Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con los avances en la reincorporación presentados por Archila ante la CIDH; el inicio de la construcción del Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos; la difícil situación que vivían los niños, niñas y adolescentes reclutados por las FARC; la revelación de nuevas pruebas que confirman la presencia del ELN en Venezuela; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de Paz 25 Septiembre - 1 Octubre 2019

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Consejero Archila expone avances de reincorporación de excombatientes ante CIDH[1]

El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, expuso en audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los avances del gobierno en materia de construcción de paz; entre otros aspectos, explicó que la política pública de Paz con Legalidad traza la planeación a largo plazo, se articula con el Plan Nacional de Desarrollo y marca la ruta para la implementación del Acuerdo de Paz.

Frente al tema de reincorporación, el consejero Archila explicó cómo se hizo el proceso de planeación para cumplir con el mandato del presidente de apoyar a los excombatientes que se mantienen en la legalidad: “Nosotros hicimos una robusta planeación, tenemos un censo absolutamente detallado de cada uno de los excombatientes, sabemos cuáles son sus necesidades y cómo apoyarlos hasta que logren su efectiva reincorporación a la sociedad”.

En el marco de su exposición, Archila, también ofreció un espacio a la CIDH para exponer los PDET como el proceso de participación ciudadana más grande que ha tenido Colombia, en el que 250 mil personas se pusieron de acuerdo para priorizar las principales necesidades del sector rural, donde habitan los colombianos que han sido víctimas de la violencia, la pobreza y el abandono histórico del Estado.

Comienza la construcción del Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos en Colombia[2]

Por primera vez, organizaciones sociales y familiares de víctimas de desaparición forzada de todo el país construirán con el Estado un plan nacional para definir las estrategias de búsqueda de los cerca de 120.000 desaparecidos en el marco del conflicto armado. Uno de los objetivos del plan es recoger toda la información sobre personas desaparecidas de distintos territorios. Con esta información, se podrá establecer una cifra de desaparecidos y a su vez, definir las estrategias de búsqueda de estas personas dependiendo del territorio o la forma en la que fueron desaparecidas.

Durante octubre se realizarán ocho encuentros con organizaciones indígenas y afrodescendientes, población LGBTI y mujeres; asociaciones de familiares de desaparición forzada, de víctimas de secuestro y miembros de la Fuerza Pública desaparecidos, así como colombianos en el exilio y ONG. Allí podrán dialogar sobre las dificultades de la búsqueda y aportar la información que tengan.

De acuerdo con Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), con el plan nacional se debe determinar cuáles son las prioridades en las estrategias de búsqueda. La Unidad entiende la participación de la sociedad civil como una parte fundamental para realizar su labor con enfoque étnico y de género. Posterior a los ocho encuentros, la UBPD sistematizará la información y estima que para diciembre entregarán la ruta de implementación del plan.

La tragedia del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en las FARC[3]

La JEP está investigando el reclutamiento y todas las consecuencias que trae, estableciendo cuáles fueron las condiciones relacionadas con la violencia sexual, el control de planificación, los abortos, y también, con otras actividades propias de la guerra como la utilización de los niños en el empleo de armas.

Hasta el momento se cuenta con alrededor de 9.000 registros únicos de víctimas de reclutamiento, aunque hay otras fuentes que cifran el reclutamiento de menores en más de 15.000 casos. Uno de los grandes problemas es que, de todos estos datos, la JEP solo ha encontrado 10 sentencias condenatorias, identificado 318 personas sindicadas por el delito y de esas, solo 139 han llegado a la jurisdicción transicional.

Asimismo, cabe resaltar que en el marco del reclutamiento forzado por pate de las FARC se han podido establecer 92 hechos ligados con violencia sexual, específicamente conductas relacionadas con el acto sexual violento, la planificación forzada, el aborto forzado y la esclavitud sexual. Se ha revelado que, ante faltas graves, jóvenes de 14 y 15 años tenían que fusilar a sus compañeros. Este tipo de actos que hacen parte de las distorsiones de la guerra, pero también del régimen disciplinario que se implanta dentro de una tropa irregular.

Autoridades revelan nuevas pruebas de la presencia del ELN en Venezuela[4]

En rueda de prensa realizada en la mañana del lunes, el fiscal General de la Nación, Fabio Espitia, aseguró que el ente tiene varias líneas de investigación sobre la presencia del ELN en Venezuela, todas ellas basadas en información extraída de dispositivos que tuvieron el debido proceso de custodia y en entrevistas realizadas a excombatientes.

Según dijo Espitia, hay prueba de que desde Venezuela se ha trabajado en “el fortalecimiento del militar, logístico y financiero” de los elenos, “fortalecimiento desde redes de narcotráfico hasta minería ilegal y contrabando”. Además, el fiscal aseguró que hay pruebas sobre lugares exactos donde la guerrilla tendría campamentos.

Por su parte, el comandante de la Policía, general Óscar Atehortúa, presentó fotografías de miembros del ELN en territorio venezolano. Habló de José Amín Hernández, alias Marcos, quien estuvo en 2015 con su compañera sentimental en Zulia, Venezuela, y cuyas pruebas fueron tomadas de un computador que fue incautado en un operativo.

Además, también se presentaron fotografías de Wilfredo Vásquez Castrillón, alias Pirry, quien hoy es cabecilla del frente de guerra Darío Gómez y hace parte de la dirección nacional, y quien ha estado en Venezuela.

Lo que viene tras el informe de FARC a la JEP sobre secuestro[5]

Tres cuadernos contienen la primera versión que el partido FARC entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre su responsabilidad en los secuestros cometidos, en audiencia a la que asistieron once exjefes.

Uno de los hechos más notorios de la audiencia fue la petición que hizo la procuradora delegada ante la JEP, Mónica Cifuentes, quien pidió que llenen los “vacíos” que quedaron tras sus versiones individuales y cuenten las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la muerte de secuestrados en cautiverio. Cifuentes presentó un informe en el cual se concluye que 522 personas murieron cuando estaban secuestradas; además, explicó que ese informe tiene nombres, fechas y lugares de los secuestros. Ahora, cruzarán esos datos con las unidades de las FARC que operaban en cada zona. Después, preguntarán en las audiencias territoriales por el paradero de cada persona.

El jefe del partido FARC, Rodrigo Londoño, respondió que esperarán cualquier solicitud que les llegue y reiteró el compromiso de ayudar a ubicarlos con la UBPD. Pero dejó claro que el informe que ellos presentaron “no especifica sobre casos individuales”, porque para esto es necesario “acercarse a los lugares en donde se dieron los hechos para poder entregar un relato lo más detallado y exhaustivo posible”.

Excombatientes, ‘de tú a tú’ con empresarios[6]

Los sueños productivos de 28 excombatientes, quienes hacen parte del proceso de reintegración, se concentran en el aloe vera. Cerca de 15 empresarios asistieron a la feria en Toro (Valle del Cauca), donde se adelanta la formación bajo la modalidad del Modelo de Entornos Productivos (MEP), liderado por la ARN, con el apoyo de USAID y la OIM.

La actividad con los empresarios fue un laboratorio de conocimiento, donde excombatientes exhibieron sus productos y demostraron sus capacidades en el cultivo de la sábila, que se caracteriza por su poder nutricional y curativo. Los excombatientes hablaron de las bondades del aloe vera y cómo se elaboran productos innovadores como mermeladas de uva, tropical, carambolo, arequipe, yogur y hasta productos de aseo como champú, gel y jabón.

El recorrido también incluyó una exposición de fotografías para dejar en evidencia la etapa de formación y producción de los excombatientes, quienes también adquieren habilidades académicas y para el trabajo. Desde la cooperación internacional se destaca la importancia de este tipo de proyectos y escenarios, para resaltar el mérito y el valor de las personas que aportan al desarrollo del país con los nuevos empleos o emprendimientos que llevarán a sus territorios.

Organizaciones alertan al CIDH de los impactos del Cambio Climático en los DDHH[7]

En su 173º período de sesiones, la CIDH escuchó los argumentos de representantes de organizaciones nacionales y regionales sobre los impactos que el cambio climático tiene en los derechos humanos en grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo pueblos indígenas, mujeres, niños y comunidades rurales.

Las organizaciones destacaron que los impactos a los derechos humanos se producen en varias fases del ciclo del cambio climático: durante la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, en los efectos negativos de los eventos climáticos y en las soluciones que se plantean para paliar la crisis. En la audiencia, un líder indígena de la Amazonía peruana presentó casos que ejemplifican los impactos del cambio climático en diferentes países. Abordó temas como el acceso al agua, participación de las empresas, daños de la contaminación, el fracking, el extractivismo, la minería en ecosistemas sensibles y la deforestación.

Un punto resaltado tanto por las organizaciones como por las comisionadas fue la importancia de exigir el cumplimiento de derechos humanos a empresas, teniendo en cuenta el importante rol que juegan frente a la crisis climática. En ese sentido, se enfatizó el rol del Sistema Interamericano en generar sus estándares en materia de empresas y derechos humanos, los cuales garanticen el acceso a información ambiental para evitar conflictos de interés en procesos de toma de decisiones públicas.

Dos personas asesinadas y cinco heridas en vereda La Caucana, de Tarazá[8]

En la noche del domingo fueron asesinadas dos personas en el corregimiento La Caucana, del municipio Tarazá, en un ataque armado en el que terminaron heridas cinco personas más. Según testimonios, “las víctimas estaban departiendo en un local comercial cuando varios hombres armados llegaron al sitio y abrieron fuego contra los presentes, lo que generó pánico entre las personas que comenzaron a correr en medio de las detonaciones”.

Las autoridades aún desconocen cuál grupo armado cometió el crimen, allí tienen presencia los Caparros y Clan del Golfo, aunque también hay presencia del ELN y a las disidencias de las FARC. Por mucho tiempo, La Caucana ha sido un territorio vedado incluso para la fuerza pública, pues los armados han querido mantener a raya cualquier control militar para proteger sus cultivos ilícitos.

Las personas asesinadas son Alex Fernando Salcedo y Cristian Sánchez, los dos trabajaban en la Asociación de Cacaoteros de Tarazá (ACATA) y hacían parte de la asistencia técnica al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Pero este no sería el único hecho, pues, en la tarde del mismo domingo fue asesinado Albert Armado Sánchez, que también trabajaba con la asistencia técnica al PNIS.

Fuentes:

Semana disponible en: https://www.semana.com/

El Tiempo disponible en: https://www.eltiempo.com/

Noticias Caracol disponible en: https://noticias.caracoltv.com/

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com/noticias

Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación disponible en: http://portalparalapaz.gov.co/

Agencia para la Reincorporación y la Normalización disponible en: http://www.reincorporacion.gov.co/es

Dejusticia disponible en: https://www.dejusticia.org/