Gaceta de Paz 27 Febrero 5 Marzo 2019

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09 Marzo 2019

Gaceta de Paz 27 Febrero 5 Marzo 2019

Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la apertura del caso 006 por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz en torno al exterminio de la Unión Patriotica; la disputa armada que se intensifica en Nariño y la frontera con Ecuador; las nuevas conmociones alrededor del caso de Jesús Santrich; el estado actual del Clan del Golfo como estructura al margen de la ley; entre otros.

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JEP, a resolver 34 años de impunidad del exterminio de la UP

Uno de los casos más complejos que ha tenido bajo su estudio la JEP es el exterminio de la Unión Patriótica (UP). Desde mayo del año pasado, cuando organizaciones sociales y entidades estatales entregaron a la justicia transicional los primeros informes, los magistrados han tenido la tarea de clasificar y definir los hechos cometidos contra los integrantes de ese partido político desde 1984. Este lunes, después de una exhaustiva revisión de los documentos, la JEP abrió el Caso 006, denominado Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP).

Los magistrados de la Sala de Reconocimiento consideraron que el caso de la UP cumple con todos los criterios de priorización, pues fueron "víctimas de la violencia sistemática y padecieron conductas que atentaron contra su derecho a la vida, libertad, seguridad e integridad física, sexual y psicológica".[1]

Según el informe, 16 miembros de la fuerza pública se han acogido a la JEP por hechos relacionados con la UP, y otros 4 miembros han solicitado su acogimiento por las mismas razones, así como 13 exagentes del DAS. Los generales José Jaime Uscátegui y Rito Alejo del Río fueron vinculados por el tribunal en este caso de magnicidio.[2]

La disputa armada sigue muy viva en Nariño

A pesar de la muerte de Walter Patricio Arizala, alias Guacho, el pasado mes de diciembre, el frente Oliver Sinisterra, grupo que comandaba, sigue con presencia en esa zona del pacífico nariñense y aparentemente otros grupos armados ilegales tienen la firme intención de quedarse con el control de los cultivos de coca, los cuales son los más vastos en el país.

Precisamente la Defensoría del Pueblo afirmó que la comunidad ha denunciado la presencia de nuevas estructuras armadas que han llegado a la zona de frontera con Ecuador y que estas denuncias se han podido corroborar en terreno, “sin embargo ha sido difícil identificar cuáles son”, aseguró Catherine Mina, defensora regional en Tumaco.[3]

De hecho, alrededor de 150 colombianos llegaron este fin de semana a buscar refugio en la parroquia Palma Real, en la provincia de Esmeraldas, en Ecuador. Atravesaron la frontera en un intento por salvaguardar sus vidas, pues del otro lado, en su país, los hombres del Frente Óliver Sinisterra, se baten a muerte contra el grupo de Contador. Este último es un narco poderoso en el Pacífico nariñense, que ha sabido mantenerse a la sombra pero que, tras la muerte de Guacho, es reconocido en secreto como el gran capo del complejo cocalero más grande del mundo.[4]

¿Se acerca la libertad de Jesús Santrich?

El caso de Jesús Santrich tomó un viraje inesperado: la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos se negó a entregarle las pruebas que sustentarían su extradición a la JEP, cerrando la fase de recolección de pruebas por parte de esta jurisdicción. Adicionalmente, la a Sala Plena del Consejo de Estado negó una demanda en la que se solicitaba la pérdida de investidura de Jesús Santrich, por lo cual, el excombatiente estaría habilitado para ocupar cargos de elección popular. Sin embargo, solo podrá ocupar su curul cuando recobre su libertad y cuente con las condiciones físicas necesarias.[5]

Por otro lado, se dio a conocer un video que muestra a Carlos Julián Bermeo, un fiscal de apoyo de la JEP, recibiendo un fajo de dólares por debajo de una mesa para supuestamente, según la Fiscalía, incidir en el trámite de extradición de “Jesús Santrich”. Este episodio repercutió negativamente en la imagen de la JEP, que avanza escuchando testimonios en los casos priorizados.[6]

En el caso también se vio involucrado el exsenador Luis Alberto Gil, quien fue internado en la Clínica Colombia por una afectación cardiaca que le sobrevino tras su captura el viernes pasado.[7] Los otros cuatro capturados, incluyen al fiscal de la JEP Bermeo, Luis Orlando Villamizar, Ana Cristina Solarte y Alejandro Prieto. Los cinco fueron capturados acusados de recibir una coima de 500.000 dólares por “arreglar” procesos penales y administrativos.[8]

El Clan del Golfo está golpeado, pero creciendo[9]

Aunque fue el grupo armado organizado del país que recibió más golpes el año pasado, el Clan del Golfo perdió protagonismo en la agenda nacional luego del fracaso de la ley de sometimiento hecha a su medida, y con los ojos del Gobierno puestos en el ELN tras la bomba de la Escuela General Santander.

Este año, las noticias hablan de que el Clan está débil por los golpes de la Fuerza Pública y de la guerra que le están armando una disidencia suya y ex Farc en Antioquia. Pero eso no quiere decir que ese grupo, residuo del EPL y las AUC, esté de capa caída.

A pesar de los golpes, y de que haya una fuerza dedicada a golpear a sus cabecillas, el Estado no ha podido arrinconar este grupo ni dar con su máximo jefe, ‘Otoniel’. Mientras no den con ‘Otoniel’, “uno de los mafiosos más poderosos y con más historia en el país”, según el director de Insight Crime, Jeremy McDermott, el Clan seguirá con fuerza. Prueba de eso es que en Urabá sigue teniendo el control de las rutas de narcotráfico, y de la extorsión y del microtráfico, además de que está controlando con mayor intensidad el tráfico de migrantes en la frontera con Panamá.

Mandé ya no está tan lejos[10]

En noviembre de 2018 en Vásquez Viejo, la zona donde vive la mayoría de los habitantes de Mandé, en Urrao, en el Suroeste de Antioquia, la celebración fue larga: Llegó el internet. En esta región no hay agua potable ni carretera y el río está a 3 días del pueblo más cercano, mientras en las trochas son dos días y medio de camino en mula para llegar a la cabecera municipal.

Sin embargo, algunos de los pobladores piensan que hoy están más cerca del resto del mundo. La razón es que el miedo los tenía aislados y desterrados. “Si no se hubiera dado el proceso de paz, los ‘mandeseños’ seguiríamos más olvidados y gracias a ella pudieron entrar técnicos a poner energía y otros a poner el sistema para poder tener una red wifi. Viene gente de otros lados, eso antes no se veía por aquí”, comenta Fermín presidente de la Junta de Acción Comunal de Vásquez y miembro del Consejo Comunitario por la Identidad Cultural Mandé.

La meta en Noreste antioqueño: superar desigualdad social con Acuerdo de Paz[11]

Varias obras de infraestructura y proyectos productivos se han hecho en veredas alejadas de Ituango, Anorí y Remedios, en el Norte y Nordeste antioqueño, financiadas con dineros que provienen del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), uno de los pactos más significativos del Acuerdo de Paz y que abarca 170 municipios en el país.

Pese a que ya se han hecho algunas obras con dineros del posconflicto, las comunidades campesinas reclaman vías de acceso y titulación de tierras, lo que permitiría una real transformación del campo en esa convulsionada región del país.

La lejanía de esas veredas no sólo es con referencia al casco urbano sino al Estado que, por décadas, estuvo presente únicamente a través de la Fuerza Pública en función de combatir los grupos insurgentes de las FARC y el ELN, que hacían presencia en esas zonas.

Las evidencias se reflejan en las condiciones indignas de vida de los habitantes en la mayoría de sus veredas. Poca inversión en salud, vivienda, agua potable y demás necesidades básicas insatisfechas han sido una constante.

La audiencia en la JEP sobre falsos positivos con las madres de Soacha

Carmenza Gómez, Idalí Garcerá, Luz Edilia Palacios, Edilma Vargas y Mélida Bermúdez, madres de cinco jóvenes de Soacha asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate por miembros de la Brigada Móvil 15 del Ejército, estuvieron en la JEP este martes. Allí también estuvo presente el coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, jefe de operaciones del Batallón José Joaquín Vargas de esta brigada, quien se sometió a la JEP después de ser condenado a 47 años de prisión por permitir los operativos en los que asesinaron a estos jóvenes.

En esta audiencia pública, en la que por primera vez se escucharon solo las versiones de las víctimas, ellas y sus abogados expusieron un punto vista hasta ahora negado.[12] Como afirma Johanna Carolina Daza, abogada del Colectivo José Alvear Restrepo y representante de víctimas: “la JEP debe llegar a las razones de fondo que propiciaron el conflicto armado. Identificamos que varias ejecuciones extrajudiciales se realizaron bajo la Política de Seguridad Democrática. Identificamos patrones y perfiles de las víctimas, no era un tema deliberado”.[13]

‘Debate sobre uso del glifosato se debe hacer de cara al país’: Corte[14]

Este jueves, la Corte Constitucional hará una audiencia pública en la que busca aclarar cuáles son los planes del Gobierno en la política contra las drogas, específicamente, con el uso del glifosato, y cómo piensa cumplir los requisitos que ese alto tribunal le hizo para volver a las fumigaciones aéreas de cultivos de coca.

Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional, habló sobre qué se busca en esta diligencia pública, a la que asistirán el presidente Iván Duque y el expresidente Juan Manuel Santos: “El año antepasado, en el 2017, la sala de revisión que preside el doctor Alberto Rojas profirió la sentencia T-236. En esa sentencia, la Corte les dice a los entes encargados de la política contra las drogas que solo pueden volver a fumigar con glifosato si el Consejo Nacional de Estupefacientes tiene la posibilidad de establecer con carácter concluyente que esas aspersiones no producen daño a la salud humana”.

Objeción presidencial a Ley Estatutaria de la JEP afectaría estabilidad de la construcción de paz[15]

Un grupo plural de organizaciones de la sociedad civil, de académicos y de centros de investigación adscritos a universidades, detallaron en un comunicado a la opinión pública, consideraciones sobre la conveniencia política y viabilidad constitucional de la sanción presidencial del proyecto de ley estatutaria de administración de justicia de la JEP.

En la misiva se detalla: “consideramos que el ágil y adecuado funcionamiento de la JEP contribuirá a la sostenibilidad de la terminación del conflicto y la construcción de paz, lo cual guarda relación directa con los propósitos de legalidad y estabilidad que el actual Gobierno Nacional ha defendido. En efecto, dicho mecanismo de justicia es indispensable para otorgar un cierre jurídico y definitivo al conflicto armado, pues brinda una respuesta efectiva a los derechos de las víctimas, así como seguridad jurídica a miembros de la Fuerza Pública, excombatientes y terceros que comparezcan ante aquel.”

Fuentes:

Pacifista disponible en: https://pacifista.tv/

Semana disponible en: https://www.semana.com/

La Silla Vacía disponible en: https://lasillavacia.com/

El Tiempo disponible en: https://www.eltiempo.com/

Verdad Abierta disponible en: https://verdadabierta.com/

El Colombiano disponible en: http://www.elcolombiano.com/

Fundación Paz y Reconciliación disponible en: https://pares.com.co/

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com/noticias

Fundación Ideas para la Paz disponible en: http://www.ideaspaz.org/

Misión de Verificación de la ONU disponible en: https://colombia.unmissions.org/

[1] https://colombia2020.elespectador.com/jep/jep-resolver-34-anos-de-impunidad-del-exterminio-de-la-union-patriotica