Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con: la alerta de reclutamiento de menores en cinco zonas; temor e incertidumbre por salida de los excombatientes de Charras; las declaraciones del gobierno sobre seguridad de excombatientes; la adición de nuevas familias víctimas a la JEP; entre otras.

Lea y descargue Gaceta de Paz Enero 24-30 de 2020

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Alerta por reclutamiento de niños en cinco zonas.[1]

Buenaventura, Tibú, El Tarra, La Gabarra y Tumaco son algunos de los municipios con mayor riesgo de reclutamiento forzado de menores de edad. Así lo deja ver un informe del Observatorio para la Protección de los Derechos y Bienestar de los niños, niñas y adolescentes (OPROB) que se presentó el 29 de enero e hizo un análisis de la situación de los derechos de los niños en cinco departamentos: Norte de Santander, Meta, Guaviare, Valle del Cauca y Nariño. Este informe, en el que participaron las ONG Benposta Nación de Muchachos, Oxfam Colombia y Humanidad Vigente, describe que en contextos de violencia los menores de edad están expuestos a delitos de reclutamiento forzado y abusos.

De hecho, cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica recogen que entre 1960 y 2016, unos 16.879 niños fueron reclutados a la fuerza en el país. Según muestran informes del secretario general de la ONU, en 2017 hubo 169 casos de reclutamiento a menores, y la cifra llegó a 293 víctimas en 2018. Además, aseguran que los mayores reclutadores de menores son las disidencias de las FARC, que habrían reclutado a 82 niños en 2018, seguidas por el ELN con 69 menores, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que serían responsables de reclutar a 12 menores de edad.

Temor e incertidumbre por salida de los excombatientes de Charras.[2]

Para los habitantes del corregimiento de Charras, en San José del Guaviare, el nuevo año llegó con la noticia de que el espacio territorial de las FARC - a 10 minutos caminando del caserío y donde los excombatientes han hecho su proceso de reincorporación desde noviembre de 2016- será trasladado a otro lugar por arreglo entre el Gobierno y la exguerrilla. El anuncio lo hizo Andrés Stapper, director de la Agencia de Normalización y Reincorporación (ARN).

Para la comunidad, la firma del Acuerdo de Paz fue la ilusión de una vida tranquila y digna. Con el espacio de reincorporación llegaron las promesas del Estado de comercialización de cultivos, vías, electricidad y agua potable. En otras palabras, era la ilusión de que el abandono estatal histórico, al igual que la guerra, llegarían a su fin. Con la dejación de las armas, hubo más tranquilidad en el territorio, se mejoró el trazado de la vía que comunica con San José; aunque la promesa de pavimentarla sigue sin cumplirse.

Sin embargo, hay una preocupación mucho más grande entre ellos: su seguridad. Así lo expresó Eugenio Tapiero, campesino del caserío: “La Policía y Ejército que cuidan el espacio de reincorporación se irán, lo mismo que la ONU. Después de que ellos se vayan volverán otra vez los grupos armados a tomarse esta región”.

“El Gobierno está focalizando esfuerzos en la protección de los excombatientes”: Emilio Archila.[3]

A partir de las 7:30 a.m. del 27 de enero, se llevó a cabo en la Casa de Nariño la “mesa de articulación institucional para seguridad de excombatientes”, con los altos mandos del Ejército y la Policía Nacional, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección, Defensoría del Pueblo y las direcciones de Presidencia encargadas de la reincorporación de los excombatientes de las FARC por el Acuerdo de Paz. La reunión tendría por objetivo considerar distintas propuestas para fortalecer la seguridad de aquellos excombatientes que no están en los espacios de reincorporación y que no cuentan con esquemas de protección colectivos ni individuales.

Según el partido FARC, desde la firma del Acuerdo de Paz se ha atentado contra la vida de 184 hombres y mujeres que hicieron parte de la antigua guerrilla y se comprometieron con la dejación de sus armas. El último caso conocido por el país fue el de Jhon Fredy Vargas, asesinado en Pitalito (Huila) el pasado 25 de enero. Según Archila, sicarios le dispararon mientras iba en una moto, y huyeron. Hasta el momento no hay indicios de la identidad de estas personas y la Fiscalía ya asumió la investigación, señaló el alto consejero.

Más familias de víctimas del ejército acudieron a la JEP[4]

El pasado miércoles en la sede del colegio San Isidro Labrador, en el noroccidente del corregimiento de Atanquez, Valledupar, los familiares de ocho víctimas de ejecuciones presentadas ilegítimamente como muertes en combate y las autoridades tradicionales pertenecientes al Pueblo Indígena Kankuamo le presentaron a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sus observaciones a las versiones voluntarias de miembros del Ejército Nacional de Colombia, en el marco del caso 03 de la Jurisdicción.

La JEP escuchó las observaciones, presentadas oralmente en la audiencia, que duró alrededor de nueve horas, sobre los hechos atribuidos a miembros del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, ocurridos entre 2002 y 2005. Esta modalidad de participación de las víctimas, ocurrida el 21 de enero de 2020, se desarrolló precisamente en Atanquez, donde ocurrieron gran parte de estos graves hechos.

En el desarrollo del caso 03 de la JEP, denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate", la Sala ha recibido veintidós informes y ha acreditado a 373 víctimas, incluyendo la intervención especial de las autoridades de los pueblos Kankuamo y Wiwa. Además, ha realizado doscientas versiones voluntarias a comparecientes vinculados a las unidades militares ya mencionadas, 59 de ellos estaban vinculados al Batallón La Popa, con sede en Valledupar.

Darío Herrera, quinto excombatiente de las Farc asesinado este año.[5]

César Darío Herrera Gómez se convirtió en el quinto exguerrillero de las Farc asesinado en el primer mes de 2020. De acuerdo con la información revelada por el partido FARC, Herrera Gómez iba en camino al espacio de reincorporación Román Ruiz, cuando fue atacado con arma de fuego en la vereda Bajo Inglés, zona rural de Ituango (Antioquia). El asesinato se dio en la noche del martes y de acuerdo con la Consejería para la Estabilización del Posconflicto, el excombatiente quedó con vida tras los disparos, pero "falleció cuando era trasladado al hospital".

La Fiscalía asumió la investigación del caso, mientras que los integrantes del partido FARC mostraron su rechazo al crimen y pidieron mayores garantías de seguridad. Omar Restrepo, congresista de dicho partido, escribió en su cuenta de Twitter que este hecho es "una clara afrenta al proceso, ya que en este momento se encuentran en el espacio los líderes de la reincorporación".

Sergio Marín, otro integrante de las FARC, pidió explicaciones al gobierno en su tarea de garantizar la seguridad de los exguerrilleros que están haciendo el proceso de reincorporación a la vida civil. "Iván Duque, empiece a gobernar, cumpla con su deber constitucional y proteja la vida de los firmantes de paz", señaló en un trino.

Masacre de San José de Apartadó, otro caso en manos de la JEP.[6]

El 27 de marzo del 2019, la Corte Suprema ordenó la captura de tres militares retirados tras condenarlos a 34 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de cuatro adultos, un adolescente y tres niños en las veredas Mulatos Alto y La Resbalosa, en febrero de 2005. Un crimen que se conoce mejor como la masacre de San José de Apartadó.

Aunque las órdenes de captura en su contra estuvieron vigentes durante nueve meses, ninguna policía judicial dio con ellos en ese tiempo, hasta que una magistrada de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) las suspendió con base en el Acuerdo de Paz firmado con las FARC. Ocurrió el pasado 30 de diciembre, en la resolución 8169 de 2019, la JEP unificó todos los expedientes de este caso y manifestó que en este tema la competencia es solo suya.

Ahora, tienen la obligación de presentar un plan “preliminar pero concreto, claro y programado con el que cumplirán con sus compromisos con el esclarecimiento de la verdad, la constitución de garantías para la no repetición y la construcción de una paz estable y duradera”. A todos, la JEP les concedió los beneficios que dejó el Acuerdo de Paz para militares en su situación antes de que quedara claro cuál va a ser su aporte de verdad y reparación a las víctimas de esta masacre.

Indígenas de Dabeiba llevan 10 días confinados por grupos armados[7]

La Organización Indígena de Antioquia alertó a través de un comunicado de las amenazas y desplazamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del Occidente del departamento por parte de grupos armados al margen de la ley. La OIA reportó en su documento los hostigamientos sufridos por los habitantes del Resguardo Amparradó Alto y Medio, en Dabeiba, el pasado 19 de enero, cuando por cerca de cuatro horas hubo fuego cruzado entre grupos armados.

Este hecho “agudizó la zozobra en las comunidades de Amparradó Alto, Amparradó Medio, Amoladora, Cañaveral, Antadó Guabina, Cañaveral Arenera y Genaturadó (Dabeiba) quienes hoy completan 10 días de confinamiento y desplazamiento forzado interno y fuera del territorio ancestral”, señala el comunicado. En este sentido, las comunidades hicieron varias peticiones al Gobierno, le solicitaron liderar una misión humanitaria “que permita verificar y atender lo antes posible la situación de protección, salud, educación y alimentación de nuestras comunidades afectadas”. En cuanto a los actores armados ilegales, el comunicado exige “respeto a la vida, a nuestros espacios como población civil, nuestros caseríos, lugares de siembre, sitios sagrados y en general los territorios resguardados”.

ARN y autoridades locales fortalecen la reincorporación en Antioquia[8]

Durante 2 días, Stapper Segrera recorrió la capital antioqueña con el objetivo de continuar fortaleciendo las alianzas interinstitucionales con la Alcaldía de Medellín, bajo el programa Paz y Reconciliación y con la Gobernación de Antioquia, en cabeza de la Gerencia de Paz. "Antioquia es un departamento muy importante para la política de Paz con Legalidad. Allí contamos con cuatro antiguos Espacios Territoriales Capacitación y Reincorporación y cinco zonas colectivas importantes que reúnen a más de 1.341 excombatientes comprometidos con el proceso y actuando dentro de la legalidad. Es por ello que nuestros esfuerzos buscan alianzas tan fuertes como las que hemos tenido con los gobernantes de este territorio", indicó el director general de la ARN.

Durante los últimos meses, el Gobierno Nacional, a través de la ARN, ha tenido en Antioquia un acercamiento exitoso con los alcaldes de los 21 municipios priorizados dentro de la política Paz con Legalidad, destacando por parte de los nuevos mandatarios un interés claro en integrar la política de reincorporación en sus planes de desarrollo, con el fin de articular acciones en los territorios.

"Para la Agencia es fundamental contar con el apoyo de los mandatarios en los municipios, conocer y entender las dinámicas locales y fortalecer entonces alianzas pertinentes a las necesidades en zona. Tenemos un equipo humano presto para hacerlo, y cada vez más sectores comprometidos con el proceso", concluyó Stapper.

Fuentes:

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com

El Tiempo disponible en: https://eltiempo.com

El Colombiano disponible en: https://www.elcolombiano.com

Fundación Paz y Reconciliación (PARES) disponible en: https://pares.com.co/

Revista Semana disponible en: https://www.semana.com/

Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) disponible en: http://www.reincorporacion.gov.co/es