candidata del Partido Liberal, Karina García; y ya hemos reportado la muerte de otros cinco líderes sociales, tres excombatientes de las Farc y el candidato por la alcaldía de Toledo en Antioquia, Orley García.

La Misión de Observación Electoral (MOE) este año publicó un informe en el que registra los principales hechos de victimización contra los candidatos o líderes políticos del país. Cuenta entre sus cifras que los hechos violentos están concentrados en 23 departamentos del territorio nacional, de los cuales siete concentran un 74,41% del total de víctimas. Siendo los más graves hasta ahora el Valle, La Guajira, Tolima, Bogotá, Nariño, Cauca y Antioquia.

Otra conclusión fundamental del informe es que los hechos victimizantes contra candidatos no tienen una distinción por partidos políticos en específico. Al contrario, las muertes responden a los contextos violentos de cada departamento o municipio. De los seis candidatos que han sido asesinados hasta ahora, no hay una evidente amenaza contra algún partido en específico.

 

Fuentes:

 

Pacifista disponible en: https://pacifista.tv/

Semana disponible en: https://www.semana.com/

La Silla Vacía disponible en: https://lasillavacia.com/

El Colombiano disponible en: https://www.elcolombiano.com/

Fundación Ideas para la Paz disponible en: http://ideaspaz.org/

Fundación Paz y Reconciliación disponible en: https://pares.com.co/

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com/noticias

La Liga Contra el Silencio disponible en: https://ligacontraelsilencio.com/