Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la elección de un ex-guerrillero en proceso de reincorporación como alcalde de Turbaco; el rechazo de la Misión de verificación de la ONU ante el asesinado de excombatiente en un espacio de reincorporación; la presentación de Sonia ante la JEP por supuesto rearme; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de Paz 30 Octubre - 05 Noviembre 2019

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 La crisis social y de seguridad que se vive en el Cauca

Tras dos masacres atroces y otros crímenes aislados, que dejaron 13 víctimas durante una sola semana, este departamento afronta una crisis de orden público. “Nos están matando”, han dicho los indígenas del Cauca con insistencia, sobre todo después de la firma del Acuerdo de Paz. Y esta semana que acaba de pasar se volvió en un ejemplo contundente de que sus palabras no exageran la realidad. Naciones Unidas estima que, en lo que va de este año, 52 personas han sido asesinadas en territorio nasa, en el norte del Cauca, y que ese pueblo indígena ha recibido 74 amenazas de muerte y nueve ataques. Un panorama grave en el que no se avizora un mejor futuro.[1]

Adicionalmente, estas masacres permiten identificar tres puntos que reflejan el nuevo escenario del conflicto en Cauca. En primer lugar, los crímenes son más sanguinarios, como por ejemplo los crímenes en los que las autoridades señalan a las disidencias del Frente Sexto de las FARC, en los cuales hay más sevicia e incluyen emboscadas. Por otro lado, se identifica la guerra sin un rostro dominante, ya que las estructuras Dagoberto y Jaime, se estarían camuflando con otros nombres para confundir, sirviéndole a las disidencias para invisibilizarse e impedir que se consolide su nombre en como un enemigo común. Por último, la masacre sentó a Duque con los indígenas, paradójicamente, estas masacres lograron lo que en la Minga no se pudo, que Duque se sentara en territorio indígena con autoridades de cabildos, lo hizo en el consejo de seguridad.[2]

El presidente Iván Duque presentó algunas de las estrategias con las que, planea enfrentar las bandas de narcotráfico y disidencias que estarían detrás de los desplazamientos y asesinatos de indígenas. Una de esas medidas es activar la Fuerza de Despliegue Rápido número 4 que llegará al departamento con la misión de desarticular a las estructuras criminales vinculadas con el narcotráfico; esta estrategia militar estará acompañada de algunos programas de inversión social como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Duque también agregó que, a través del Departamento de Prosperidad Social, van a mejorar los programas de atención para 207 mil familias en acción, en los 42 municipios del Cauca.[3]

El Acuerdo de Paz en las elecciones: optimismo en las ciudades y dudas en las regiones[4]

Para estas elecciones regionales se eligieron 1122 alcaldes y 32 gobernadores, que fueron votados por un aproximado de 22 millones de colombianos. La primera impresión que dejó las elecciones en los medios fue la victoria alternativa en las dos ciudades más grandes del país, con la victoria histórica de una mujer LGBTI en Bogotá y la derrota del uribismo en uno de sus fortines: Medellín. 

Víctor De Currea, analista político, advirtió en primer lugar que “las políticas de paz, los recursos para la paz y las iniciativas de la paz son un asunto fundamentalmente del Gobierno nacional más que de las gobernaciones locales”, plantea de entrada un problema, y es que la implementación de una paz integral sigue siendo una responsabilidad sobre todo del Presidente, y por más que haya perdido el uribismo, no significa del todo una victoria para quienes votaron Sí al acuerdo. El analista afirma que lo que podría denominarse una derrota del “No” ante la caída de los candidatos que no defienden los acuerdos, no representa tampoco una victoria absoluta para su implementación. La razón es que se encuentran dos visiones sobre lo que debe ser la implementación de la paz: una reducida a la idea del desarme y la reincorporación, frente a otra mucho más completa que cree en una paz como un proyecto integral.

Acusan a Ministerio de defensa de ocultar muerte de siete menores en bombardeo[5]

En desarrollo del debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, este martes el senador Roy Barreras (Partido de La U) hizo una grave denuncia contra el funcionario que, en su opinión, es motivo suficiente para que dimita de su cargo. Se trata de la muerte de siete menores de edad el pasado 2 de septiembre que, reclamó el congresista con un documento de Medicina Legal, en desarrollo de un bombardeo en San Vicente del Caguán, en Caquetá; con el agravante de que fueron presentados como “delincuentes muertos en desarrollo de operaciones militares”.

Barreras recordó que, en su momento, Botero informó que se trataba de 14 disidentes de las FARC abatidos. Sin embargo, “le escondió a Colombia” que entre los muertos se encontraban siete menores de edad, con edades de entre los 12 y 17 años. Para el senador, que el ministro de Defensa haya “escondido estas muertes” es razón suficiente para que el Senado lo censure: “La guerra que nos venden mata colombianos, campesinos, indígenas y niños. Queremos volver a respirar el escenario de paz que, con dificultad, hemos construido y vamos a seguir defendiendo”, precisó.

Las razones por las que el director del CNMH responderá ante el Congreso[6]

El paso de Rubén Darío Acevedo por el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, ha estado lleno de tropiezos. Desde antes de su nombramiento se desató una polémica porque dijo que el “conflicto armado en Colombia no existe”. Las críticas no han cesado, de hecho, el martes Acevedo estuvo citado a un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado justamente para que diera explicaciones sobre su labor y su visión en la entidad encargada de construir la memoria del conflicto. Durante el debate Acevedo fue cuestionado por la forma en la que la entidad está "preservando la memoria de las víctimas de los crímenes de Estado y del paramilitarismo frente a la memoria de las Fuerzas Militares". En palabras de los citantes: se buscó aclarar si desde este Centro se están aplicando o no políticas que sean "discriminatorias con determinados sectores de víctimas".

En Colombia el conflicto armado dejó más de 8 millones de víctimas de diferentes grupos armados como las FARC, los paramilitares, el ELN, y también víctimas del Estado, como el Ejército Nacional. Sin embargo, los congresistas de la oposición reclaman que Acevedo haya dicho que los falsos positivos no "fueron una política de Estado, sino que pudo haber sido malinterpretada la orden”. También aseguran que Acevedo "desconoce el problema de la distribución de la tierra en Colombia y subestima las cifras sobre víctimas del Conflicto Armado".

Nuevas radios producto del acuerdo de paz en Tolima y Antioquia[7]

Ya están al aire dos de las 20 emisoras previstas por el Acuerdo para el fin del conflicto con el fin de hacer pedagogía sobre sus contenidos y dar a conocer los avances en su implementación. “Estas emisoras marcan la llegada de la radio pública a comunidades aisladas. Son mecanismos para que los habitantes encuentren contenidos que los acerquen a la reconciliación y la legalidad, el conocimiento de cómo va la implementación del Acuerdo y, sobre todo, estimular la convivencia pacífica”, señaló Emilio Archila. Estas estaciones de radio son de “interés público”, que de acuerdo con la legislación colombiana tienen como objetivo “contribuir al fortalecimiento del patrimonio cultural y natural de la nación, difundir la cultura y la ciencia y fomentar la productividad del país”, así como “promover los valores cívicos, la solidaridad, la seguridad, el ejercicio ciudadano y la cultura democrática”.

Además, estas emisoras tienen restricciones pues no pueden arrendar espacios ni transmitir ningún tipo de programa con fines proselitistas, emitir publicidad o propaganda comercial ni política. Durante los dos primeros años de funcionamientos, el contenido de la programación de estas emisoras será establecido por “el Comité de Comunicaciones Conjunto” integrado por delegados del Gobierno Nacional y de los reincorporados de las FARC.

Las víctimas del conflicto se citan en Paipa, Boyacá[8]

El próximo 7 de noviembre, en Paipa se congregarán 368 representantes víctimas de todo el país para instalar oficialmente la Mesa Nacional de Participación de las Víctimas. La iniciativa contará con la presencia de autoridades locales, regionales y nacionales, además de incluir siete representantes de víctimas en el exterior que residen en Ecuador, Venezuela, España, Canadá, Estados Unidos, Suecia y México.

Según Adriana Pinto, subdirectora de Participación de la Unidad para las Víctimas, “el trabajo de esta nueva Mesa Nacional de Participación se concentrará en la ampliación del periodo de la Ley de Víctimas, reforma al Protocolo de Participación, y el trabajo articulado con el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, así como otros temas relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz, como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y oferta, educación y estabilización socioeconómica”. Las mesas de participación de las víctimas son los espacios de participación y representación de la población afectada por el conflicto, que trajo la Ley 1448 de 2011, para la interlocución con el Estado en todos los niveles territoriales, y cuyo fin es la incidencia en la construcción, ejecución y control de las políticas públicas para las víctimas.

Militares en la JEP hablaron de 72 víctimas de falsos positivos en Catatumbo[9]

A mediados de este año, la JEP les permitió a las víctimas del caso sobre ejecuciones extrajudiciales, participar en las versiones voluntarias que los militares adelantan en esta justicia. Las Madres de Soacha y sus abogados fueron el primer grupo de víctimas que se dio a la tarea de revisar 31 versiones de uniformados, dadas por 22 militares.

A partir de las 31 versiones dadas por 22 militares de estas dos unidades, Escobar extrajo la información de jóvenes asesinados que mencionaron los militares durante las diligencias. La lista está conformada por 72 hombres, con fecha del asesinato, el lugar donde ocurrió el supuesto combate y algunos con nombre propio. De esta lista, nueve son hijos de las Madres de Soacha que hasta ahora han reconocido los militares. Además, consolidó datos como la forma en la que murieron, si habían sido reclutados, si estaban en las “listas negras” o si murieron en estado de indefensión. Esta información permitirá esclarecer el universo total de víctimas. Además, podría ayudar en la búsqueda de quienes todavía no se tiene información del paradero de su cuerpo. Por ejemplo, de las 72 personas, los militares mencionaron a 18 como ‘N.N’, es decir, que no hay información de quiénes son. 

En Catatumbo respaldan el PDET y rechazan militarización del territorio[10]

A mediados de 2017 iniciaron las primeras reuniones en las veredas de los ocho municipios que integran el PDET del Catatumbo, para ir recogiendo la visión de las comunidades sobre su territorio y lo que debería ser la hoja de ruta para su desarrollo en la próxima década. Tanto los líderes como los representantes de las instituciones que participaron en el proceso, coordinado por la ART, coinciden en que en un principio fue muy difícil romper la desconfianza de los campesinos hacia el Estado, pero se fue abriendo paso el consenso. Para esos meses se recrudeció la confrontación entre el ELN y el EPL, grupos con influencia en la zona, amenazando la libre participación de los líderes. Aun así, de los municipios pasaron a la subregión y en septiembre de 2018, se logró la firma del PDET, en un proceso en el que participaron alrededor de 8.700 campesinos. 

Lo que allí quedó plasmado es de enormes proporciones. A lo que le apunta es a revertir el histórico abandono en que el Estado ha dejado a la región y que hoy la tiene como una de las zonas con más cultivos de coca en todo el país. De hecho, Tibú, es el municipio con más área cultivada en todo el país (16.000 hectáreas). De ahí que, ante la falta de posibilidades para acceder a la educación superior o incluso terminar el bachillerato, los muchachos encuentren mejor suerte raspando la hoja de coca.

Fuentes:

Pacifista disponible en: https://pacifista.tv/

Semana disponible en: https://www.semana.com/

La Silla Vacía disponible en: https://lasillavacia.com/

Verdad Abierta disponible en: https://verdadabierta.com/

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com/

El Colombiano disponible en: https://www.elcolombiano.com/

Misión de Verificación de la ONU en Colombia disponible en: https://colombia.unmissions.org/

[1] https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/el-cauca-esta-en-llamas-y-la-solucion-no-esta-la-vista-articulo-889514