Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con un balance de la construcción de paz y las dinámicas de violencia en torno al año que termina y de cara al 2019; una revisión del asesinato de líderes sociales en 2018 y el luto que los sigue embargando en este año; las señales negativas de un corto circuito entre el Gobierno de Colombia y el ELN; los pueblos que la abrieron la puerta a los excombatientes y a la reconciliación; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de paz 02-08 Enero 2019

Si quiere consultar el histórico de publicaciones de la Gaceta de la Paz: clic acá

Un balance de la Paz de cara al 2019

El 2018 fue un año de incertidumbres y, al mismo tiempo, de progreso en la ejecución o el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno y las FARC. Si bien se esperaba que el gobierno entrante modificara o “hiciera trizas” el Acuerdo Final, el costo político de desmantelar abiertamente partes de este era y sigue siendo muy alto; por lo cual, es muy probable que el 2019 sea un año igual de agridulce en ese sentido: algunas partes del acuerdo seguirán progresando, probablemente lentamente, pero otras serán frustradas.

En esta medida el gobierno de Duque ha adoptado posiciones variadas, que por un lado apoyan de forma discreta aspectos del acuerdo, como la reincorporación de los excombatientes, pero por otro lado no respaldan las reformas estructurales, sobre todo las relacionadas con el sector rural.

En este sentido, el balance es de avances moderados y contrastes: la reincorporación incrementó su marcha, pero los espacios se han reconfigurado y dispersado en medio de la dificultad para realizar los proyectos productivos y acceder a la tierra: el partido político FARC llegó al Congreso, pero sin ocupar las 10 curules pactados, y con participación electoral muy pobre; dos importantes mecanismos de justicia transicional empezaron a operar, la JEP y la Comisión de la Verdad, pero la legitimidad de las primera ha sido puesta en entredicho; el programa de sustitución de cultivos ilícitos empezó a dar resultados, pero con el aumento de área cultivada de coca en el país, el gobierno empezó a incumplir, además volvió la erradicación forzada y la aspersión. Estos son solo algunos ejemplos de lo retos y tensiones que han surgido en la consecución de la paz, sin hablar de las negociaciones con ELN, estancadas desde agosto del año pasado.

El 2018 además, se caracterizó por un incremento de las dinámicas violentas en el país, por ejemplo, repuntó la tasa de homicidios con un aumento del 6.5% en los primeros 10 meses. Asimismo, los grupos disidentes se consolidaron, sumando por lo menos 1.200 integrantes que hacen presencia y controlan el narcotráfico en Guaviare, Caquetá, Putumayo, Nariño, Antioquia, Guainía y Vaupés. Igualmente, se estima que en 2018 las minas antipersona aumentaron en un 300% dejando 180 víctimas, mientras que la victimización de líderes sociales se disparó, con cifras de asesinados que asciende a los 3 dígitos desde que se firmó el Acuerdo Final.

Líderes sociales: una matanza que no para

El 2018 fue un año negro para los líderes sociales, los asesinatos en su contra se extendieron por gran parte del territorio nacional y la mayoría de las causas indígenas, campesinas, sindicales y de víctimas fueron afectadas por ese fenómeno criminal, que el Gobierno intentó frenar con planes que hasta ahora no han dado resultado. En cuanto a las cifras, son dispares, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo el año pasado asesinaron a 164 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, y según Indepaz fueron 226.

Un estudio académico reciente que le hizo seguimiento a la situación desde enero de 2011 hasta diciembre de 2017, indica que es importante reevaluar la narración de casos aislados, y dar paso a análisis sistemáticos para entender el alcance y las razones de lo que está pasando. A partir de este estudio, las siete conclusiones principales sobre el asesinato de líderes sociales son: se disparó cuando las FARC dejaron de disparar; se ha dado en lugares donde estaban las FARC y en la cercanía de otros grupos ilegales; bajó donde había otros grupos armados y no FARC; aumentó desproporcionadamente donde la justicia es más cuestionada; no los han matado tanto por minería o coca como por tierras; donde hay solicitudes de restitución de tierras las bandas criminales son los principales asesinos; y, los líderes comunales son las principales víctimas.

En el 2019 la matanza no desacelera, con el crimen de Maritza Quiroz en San Isidro vereda de Santa Marta, el año inició con el asesinato de un líder social por día. Los otros líderes asesinados hasta la fecha son: Gilberto Valencia (Suárez-Cauca), Jesús Adier Perafán (Caicedonia-Valle del Cauca), José Solano (Puerto Jobo), Wilmer Antonio Miranda (Cajibio-Cauca) y Wilson Pérez (Hacaría-Norte de Santander).

La Comisión de Paz del Senado rechazó la muerte de cada una de estas personas e hizo un llamado al Gobierno Nacional para evitar que más casos se registren. Además, la Comisión manifestó su preocupación por el creciente número de asesinatos a indígenas y campesinos que, de acuerdo con sus cifras, superan los 40 casos.

Los pueblos que abrieron sus puertas a excombatientes

18 pueblos fueron preparados este año por la ARN para facilitar la aceptación de excombatientes que tras dejar las armas quieren volver a su territorio. Bajo un modelo de reincorporación comunitaria, implementado unas 154 veces en veredas y barrios (26 departamentos desde el 2007), esa entidad llega con la misión de reconstruir en las comunidades el tejido social que rasgó la guerra. La idea es propiciar la reconciliación y disminuir los niveles de estigmatización de quienes están en procesos de reincorporación. Según cifras de la ARN, 19.986 personas adelantan en el país ese proceso, y 13.192 de ellas son de las FARC.

En el primer semestre, con esa filosofía fueron preparadas Briceño y Turbo (Antioquia), Bucaramanga (Santander), Caldono (Cauca), Cali (Valle), Granada (Meta), La Paz (Cesar), Tumaco (Nariño) y Riosucio (Caldas).

Y en el segundo semestre, al mismo tiempo que lo hizo Mariangola (Cesar) fueron preparados barrios y veredas de Villavicencio (Meta), Tierralta (Córdoba), Pueblo Rico (Risaralda), Barrancabermeja (Santander), Dabeiba (Antioquia), Planadas (Tolima), Florencia (Caquetá) y Bogotá, que es uno de los lugares a donde llegan más excombatientes. En el momento en la capital están en ese proceso 1.521 personas. Muchos de estos lugares quedan cerca de un espacio de reincorporación de exguerrilleros de las FARC.

'Gobierno no negociará con ELN si sigue torpedeando acuerdo con FARC'

El Comando Central, máxima dirigencia del ELN, en un comunicado publicado este viernes asegura que esa guerrilla "cumplió el cese de operaciones ofensivas" entre el 23 de diciembre y el 3 de enero, con lo cual "demostró unidad y disciplina interna en todas sus estructuras".

A renglón seguido, atribuyeron al Gobierno la muerte de nueve líderes sociales en el país en esos 12 días de tregua, además acusaron a la Fuerza Pública de violar la tregua unilateral, al realizar bombardeos a sus estructuras el 25 de diciembre en el sur de Bolívar.

Por su parte, el Alto Comisionado de Paz aseguró que la tregua navideña anunciada por el ELN finalmente no se cumplió y que esa guerrilla estaría detrás de los asesinatos de líderes sociales en varias zonas del país. Adicionalmente, el comisionado de Paz aseguró que esa guerrilla es responsable del homicidio de exmiembros de FARC: “La Fiscalía ya ha dictado varias órdenes de captura por supuestos asesinatos del ELN contra líderes sociales. Seis en total y 12 asesinatos contra excombatientes de las FARC”, declaró.

Solo faltan 3 de los 16 planes para las zonas afectadas por la guerra

De los 16 planes de desarrollo para los territorios (PDET) que fueron los más golpeados por el conflicto, previstos en el acuerdo de paz con el fin de que no se repitiera allí la violencia ante el abandono estatal, ya solo faltan tres por terminarse: el de la subregión de La Macarena y Guaviare; el del Pacífico medio y el de la cuenca del Caguán y el piedemonte caqueteño. Se espera que sean suscritos en este primer trimestre del año.

Esos planes tienen la novedad de ser construidos por los habitantes de esas zonas, de acuerdo con lo que realmente necesitan, en discusiones primero a nivel veredal, luego municipal y después como subregión. En los 13 planes que ya están listos, de los 16 que corresponden a igual número de subregiones, participaron más de 235.000 personas.

En total, esos planes tienen como propósito abarcar las prioridades para la gente de 11.000 veredas de los 170 municipios priorizados durante el posconflicto por sus históricos índices de violencia y de pobreza. De hecho, en estos habitan unos 2,5 millones de víctimas del conflicto y está ubicado el 57 por ciento de la población rural más pobre del país, según los índices de pobreza multidimensional.

Denuncian incursión paramilitar en San José de Uré, Córdoba

Eran las 7:30 de la noche de este domingo y a San José de Uré, un municipio al sur de Córdoba, regresaron los momentos más dolorosos de la guerra. Según denunciaron, durante al menos dos horas, un grupo paramilitar identificado como los Caparrapos, que operan en esa zona, ingresaron al casco urbano del municipio, dejando paredes rayadas con mensajes alusivos al grupo armado.

Según reportaron movimientos sociales de este municipio, de unos 11 mil habitantes, los “hombres armados se identificaron como miembros del bloque Virgilio Vargas Arenas”. Hay que recordar que, durante 2018, en la zona rural de este municipio, se registró un desplazamiento de alrededor de 500 familias según la Defensoría del Pueblo. “A pesar de las alertas y la priorización en el programa de protección, se presenta este nuevo hecho que pone en riesgo la vida e integridad de la población civil”, denunciaron líderes de la región.

Grupos armados generan más ingresos con minería ilegal que con narcotráfico

El Clan del Golfo, Caparrapos y el ELN son los grupos delincuenciales que acechan al Bajo Cauca antioqueño y que día tras día intimidan a los pequeños y grandes mineros de esta subregión para poder ejercer la actividad.

Según el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, las extorsiones por parte de estos delincuentes alcanzan hasta el 10% de lo producido en esta extracción de yacimientos mineros, hasta el punto de ser más rentable que el mismo narcotráfico.

“Hoy les genera más ingresos a los grupos armados organizados la minería ilegal que el narcotráfico. A mediano plazo la problemática mayor va a ser la minería ilegal, porque está sosteniendo las actividades criminales de estos grupos delincuenciales”, dijo Ramírez.

Según el alto mando militar, los grupos ilegales están en la lucha constante entre ellos para mantener el control de estas rentas ilegales. Las zonas con mayores afectaciones son los municipios de Nechí, El Bagre y Zaragoza, especialmente a orillas del Río Nechí y Cauca.