Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con el hundimiento de las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP; el encuentro de los actores del conflicto en Bogotá por la verdad; la resurrección política de Santrich a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia; el recrudecimiento de la violencia en Cáceres (Antioquia); entre otros.

Lea y descargue Gaceta de paz 29 Mayo 04 Junio 2019

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Corte Constitucional declaró hundidas las objeciones a la JEP

La Corte Constitucional ratificó que la votación del Senado de la República en la que se hundieron las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP fue válida. En sesión del pasado 2 de mayo, el Senado había decido por 47 votos a favor y 34 en contra, rechazar las objeciones presidenciales. No obstante, la Mesa Directiva de la corporación argumentó que para tomar dicha determinación se requerían 48 votos a favor, por lo que envió el caso a la Corte Constitucional.

Y esta tarde, por ocho votos positivos y uno en contra, el Alto Tribunal señaló que sí hubo cuórum durante la sesión del Senado, por tanto, el presidente de la República, Iván Duque, deberá sancionar la ley. Una vez surtido este proceso, no aplica ningún recurso.[1]

Por su parte, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia en un anunció público expresó su beneplácito: “La decisión de la Corte Constitucional y la posterior sanción presidencial del proyecto de ley contribuyen a disminuir la incertidumbre jurídica y permiten conferirle a la JEP un marco jurídico claro sobre sus procedimientos y su funcionamiento”.[2]

La verdad, un esfuerzo por construir puentes[3]

Como pocas veces, el diálogo entre improbables tuvo un espacio en el país. En esta ocasión fue en Bogotá, en el evento “Hablemos de verdad”, donde dos víctimas y lideresas, un exmiembro de las FARC, un exjefe de las autodefensas, un representante del Gobierno, un exgeneral de la Armada, un empresario y el presidente de la Comisión de la Verdad se reunieron para reflexionar sobre la importancia de contar lo que sucedió en el conflicto armado.

Una de las respuestas que más llamaron la atención de los asistentes fue la de Rodrigo Londoño, quien afirmó que ninguna idea política puede justificar los horrores que se vivieron en la guerra: “Cuando habla la verdad aparecen los miedos. En el caso mío, enfrentarse a lo que resultó la guerra, porque eso no era lo que buscábamos. Estábamos convencidos de que estábamos defendiendo al pueblo y los resultados son contrarios”.

En el mismo tono intervino Luis Eduardo Cifuentes, excomandante del bloque de Cundinamarca de las AUC, quien hizo un llamado para construir un Estado social que garantice la verdad y la vida digna: “Si no hay educación, vías, desarrollo, ¿cómo quieren que llegue la paz? Las víctimas se están muriendo esperando una reparación y los desmovilizados han sido también asesinados […] Si los que se desmovilizan son asesinados, la verdad para las víctimas no llega”.

La resurrección de Santrich[4]

Detrás de la libertad de Jesús Santrich y su próxima entrada al Capitolio para hacerse congresista, hay un mensaje severo de las altas cortes al Gobierno nacional. Los cuatro máximos tribunales del país tuvieron que participar para contener el propósito del presidente Iván Duque de poner al exlíder guerrillero en un avión de la DEA y entregarlo a la Justicia de Estados Unidos. A cambio de eso, al menos de momento, Santrich acudirá a la Secretaría de la Cámara de Representantes para cumplir los trámites de rigor a fin de posesionarse en una de las diez curules que el acuerdo de paz le asignó a la extinta guerrilla de las FARC.

El país político y la opinión pública están profundamente divididos entre quienes creen válida la ecuación de la paz y quienes la rechazan a tal punto que pretenden reversar lo acordado. Santrich se volvió el símbolo de ese pulso feroz. Su triunfo momentáneo dejó a la rama judicial –con excepción de la Fiscalía– en posición contraria al Gobierno, que reaccionó ante la libertad del exguerrillero en forma categórica.

Cáceres, sin posibilidad de paz[5]

El 28 de mayo se cumplieron dos años de la promulgación del decreto que crea los PDET que fueron concertados en el Acuerdo de Paz y de los trece municipios priorizados en las regiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca; sólo en cinco se ejecutaron obras de Pequeña Infraestructura comunitaria (PIC) entre 2017 y 2018. Uno de ellos es Cáceres (Antioquia), donde la violencia y las condiciones de pobreza de sus habitantes están socavando la estabilidad de este municipio, al punto que muchos allí consideran que se está convirtiendo en un territorio invivible.

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Frente Virgilio Peralta (conocido como ‘Los Caparrapos’) y la guerrilla del ELN, son los grupos armados ilegales que más presencia tienen en ese municipio de 37.806 habitantes y frenan las posibilidades de consolidar cualquier asomo de paz. El desplazamiento masivo, las amenazas y asesinatos son una constante en Cáceres, dejándolo casi despoblado, tanto en lo rural como en lo urbano. Aquellos pobladores que deciden quedarse no tienen otra opción que vivir confinados y embargados por el miedo.

Recrudece la violencia en Bello[6]

En el municipio de Bello, Antioquia los jóvenes se resisten a la violencia que en el 2019 va en aumento debido al enfrentamiento entre estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y la extorsión. En lo corrido del año, se ha registrado 55 asesinatos frente a los 26 ocurridos en 2018 en el mismo lapso. Ubicado en el norte del Valle de Aburrá, con 491.182 habitantes, Bello es uno de los municipios más grandes del país. Asimismo, es considerado un fortín político, y un corredor estratégico para los grupos ilegales que trafican estupefacientes entre la ciudad de Medellín hacia el norte del departamento.

El aumento de la violencia en Bello se debe a la disputa entre ocho estructuras armadas ilegales que actualmente ocupan las once comunas. En ellas, se ha intensificado el fuego cruzado entre las estructuras por el interés de expandirse dentro de los territorios de sus rivales y quedarse con las redes del narcotráfico. En Bello, quienes tiene cooptadas las comunas son los combos de los Pachelly, Niquía Camacol, el Mesa, los Chatas, la Meseta, los del Mirador, y las estructuras armadas ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los Triana.

JEP abre incidente de incumplimiento contra Iván Márquez[7]

La JEP abrió un nuevo incidente de incumplimiento, en este caso contra Iván Márquez. Para los magistrados de la Sala de Reconocimiento, las reiteradas inasistencias de Márquez a los llamados de la JEP y su afirmación de que “fue un error haber entregado las armas”, les permite “inferir que rechaza su compromiso con el Acuerdo Final y con el proceso de reincorporación y transición de las armas a la vida ciudadana”.

Con esta decisión, esta jurisdicción evaluará la gravedad de su incumplimiento con los compromisos adquiridos en el proceso de paz y decidirá, de acuerdo con las reglas y los principios de gradualidad de la JEP, qué beneficios podría quitarle al exjefe guerrillero, cuyo paradero se desconoce desde hace casi un año. Los magistrados agregaron que al abrir este nuevo proceso se espera “establecer su compromiso de aportar a la verdad, la reparación de las víctimas y atender los llamados de la justicia, entre otros”.

La precampaña en el Pacífico arrancó amenazada[8]

Durante los últimos seis meses, cuando políticos y partidos arrancaron la precampaña que hoy entra en su recta final, antes de la apertura de inscripciones, 13 aspirantes del Pacífico a diferentes cargos a las regionales de octubre han sido amenazados, atacados o asesinados. “Puntualmente: ya sumamos cinco amenazados, cuatro atacados y otros cuatro asesinados”. Así se puede corroborar según ocho fuentes entre funcionarios públicos de los municipios donde ocurrieron los hechos y con precandidatos, y al revisar informes judiciales y de prensa.

Valle del Cauca es el departamento de la región con más casos (9) y le siguen Cauca (2) y Nariño y Chocó (un caso cada uno). La tendencia confirma reportes de la Misión de Observación Electoral (MOE) que señalan al departamento más rico y poblado de la región como el tercero con más riesgo nacional para hacer campaña. Las razones de la violencia política van desde la herencia del maridaje entre mafia y políticos que permeó a la región en los años más crudos de la guerra narco, hasta amenazas de otras campañas políticas.

En el sur de Córdoba no aguantan un desplazamiento más[9]

San José de Uré, municipio ubicado en el Sur de Córdoba es el nuevo objetivo de intimidación que ha utilizado el Bloque Virgilio Peralta Arenas de las ‘Autodefensas Campesinas’, para continuar con el control en la zona. Este grupo, también conocido como Los Caparrapos, llegó el jueves 23 de mayo al corregimiento Brazo Izquierdo, en compañía de la disidencia del frente 18 de las FARC. Los hombres armados llegaron a intimidar a la población: “Sacaron forzosamente a las personas de sus hogares, a la gran mayoría los acostaron al suelo, los insultaron, los amedrantaron y los amenazaron con asesinarlos”, informó la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba.

Durante finales del mes de marzo y todo el mes de abril, más de 2.000 personas en el Sur de Córdoba estuvieron desplazadas a causa de la guerra que Los Caparrapos contra el frente Ruben Dario Avila de las AGC. Los municipios más afectados fueron Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador, este último, fue en donde se trasladaron las familias que estaban desplazadas, exactamente en el corregimiento de Juan José. Según información de la ONU, dentro del total de desplazamientos que se han presentado en la zona hay 927 menores de edad y 184 indígenas Embera Katío.

En Tumaco, reincorporados y comunidad se unen por la vida, la memoria y la esperanza[10]

En el Espacio Territorial de Capacitación y Normalización (ETCR) La Variante, en Tumaco, habitan 73 personas en proceso de reincorporación con sus familias, quienes están comprometidas con la reconstrucción del tejido social y la generación de espacios para promover la convivencia y la reconciliación con los habitantes de la comunidad aledaña.

Este es el caso del 'Primer festival por la Memoria, la Vida y la Esperanza', organizado por los excombatientes de las FARC-EP que viven en el ETCR y que con el apoyo de la comunidad de La Variante y La Playa, así como de otras entidades como el SENA, la FAO y la Misión de Verificación de la ONU, desarrollaron una jornada de convivencia y reconciliación, a través de espacios culturales, artísticos y deportivos.

"Cuando un excombatiente y su familia llegan a desarrollar alguna actividad económica, personal o social a una comunidad, posiblemente enfrenten barreras como el rechazo, la estigmatización o la desconfianza. Para que el proceso de reincorporación sea exitoso, además de fortalecer habilidades y competencias, la ARN promueve espacios de participación, convivencia, construcción de confianza y reconciliación, y fortalece entornos protectores para niñas, niños y jóvenes", manifestó Diego Bastidas, coordinador de la ARN en el departamento de Nariño.

Fuentes:

Pacifista disponible en: https://pacifista.tv/

Semana disponible en: https://www.semana.com/

La Silla Vacía disponible en: https://lasillavacia.com/   

Verdad Abierta disponible en: https://verdadabierta.com/

El Colombiano disponible en: http://www.elcolombiano.com/

Fundación Paz y Reconciliación disponible en: https://pares.com.co/

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com/noticias

Misión de Verificación ONU disponible en: https://colombia.unmissions.org/

Noticias ARN disponible en: http://www.reincorporacion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias