Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con el primer año de implementación del Acuerdo de Paz bajo el Gobierno de Iván Duque; el incremento de la violencia contra la población civil en el último año; las nuevas garantías presupuestales dadas por el Gobierno al Sistema Integral de Justicia (SIVJRNR); la consolidación de la paz en el sur del Tolima a través del pacto de los nasa wes’x y las FARC; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de Paz 31 Julio 06 Agosto 2019

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La implementación del Acuerdo de Paz a marchas forzadas[1]

En el primer año del presidente Duque la implementación del Acuerdo de Paz ha continuado avanzando a marchas forzadas, con una nueva intención. Si bien el debate se ha centrado en si el actual gobierno cumple o no con lo pactado, esta discusión oculta una cuestión de fondo: el choque de visiones sobre qué significa la construcción de la paz en Colombia y cómo debe alcanzarse.

El Acuerdo de Paz plantea una agenda de transformación compleja y ambiciosa, que apunta a asuntos básicos que el Estado debe resolver. Pero más que un listado de tareas, lo pactado en La Habana señala una ruta para terminar el conflicto con las FARC y avanzar en el desarrollo de los territorios históricamente afectados por la guerra. La denominada paz territorial aspiraba a cerrar las brechas entre lo urbano y lo rural, a través de un proceso de planeación participativa dirigido a concertar planes para transformar los territorios.

El presidente Duque, electo con el apoyo de los sectores que se opusieron al Acuerdo y con una agenda que abiertamente busca su modificación, si bien no hace trizas lo pactado, sí le da una nueva interpretación. La Paz con Legalidad que propuso toma como eje central el imperio de la ley, asumiendo que la legitimidad del Estado no se construye, sino que está dada, y que la relación con las comunidades se tramita a través de las respuestas a sus necesidades. Bajo esta perspectiva, la implementación del Acuerdo se convierte más en una tarea de administración y gestión, que en un proceso activo de participación y concertación.

En 2019 creció la violencia contra la población civil: ONU[2]

La violencia en Colombia ha crecido en todas sus manifestaciones. Así lo demuestra el último informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). En el documento, la entidad hace un balance comparando el primer semestre de 2018 — cuando Juan Manuel Santos todavía era presidente— y el primer semestre de 2019, con Iván Duque en el poder. Aunque algunas afectaciones disminuyeron, los ataques contra la población civil han incrementado en todas sus categorías.

Los homicidios intencionales contra civiles aumentaron un 55 %, pasando de 323 a 501. Los civiles heridos en acciones bélicas también pasaron de 17 a 33, lo que representa un aumento del 94%. Las torturas aumentaron en un 80 % y los atentados incrementaron en un 50 %. En el balance también se observa que en lo que se refiere a confinamientos hubo un incremento del 50 %, donde el 93% de la población afectada fueron afros e indígenas. Haciendo un balance general, la OCHA señala que se pasaron de 981 eventos donde la población civil resultó afectada a 1.089 en 2019.

JEP, Comisión de la Verdad y UBPD, con presupuesto garantizado para 2020[3]

Trabajar de la mano para la implementación del Acuerdo de Paz. Esa fue la gran conclusión de las cabezas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y Emilio Archila, Alto Consejero para la Estabilización, quienes tras una reunión anunciaron que están garantizados los recursos para estas entidades en 2020 y que habrá un incremento en el presupuesto.

Patricia Linares, presidenta de la JEP, expresó sus agradecimientos al Gobierno Nacional y agregó que, con este anteproyecto del presupuesto, el presidente Iván Duque demuestra que está comprometido con la paz. Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, también agradeció el gesto y manifestó su tranquilidad por la ampliación a un 15% del presupuesto de su entidad para el otro año. Aunque la voluntad existe, explicó Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, es importante que este presupuesto sea aprobado en el Congreso: “Mientras la ley de presupuesto no esté aprobada, hasta ahora esto es una manifestación de voluntad”.

Dos décadas de la paz entre los nasa wes’x y las FARC en el sur del Tolima[4]

El corregimiento de Gaitania, en el municipio de Planadas, al sur del Tolima, pasó a la historia de Colombia como cuna de la guerrilla de las FARC, porque una de sus veredas, Marquetalia, le dio nombre al mito fundacional de esa guerrilla. Pero dejar que ese hecho cubra por completo el imaginario sobre esta zona no le hace justicia al territorio. En un episodio mucho menos recordado por el país, el 26 de julio de 1999, este corregimiento fue escenario de un acuerdo de paz inédito.

Ese día la comunidad indígena nasa wes’x firmó un acuerdo de paz con el frente Joselo Lozada de las FARC, que operaba en la zona, poniéndole fin a una violencia de treinta años entre la guardia indígena —en ese entonces armada— y los insurgentes. Hoy en la región hay un candidato a la Alcaldía por parte de la exguerrilla, una marca de café de excombatientes y comunidad, así como una paz que se sigue consolidando en torno a la estrecha relación que existe entre la comunidad del resguardo Páez de Gaitania y los excombatientes de las extintas FARC, que en la zona se concentran en el espacio de reincorporación de la vereda El Oso.

¿Cómo están las condiciones de seguridad de los excombatientes de las FARC?[5]

Dos años después de la implementación del Acuerdo de Paz, y ad portas de un periodo electoral, las amenazas y homicidios de excombatientes continúan siendo uno de los principales desafíos del proceso de reincorporación. La atomización y dispersión de sus exmiembros ha puesto a prueba las capacidades del Estado y de las propias FARC, y está claro que las respuestas actuales son insuficientes.

Aunque varios hechos recientes han obligado al Gobierno a tomar acciones para fortalecer la seguridad de los excombatientes, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad ya han expresado su profunda preocupación por las agresiones y homicidios que se vienen dando desde el inicio de la implementación del Acuerdo.

El gran problema con la reincorporación es que se ha dado a través de un proceso de atomización y dispersión que ha puesto a prueba las capacidades del Gobierno y las FARC. En la actualidad, una tercera parte de los excombatientes se encuentra en los ETCR, mientras que los demás han seguido distintas trayectorias de reincorporación individual y colectiva, como la de los Nuevos Puntos de Reagrupamiento (NPR).

La Paloma: un sueño de paz que no se terminó de construir[6]

Once meses a la intemperie, sin alojamientos, espacios para reunirse, acueducto ni energía eléctrica se hacen eternos para cualquiera. Los excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC se quedaron esperando que les cumplieran, así como ellos habían cumplido su parte y se habían concentrado sobre este lomo de la cordillera Occidental que albergó la Zona Verdal de La Paloma, en el corregimiento Madrigal de Policarpa (Nariño). No se veían las obras, no había agua potable ni una atención oportuna en salud, las demás medidas destinadas a la reincorporación no arrancaban como se había pactado y la situación de seguridad empezaba a deteriorarse rápidamente.

Ante esos riesgos, el 23 de noviembre de 2017, los excombatientes decidieron trasladarse más de 50 kilómetros hacia el nororiente para asentarse en el corregimiento de El Estrecho, del municipio caucano de Patía, un lugar más seguro y cercano a la vía Panamericana. Por otro lado, la partida de los excombatientes de la antiguas FARC la sintió duramente la comunidad de Madrigal, pues tras ellos se fueron todos los demás involucrados en la vida de la Zona Veredal, como funcionarios del gobierno nacional, buena parte de la Fuerza Pública y representantes de agencias internacionales.

La ‘vieja’ estructura que busca retomar el poder criminal en parte del Caribe[7]

Las sospechas de una nueva estructura criminal en la costa Caribe surgieron el año pasado. Datos recopilados por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación la vinculan con el secuestro de un empresario del sector inmobiliario; un atentado en el que fueron heridos dos hermanos y murió el presunto sicario, de nacionalidad venezolana; y una cabaña donde la Sijín halló armas y una camioneta robada. Los tres hechos se registraron en Barranquilla y su área metropolitana.

El suceso que terminó de encender las alarmas aconteció este fin de semana: la muerte de Javier Orlando Acosta Maestre, apodado ‘Baltazar’ o ‘Jota’, emboscado a tiros la noche del sábado en el sector Los Alcatraces, a un lado de la doble calzada entre Ciénaga y Santa Marta.

Algo claro en las pesquisas sobre el ‘Nuevo Bloque Costeño’ es que de nuevo tiene poco: lo lideran exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que coincidieron en las filas del Bloque Norte y continuaron sus andanzas después de que el grupo se desmovilizó en marzo de 2006, en La Mesa, Cesar.

Además de viajar, Duque priorizó a militares y empresarios[8]

De sus 365 días, el presidente estuvo en giras internacionales durante 48 días, y una de cada cuatro de sus reuniones fue con políticos y empresarios de otros países, según la información oficial de su cuenta de Twitter. En cambio, dentro del país, para Duque fueron primero los alcaldes y gobernadores, los empresarios y la Fuerza Pública.

En sus viajes a región, los mandatarios locales casi siempre acompañaban a Duque y por eso fue tan elevado el número de encuentros. Los que sí tuvieron reuniones casi que exclusivas fueron los empresarios, pues el Presidente se reunió personalmente con varios de los gremios más fuertes y estuvo como invitado en encuentros de ganaderos, banqueros y exportadores, solo por mencionar algunos sectores.

Asimismo, siguiendo los cánones de su ADN uribista, la Fuerza Pública también hizo hace parte de los consentidos de su agenda: fue a cinco aniversarios y desfiles, militares lo acompañaron a los 26 consejos de seguridad que hizo y en varios viajes al exterior visitó monumentos militares como en Beijing, Washington, Lima o Buenos Aires.

¿De dónde vienen las balas que han asesinado a 33 indígenas en el Norte del Cauca?[9]

Los pueblos indígenas se están quedando huérfanos. El asesinato de los líderes de esta población mina los proyectos de resistencia territoriales, mientras las balas se llevan años de sabiduría con las que estas poblaciones étnicas han construido todas sus formas de lucha y resiliencia. Las amenazas y atentados se han vuelto tan constantes que en los territorios exigen con más fuerza la intervención de las altas cortes internacionales para que hagan seguimiento a los ataques de los que han sido víctimas, principalmente los guardias indígenas.

Las comunidades del Norte del Cauca parecen sufrir los efectos de una guerra reciclada. Durante 2019, en este territorio se han cometido 33 asesinatos, 7 atentados y han circulado 38 amenazas colectivas e individuales. En los primeros cinco días de agosto, en esa región asesinaron a 2 guardias indígenas. A las 126 autoridades ancestrales les preocupa que sus poblaciones estén frente a un plan de exterminio sistemático por la defensa de sus territorios. "Para nosotros es claro que la proliferación de cultivos utilizados para uso ilícito como marihuana y coca en nuestros territorios tiene como raíz la crisis de la producción agrícola de la región y de todo el país", explicaron.

Fuentes:

Pacifista disponible en: https://pacifista.tv/

Semana disponible en: https://www.semana.com/

La Sillas Vacía disponible en: https://lasillavacia.com/

Verdad Abierta disponible en: https://verdadabierta.com/

Fundación Ideas para la paz disponible en: http://www.ideaspaz.org/

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com/noticias