Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con los avances en la reincorporación presentados por Archila ante la CIDH; el inicio de la construcción del Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos; la difícil situación que vivían los niños, niñas y adolescentes reclutados por las FARC; la revelación de nuevas pruebas que confirman la presencia del ELN en Venezuela; entre otros.

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Informe del Secretario General de la ONU sobre la Misión de Verificación en Colombia[1]

El Secretario General de la ONU hizo un llamado a la implementación integral del Acuerdo de Paz en su más reciente Informe trimestral ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia.

El informe resalta que, “transcurridos dos años desde la conclusión del proceso de dejación de armas, es de suma importancia seguir enfatizando que la inmensa mayoría de los excombatientes siguen participando en el proceso de paz y desarrollando esfuerzos productivos en colaboración con las comunidades locales, realizando estudios académicos, participando en la política local, creando y buscando oportunidades para sus familias y contribuyendo a la labor del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.”

Adicionalmente el informe anota que “en la coyuntura actual, es más importante que nunca acelerar y profundizar la implementación del Acuerdo de Paz en su conjunto”, y que “la consolidación total de una paz que es una valiosa oportunidad para Colombia requerirá un esfuerzo integral, para el cual los colombianos pueden continuar contando con el apoyo decidido de las Naciones Unidas”.

 

Reclutamiento y desplazamiento forzado, los males que persisten en Risaralda[2]

Desde la Mesa Departamental de Víctimas de Risaralda, los representantes de la comunidad y defensores de derechos humanos denuncian que grupos armados, más recientemente el Ejército de Liberación Nacional (ELN), están ofreciendo dinero a las familias a cambio de reclutar a los niños para la guerra.

“Ofrecen cerca de 500 mil pesos a las familias para que dejen ir a sus hijos, y si no acceden los amenazan”, cuenta Eisenhower D’janon Zapata, abogado miembro de la Mesa de Víctimas. Por su parte, Jaime Gutiérrez Ospina, otro miembro de la Mesa, afirma que, por medio de numerosas denuncias puestas por la comunidad, lograron sustentar los hechos y llevarlos a las autoridades, quienes desestiman las denuncias.

La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas ante los desplazamientos y confinamientos, la más reciente data de junio de 2019, en la que alertó sobre la situación de riesgo que vivían cerca de 24.130 personas en el municipio de Quinchía, entre ellos menores de edad, mineros, líderes campesinos y pueblos indígenas. Además de la denuncia asegurando que más de 200 menores de edad que figuran como desparecidos en el departamento, correrían riesgo de haber sido reclutados por grupos al margen de la ley.

 

JEP expulsó a “Iván Márquez”, “Romaña” y al “zarco Aldinever”[3]

La Jurisdicción Especial para la Paz consideró que los exguerrilleros rearmados Iván Márquez, el zarco Aldinever y Romaña, incumplieron gravemente con el régimen de condicionalidad de la JEP al no cumplir con la verdad, la justicia, la reparación ni las garantías de no repetición, que incluyen el aporte a la reincorporación propia y colectiva. Por ello, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad los expulsó de la Jurisdicción y les dictó la pérdida de todos los beneficios transicionales, jurídicos y económicos.

En la decisión de los magistrados de la Sala quedó claro que la Fiscalía deberá reactivar las órdenes de captura que fueron suspendidas cuando los tres excomandantes guerrilleros se sometieron a la JEP y que la ARN debe quitarles todos los beneficios económicos a los que se acogieron con la dejación de las armas. Esta determinación se da después de que la Procuraduría aportara como prueba el video en el que aparecen “Iván Márquez” y compañía anunciando su regreso a las armas.

 

Estado pidió perdón por participación de militares en la masacre de San José de Apartadó[4]

En acto conmemorativo, el Estado ofreció excusas públicas en este corregimiento del Urabá antioqueño. El evento fue presidido por el coronel Carlos Padilla, comandante de la Décimo Séptima Brigada del Ejército Nacional. El evento respondió a lo sucedido el 21 febrero de 2005, día en el que uniformados del Ejército llegaron a las veredas La Resbalosa y Mulatos, del municipio de San José de Apartadó, en compañía de paramilitares del bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas.

Hoy la justicia sabe que cerca de 300 soldados presenciaron y no evitaron el asesinato de dos familias. Las víctimas de la vereda Mulatos fueron el líder comunal Luis Eduardo Guerra, su esposa Beyanira Aleiza, su hijo Deyner Andrés de 11 años; y de la vereda La Resbalosa las víctimas fueron Alfonso Tuberquia, su esposa, Sandra Milena Muñoz, y sus hijos Natalia y Santiago, de 5 y 2 años respectivamente, así como Alejandro Pérez, jornalero de la finca.

La masacre –ocurrida durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez–, fue aceptada por el Estado colombiano en un proceso de conciliación con la defensa de las víctimas. De acuerdo con un comunicado de prensa del Ejército Nacional, mediante estos actos también se busca ratificar el compromiso de proteger los derechos de los colombianos.

 

Tumaco, entre la economía ilegal y resistencias juveniles[5]

Tumaco es uno de los municipios que hoy vive de manera dramática los embates de un postconflicto mal gestionado. A pesar de la esperanza que significó la firma de los acuerdos con la FARC para este municipio nariñense, las cosas no parecen mejorar y la esperanza de la población acerca de la posibilidad de una paz estable, se diluye con las situaciones que se mantienen, incluso se agravan.

Después de la firma de los acuerdos se advirtió sobre la importancia de generar victorias tempranas, entendidas como aquellas acciones e intervenciones inmediatas que el Estado debía implementar para hacer partícipe a las poblaciones en el desmantelamiento de las economías ilegales y prevenir las guerras territoriales. Ante la ausencia de las victorias tempranas y de una oferta institucional casi inexistente que garantice la inclusión de la población joven, las economías ilegales y las dinámicas de violencia se han seguido constituyendo en la oferta principal.

Es por esto que en el municipio existen organizaciones de jóvenes resistiendo a los embates; logrado involucrar a 250 niños, niñas y jóvenes, en actividades de cuidado del medio ambiente que han contribuido a la prevención del uso y vinculación de éstos a los grupos ilegales y a las economías de la coca.

 

ONU expone la vulnerabilidad de las mujeres presas por drogas[6]

El 83 % de las mujeres presas por delitos relacionados con drogas en Colombia vivían en los estratos 0 y 2 antes de ser capturadas. El 72,2 % no terminó la educación secundaria. En el 58 % de los casos, las mujeres eran madres cabeza de familia, y cerca del 48 % de todas estas mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género.

Estas son algunas de las conclusiones del primer estudio realizado en el país sobre las condiciones de vida de las mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas. La investigación fue realizada por la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) gracias a un convenio con el Minjusticia.

Este estudio, además, expone que el 85,67 % de las mujeres encuestadas no sabían cuál era la pena del delito que estaban cometiendo, y el 96 % aseguró que, de haber conocido la pena, no habrían cometido el delito. Se espera que los datos aportados por el estudio faciliten el diseño y puesta en marcha de políticas públicas más ajustadas a la realidad de las mujeres.

 

Culminan las Olimpiadas Campesinas para la Paz, la Legalidad y la Convivencia 2019[7]

Desde hace dos meses la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) unieron esfuerzos para desarrollar en 25 departamentos, con la participación de 4.000 campesinos, juegos cuyo objetivo fue generar confianza y canales de interlocución entre el Gobierno y el sector campesino.

En estas olimpiadas se utilizó el deporte y la cultura para fortalecer la convivencia pacífica y una cultura de legalidad a nivel territorial, contribuyendo al reencuentro de los asociados a la ANUC para hacer memoria de sus tradiciones y expresiones propias, rescatarlas y hacerlas visibles como instrumento de paz.

Las Olimpiadas contaron con la participación de más de 1.200 funcionarios y servidores públicos de instituciones. La OACP a través de la realización de las Feria de Servicios permitió el acceso de usuarios a la oferta institucional dirigidas al sector, adicionalmente realizó pedagogías sobre las funciones y líneas estratégicas de los Consejos Territoriales para la Paz, la Reconciliación y Convivencia, de las narrativas sobre la paz cotidiana y la cultura de la legalidad, así como de la educación en riesgo de minas y desminado humanitario.

 

Los saberes indígenas están en riesgo por el cambio climático[8]

Los 102 pueblos indígenas de Colombia sufren los efectos del cambio climático, la deforestación y la contaminación ambiental en sus resguardos. Su seguridad alimentaria está en riesgo, y sus saberes y sitios sagrados se ven amenazados.

Luis Alberto Cotte Muñoz, de la etnia Huitoto, dice que la tala rasa está acabando con los sitios sagrados como nacimientos de agua y salados; además, se están extinguiendo especies de árboles propios de la zona, añadiendo que no cuentan con agua limpia y varios afluentes están contaminados.

También, le preocupa que prácticas tradicionales arraigadas a la madre tierra y a los ríos, se estén perdiendo porque los lugares están siendo ocupados por ganaderos, y en otros casos, por grupos armados ilegales para la siembra de cultivos de uso ilícito.

Por su parte, la ONIC informa que los saberes y creencias alrededor de la naturaleza, el ejercicio de gobierno propio y la falta de autonomía alimentaria de los pueblos ancestrales están amenazados por los cambios del clima, los conflictos territoriales y las políticas extractivas. Además, advierte que su derecho a ejercer autoridad en sus territorios, según reza en la Constitución Política, cada día es más vulnerado y agravado con el asesinato de líderes indígenas.

 

Granizal, entre la ilegalidad y la búsqueda de la paz[9]

Por vía destapada desde Medellín se llega a la vereda del Granizal (Antioquia), donde una leyenda indica: Bello da la bienvenida a la segunda población de desplazados más grande de Colombia, un territorio de resistencia y organización social configurado en medio de la violencia y el conflicto armado. Allí, en los que antes eran predios de narcotraficantes, se establecieron cientos de desplazados a finales del siglo pasado para comenzar sus vidas de cero.

Granizal es no solo el segundo asentamiento de desplazados más grande del país, sino uno de los más extensos de América Latina. Si bien la vereda pertenece a Bello, los predios no han sido formalizados ni incluidos en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Esta situación los ha mantenido en un limbo en el que la institucionalidad opera de forma insuficiente, sin poder llegar en infraestructura y servicios dignos. Pero, Granizal también es un laboratorio social en el que conviven campesinos, poblaciones intraurbanas, afros, indígenas y ahora venezolanos.

La llegada de venezolanos responde a la naturaleza de acogida del territorio. Asuntos como la informalidad en los títulos de propiedad y los bajos costos de los arriendos terminan siendo propicios para la inmigración. Hoy se calcula que allí viven 100 familias del país vecino y cerca de 400 personas según cifras de ACNUR. Un desafío adicional para un territorio que reclama su legalización en medio de luchas por la memoria y la construcción de paz.

 

Fuentes:

Pacifista disponible en: https://pacifista.tv/

El Tiempo disponible en: https://www.eltiempo.com/

El Colombiano disponible en: https://www.elcolombiano.com/

Fundación Paz y Reconciliación disponible en: https://pares.com.co/

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com/noticias

OACP disponible en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Paginas/home.aspx

Misión de verificación de la ONU en Colombia disponible en: https://colombia.unmissions.org/