Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la posible creación de nuevos puntos de reagrupamiento para los excombatientes de las FARC; la solicitud del ELN a la Comisión de Paz del Congreso para que medie en la reactivación de los diálogos de paz; la declaración de Kevin Turner, representante de la ONU, en contra de la militarización de las comunas de Medellín; las alarmas de desplazamiento desde Charras, San José del Guaviare; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de paz 3-9 Octubre 2018

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Fabián Ramírez estaría negociando la pertura de nuevos puntos de reagrupamiento

Fabian Ramírez hace unos pocos días publicó una carta dirigida a la Comisión de Paz del Senado en la que decía que estaba comprometido con el proceso y que andaba recorriendo diferentes municipios caqueteños para hablar con la población. “Estamos reagrupando a cerca de un centenar de exguerrilleros, que estaban rezagados por el incumplimiento gubernamental de reincorporación en la conformación de un nuevo Punto de Reagrupamiento llamado ‘Caquetá Reconciliándonos Todos’ el cual cuenta con el visto bueno del partido FARC”, afirma Ramírez en la carta. Para concretar su idea de crear ese y otro punto de reagrupamiento en el Huila, la semana pasada Ramírez se sentó con representantes de la Misión de la ONU en una reunión privada en Neiva, acompañado de los exjefes guerrilleros que hicieron parte del otrora Bloque Sur. En la reunión confirmaron que seguían comprometidos con el Acuerdo y, Ramírez les habría contado a los representantes de la ONU que ya tienen censadas unas 70 familias de excombatientes que se irían a vivir a ese nuevo punto que quedaría en Puerto Rico, Caquetá, y a otras 150 familias en el Huila para el otro punto, que sería en Pitalito.

Las Garantías de Seguridad: a gran deuda del Acuerdo de Paz

Un reciente estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) advierte que poco se ha avanzado en la implementación de las garantías de seguridad, es decir en el conjunto de acciones tendientes a proteger comunidades, excombatientes, líderes sociales y movimientos políticos alternativos.“En términos generales podemos afirmar que las garantías de seguridad no han logrado contener la violencia ni las amenazas contra los actores claves del proceso. Por el contrario, lo que encontramos en las regiones es el deterioro de las condiciones de seguridad y la incertidumbre sobre la capacidad de respuesta del Estado” asevera el informe. Ya se había advertido que uno de los mayores retos que tendría la implementación de la paz, sería que la fuerza pública pudiera tomar el control de los espacios en donde en el pasado operaron las FARC. Varios casos en el mundo indican que después de la firma de acuerdos de paz, suele incluso aumentar la violencia en determinadas zonas, ese temor parece estarse confirmando, como lo que muestra el informe de la FIP.

Nuestra disposición para entregar información es total: Pastor Alape

El partido FARC anunció recientemente que entregaría información de 128 personas desaparecidas y la entrega de los primeros 25 predios para reparar a las víctimas del conflicto. Para Pastor Alape este tipo de acciones demuestran el compromiso con los Acuerdos, pero también son un reclamo de cumplimiento que su partido le hace al gobierno. De hecho, según Alape, el panorama va desde el incumplimiento a las víctimas con las circunscripciones especiales de paz, hasta las complejidades que se han presentado en lo legislativo respecto a la reforma rural integral. Esto no ha permitido, entre otras cosas, que las víctimas regresen a sus territorios ni implementar efectivamente la restitución de tierras, uno de los pilares del Acuerdo. “La disposición es total por parte de nosotros, para poder suministrar información y completar la verdad, y así reparar a las víctimas de desaparición forzada. En el centro, decimos con seriedad, deben estar las víctimas para la resolución de conflictos de esta compleja guerra. Acá se deben sumar todas las voluntades y las manos y construir la paz con la implementación”, afirma Alape.

ELN pide mediación de las comisiones de paz del Congreso

En un nuevo intento por lograr que el Gobierno nombre a los integrantes de su delegación de paz, Pablo Beltrán, jefe de negociadores del ELN, le envió una carta a la Comisión de Paz del Senado en la que le solicita un encuentro con la intención de expresar sus ideas para la continuación de la mesa de diálogos. En los últimos tiempos las comisiones de paz del Congreso han venido jugando un papel protagónico en la mediación con los excomandantes de las FARC ausentados de los ETCR y, se espera que también lo tenga, en la mesa con el ELN. Asimismo, Beltrán criticó las exigencias del Gobierno al considerar que “rompen la bilateralidad del proceso de negociación”, pues con esas decisiones, se desconocen los acuerdos a los que el Estado y la guerrilla llegaron con la anterior administración. Por su parte, la Comisión de Paz del Senado celebró que el ELN mantenga el ánimo de paz. “Reafirmamos nuestra misión de mediadores y comunicamos inmediatamente al Gobierno esta expresión para concertar la posibilidad de esta facilitación y reanudar cuanto antes los diálogos”, expresó el miembro de esta comisión Roy Barreras.

ONU pide retirar al Ejército Nacional de las comunas de Medellín

Con la violencia disparada en varias zonas urbanas de Medellín, crecen los reclamos ante la presencia permanente del Ejército Nacional donde según las normas internacionales solo debería estar la Policía. En su intervención en el Concejo de la capital antioqueña, Kevin Turner, director de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU en Medellín, manifestó su preocupación por la creciente violencia urbana que se vive en la ciudad desde finales de 2017. Pese a ello, señaló que la presencia del Ejército en las zonas urbanas no es la solución. “Nosotros reconocemos que hay muchas complejidades en Medellín, pero la militarización de la ciudad no es la solución de largo plazo”, por lo cual, según Turner se debe definir ya un proceso bajo el cual el Ejército se debe retirar del área urbana. El reclamo del funcionario de la ONU se produce en medio de unas cifras alarmantes de homicidio en la ciudad: este año 478 personas han sido asesinadas, 89 de ellas en la comuna 10 (Candelaria), centro de la capital de Antioquia.

Exjefe de FARC habla de una Conferencia Nacional sobre lío de drogas

El exjefe de las FARC Rubén Zamora, quien hoy ayuda en la implementación del programa de sustitución de cultivos, propuso convocar a una conferencia nacional para "abordar colectivamente el problema de las drogas ilícitas en el país.  Zamora asegura que la solución a esta problemática debe tener un carácter diferenciado, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que "las mafias del narcotráfico están entronizadas en el sistema económico". El exjefe de las FARC dijo que, en el narcotráfico, los volúmenes de producción dependen de las exigencias del mercado y de otras circunstancias que no son ajenas al Estado. "Así que los países consumidores deben resolver los crecientes problemas del consumo y ayudar a solucionar los problemas estructurales que llevan a comunidades pobres a la producción de drogas ilícitas" afirmo Zamora. El ex jefe las FARC además indicó que el Estado debería superar el vacío que por años ha dejado en los territorios, lo que termina fortaleciendo al narcotráfico y la desigualdad: "Territorios con absoluta informalidad en la tenencia de la tierra, sin infraestructura social, sin conectividad y hasta sin esperanzas".

“Cambiamos las balas por las palabras”: así funciona el periódico de la FARC

En la región del Catatumbo un grupo de exguerrilleros está trabajando en un periódico alternativo, en lugar de emplear las balas, están tratando de mostrarle al país su lucha a través de noticias, imágenes y reportajes. Ellos son conscientes de que en los 50 años de guerra que hemos vivido, muchos medios han polarizado a la opinión pública con imaginarios sobre la guerra. En la implementación del Acuerdo vieron un reto: cómo informar a la población sobre lo que ellos viven y sus preocupaciones, algo así como ‘mostrar la otra cara de la moneda’. El periódico del que estamos hablando se llama ‘Nuestra única arma será la palabra’ y nació en el ETCR de Caño Indio, en Norte de Santander. Aunque este nuevo medio no es el órgano oficial de comunicaciones de la FARC, es una herramienta que pretende fortalecer la comunicación entre todos los miembros del partido. En su propuesta editorial, los excombatientes buscan abordar temas que le conciernen en la vida diaria, como lo que sucede en la JEP y la construcción de paz desde el territorio.

“Se avecina un nuevo desplazamiento, esta vez por hambre y no por armas”

Desde hace año y medio aproximadamente, alrededor de 300 familias de San José de Guaviare se vincularon al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), uno de los pilares del Acuerdo Final que firmó el gobierno de Santos. El angustioso llamado de atención es de campesinos de la vereda Charras, en San José de Guaviare, quienes alegan que pese a haber erradicado sus cultivos de hoja de coca, el gobierno nacional aún no pone en marcha los proyectos productivos y de seguridad alimentaria consignados en el PNIS. Su crítica situación se mezcla con el la memoria sobre lo ocurrido allí durante dos décadas de conflicto armado y buscar a sus desaparecidos. “Estamos preocupados porque la mayoría de los campesinos vivían de esas matas y como ya no tienen ni una sola ni se ven los proyectos, la situación está muy complicada en este sector de Guaviare”, cuenta con preocupación, Ramiro, uno de los líderes de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Charras, que pidió mantener en reserva su identidad.

Masacre en El Tandil: un año de impunidad

En la mañana del 5 de octubre de 2017 los campesinos cocaleros de la vereda El Tandil, en Tumaco, se disponían a protestar debido a la erradicación forzada emprendida por la Policía Antinarcóticos. Un grupo de campesinos hizo un cordón para no dejar pasar a la Fuerza Pública hacia las plantaciones de coca; en la zona miles de familias viven de ese cultivo, es el municipio con más hectáreas sembradas de hoja de coca en el país. Luego de estar unas horas impidiendo el paso de los uniformados se escucharon disparos. Los habitantes de la vereda El Tandil no dudan en señalar a la Fuerza Pública como responsable de la masacre. En los hechos murieron siete campesinos que se encontraban protestando contra la erradicación forzada y Otras 23 personas resultaron heridas. Un año después de que ocurriera la matanza, las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría no han entregado resultados, a la fecha, ningún uniformado ha sido sancionado ni condenado.