Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con un especial de la reforma a la JEP aprobada en primer debate en el Senado; la demanda de garantías de seguridad por parte de los defensores de derechos humanos del Caribe; el “feminismo insurgente” que se está gestando en los ETCR a pesar del rezago en la implementación del enfoque de género; la explotación ilegal de oro por parte del Clan del Golfo en fincas incautadas y entregadas a la Sociedad de Activos Especiales; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de paz 31 Octubre 6 Noviembre 2018

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Reforma a la JEP revive en el Congreso y despierta voces de alarma

La semana pasada, se selló en la Comisión Primera del Senado el primer pacto político alrededor del Acuerdo de Paz desde que ganó Iván Duque. Ese pacto, parecía improbable, pero terminó uniendo a casi todos los partidos; 19 de los 22 miembros de la Comisión sellaron un pacto que mantiene vivo el camino para modificar la JEP mediante un acto legislativo, como quiere el uribismo, pero sin crear una sala especial que juzgue a los militares. En su lugar, acordaron dos cosas: que a las salas que ya existen puedan entrar 14 magistrados adicionales seleccionados por un nuevo mecanismo y, que la sola confesión de una persona ante la JEP, no puede ser la única prueba para que se condene a un tercero que no acepte su responsabilidad ante ella.

La reforma representa un grave riesgo para la labor que la JEP desempeña, particularmente, a su independencia frente a los crímenes cometidos por la fuerza pública y otros agentes del Estado. La reforma altera de forma profunda la composición y equilibrio de esta Jurisdicción, específicamente en lo que respecta a la centralidad de las víctimas. Adicionalmente, la reforma se puede considerar como inconstitucional pues el Congreso modificaría unilateralmente el Acuerdo de Paz, lo cual viola el acto legislativo 02 de 2017. Estas y otras razones motivaron al partido político FARC para realizar un llamado a la Corte Penal Internacional (CPI), a los países garantes, a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, a la Unión Europea y a organizaciones derechos humanos por “los riesgos que entraña la idea de seguir alterando un tratado de paz que puso fin a un conflicto de más de medio siglo; que tiene carácter de Acuerdo Especial a la luz del Derecho Internacional Humanitario”.

En ese mismo sentido, el Vicefiscal de la CPI James Stewart, en su visita más reciente al país pidió respeto al trabajo de los magistrados de la JEP y aseguró que la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, también "ha visto con preocupación" las modificaciones a la JEP que fueron aprobadas por el Congreso: "La creación de una sección, y de un procedimiento separado para las fuerzas militares, que los separe del marco existente de la JEP, creará un mayor retraso en la realización de la justicia para casos que requieren atención urgente. Esto será visto de forma negativa por parte de la Fiscal de la CPI por razones que ya deben ser ampliamente conocidas".

Defensores de derechos humanos del Caribe lanzan SOS

En los ocho departamentos que integran esta región del norte del país, líderes y lideresas sociales, así como autoridades étnicas, demandan acciones integrales que garanticen la protección de sus comunidades y señalan que, aunque existen diversos mecanismos, funcionarios locales las desconocen y las entidades estatales no se articulan de manera efectiva. Según datos de la organización Somos Defensores, en la región Caribe han sido asesinados 26 líderes desde la firma de Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016. La mayoría de las víctimas son presidentes de juntas de Acción Comunal, promotores de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, y defensores de figuras como las Zonas de Reserva Campesina. Tras un análisis de la situación, los líderes concluyeron que el enfoque de derechos humanos en la política de protección es únicamente discursivo; las políticas y medidas no se articulan como un sistema de prevención y protección ni enfrentan las causas del riesgo; y algunas personerías municipales no ejercen sus funciones.

Mujer insurgente, más allá del fusil

El llamado ha sido claro. “No dejamos el fusil para coger una escoba”, dice Camila Cienfuegos, una excombatiente de las FARC, quien hizo parte de la subcomisión de género en las negociaciones de La Habana. Ella ha venido realizando un trabajo sigiloso en el ámbito local para consolidar lo que denomina “feminismo insurgente”. Su reclamo cobra vital importancia luego de que los más recientes informes del CINEP y el Instituto Kroc hallaron un rezago en lo referente al enfoque de género. Poco se ha avanzado en políticas de reincorporación que se acerquen de manera distinta a las mujeres, de hecho, 51% de los compromisos del Acuerdo de Paz con este enfoque no se han iniciado. Sin embargo, en los territorios donde hombres y mujeres dejaron las armas, se tejen varias experiencias en esa dirección, como el “feminismo insurgente”, que encuentra en las relaciones de la esfera privada un elemento fundamental de cambio. “La paz no es solo acallar los fusiles, también abarca las violencias que se dan en lo privado”, señala Cienfuegos. Según ella, la violencia de género para el “feminismo insurgente” está ligada a la dependencia económica: “Quien aporte la parte económica es el que va a mandar en casa”. Por lo que su nueva lucha es empoderar a la mujer más allá del hogar, sin que ello implique menospreciar esa labor, que también reivindica.

'Clan del Golfo’ explota oro en fincas que le habían incautado

21 fincas que habían sido incautadas al ‘Clan del Golfo’ en Caucasia, Antioquia, y que fueron entregadas a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), terminaron siendo usufructuadas por miembros de la misma banda criminal, que hoy están explotando los yacimientos de oro. En una carta al ministro de Hacienda, el Fiscal General, le advierte que esos predios fueron entregados por la SAE a la empresa Proobras y Construcciones SAS para que los administrara, pero que extrañamente están siendo explotados por personas al margen de la ley. La carta del Fiscal al Ministro de Hacienda se convierte en una alerta para evitar que se repita la historia de la Dirección Nacional de Estupefacientes, cuya liquidación fue ordenada por el presidente Santos en el 2014 tras el escándalo por el manejo de las propiedades incautadas. El Fiscal General sostiene que ya en varias ocasiones ha advertido sobre nuevas irregularidades; mientras que la SAE admite que cientos de propiedades están ocupadas por quienes no deberían estar en ellas, pero que así las recibió de manos de la Fiscalía e, incluso, ha logrado el control de varias.

Los caminos de Iván Márquez

Todo indica que viene una fractura profunda en el partido de la FARC. La carta que un grupo de excombatientes dirigió a la JEP, y que se hizo pública la semana pasada, confirmó lo que unos habían vaticinado y otros muchos venían sospechando: hay una reunificación de excombatientes alrededor de Iván Márquez. Aunque es difícil calcular en cuánto va el desgrane y qué tanto efecto tendrá, basta detallar a los firmantes, muchos fueron cuadros claves durante la guerra, pero también lo son para el Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición. Aunque a la fecha no hay motivos para creer que se fueron para alimentar la disidencia o crear una propia, hay razones para temer por lo que pueda pasar con ellos. El documento que Iván Márquez y los excombatientes hicieron público, y que aparece dirigido a la JEP, tiene más tufillo de justificación que un informe detallado de los compromisos que ha venido cumpliendo.

Duque reclama por la liberación de Diana Toro para dialogar con el ELN

A Diana María Toro Vélez la secuestraron la noche del 27 de septiembre en zona semiurbana del municipio de Amagá, suroeste de Antioquia. A 37 días de haber iniciado su cautiverio, el Gobierno pidió su liberación y expuso su caso como nuevo sustento para mantener suspendido el proceso de diálogo con la guerrilla del ELN. “La señora Diana Toro ha sido secuestrada en Amagá y esa señora sabemos que está acá en el Choco en manos del ELN, y le exigimos la liberación de doña Diana y la liberación de todos los secuestrados”, aseguró el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, durante el Taller Construyendo País celebrado en la capital chocoana el sábado pasado. El funcionario denunció que, al parecer, el ELN le “compró” el secuestro de la mujer a una banda criminal que fue la que la plagió cuando se movilizaba en su vehículo. El caso de Diana Toro tiene especial importancia para el presidente Duque, pues es el primer secuestro del ELN bajo la administración del nuevo gobierno, que fue enfático en que no volverá a la mesa de diálogo mientras que haya personas cautivas.

Urabá gesta proyecto de reconciliación ecoturístico

Por primera vez en Colombia los militares víctimas del conflicto armado son reparados con tierra. Ocurrió en Urabá, y si el proyecto funciona, será replicado en el país. A la Asociación para la Reconciliación, la Paz y el Desarrollo de Urabá (Asorepad) le fue entregada en comodato la Parcela 59, en la vereda Bajo Cirilo, del corregimiento Punta de Piedra, en Turbo (Antioquia), para desarrollar un proyecto agroturístico. La propiedad de 3,3 hectáreas fue entregada a Justicia y Paz por el excomandante de los bloques Calima y Bananeros de las AUC, José Éver Veloza, conocido como “HH”, como forma de reparación a las víctimas, y su administración fue entregada al Fondo de Reparación. Ahora lo disfrutarán los 30 socios de Asorepad, entre los que hay nueve militares retirados víctimas del conflicto, dos viudas de miembros de la Fuerza Pública, siete excombatientes de grupos al margen de la ley (EPL y autodefensas) y 12 desplazados, todos de municipios de la región de Urabá.

Hay 13 mil familias suspendidas en el programa de sustitución de coca

En medio de todos los retrasos del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la molestia de los cocaleros que advierten irse a paro, otro ingrediente se suma a la cuesta arriba de erradicar la coca: 13 mil de las 97 mil familias cultivadoras con las que el Gobierno firmó acuerdos individuales están suspendidas dentro del PNIS. Estas familias no pueden avanzar en la sustitución hasta que no aclaren sus casos, que van desde inconsistencias en el registro hasta el desplazamiento por nuevas olas de violencia. El problema es que esos casos no se reducen a uno o dos municipios. Los casos están regados en los todos los departamentos donde ha entrado hasta ahora el programa. En este ambiente, han incrementado los cuestionamientos al gobierno sobre el plan de retomar la aspersión aérea con glifosato y su ambivalencia sobre la continuidad de los programas de sustitución mano a mano con las comunidades.