Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con: Las cifras de asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2019; el traslado de 5 de los ETCR; al menos 77 excombatientes de FARC asesinados el año pasado dice ONU; denuncia de confinamiento en Bojayá por presencia de paramilitares; Gobierno publicó proyecto de decreto que regula fumigación con glifosato; entre otras. 

Lea y descargue Gaceta de Paz Diciembre 26 2019 - Enero 2 de 2020

Si quiere consultar el histórico de publicaciones de la Gaceta de la Paz: clic acá

2019 tampoco fue el año para los líderes.[1]

De acuerdo con el Programa Somos Defensores, a la fecha hay un reporte de 110 asesinatos de líderes y se proyecta que —al confirmar otros casos que están en investigación—llegue a 120 asesinatos, es decir, 35 menos que el año pasado. Estos datos difieren un poco de los entregados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, según los cuales entre el 1º de enero y el 16 de diciembre de 2019 se reportaron 90 homicidios de líderes sociales. Dentro del listado, según el programa y las Fiscalía las estructuras paramilitares y las disidencias son las responsables de las principales acciones de violencia contra esta población. No obstante, en una gran cantidad de casos no se conocen posibles autores de los ataques criminales.

Para Diana Sánchez, coordinadora del programa Somos Defensores, es determinante entender cuál es el fenómeno detrás de esos indicadores, “El Gobierno no puede quedarse solamente leyendo asesinatos”, sostiene. El consejero presidencial para los DDHH, Francisco Barbosa, señaló que en el caso del asesinato de líderes sociales no se puede hablar de sistematicidad, pues las razones detrás de los crímenes “son diversas, aquí no hay una política de exterminio, ni una política sistemática, (…) son razones diversas que se producen contra nuestros líderes sociales, atadas a fenómenos de delincuencia”. Para las organizaciones sociales es claro que la sistematicidad existe y está dada por las características de las víctimas, no por las de los victimarios.

Cinco de los ETCR serán trasladados[2]

Desde hace unos meses, el Gobierno Nacional y las FARC venían evaluando cuáles de los 24 antiguos Espacios de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde viven exguerrilleros de las FARC y sus familias, debían seguir funcionando. Tomar la decisión de los traslados, dependía de la adquisición de los predios y la ubicación estratégica. “En la actualidad, cinco de ellos se van a trasladar del punto donde están, teniendo en cuenta que hubo dificultades en la compra de esos predios”, aseguró Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Así las cosas, se tomó la decisión de reubicar los antiguos espacios de Ituango (Antioquia), Puerto Asís (Putumayo), La Macarena (Meta), Tumaco (Nariño) y San José del Guaviare (Guaviare).

Ahora el reto es aclarar el panorama jurídico de estos espacios. Según la Fundación Ideas para la Paz estos espacios representarían “enormes desafíos en cuanto a recursos y a la capacidad de las autoridades locales, como asumir la ampliación de la oferta en servicios públicos a zonas apartadas o modificar, en algunos casos, los planes de ordenamiento”. Desde el Gobierno contemplan que este proceso de transición puede tardar aproximadamente un año.

ONU dice que al menos 77 exguerrilleros de las FARC fueron asesinados en 2019[3]

Al menos 77 exguerrilleros de las FARC fueron asesinados en Colombia este año, según un informe del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, sobre los avances de la Misión de Verificación. “El número total de asesinatos desde la firma del Acuerdo Final de Paz llega ahora a 173, además de 14 desapariciones y 29 intentos de homicidio”, señala el documento que será presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU en enero de 2020.

En el informe, Guterres reitera su llamado “para que se adopten medidas más efectivas para proteger la vida de los y las excombatientes, teniendo en cuenta especialmente que el 2019 ha sido el año más violento para los exmiembros de las FARC-EP”. El documento, hace un balance de los avances referidos a la reincorporación económica, social y política de los miembros de las FARC en el último trimestre del año, y dedica buena parte a la situación de seguridad de los exguerrilleros. Entre esos crímenes destaca “como particularmente preocupante” el de Alexander Parra Uribe, quien fue asesinado el pasado 24 de octubre en el antiguo ETCR de Mesetas, Meta.

Denuncian confinamiento de comunidades de Bojayá (Chocó) por presencia de paramilitares[4]

El 31 de diciembre, en plena víspera de Año Nuevo, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció a través de su cuenta de Twitter que paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (o Clan del Golfo) se tomaron la comunidad de Porgue, en Bojayá (Chocó). Según la ONG, por lo menos otras tres comunidades se encontrarían en la misma situación y pobladores que lograron salir del “cerco de los paramilitares” denunciaron que este grupo armado entregó reses a diversas comunidades y regalos a niños del sector. Asimismo, los hombres, que portan armas largas, amenazaron con asesinar a líderes que denuncien la situación, lo que, en palabras de la Comisión, hace que en Bojayá en este momento se encuentren “sitiados, silenciados por las Autodefensas”.

Ante las denuncias, el Ejército ha respondido que está verificando la información y que una unidad está en la zona. Según explicó una fuente en la zona, este confinamiento era inminente y hace un buen tiempo diferentes autoridades y plataformas de derechos humanos venían denunciando la escalada violenta en la región. La denuncia se da justamente cuando la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, en su informe trimestral del seguimiento de la implementación del acuerdo de paz, pidió ayuda urgente sobre Chocó.

En Chocó, acuerdos de sustitución voluntaria de hoja de coca están en ceros[5]

La implementación del Acuerdo de Paz en diversas zonas del país incluía un enorme esfuerzo estatal para atender a miles de familias dedicadas a los cultivos de uso ilícito. El objetivo era trazar un camino a la legalidad con propuestas productivas viables. La idea se percibía, en el papel, como una alternativa esperanzadora para cientos de campesinos. Ese espíritu esperanzador del Acuerdo de Paz también llegó al departamento de Chocó, entre otras razones porque, a última hora, se incluyó el Capítulo Étnico, que, en esencia, condensa un conjunto de salvaguardas para proteger los derechos de los pueblos ancestrales y garantizar su participación en el formulación e implementación de las políticas del posconflicto que los involucran. Nada de eso se ha cumplido en el departamento de Chocó. Justamente una de las iniciativas en la que pusieron sus esperanzas fue en el PNIS, entre otras razones porque la expansión de los cultivos ilícitos está contribuyendo al deterioro ambiental. Además, en las zonas de mayor impacto de los cultivos trasiegan el ELN; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o ‘Clan del Golfo’; y una disidencia de las FARC que no se acogió al Acuerdo de Paz. Su interés por dominar esas regiones los ha llevado a enfrentarse de manera recurrente, alterando la vida de las comunidades y generando graves crisis humanitarias.

Atención psicológica a víctimas: la herida invisible del conflicto armado[6]

Actualmente, la Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas, congrega los requerimientos que se acordaron para brindar una reparación integral a las personas damnificadas por el conflicto armado. No obstante, el artículo 137 -componente de reparación psicológica- se ha quedado rezagado. El Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) es el conjunto de estrategias que el Ministerio de Salud implementa para con dicho objetivo. Según datos de Minsalud, de 2013 a 2019, el PAPSIVI atendido en Bogotá a 24.127 víctimas de las 339.201 que están registradas en el Registro Único para las Víctimas (RUV) de la capital. El programa destina un total de ocho sesiones de atención psicológica por cada víctima del conflicto. Una vez cumplidas las sesiones, la víctima no puede volver a ser atendida por el programa. Según Silvia Rivera, psicóloga clínica y psicoanalista con experiencia en temas de violencia y conflicto armado, este tratamiento no es suficiente, y considera que es necesario que el Estado contrate psicólogos con formación adicional para que tengan una visión multidimensional del conflicto y puedan ofrecer mejores soluciones a las víctimas. Ante la falta de cobertura por parte de los programas estatales, varios colectivos han unido fuerzas para buscar otras formas de reparar sus heridas. Jacqueline Castillo, lideresa del Colectivo Madres Víctimas de los Falsos Positivos, afirma que el tratamiento psicológico que brinda el Gobierno no ayudó a sanar sus heridas, ante esto, el colectivo se reúne periódicamente para sanar mediante el diálogo y el arte.

Gobierno publicó proyecto de decreto que regula fumigación con glifosato[7]

El pasado lunes 30, el Ministerio de Justicia publicó el proyecto de decreto que regula la aspersión aérea contra cultivos de uso ilícito, suspendida en 2017, y reiterada por la Corte Constitucional en julio pasado. La cartera informó que la radicación del decreto se hizo para “comentarios de la ciudadanía” y que “la publicación para comentarios del decreto no implica una reactivación automática de las actividades de aspersión”. Así las cosas, en el decreto, el Gobierno formuló la ruta que se tendrá para mitigar efectos en la salud y el medio ambiente. Entre otras indicaciones, el decreto señala que el seguimiento de los efectos ambientales será responsabilidad de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), mientras que el Instituto Nacional de Salud (INS) responderá por los temas relacionados en salud.

Desde inicios de su gobierno, el presidente Duque insistió en la necesidad de que se retomara la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito con químicos como el glifosato. Por eso, en 2018 solicitó a la Corte Constitucional que modulara la sentencia para que pudiera usarse el glifosato en casos excepcionales. El alto tribunal, en marzo, realizó una audiencia pública para revisar la petición de y mantuvo la restricción.

General Nicacio Martínez sale del Ejército, tras 38 años de servicio.[8]

Duque dijo que su salida se da por motivos familiares y oficializó que el Mayor General Eduardo Enrique Zapateiro asumirá el comando del Ejército. El General Martínez, quien estuvo más de un año al frente del Comando del Ejército, ha sido cuestionado por varios hechos, pero hasta la fecha no tiene ninguna investigación abierta.

Una de las últimas polémicas fue por un mural cerca de la Escuela Militar José María Córdova, en Bogotá, en el que aparecía su rostro junto a otros generales y donde se les acusaba de ‘falsos positivos’. Sin embargo, el grafiti fue borrado por miembros del Ejército. El oficial de cuatro soles también generó polémica por una directriz interna que, según el diario norteamericano The New York Times, buscaba duplicar la meta de bajas y capturas, y reducir el nivel de certeza necesario para llevar a cabo operaciones militares. Esto fue considerado por algunos sectores como una política que podía favorecer el regreso de las ejecuciones extrajudiciales, llamadas ‘falsos positivos’, pues militares condenados por estos hechos han señalado que los incentivos fueron una de las causas de la ocurrencia de esos crímenes. Martínez también estuvo en el ojo del huracán por los hechos de corrupción en la institución que implicaron la salida de cuatro generales.

Concierto de la Reconciliación, en Medellín[9]

La Orquesta Filarmónica de Medellín -Filarmed- se presentó con el “Coro Reconciliación”, conformado por víctimas del conflicto armado y excombatientes, en el Parque Explora, evento que contó con el apoyo de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. “Aquí no se habla de si alguien es victimario o víctima. Aquí nos conocemos por el nombre y lo más importante es la música”, así comienza Jefferson A. Mosquera su relato sobre por qué decidió hacer parte del Coro Reconciliación de la Filarmed y recorrer la ciudad cantando, entre otros villancicos, Noche de Paz. Junto con otras 25 personas, entre las que se cuentan víctimas del conflicto armado, excombatientes de FARC, ELN y AUC y familiares de algunos de ellos, se realizó “Concierto de la Reconciliación” en la capital antioqueña. En medio de los aplausos de un nutrido público, el Coro y la Orquesta evocaron la magia de Navidad y terminaron cantando y bailando la música tradicional colombiana con la que se despide el año.

Fuentes:

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com

El Tiempo disponible en: https://eltiempo.com

El Colombiano disponible en: https://www.elcolombiano.com

Misión de Verificación de ONU en Colombia disponible en: https://colombia.unmissions.org/

Verdad Abierta disponible en: https://verdadabierta.com/