Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con las declaraciones del Secretario General de la ONU a favor de la JEP; el informe de la Cruz Roja Internacional sobre el aumento de desapariciones forzadas en el país; la llegada a la JEP del caso de la persecución a la población LGBT en el marco del conflicto; las perspectivas de la Minga y un posible paro nacional; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de paz 27 Marzo 02 Abril 2019

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Secretario General de ONU urge aprobación de ley estatutaria de la JEP

Antonio Gutérres, secretario general de la ONU, en el seguimiento que le hace a la implementación del acuerdo de paz con las FARC, dio de nuevo un espaldarazo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al reiterar su llamado al “Gobierno, al Congreso y a todas las entidades para que adopten rápidamente medidas para asegurar que la Ley Estatutaria se promulgue lo antes posible de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Paz".[1]

El informe indica que "la JEP es el principal garante de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y es también la expresión de las garantías jurídicas otorgadas a quienes, de buena fe, han dejado las armas con la verificación de las Naciones Unidas".[2]

Asimismo, el Secretario General indicó que algunos de los obstáculos con los que se enfrenta la paz son el asesinato de líderes y lideresas sociales y de miembros de las FARC; la incertidumbre de los excombatientes en cuanto a su situación jurídica, física y económica; y la necesidad de las comunidades de una presencia estatal que les garantice seguridad, servicios básicos, tierras y alternativas viables a las economías ilegales.[3]

No obstante, en su Informe, el Secretario General también destacó que “Colombia sigue siendo una fuente de inspiración para quienes alrededor del mundo siguen atrapados en ciclos de conflictos armados, ya que Colombia ha acabado con cinco decenios de confrontación y ha demostrado la resiliencia de su sociedad y sus instituciones”.[4]

“Cada cuatro días hemos registrado un nuevo caso de desaparición forzada en Colombia”: CICR

Un preocupante balance hizo el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), durante la presentación oficial de su informe anual. Hablar de posconflicto en el país es lejano e ilusorio afirman. En medio del reordenamiento de grupos armados, se han fortalecido las dinámicas de violencia que el país soñaba con dejar atrás después de la firma del Acuerdo de Paz.

Por ejemplo, desde la firma, el CICR ha documentado un nuevo caso de desaparición relacionado con el conflicto y con la violencia armada cada cuatro días: “Pudimos constatar que todos los actores armados presentes en el país aún utilizan la desaparición en el marco de sus acciones. Nuestros datos representan solo una pequeña parte de lo que sucede en todo el territorio nacional”.[5]

 “Lo cierto es que la mayoría de los casos sigue sin resolverse mientras que cada día se suman nuevos hechos. Por desgracia, el tiempo juega en nuestra contra en la búsqueda, que se ve agravada por la falta de voluntad política”, también desatacó el informe entregado por el CICR.[6]

JEP recibe primer informe sobre persecución a población LGBT en el conflicto armado

Por primera vez en el mundo, un tribunal de justicia transicional recibirá información sobre la afectación y la violencia que sufrió la población LGBT durante un conflicto armado. Las organizaciones Colombia Diversa y Caribe Afirmativo entregaron ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dos informes en los que se reconoce que sí hubo persecución y violencia sistemática por prejuicio contra personas lesbianas, gay, bisexuales y trans durante el conflicto armado.[7]

“Estas conductas fueron cometidas con premeditación y con la intención expresa de subordinar, humillar, silenciar, excluir, inferiorizar, esto es, de impedir el ejercicio libre de los derechos humanos de las víctimas. Además, todas las conductas fueron cometidas en un contexto en el que dichas violencias eran legitimadas por el resto de la población civil y en el que en general las instituciones oficiales no atendían sus reclamos. Todo esto alimentó un entorno de impunidad social y judicial que silenció los posibles reclamos de justicia posteriores de las víctimas y la sanción de los perpetradores”, dice el informe.[8]

‘La minga indígena es el comienzo de una gran movilización nacional’[9]

Las semanas que vienen no serán nada fáciles para el gobierno de Iván Duque. La Minga indígena cumple este lunes 20 días en Cauca, Nariño, Caldas, Huila, Antioquia y Valle del Cauca. En lugar de perder fuerza con el paso del tiempo, la Minga se ha fortalecido. El presidente Iván Duque se ha negado a dialogar directamente con los indígenas y la indignación ha crecido. Giovanny Yule, coordinador político del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), dijo este fin de semana que la Minga pasará de tener 20.000 manifestantes a por lo menos 25.000 en ocho departamentos.

Según sectores campesinos que se estarían uniendo a la Minga, esta es solo la primera manifestación, ahora van a seguir sumándose sectores y vendrán nuevas manifestaciones porque el gobierno no los quiere escuchar. Hay aspectos centrales que el gobierno no quiere definir: el respeto por las consultas populares y las consultas previas y las garantías para los cultivadores de coca, marihuana y amapola, quienes están pidiendo que no se les erradiquen los cultivos, sino que se incentiven sus proyectos de economía campesina.

La violencia está despoblando el sur de Córdoba[10]

En dos alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo a finales de 2018 quedó consignado el riesgo que corría la población civil de los municipios de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador (Córdoba), por la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el enfrentamiento con las disidencias de las FARC. Este conflicto causó en días pasados el desplazamiento masivo en las veredas Santa Rosa, La Flecha, Rogero, Río Sucio, Santa Bárbara y Soledad, que obligó a más de 500 familias -alrededor de 1.700 personas- a huir de sus viviendas; una tragedia anunciada.

El nuevo ciclo de enfrentamientos entre las AGC y las disidencias de las FARC se estaría dando en la disputa por los corredores de movilidad entre las cuencas de los ríos Esmeralda y Tigre, en Tierralta, y San Jorge en Puerto Libertador. De acuerdo con la Defensoría, es claro que para los excombatientes de las FARC “la recuperación de sus antiguos territorios de movilidad tiene un especial interés en el actual proceso de reconfiguración y fortalecimiento, lo cual le imprime una lógica de territorialidad excluyente que afecta los derechos de la población asentada allí”.

Visión de las mujeres, fundamental en formulación de los PDET[11]

Aproximadamente 24 mil mujeres participaron en todo el país en la construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). En el Acuerdo de Paz, el enfoque de género representa un elemento transversal. Sin embargo, su cumplimiento no ha sido fácil.

Elegidas de manera participativa en cada una de sus comunidades, las mujeres que han tenido una intervención activa en la construcción de los PDET esperan ser determinantes en el desarrollo y ejecución de los proyectos que se aprobaron en las distintas subregiones del país.

Fortalecer los territorios desde la visión de las mujeres requiere más insumos, pero el gobierno nacional se ha quedado corto en este aspecto, a pesar que desde organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas y sus respectivos reportes, como el informe anual 2018, reiteró el apoyo “a las mujeres de la política, a funcionarias electas, votantes, legisladoras, activistas de la sociedad civil y tantas otras que reclaman la igualdad de derecho a ejercer su liderazgo y a ser escuchadas”.

El miedo a los “falsos positivos” vuelve al sur de Bolívar[12]

Pasadas las cinco de la tarde del 7 de marzo, el campesino Henri Sarabia, de 27 años, jugaba fútbol con otros jóvenes en el corregimiento de Micoahumado, sur de Bolívar, cuando fue herido durante una acción militar que buscaba combatir a la guerrilla del ELN en la zona. Su amigo ‘Coco’, de 18 años y también campesino, fue asesinado en el operativo. Desde entonces, la tensión ha aumentado en esta población de la costa colombiana.

Enclavado en las montañas, Micoahumado es un lugar de difícil acceso, no solo por las condiciones de seguridad, sino por el largo viaje: media hora por carretera desde Aguachica hasta Gamarra; un ferry para cruzar el río Magdalena; otro trecho de carretera hasta el municipio de Morales; unos minutos en chalupa hasta Moralito; y luego subir por caminos lastrados por varias horas.

El ELN controla esta zona desde hace décadas. Por eso los pobladores de Micoahumado, unos 3.500 habitantes dedicados en su mayoría a la agricultura y la pequeña minería cargan un estigma permanente: los acusan de guerrilleros o colaboradores. Ellos rechazan estos señalamientos y temen ser víctimas del enfrentamiento entre los elenos y la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, que desde febrero busca asegurar ese territorio, después del fracaso de los diálogos de paz.

Del Capitolio al Territorio: un puente entre el Congreso y las regiones más vulnerables[13]

Durante seis meses, 16 congresistas de ocho partidos políticos participaron de cinco visitas regionales a municipios afectados por el conflicto armado y donde hay Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), para conocer de primera mano, los avances y las dificultades de la implementación del Acuerdo de Paz.

Algunas de las conclusiones de este ejercicio señalan respecto que: el Acuerdo es una oportunidad, pero reina la incertidumbre, de hecho, la percepción general sobre este es positiva, pues lo identifican como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Sin embargo, las expectativas han dado paso a la incertidumbre y los cuestionamientos, sobre todo, preocupa la reactivación de la violencia.

Asimismo, se indica que faltan recursos y capacidades para implementarlo. La institucionalidad es consciente de las limitaciones fiscales y la falta de capacidades para su adecuada implementación. Por último, resalta la incertidumbre por parte de los excombatientes. Reconocen la intención del gobierno de asumir los compromisos derivados del Acuerdo, pero esperan que se materialicen en el desarrollo de proyectos productivos y la generación de oportunidades.

En tierras movedizas: las organizaciones sociales frente al programa de sustitución de ilícitos[14]

Campesinos y campesinas provenientes del suroriente del país, vinculados a procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito en sus regiones, manifestaron su preocupación por tres problemas en sus territorios: los incumplimientos por parte del Estado colombiano para la continuación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS); el alto riesgo de victimización a las y los líderes sociales y comunitarios; y el impulso de proyectos extractivos que aparecen relacionados con la presencia de grupos armados ilegales.

Según la Presidencia, son 67 los acuerdos colectivos de sustitución firmados a nivel nacional, 52 de los cuales se encuentran en los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca, Guaviare, Caquetá y Meta. En el encuentro con estos campesinos, resaltaron los incumplimientos de aspectos como los beneficios económicos a los que tienen derecho las familias por el cese de sus actividades económicas, la falta de infraestructura y la continuación del abandono estatal en estas zonas.

Fuentes:

Pacifista disponible en: https://pacifista.tv/

DeJusticia disponible en: https://www.dejusticia.org/

El Tiempo disponible en: https://www.eltiempo.com/

Verdad Abierta disponible en: https://verdadabierta.com/

El Colombiano disponible en: http://www.elcolombiano.com/

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com/noticias

Misión de Verificación de la ONU: https://colombia.unmissions.org/

La liga contra el silencio disponible en: http://ligacontraelsilencio.com/

Fundación Ideas para la Paz disponible en: http://www.ideaspaz.org/publications