Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la fragilidad que vive la transición hacia la paz por cuenta de la situación de seguridad; las controversias en torno al asesinato de Dimar Torres, exguerrillero de las FARC; el aumento de la violencia política en las zonas PDET; la continuidad del debate en el Senado sobre las Objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de paz 24-30 Abril 2019

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La fragilidad de la transición: la paz incompleta y continuidad de la confrontación armada[1]

La reactivación de la confrontación y la intensificación de la violencia no se expresan de igual manera en todas las regiones. De hecho, se encuentra focalizada en determinadas veredas y municipios. En el Catatumbo, el norte del Chocó, el Bajo Cauca y el sur de Córdoba, así como en Tumaco, el conflicto no se terminó sino se transformó con impactos negativos para las poblaciones.

En los municipios y departamentos en donde las FARC tenían una fuerte influencia armada, ha comenzado a verse un deterioro. En estos lugares, los dividendos del Acuerdo se han visto comprometidos por la amenaza y la afectación que ejercen diferentes grupos armados ilegales sobre las poblaciones.

Organismos multilaterales y organizaciones encargadas del seguimiento de la implementación del Acuerdo, han advertido sobre esta situación, haciendo un llamado urgente a la protección de los líderes y las comunidades, así como el fortalecimiento de la presencia del Estado en las zonas más afectadas.

Ejército reconoce muerte de Dimar, Mindefensa dice que fue accidental

La muerte del exguerrillero de las FARC, Dimar Torres, ha generado controversia debido a que según el Ministerio de Defensa falleció al recibir un disparo accidental por parte de un miembro del Ejército. Pero para la comunidad se trata de una ejecución extrajudicial en la que, además, le fueron mutilados los genitales.[2]

El Ministro de Defensa, le salió al paso a los cuestionamientos que ha recibido por sus declaraciones. Dijo que la muerte de Torres no constituía un crimen de Estado, y respaldó la versión que el cabo Jaime Gómez, quien le disparó al excombatiente, asegurando que el tiroteo se produjo en un forcejeo, cuando Torres intentó quitarle el fusil.[3]

Desde que las FARC firmaron la paz, el 24 de noviembre del 2016, han sido asesinados más de 100 de sus antiguos integrantes, y la mayoría, el 52 por ciento, en Cauca, Nariño y Antioquia, departamentos con fuerte presencia de bandas criminales. No obstante, esta es el primer caso donde el Ejército Nacional ha sido señalado como responsable.[4]

En aumento violencia política en municipios priorizados para la paz[5]

La violencia política en el marco de la campaña electoral parece estar concentrándose justamente en aquellas zonas que el Acuerdo de Paz priorizó para la transformación del territorio, debido a las afectaciones especiales que sufrieron por el conflicto armado. El mecanismo derivado de lo pactado en La Habana para la priorización de esos territorios fueron los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Esas zonas se han convertido en el centro de la atención de la institucionalidad estatal al menos por la siguiente década, tiempo estipulado para revertir la deuda histórica del Estado con esos territorios. Sin embargo, el más reciente informe de la MOE sobre violencia política, reveló que del total de los asesinatos contra líderes políticos y sociales el 70 % han ocurrido en las zonas PDET. 12 de esas 16 regiones han presentado algún tipo de agresión considerada por la entidad como violencia política, es decir, aquella dirigida a quienes ejercen un liderazgo social en el territorio y a quienes aspiran a cargos de elección popular o son dirigentes de partidos, colectividades o movimientos políticos.

Continúa el debate en el Senado sobre la Objeciones a la JEP[6]

Después de 30 horas de debate, el Senado logró destrabar la discusión sobre las objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Una vez evacuados los impedimentos y las recusaciones. Llegó la hora de la verdad para los detractores y defensores de la jurisdicción especial. En el papel la oposición siempre fue optimista porque contaban con las mayorías, por eso advertían que cada minuto que se perdía en "dilaciones" podía poner en riesgo los votos.

No obstante, una vez aprobados los impedimentos el quórum varió, quedó en 95 senadores. Por tanto, esto cambió las cuentas. El secretario del Senado, Gregorio Eljach, anunció que la mayoría, es decir los votos necesarios para salvar o no las objeciones, eran 49.  Así, las cuentas están reñidas, los defensores de la JEP tendrían 48 votos, por tanto, al faltarles el centavo para el peso incluso han planteado que Antanas Mockus vuelva al Capitolio para votar porque "todavía es senador", pese a que el Consejo de Estado falló en su contra y anuló su elección.

Encuentro nacional de líderes por la vida y la dignidad[7]

Miles de líderes y defensores de derechos humanos de todo el territorio nacional llegaron a Bogotá este domingo 28 de abril e instalaron un refugio humanitario por la vida. La iniciativa pretende ser un llamado al gobierno para que se comprometa a garantizar la seguridad de quienes defienden causas sociales, particularmente en las zonas más afectadas por el conflicto armado.

Es urgente, dicen las organizaciones que convocan el encuentro, que el gobierno de Colombia garantice el derecho a la protesta social pacífica conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

Desde Bolívar, el Cauca, Nariño, Chocó, Catatumbo (Norte de Santander), Bajo Cauca (Antioquia), el sur de Bolívar y Arauca, entre otras regiones, los líderes y defensores vienen cargados de reclamos por la crisis que atraviesan sus territorios en materia de seguridad y dispuestos a instalarse por cuatro días en Bogotá para recibir respuesta de las autoridades.

La guerra no da tregua, especialmente a los niños[8]

Lo dijeron claramente representantes de organizaciones nacionales e internacionales reunidas hace unos días en Colombia: a pesar de los acuerdos de paz, los diferentes grupos inmersos en el conflicto armado, al igual que las bandas criminales, no han dado tregua a niños y adolescentes. Los utilizan como expendedores de droga, vigías, trabajadores de cultivos ilícitos y minas ilegales, extorsionistas, e incluso, sicarios, como se ha visto recientemente. Y en el caso de las niñas, además de ese uso, las siguen sometiendo a la práctica aberrante del abuso sexual.

“Si bien hubo disminuciones sustanciales en esos delitos entre 2015 y 2017, en 2018 se reportaron 331 eventos de conflicto armado, de los cuales 213 implicaron afectación directa a niñas, niños y adolescentes. Frente al delito de vinculación por reclutamiento de niñas, niños y adolescentes se registraron 50 eventos, lo cual evidencia un incremento de un poco más del ciento por ciento”, señaló Hilda Beatriz Molano, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) en días recientes.

En Bajo Cauca antioqueño se cansaron de las promesas del Estado[9]

El Bajo Cauca es la subregión más pobre de Antioquia y también la más violenta. Por allí han pasado, históricamente, bandoleros, guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y delincuencia común, en busca del control del territorio para sacar provecho de las economías ilegales.

Para atacar esos problemas, los seis municipios que integran esta subregión se priorizaron en el Acuerdo de Paz, tanto en el punto uno, que contiene los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como en el punto cuatro, aplicando el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS).

Lo que en principio fue esperanzador, poco a poco se fue convirtiendo en angustia, pues las promesas del Estado se fueron quedando cortas y las pocas que se han cumplido aún no logran colmar las expectativas de sus pobladores. Un ejemplo de esa insatisfacción es lo que viene ocurriendo en Tarazá, a donde llegó la hoja de coca para uso ilícito en la década del noventa y se ha mantenido hasta ahora, pese a la presencia del PNIS desde el 2017.

Los guardianes de los parques que la guerra se llevó[10]

Cuidar un parque nacional en Colombia, con su longevo conflicto armado, es una profesión riesgosa y poco agradecida. Tras años de impunidad y olvido, las familias de los guardaparques asesinados podrían por fin entender qué les sucedió, ahora que sus casos podrían llegar a la justicia transicional creada por el Acuerdo de paz.

En los últimos 25 años, al menos 11 guardaparques han muerto de manera violenta mientras cuidaban las áreas naturales a su cargo, impotentes ante los intereses de negocios millonarios como el narcotráfico, la minería ilegal y la guerra.

Un grupo de respetados líderes del sector ambiental viene construyendo desde el año pasado una propuesta para que la recién nacida justicia transicional, que investigará y juzgará los delitos sucedidos en el marco del conflicto colombiano, también indague la manera como han sido violentados el medio ambiente y quienes lo cuidan.

La JEP ordena la captura de ‘El Paisa’ para que le responda a las víctimas[11]

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó una de las decisiones más trascendentales en su corta historia: solicitar la orden de captura de Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa, por incumplir con sus obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz. Como comandante de la columna móvil Téofilo Forero e integrante del Estado Mayor de las FARC, Velásquez tenía la responsabilidad de esclarecer su participación en el conflicto. Después de permanecer ocho meses en la clandestinidad, y sin acudir a la JEP, el antiguo comandante pierde algunos beneficios jurídicos.

Ahora no recibirá renta para la reincorporación y tampoco tendrá derecho a penas alternativas: es decir, 5 u 8 años de privación de la libertad. En la sentencia, la JEP declaró que Velásquez incumplió con obligaciones que estaban previstas en el Acuerdo de Paz y por eso le revocó la libertad condicional y le ordenó a la Policía capturarlo y llevarlo a la Sala de Reconocimiento.

Llano Grande dice no a la violencia de género[12]

El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Llano Grande, en el municipio de Dabeiba (Antioquia) fue el lugar de encuentro de la comunidad, excombatientes de FARC, Fuerza Pública e instituciones para dialogar acerca de las violencias que enfrentan las mujeres y avanzar en estrategias para prevenir y atender este tipo de casos.

Una jornada de formación se realizó el pasado 5 y 6 de abril, convocada por el comité de género del ETCR y la Consejería de género departamental de FARC que contó con el apoyo de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

Varias entidades, entre ellas Defensoría del Pueblo, la Comisaría de Familia y el enlace de género del municipio de Dabeiba, presentaron el marco normativo que garantiza los derechos de las mujeres y socializaron la ruta de atención a violencias basadas en género e intrafamiliar.

Fuentes:

Pacifista disponible en: https://pacifista.tv/

Semana disponible en: https://www.semana.com/

La Silla Vacía disponible en: https://lasillavacia.com/

El Tiempo disponible en: https://www.eltiempo.com/

Verdad Abierta disponible en: https://verdadabierta.com/   

El Colombiano disponible en: http://www.elcolombiano.com/

Fundación Paz y Reconciliación disponible en: https://pares.com.co/

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com/noticias

Ideas para la Paz disponible en: http://www.ideaspaz.org/publications

Misión de Verificación disponible en: https://colombia.unmissions.org/