Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la continuación de la Minga en el Cauca; los avances de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas; la intensificación del conflicto armado en el Chocó a raíz del narcotráfico y las minas antipersonales; la solicitud de investigar a cuatro grandes empresas por presunta financiación a paramilitares; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de paz 20-26 Marzo 2019

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Bomba social en Cauca

Desde hace casi dos semanas, el suroccidente colombiano está en jaque en una historia que se repite cada cierto tiempo. El paro indígena, en protesta por los históricos incumplimientos de varios gobiernos con estas comunidades, resurgió con fuerza. Se inició con algunas concentraciones, evolucionó y pasó a bloqueos en la carretera Panamericana, atizados con protestas y enfrentamientos con la fuerza pública.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), entidad que aglutina a los 126 cabildos existentes en el departamento, arreció sus denuncias en torno a violaciones de derechos humanos y la infiltración de la Minga por parte de agentes del Estado. Mientras tanto, el Gobierno exigía levantar bloqueos y cesar las vías de hecho.[1]

Las comunidades indígenas están pidiendo respuestas y medidas por los asesinatos de líderes, así como los 10 billones de pesos que el gobierno había acordado con ellas. Los representantes gubernamentales han señalado que en el Plan Nacional de Desarrollo están esos recursos garantizados, pero los indígenas encontraron que el capítulo étnico no tiene asignación presupuestal específica. Para resolver esa discusión, los indígenas piden que Duque firme un acuerdo en el que quede claro que se girarán esos recursos. Lo cierto es que para que cese la Minga, Duque deberá comprometerse con la implementación de la paz.[2]

En 17 territorios empieza la búsqueda de los desaparecidos del conflicto

Durante más de un año, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha construido una metodología para encontrar a las 126.000 personas que fueron víctimas de secuestro, reclutamiento y desaparición forzada en el país, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Para continuar con su plan, su Directora, Luz Marina Monzón, aseguró que, desde mayo, sus equipos técnicos entrarán a 17 territorios del país. [3]

Monzón también confirmó la triste realidad de que este año funcionarán con menos plata de la que se había proyectado inicialmente, de hecho, solo se aprobó una tercera parte del presupuesto. La implementación de la UBPD tampoco quedó dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Para conseguir más recursos se ha contemplado acudir a la cooperación internacional, que sin duda estaría dispuesta a colaborar en este tema.[4]

Por otro lado, Monzón aseveró que: “la unidad tiene que afrontar, por un lado, el tema del miedo por el contexto de conflicto, pero también el miedo de que pueden ser amenazados, desaparecidos o asesinados y esto es un punto grave. Nosotros brindaremos nuestro mayor apoyo para generar garantía, pero hay una realidad que no se puede negar y es que a la gente la siguen desapareciendo, esto no es un crimen que se quedó en el pasado sino al contrario”.[5]

Coca y minas, el coctel de la guerra olvidada de Chocó[6]

Las razones para que las entre 4 mil y 5 mil personas estén confinadas en Chocó hace un mes no son nuevas, pues están presentes desde hace dos años cuando las FARC dejaron los territorios: no llegó el Estado y las comunidades quedaron a merced del ELN y el Clan del Golfo.

Aunque en solo dos de las cuatro regiones hay cultivos ilícitos según el sistema de monitoreo de la ONU (Carmen del Darién con 160 hectáreas y Riosucio con 113), una fuente nos dijo que muchas veces los ilegales obligan a los pobladores al cultivo. También los fuerzan a entrar a sus filas, en zonas que encima son rutas ilegales.

Otra realidad preocupante es que rodeen los lugares con minas antipersona, una táctica atribuida al ELN. En particular en Carmen del Darién, donde murieron al menos cuatro niños por el confinamiento en la comunidad Alto Guayabal, y en Juradó.

En este último municipio desde 2017 las misiones de la ONU advirtieron que, por ser una zona estratégica que comunica a Antioquia con el mar, el ELN y las AGC quieren tener control; por eso mismo la guerrilla ha sembrado minas antipersonales, sobre todo en la frontera con Riosucio.

Solicitan investigar a cuatro grandes empresas por presunta financiación a paramilitares[7]

En una sentencia de primera instancia, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las versiones sobre posibles aportes económicos voluntarios de esas cuatro empresas al Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Se trata de la Compañía Nacional de Chocolates y Galletas Noel, del Grupo Nutresa, señaladas de aportar “ayudas” a una estructura armada ilegal que operó en varias regiones de Antioquia. La decisión judicial también involucra a Gaseosas Postobón, de la Organización Ardila Lulle, y a una planta de producción de cerveza del conglomerado Bavaria.

Las declaraciones indican que tanto alias ‘Don Berna’ como Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, su segundo al mando del Bloque Héroes de Granada, eran “amigos” de empresarios, aunque no se precisó las identidades, de quienes “favorecieron económicamente la organización criminal, aportando ganado, dinero en efectivo, víveres para efectuar ‘celebraciones’, así como cerdos, novillos, alimentación y licor”.

El clamor de Nariño por la sustitución voluntaria de cultivos de coca

Recientemente Archila reafirmó el compromiso del Gobierno con la sustitución voluntaria de cultivos y afirmó que se les cumplirá a las familias inscritas en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS). El pronunciamiento sorprendió, porque la percepción que hay es que el Gobierno tiene poca voluntad de continuar adelante con la sustitución.

Por ejemplo, el avance de dicho programa en Nariño es incipiente. De esas 55.000 familias que firmaron acuerdos colectivos, en 29 municipios de Nariño, solo 16.500 firmaron acuerdos individuales, que es el siguiente paso para hacer efectiva la sustitución de los cultivos. Todos los acuerdos individuales se firmaron en Tumaco, dejando a las otras 40.000 familias de los otros 28 municipios en el limbo, pues el ingreso al PNIS se congeló a escala nacional. [8]

En este sentido, se debe tener en cuenta que en el foro político de Naciones Unidas en donde se debate el régimen internacional frente a las drogas, fueron presentadas, las “Directrices internacionales sobre derechos humanos y política de drogas”. Estas directrices, representan una síntesis autorizada del marco jurídico de derechos humanos que los Estados deben respetar en sus políticas frente a las drogas.

La relevancia política de estas directrices es clara, pues las políticas frente a las drogas, especialmente aquellas fundadas en una interpretación punitivista extrema del régimen internacional de drogas, han sido una fuente muy grave de violaciones masivas a los derechos humanos en Colombia y en el mundo.[9]

Excomandantes paramilitares se presentarán ante la Comisión de la Verdad

Reunidos en la Conferencia Nacional del Colectivo de Desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, los exparamilitares expresaron su decisión de acudir "con nuestra verdad y conocimiento a los mecanismos no judiciales de construcción colectiva de Verdad creados en los procesos de Paz, como son la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica".

En el comunicado que firman 17 exjefes paramilitares recuerdan que llevan 12 años transitando en la Ley de Justicia y Paz y contribuyendo la verdad, sin embargo, no todo se conoce, por esto irán a la Comisión de la Verdad.[10]

Añaden que durante 12 años “han transitado por las vías de la justicia transicional contribuyendo a la verdad de lo sucedido: más de 60 macrosentencias, miles de horas de versiones libres individuales y colectivas, que les permitieron a las víctimas visibilizarse y conocer la verdad de lo sucedido”.[11]

Las guerras del éxodo[12]

La guerra por el territorio y el narcotráfico está reactivando el flagelo que más víctimas ha dejado en el país. Cuando la curva del desplazamiento que desarraigó a 7,5 millones de personas en los últimos 30 años alcanzaba sus puntos más bajos, el fenómeno vuelve a tomar vuelo. En 2017 tocó piso. La Defensoría del Pueblo registró 51 eventos masivos, en los que 10 o más familias abandonaron su tierra. En total 12.841 personas. El año pasado, la misma entidad registró 99 casos que afectaron a 35.407 personas, el triple del periodo anterior.

El aumento del desplazamiento masivo habla de que la violencia se ha recrudecido en varios sectores del país. La situación llega a un punto tan crítico que obliga a veces a comunidades enteras a lanzarse al éxodo. Entre enero y febrero de este año, ocho casos afectaron a 2.600 personas. Al contrastar los periodos, aparecen las nuevas características lo que muchos viven en varios territorios.

Iniciativas de excombatientes comprometidos con la paz[13]

En la costa caucana, más precisamente a la desembocadura del rio Guapi con el océano pacifico. A pocos metros del aeropuerto Juan Casiano Solís, se encuentra el predio en el cual se desarrollará el primer emprendimiento colectivo de los miembros de FARC en el municipio de Guapi.

Bajo un sol abrazador, cerca de 20 excombatientes se dedican a preparar el suelo para plantar palmas de coco. Además, se construirá una casa para el cuidador designado y se adecuarán los espacios circundantes para el transporte de material, todo esto como parte del primer proyecto desarrollado por los afiliados a la Cooperativa Ecomún Multiactiva Guapi.

En el vecino municipio de Argelia, se adelanta una iniciativa piscícola que integra a más de 70 mujeres de la comunidad y 43 excombatientes, convirtiéndose en un referente en materia de reincorporación económica y desarrollo efectivo del enfoque de género a nivel nacional.

Este proyecto productivo conjunto cuenta con cerca de 20.000 alevinos de tilapia roja, los cuales fueron entregados la Cooperativa ECOMUN Multiactiva Agroforestal Santa Clara “CEMAS” y la Asociación de mujeres campesinas de Argelia “AMAR”, como parte de los Proyectos de Impacto Rápido impulsados por Naciones Unidas. 

Futuro de la JEP, en manos del Congreso

La Corte Constitucional se declaró “inhibida para ejercer en este momento del procedimiento, el control automático de constitucionalidad que le corresponde hasta tanto no concluya el trámite (en el Congreso) de las objeciones formuladas (a la Ley Estatutaria de la JEP) por el presidente de la República, o el plazo para decidir sobre ellas”.

Es así como el Congreso debe darles trámite a las seis objeciones presidenciales, y una vez concluido, la Corte se pronunciará sobre posibles vicios en el procedimiento y sobre el contenido material del nuevo proyecto de ley, si es que se dieron modificaciones, adiciones, supresiones o archivo total o parcial, y antes de la sanción presidencial.[14]

Por su lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual de 2018, le pidió al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para avanzar en la definición y entrada en vigencia del marco normativo de la JEP.

En dicho informe, dado a conocer este jueves 21 de marzo en Washington, la CIDH solicitó “respeto al principio de separación de poderes y a las decisiones de las autoridades que han intervenido en la aprobación y examen de constitucionalidad del proyecto de ley.”[15]

Fuentes:

Pacifista disponible en: https://pacifista.tv/

Semana disponible en: https://www.semana.com/

La Silla Vacía disponible en: https://lasillavacia.com/

DeJusticia disponible en: https://www.dejusticia.org/

El Tiempo disponible en: https://www.eltiempo.com/

Verdad Abierta disponible en: https://verdadabierta.com/

El Colombiano disponible en: http://www.elcolombiano.com/

Fundación Paz y Reconciliación disponible en:  https://pares.com.co/

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com/noticias

Misión de Verificación de la ONU: https://colombia.unmissions.org/