Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la caída de alias Guacho, el disidente más buscado de las FARC; la propuesta conjunta que presentó el campesinado colombiano ante el Consejo Nacional de Planeación (CNP); la apuesta del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio por la paz; el asesinato de Viviana Marín Muñoz, psicóloga de ARN, en San Vicente del Caguán; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de paz 19-25 Diciembre 2018

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Cayó alias Guacho, el disidente de las FARC más buscado del país

Después de ocho meses de seguimiento, operaciones fallidas y hasta falsos rumores de una herida mortal tras un enfrentamiento con el Ejército, Walter Patricio Arizala, alias Guacho, uno de los disidentes de las FARC más buscados en el país, murió en una acción militar en la frontera con Ecuador. Así lo confirmó el presidente de la República, Iván Duque: “El 10 de agosto estuvimos aquí en Tumaco y le dije a la comunidad que a Guacho se le iba a acabar la guachafita. Ayer gracias a los héroes de Colombia se le acabó”.

Si bien la caída de Guacho es una victoria clave para la estrategia de seguridad de Duque, que le da fuerza a su política de mano dura contra disidencias y grupos criminales del plan ‘El que la hace la Paga’, esa muerte está lejos de ser el fin de las disidencias en el segundo puerto del Pacífico y principal cultivador de coca en el mundo, con 19 mil hectáreas según el último reporte de la ONU.

El campesinado presenta propuestas al Plan Nacional de Desarrollo

Este jueves 20 de diciembre el Consejo Nacional de Planeación (CNP) y distintos sectores sociales, económicos y comunitarios discutieron las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que es la principal hoja de ruta de la gestión pública del país. En su elaboración el Estado debe garantizar la participación más amplia posible de la sociedad. Así por primera vez, el campesinado colombiano presentó una propuesta conjunta ante el CNP, la cual titularon “Pacto por la equidad rural y el bienestar de la población campesina”. Su propósito central es incluir medidas y programas específicos que le permitan al campesinado gozar de sus derechos en condiciones de igualdad.

Por ahora las bases del PND sólo tienen en cuenta al campesinado en asuntos de desarrollo agropecuario y rural; educación y participación ambiental; y resolución de conflictos interculturales. Por su parte, la propuesta campesina es más amplia, pues abarca ocho líneas estratégicas: (i) acceso, formalización y territorialidades campesinas-áreas protegidas; (ii) fortalecimiento de la economía campesina y adecuación institucional; (iii) acceso a derechos; (iv) infraestructura productiva; (v) cultivos de coca, marihuana y amapola; (vi) ambiente y cambio climático; (vii) mujer campesina; y (viii) jurisdicción agraria.

En el ETCR de Caño Indio le apuestan a la paz

El 14 y 15 de diciembre del presente año, se realizó en Cúcuta el “Jam, Escenarios posibles, una nueva mirada del Catatumbo”, evento organizado por la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), y el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio, Norte de Santander. La iniciativa le apunta a construir una nueva cara del Catatumbo, pues, tal como lo afirmó Catheryne Sepulveda, profesional de la ARN:

“Encontramos una oportunidad en el Catatumbo para favorecer los diálogos territoriales en función de crear estrategias y campañas de comunicación para desestigmatizar la zona y, a partir de eso, nosotros tener mejores posibilidades de trabajar los procesos que se vienen dando con el colectivo FARC en reincorporación”.

La idea central es mostrar todos los activos culturales que ha opacado la guerra en estos años de enfrentamientos librados en la región. Si se ponen en una balanza los activos culturales y la guerra, pesan más los primeros que la segunda. Sin embargo, todo el imaginario que se ha construido de la zona se basa en la violencia y el temor, esto ha impedido que se conozcan las riquezas del Catatumbo, así como el talento y las costumbres de sus habitantes.

Asesinan a psicóloga de la ARN en San Vicente del Caguán

Viviana Marín Muñoz, sicóloga de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), fue asesinada junto al comerciante Ignacio Gómez en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá. Desde su cuenta oficial, la ARN confirmó lo sucedido, se solidarizó con la familia de las víctimas y pidió una investigación por parte de las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido.

El asesinato provocó señalamientos mutuos entre el alcalde de la población, Humberto Sánchez, y el exjefe guerrillero conocido como El Paisa. El alcalde Sánchez aseguró que Gómez Ávila se había enfrentado a El Paisa y temía por su vida: “Hace un año aproximadamente me manifestó que había tenido un altercado verbal con él donde le gritó que era asesino y él tenía temor por su vida. Tanto así que buscó protección con la Unidad Nacional de Protección”.

Por su parte El Paisa publicó una carta en contra del alcalde. La misiva contiene una grave acusación: “Él es el asesino en serie de los líderes sociales de ese municipio. Cada vez que actúa a través de sus sicarios a sueldo, de inmediato tiene una cortina de humo para desviar la atención de los investigadores”.

La ruptura del pacto criminal que asusta a Buenaventura

La semana pasada se cumplió un mes de la balacera que, entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de noviembre, azotó a cuatro barrios de dos comunas en Buenaventura y dejó al menos tres muertos. Lo que pasó antes de la masacre, cómo ocurrió y las pocas luces que han arrojado las investigaciones más allá de cinco detenidos, revivieron los temores de que regresen las peores épocas de violencia del principal puerto del país sobre el Pacífico.

Lo que pasó en esas horas es la prueba más clara de que se rompió un pacto entre las bandas criminales La Empresa y La Local, que tenían repartido el control de la ilegalidad en las 12 comunas del Puerto. Esta nueva situación se enmarca en la compleja historia de conflicto que ha vivido Buenaventura durante las últimas cuatro décadas, que incluye al Frente 30 de las FARC, a los paramilitares del bloque Calima, al ELN en la zona rural del norte, y a bandas criminales y pandillas, todos controlando y peleando, en sus respectivos momentos, el negocio del narcotráfico.

El riesgo extremo de querer sustituir coca voluntariamente

El 10 de enero de 2017, José Yimer Cartagena, un reconocido líder del municipio de Tierralta (Córdoba), fue desaparecido en el Urabá antioqueño, por la presunta orden de un jefe de sicarios de las autoproclamadas AGC. Al día siguiente apareció muerto cerca de allí con signos de tortura. Este fue el primer asesinato de un defensor de la sustitución de cultivos de uso ilícito registrado tras la firma del Acuerdo de Paz.

Desde entonces y durante los más de 22 meses desde la muerte de José Yimer, centros de pensamiento, organizaciones sociales y órganos estatales han documentado al menos 63 homicidios de líderes de sustitución. Esta creciente persecución contra los líderes, que se ha venido presentando sobre todo en las regiones con mayor densidad de cultivos de coca y presencia del PNIS, ocurre en el contexto del aumento general del homicidio en estas zonas de disputa armada. Los asesinatos aumentaron 35 % con respecto a agosto, septiembre y octubre de 2017, una tendencia también al alza el resto del año.

¿Cuáles son los datos de la violencia en las regiones?

Hay un grupo de 145 municipios que muestran un deterioro de los índices de violencia homicida, de ellos 12 son impresionantes. Hay cuatro regiones donde se concentran estos municipios.

En primer lugar, la región del Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño. Tal vez esta es la zona más complicada en materia de seguridad del país, incluso, por encima del pacífico nariñense. Hay municipios como Caucasia o Ituango que muestran crecimientos del homicidio superiores al 200%. Lo que pasa allí es una verdadera guerra civil entre Clan del Golfo, Caparrapos, ejércitos del narcotráfico como los Pachelly o los Zorros, el ELN y los grupos postFARC.

La segunda región es el Catatumbo, donde la guerra entre el ELN y el EPL o Pelusos ha dejado decenas de muertos. La tercera y cuarta región es el pacífico nariñense y la región del sur del Meta. En general, se estima que ha habido incrementos de homicidios en 145 de los 281 municipios priorizados para el postconflicto.

Se deben ponderar derechos de víctimas frente a extradición de ex-FARC

Esta semana la Corte Constitucional hizo pública la decisión con la cual aprobó la ley estatutaria de la JEP que creó el reglamento de esta institución. Aunque el fallo fue aprobado en agosto, con la publicación del texto se conocieron varias aclaraciones claves frente a un artículo de la ley estatutaria, relacionado con la extradición de exguerrilleros de las Farc, situación que hoy afronta el exjefe de las FARC, Jesús Santrich.

Lo clave del asunto es que, incluso cuando los desmovilizados cometan delitos con posterioridad a la firma del Acuerdo Final, la Corte Suprema de Justicia y el gobierno deben tomar una decisión frente a la posibilidad de la extradición ponderando el deber de cooperación internacional en la lucha contra la criminalidad, frente a los valores, derechos y principios como el de la paz, los derechos de las víctimas, y la obligación internacional de investigar y juzgar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al DIH.

Tejiendo la verdad de la violencia sexual contra las mujeres nukaks

De acuerdo con el informe del CNMH denominado La guerra inscrita en el cuerpo: “Habitar territorios que son disputados por los grupos armados, pero que a la par han sido desprotegidos del Estado ha significado que el conflicto armado ha tenido un impacto particular en la vida de las mujeres indígenas”. Y eso sí que lo saben las mujeres nukaks.

La regulación de la violencia sexual en el área rural del Guaviare estuvo en manos de las FARC, quienes actuaban de manera paralela al Estado colombiano, creando leyes, juzgando delitos y gobernando. No sucedió lo mismo frente a la violencia sexual y el acoso que vivían las mujeres nukaks, delitos que no fueron prevenidos ni sancionados por las FARC ni por la justicia oficial.

El pueblo nukak está distribuido en trece asentamientos, la mayoría fuera de su territorio, y en gran parte de ellos el acoso y el abuso sexual siguen siendo frecuentes, como suelen relatar los hombres del pueblo con suma preocupación al referir las llegadas nocturnas de colonos a sus asentamientos. En parte, la violencia no cesará para las nukaks hasta que ellas no retornen a su territorio.