Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la extensión del abastecimiento a los exguerrilleros de la FARC en los ETCR hasta agosto; el pedido de garantías jurídicas de los desmovilizados de las FARC ante la JEP; la liberación de un secuestrado en Arauca por parte del ELN, y los enfrentamientos con el Ejercito en Norte de Santander; la reiteración de diferentes formas de victimización a comunidades indígenas del pacífico; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de paz 26 Diciembre 2018 01 Enero 2019

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Gobierno extiende el abastecimiento para ex-FARC en zonas hasta agosto

El Gobierno decidió extender la provisión de la alimentación y otros servicios para los exguerrilleros de las FARC que se encuentran en las zonas de reincorporación. El abastecimiento de esas zonas consistirá en el suministro de víveres secos y frescos exactamente hasta 15 de agosto de 2019, para los que se encuentran en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). El aprovisionamiento será de conformidad con el número de personas que para el efecto reportará la ARN. En los últimos cálculos oficiales había unos 4.000 exguerrilleros y familiares de estos en las zonas, de los cerca de 7.500 excombatientes que entraron para dejar sus armas.

De esta manera, el Gobierno atendió el llamado que hizo Raúl Rosende, jefe verificador de la Misión de la ONU, quien en días anteriores había declarado sobre la necesidad de prorrogar el abastecimiento en los ETCR: “Nos parece que una extensión es necesaria, es importante. Estaremos trabajando en el tema del autoabastecimiento porque la ayuda no puede ser eterna, pero consideramos que se debería extender esa fecha y tener estrategias de autoabastecimiento, para que a través de proyectos los excombatientes puedan hacerlo”.

Desmovilizados de FARC piden garantías a la JEP

Luis Eduardo Montero lleva en su billetera el acuerdo de sometimiento a la JEP que firmó antes de salir de la cárcel. Lo lleva plastificado y del tamaño de una cédula, porque cada vez que cae en un retén de la Policía le toca esperar dos o tres horas hasta que verifican que, aunque siga teniendo antecedentes penales, salió en libertad condicionada, producto del Acuerdo de Paz con las FARC. Como él hay varios desmovilizados de las FARC que están en un preocupante limbo jurídico porque salieron en libertad de las cárceles, por su acreditada pertenencia a la exguerrilla, pero no han podido resolver su situación jurídica con la JEP.

Están en el peor de los mundos. Para las FARC son traidores, porque se desmovilizaron de forma individual con la Ley de Justicia y Paz, estando en la cárcel, y por lo mismo han sido rechazados del proceso colectivo de reincorporación. Tampoco han podido adelantar un proceso de reincorporación individual con garantías mínimas, como conseguir un trabajo legal, porque siguen teniendo antecedentes penales y órdenes de captura vigentes. Mientras esto ocurre, en el devenir complejo de estos días, las disidencias de las FARC les mandan razones para volver a la guerra.

ELN libera secuestrado en Arauca y se enfrenta al Ejercito en Norte de Santander

El ELN liberó en Arauca, el jueves pasado, al ingeniero Rafael Andrés Riaño Ravelo, contratista de Ecopetrol que estaba en poder de esa guerrilla desde enero pasado. Una comisión de la Defensoría del Pueblo y de la Iglesia fue garante de esa liberación que se produjo en zona rural de Pie de Monte. Riaño Ravelo, trabajador de la empresa Ismocol, fue secuestrado a principios del 2018, en el barrio Modelo del municipio de Saravena (Arauca), a donde llegaron los guerrilleros a sacarlo de su trabajo.

Por otro lado, Integrantes de la Fuerza de Tarea de Despliegue Rápido del Ejército Nacional sostuvieron un enfrentamiento con miembros de la Compañía Comandante Diego del ELN, en Norte de Santander. En el cruce de fuego resultó muerto el soldado profesional Walter Pertuz Gómez, de 25 años de edad y oriundo del municipio de Apartadó. Según informó el Ejército, el grupo subversivo pretendía "hacer operaciones para violar el Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos a los habitantes de la región durante esta época de fin de año".

Comunidades indígenas siguen siendo víctimas de la violencia

Las comunidades indígenas siguen siendo víctimas de la violencia. El domingo, el gobernador indígena Awa, Alejandro Pascal Pai, junto con su esposa, fueron víctimas de un ataque en el municipio de Barbacoas, Nariño, cuando hombres atentaron contra su vida en el resguardo Pingullo Sardinero. Por ahora no se ha determinado de qué organización delictiva.

De acuerdo con el también líder de las comunidades indígenas, las dificultades de acceso a la zona han generado problemas para realizar un levantamiento de información precisa de lo sucedido, mientras que desde la Gobernación de Nariño se indicó que contrario a lo que se había manifestado de un asesinato, por fortuna, tanto el jefe del resguardo como su esposa se encuentran con vida.

Por otra parte, en el municipio de Bahía Solano en el departamento del Chocó, fue asesinada una mujer Embera que caminaba hacia el corregimiento de El Valle a orillas del mar Pacífico, tras recibir heridas con fusil. Por el hecho son señalados con responsabilidad miembros del Clan del Golfo que delinquen en el sector. La mujer tenía 22 años y pertenecía a la comunidad de Santa María de Condoto, municipio del Alto Baudó.

Los grandes retos para consolidar la paz en Colombia

Este lunes la Misión de Verificación de la ONU en Colombia dio a conocer el informe trimestral sobre el balance de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz que presentó al Consejo de Seguridad el secretario general del organismo mundial, António Guterres.

El informe, que abarca el periodo del 26 de septiembre al 26 de diciembre de 2018, que incluye los primeros 100 días de gobierno de Iván Duque y el segundo aniversario de la firma del acuerdo, expone los principales retos para la consolidación de la paz en el país cafetero.

Una mayor presencia del Estado en las zonas afectadas por el conflicto y "una respuesta urgente al clamor de las comunidades por seguridad, así como educación, salud, tierra, infraestructura y alternativas viables a las economías ilegales", son algunas de las necesidades apremiantes. Según una nota de prensa de la Misión, "el Secretario General reitera su gran preocupación debido a que se siguen produciendo ataques contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos".

Líderes juveniles visitan ETCR y dialogan con miembros del partido FARC en Cauca

Los líderes juveniles de los partidos Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U y Partido Liberal llegaron hasta el ETCR de Los Monos, en Caldono, Cauca, acompañados por oficiales de la Misión de Verificación de Naciones Unidas.

Al llegar a Caldono, los líderes políticos juveniles se reunieron con representantes de colectividades locales y emprendieron el camino de 10 kilómetros hacia el ETCR. Ya en Los Monos, realizaron un recorrido y hablaron con los exguerrilleros quienes respondieron sus inquietudes, explicaron sus iniciativas en materia económica y social, además les enseñaron el lugar en el que viven y compartieron sus historias de vida.   

Igualmente, los visitantes participaron de una mesa redonda junto con integrantes de la comunidad, representantes juveniles de resguardos, jóvenes del partido FARC y excombatientes. En este espacio expresaron sus impresiones luego de conocer la condición de vida de los excombatientes y plantearon formas en las cuales los jóvenes podrían incidir en la construcción de Paz en el país, sin importar su posiciones ideológicas o filiación política.

En Yurumanguí siguen esperando la protección colectiva

Una sentencia judicial, emitida hace un año, y varios llamados de la Defensoría del Pueblo siguen sin cumplirse. Las entidades dicen que en el 2019 materializarán las obligaciones. Las comunidades se sienten desprotegidas y los grupos armados se disputan el control de esa zona rural de Buenaventura.

Las comunidades negras de ese río están empecinadas en la defensa de su territorio. Al llegar a la comunidad de San Antonio un mural advierte: “Yurumanguireño que se respete no consume ni cultiva coca”. Desde 2007, los habitantes de ese río han erradicado manualmente ese cultivo de uso ilícito. A eso se suma que tampoco dejan entrar la minería mecanizada al río. En dos ocasiones han decomisado maquinaria que les pertenecía a foráneos que querían sacar oro de las partes altas del río. Por este estilo de acciones los líderes han recibido amenazas constantes.

Al preguntar por qué no se han implementado las medidas de protección colectiva, la Unidad Nacional de Protección (UNP) explicó que se requiere de un proceso para determinar qué medidas se van a implementar. Para eso se necesita suplir una fase de concertación con las comunidades. Al indagar en qué fase de la concertación van, la entidad reconoció que no se ha adelantado ni siquiera la primera reunión con los líderes.

Para el CICR, en Colombia hay 5 conflictos armados

En el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH), un conflicto armado no internacional tiene al menos tres escenarios: Estado contra Fuerzas Armadas disidentes, Estado contra grupo armado organizado o una confrontación entre dos o más grupos armados organizados.

Así, para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en Colombia hay cinco conflictos armados no internacionales, los que el Estado libra contra el ELN, EPL, Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, a lo que se suma la lucha armada entre las guerrillas del EPL y ELN en la región de Catatumbo. “Este escenario plantea múltiples desafíos. Quizás el más significativo es la opacidad sobre las actividades y el modus operandi de algunos de esos grupos, lo cual dificulta las labores del CICR en favor de las víctimas”, explica el organismo internacional.

Para Víctor de Currea Lugo, docente y experto en conflicto armado, el DIH “no pregunta si ellos tienen o no agenda política o es buena o mala, ese tipo de análisis no entra ahí. El CICR no está creando un conflicto, está calificando unos hechos basados en el DIH, tratados de los que Colombia hace parte”.

¿Cómo ha sido el comportamiento del ELN en el Posacuerdo?

Desde la desmovilización de las FARC, el ELN ha tenido una tímida expansión territorial, de 96 municipios en 2016, pasó a tener presencia en 112 en el 2018. Esto se debe, por un lado, a que la capacidad de confrontación de otros grupos armados limita la llegada y consolidación de la guerrilla en los municipios abandonados por FARC. Por otro lado, se debe al comportamiento propio del grupo guerrillero, que no sólo busca el control territorial para la extracción de rentas ilegales, sino que requiere de cierta legitimidad o aceptación por parte de las comunidades.

Por eso, el comportamiento del ELN en el Posacuerdo ha estado marcado por el fortalecimiento en zonas de presencia histórica, así como la profundización de su relación con el narcotráfico, que le ha permitido aumentar sus rentas, y de esa manera apalancar la expansión. La relación con los grupos postFARC ha sido en la mayoría de los casos de disputa, por lo cual se ha producido además una reactivación del accionar bélico.