Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la carta enviado por los antiguos líderes de las FARC a la JEP para asegurar su compromiso con el proceso de paz; la activación por parte del Gobierno de una fuerza de despliegue rápida de 5.000 soldados en el Catatumbo; la masacre en López de Micay, Cauca; la apuesta por la reconciliación de la comunidad de San José de Urama, en Antioquia; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de paz 24-30 Octubre 2018

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La carta que ‘Iván Márquez’ y otros exmandos medios de FARC le enviaron a la JEP

Antiguos líderes y mandos medios de las FARC enviaron una carta a los magistrados de la JEP, a raíz de la solicitud de informes que esa entidad les hizo para establecer si siguen o no comprometidos con el proceso de paz. La misiva está firmada por ‘Iván Márquez’, ‘El Paisa’, ‘Romaña’, entre otros, quienes aseguran que han hecho todo por la reincorporación política, económica y social de los excombatientes de las FARC y por la implementación del Acuerdo de Paz. En la carta también le fueron enviadas duras críticas al fiscal Martínez por sus presuntas intensiones de sabotear la JEP y el proceso de paz. La JEP ya había abierto un incidente de verificación de cumplimiento, es decir, un proceso de investigación contra ‘El Paisa’ para indagar si le incumplió al proceso de paz. Aunque la carta da pistas de hacia dónde puede ir su argumentación cuando le toque defenderse, no es una manifestación formal dentro del incidente, aunque si muestra que 'El Paisa' no se ha desaparecido del todo. Al respecto, el presidente Duque declaró: “Si no está en el proceso, se está burlando de los colombianos y si está en actividades criminales, que le caiga todo el peso de la ley”.

Con 5.000 militares más, Duque responde a la guerra que ahoga el Catatumbo

Esa región de Norte de Santander ha vivido un fuerte recrudecimiento de la violencia este año, por cuenta de una guerra declarada entre el ELN y el EPL. El Gobierno acaba de activar una fuerza de despliegue rápido –un refuerzo de 5.000 soldados– que se suma a los 12.000 uniformados en el área. Las Fudra, como se les conoce a estos componentes militares, son unidades modernas con gran capacidad de asalto y movilidad aérea, terrestre y acuática. Por su parte, las autoridades civiles y defensores de Derechos Humanos reconocen el esfuerzo que adelanta el Estado colombiano para recuperar la tranquilidad de la región del Catatumbo, pero la mayoría coinciden en que insertar otros cinco mil soldados a esa zona no es la única solución para los problemas sociales y humanitarios generados, entre otras razones, por el conflicto armado que allí se vive. Para Wilfredo Cañizares de la Fundación Progresar, esa “es una estrategia fracasada que ha sido utilizada hace más de una década. Esas grandes operaciones y la militarización del territorio no han terminado en nada porque hoy tenemos más coca que nunca”.

Nueva masacre en Cauca: seis personas fueron asesinadas en López de Micay

Un nuevo hecho de violencia sacudió al departamento del Cauca. Las autoridades confirmaron que seis personas murieron y dos resultaron heridas, en lo que parece ser un ajuste de cuentas entre grupos armados. El acto criminal fue perpetrado en el corregimiento San Antonio de Gurumendi, a escasos diez minutos por vía fluvial del caso urbano del municipio de López de Micay. El ataque lo confirmó el alcalde, Wilmen Ceter Riascos, quien explicó que las autoridades ya están en las labores de encontrar a los responsables y de identificar a las víctimas, entre ellas tres mujeres: Paola Germán, Érika Riascos y Esther Valencia, así como de las dos personas que estuvieron desaparecidas. La Fiscalía, la Policía y el Ejército se trasladaron al lugar de los hechos para comenzar la investigación y dar con los responsables del crimen. Según el gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo, es difícil tener una hipótesis de lo que sucedió, pues en la zona conviven tanto disidencias de las FARC como el ELN y grupos al servicio del narcotráfico.

Comunidad de Dabeiba (Antioquia), se la juega por la paz

317 personas asistieron a la cuarta jornada del Modelo de Reincorporación Comunitaria (MRC) que se implementa en Dabeiba, Antioquia. Una vez más, los habitantes de la vereda de San José de Urama le apuestan a la construcción de paz, a través de la convivencia, el perdón y la reconciliación, donde participan personas en proceso de reincorporación. El evento comenzó como un espacio pedagógico a través de los conversatorios de reconciliación y los acuerdos de paz, permitiendo el diálogo entre comunidad y personas en proceso de reincorporación. Además, fue la oportunidad para comprender que entre todos se debe aportar a la construcción de una ruta de reconciliación. Rigoberto Tuberquia, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento San José de Urama aseguró que la actividad generó confianza por la manera que está evolucionando el proceso, el cual representa un desarrollo para las comunidades, "veo mucha entrega por parte de ellos, el pueblo lo ve positivamente", expresó.

La dura realidad del secuestro retumba en la JEP

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP empezó a escuchar a las víctimas del conflicto armado. Las primeras en ser llamadas fueron las personas secuestradas por las FARC con el objetivo de ser canjeadas por guerrilleros presos, entre las que se encontraban dirigentes políticos, policías y militares de alto rango. En los relatos, rendidos durante esta semana y que la JEP denominó “informes orales”, las víctimas ofrecieron dolorosos detalles sobre los largos años que pasaron secuestradas, las consecuencias sobre sus entornos familiares y las gestiones adelantadas por parientes y líderes políticos para su liberación. Además de relatar episodios y situaciones similares, varias de las víctimas, por separado, coincidieron en exigir verdad sobre al menos cuatro circunstancias: la falta de medidas de seguridad con la que contaban al momento de los hechos; la posibilidad de que terceros no combatientes participaran en la planeación de los secuestros; el paradero de personas que fueron secuestradas y que hoy están desaparecidas; y, el hecho de que los presidentes Pastrana y Uribe nunca hubieran aceptado negociar un intercambio humanitario para liberarlos.

La sustitución de cultivos en el inicio del gobierno Duque

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) que inició en 2017, producto del Acuerdo de Paz con las FARC, continúa con el gobierno del presidente Iván Duque. El Alto Consejero para la Estabilización, Archila, ha dicho que el Ejecutivo le cumplirá a las familias, en la medida que ellas cumplan su compromiso de sustituir los cultivos de coca. Hasta septiembre de 2018 se habían erradicado manualmente 24.891 hectáreas (cifra que aumentó exponencialmente, hace un año estaba en 1.175 hectáreas) y, el nivel de cumplimiento de erradicación manual por parte de las familias que hacen parte del PNIS es de un 90%, cifra que daría bueno auspicios para continuar. No obstante, esta semana el ministro de la Defensa al confirmar la muerte del patrullero, Naren Mora Rivera, quien activó una mina antipersonal en medio de una operación de erradicación forzada de cultivos en Tumaco, Nariño, dijo que de "allí la importancia de usar la fumigación aérea para no arriesgar la vida de los policías de Colombia"; dejando ver la otra cara de la moneda.

Mitú, 20 años de la toma de las Farc

Según relatos, un mes antes del ataque a Mitú, los indígenas que habitan al otro lado del río les comentaban a los colonos que la guerrilla se iba a tomar el pueblo. “Nunca les creímos”, comenta Milcíades Borrero, quien escondido en un hueco, se refugió los tres días que duró el enfrentamiento entre la guerrilla de las FARC y la Policía. Fue un ataque cruento, que dejó cientos de muertos, entre soldados, civiles y guerrilleros, sin una cifra oficial. Lo que se sabe es que ese 1º de noviembre de 1998, 41 policías murieron y 61 fueron secuestrados. En cuanto a civiles, se habla de ocho muertos, entre ellos el diputado conservador Félix Santos Calderón. En la retoma, cientos de guerrilleros también cayeron, cuando los helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea Colombiana llegaron desde una pista del Brasil para recuperar el control de esta capital. No se sabe cuántos, pero los pobladores comentan que fueron llevados en volquetas a una fosa común que habría en Puerto Vaupés.

Audios que la Fiscalía entregó a la JEP en caso Santrich

En una carta, la Fiscalía le envió a la JEP las pruebas que tiene en medio del proceso contra el exjefe guerrillero Jesús Santrich por narcotráfico. Estas pruebas son distintas de las que tiene la justicia norteamericana, que pidió en extradición a Santrich, evidencias que no han sido enviadas por ese país a Colombia. Esta semana la JEP le pidió a Estados Unidos que le entregara esas pruebas para poder determinar la fecha en la que habrían ocurrido los hechos. Gran parte del acervo probatorio recae sobre unos audios. Estas consisten en una serie de conversaciones intervenidas (grabaciones de voz y video) donde aparentemente se discutiría en clave la venta de un cargamento de droga, entre Marlon Marín, Fabio Younes y un asistente de Santrich (entre otros), que se referiría a él como “el ciego”. La divulgación de las interceptaciones produjo una breve, pero fuerte carta de Santrich desde prisión al Fiscal en la que le dice “deja de ser farsante”. Y posteriormente, Martínez, replicó señalando que el exjefe de las FARC no está a su nivel: “Yo no le respondo a la gente que está en la cárcel”, señaló apenas, tras recalcar que las pruebas en cuestión “ahí están completas”.

FARC pide concertación en lucha contra deforestación en Los Picachos

De acuerdo con la FARC, en la mañana del pasado 25 de octubre la Fiscalía, el Ejército, la Policía y Parques Nacionales Naturales, "incursionaron arbitrariamente en el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, […] y adelantaron detenciones y judicializaciones de campesinos, decomiso de 700 cabezas ganado, herramientas de labor de las familias y las comunidades campesinas". Según el partido político, esto fue hecho como parte de la implementación "violenta" de una 'burbuja ambiental' en la zona, que una estrategia del Ministerio de Ambiente contra los motores de la deforestación, que involucra acciones de control de la extracción ilícita de minerales, tala ilegal y cultivos ilícitos, entre otros. Según la FARC, la incursión en los territorios no considera "los derechos constitucionales de las comunidades campesinas que llevan décadas de abandono del Estado y sufriendo las consecuencias del conflicto armado interno". Por ello denunciaron que la operación violó los derechos humanos y revictimizó a las comunidades que se asentaron allí "desde hace más de 40 años escapando de la violencia política, mucho antes que este territorio fuese declarado Parque Nacional Natural".