Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la alerta por la crisis humanitaria que vive la región del Catatumbo; la iniciativa del Centro Democrático que busca limitar el acceso a información militar por parte de las entidades del sistema de justicia transicional; la crisis que vive el proceso de paz con la guerrilla del ELN; el ultimátum que emitió la JEP para que la fiscalía y las entidades del gobierno entreguen la información sobre los bienes de las FARC; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de paz 17-23 Octubre 2018

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Lanzan alerta por crisis humanitaria en el Catatumbo

La existencia de distintos grupos armados, economías criminales y una profunda debilidad institucional tienen al Catatumbo en una grave crisis humanitaria. Según la información recopilada por el Cinep, en el primer semestre de este año se presentaron amenazas, atentados, lesiones personales, desapariciones forzadas, reclutamientos, hechos de “utilización de la población como escudos humanos”, confinamientos, combates, emboscadas, bloqueos de vías, siembra de minas antipersonal, ataque a objetivos militares y daños a bienes civiles. El mayor responsable de estos hechos sería la guerrilla del ELN, específicamente en hechos relacionados con la confrontación militar contra la Fuerza Pública. La confrontación, según esta organización, ha “desencadenado una crisis humanitaria de enormes proporciones, una parálisis de la economía regional y una disminución de la gobernanza local”, además de la suspensión de clases en cerca de 80 instituciones educativas. Tal como han venido señalando distintas organizaciones sociales, la crisis del Catatumbo debe leerse no solo en clave de una “violencia política y social indiscriminada, sino (también) de una acción sistemática de violaciones a los derechos humanos”.

Proyecto contra la verdad inició su trámite

Con el argumento de que se pone en riesgo la seguridad nacional y su soberanía, un representante a la Cámara por el Centro Democrático radicó una iniciativa que busca evitar que la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas puedan acceder a información militar de carácter reservado. La iniciativa es de autoría del representante Óscar Pérez Pineda, y uno de los ponentes es el representante Álvaro Hernán Prada -hoy investigado por la presunta manipulación de testigos-. Al respecto padre Francisco de Roux, director de la Comisión de la Verdad, aseveró: “encontramos que este acto viola los derechos de las víctimas a la verdad y el derecho de la sociedad en general a la verdad y se opone a decisiones tomadas por la Corte Constitucional y establecidas en el decreto 577 que crea la Comisión y nos da las facultades constitucionales que nos permite proteger la seguridad de la verdad, el derecho de la dignidad de las víctimas y de los ciudadanos”.

"Proceso de paz con el ELN pasa su peor crisis": Pablo Beltrán

El presidente Iván Duque en conversación con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, reiteró su voluntad de diálogo con la guerrilla del ELN, pero “sólo si cumplen las dos condiciones iniciales: la liberación de todos los secuestrados y el fin de todas las actividades violentas”. Dos meses después de su llegada a la Casa de Nariño, el proceso de paz no avanza, pero tampoco termina. Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, espera en La Habana el reinicio de la mesa de conversaciones. En medio de advertencias de Duque para que se cumplan unas condiciones mínimas para volver a conversar, el ELN dice estar abierto a tratar cualquier tema, pero en la mesa. Advierte de un plan del gobierno para intensificar hasta noviembre los ataques contra el grupo y debilitar su posición negociadora. “Hemos dicho que cualquier ajuste que quiera proponer el gobierno o sus delegados, lo coloque en la mesa. No hemos dicho que hay inamovibles […] si el gobierno considera que debe haber cese al fuego’ estamos de acuerdo, pero  tiene que ser bilateral”, afirmó Beltrán.

La JEP da ultimátum a Fiscalía y Gobierno para dar información sobre bienes de FARC

A través del Auto 005 de 2018, la Sección de No Reconocimiento de Responsabilidad de JEP dio un plazo de tres días para que, a través de sus jefas jurídicas, el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Fiscalía entregue la relación y clasificación de los bienes y activos de las Farc. La medida cobijaría los bienes que se encuentren en extinción de dominio, que tengan o no medidas cautelares, así como aquellos que fueron entregados por desmovilizados ante la justicia ordinaria o en Justicia y Paz. Estas propiedades estarían destinadas a la reparación de las víctimas. En el documento, emitido por el alto tribunal el pasado 18 de octubre, se advierte a los destinatarios del Auto “que deberán prestar en forma eficaz e inmediata la colaboración solicitada por esta sección so pena de quedar sometidos a las sanciones por desacato”. No obstante, la semana pasada se conoció que la Fiscalía se había negado a entregar información detallada sobre este tema.

Archila quiere estabilizar su poder en la implementación

La semana pasada se dio a conocer un borrador de la política que el Alto Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, está planteando para que el gobierno aterrice el Acuerdo Final. El documento propone superar algunos de los problemas que ha planteado la implementación, rebarajando el poder y centralizando las funciones más trascendentales en la Alta Consejería. Si esa visión llegara a primar, Archila tendría mucho más protagonismo del que tiene hoy. Algunas de las principales líneas de su propuesta son tener más entidades a su sombra (como la ART, la ADR y la ANT), estar a la cabeza de la gestión y ejecución de los recursos provenientes de la cooperación internacional y, tomar la dirección de la política de seguridad de los excombatientes, que manejaba la Consejería de Seguridad. La apuesta por la estabilización del Gobierno Duque indica que, en un contexto de violencia donde el estado todavía es débil, la prioridad debe ser un conjunto de medidas que buscan restaurar la seguridad y sentar las bases para la reconstrucción económica y social.

El Clan del Golfo después de la muerte de ‘Mordisco’

José Abel Bustamante Duarte, más conocido como alias ‘Mordisco’, cabecilla del Clan del Golfo, fue asesinado el 17 de octubre en un operativo realizado por la fuerza pública. Este Grupo Armado Organizado es quizás el más grande y poderoso de Colombia en la actualidad, pues controla el 45% de la exportación de droga hacia el resto del mundo, decenas de minas de oro ilegal a lo largo de todo el país y las extorsiones en zonas urbanas. Después del asesinato de alias ‘Mordisco’ y de otros cabecillas del Clan del Golfo, como alias ‘Inglaterra’ y alias ‘Gavilán’, este Grupo Armado parece no desintegrarse. Con más de 4000 hombres a su mando y operación en casi 260 municipios del país, el poderío de alias ‘Otoniel’ y las AGC no es pequeño. En este sentido, es probable que una parte del Clan del Golfo sí quiera retirarse, dado el caso en que continúe la Ley de Sometimiento a la Justicia. Sin embargo, ante la expansión territorial y de control máximo respecto al narcotráfico, hay otra parte de la organización que no querrá retirarse.

Desde Anorí: un mensaje de reconciliación para el mundo

La reconciliación no es fácil y no es una tarea de un solo día. Sin embargo, en la localidad de Anorí, en el nordeste antioqueño, 140 víctimas del conflicto y 30 excombatientes de Farc y de las desmovilizadas AUC, participaron de “Encontrémonos por la Reconciliación”, evento organizado por el Consejo Departamental de Reincorporación de Antioquia, en el que se envió un mensaje de reconciliación al país. Fue un acto emotivo para el que las víctimas se prepararon durante tres meses con acompañamiento del equipo psicosocial de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia en el manejo del duelo y la regulación emocional. Primero se dio un momento privado y luego un acto público donde exguerrilleros y exparamilitares miraron a las víctimas a los ojos. Al final del encuentro, el alcalde de Anorí, los representantes de las víctimas, del Gobierno y de organismos internacionales, firmaron el Libro por la Reconciliación Territorial y la proclama con los compromisos a favor de la paz en este municipio.

Proyecto de ley busca transformar radicalmente la ley de Restitución de Tierras

El pasado jueves 18 de octubre Dejusticia intervino ante la Comisión Primera del Senado para llamar la atención sobre algunos puntos que considera problemáticos del Proyecto de Ley 131 de 2018 que busca reformar la ley de Restitución de Tierras, una propuesta de la senadora Cabal, del Centro Democrático. En el proyecto de ley hay una radical transformación y desnaturalización de la Restitución de Tierras, que es el mecanismo de reparación a víctimas del conflicto armado creado por la Ley 1448 de 2011, concebido en el marco de la justicia transicional. La modificación que se discute plantea serios límites a la materialización de los derechos de las víctimas, tanto dentro del proceso de reclamación, como en los aspectos sustanciales que se resuelven dentro de los fallos de restitución de tierras. Dichos límites surgen porque las modificaciones propuestas, en algunos casos, desatienden estándares aceptados en materia de restitución, y en otros, desconocen las barreras de acceso a la justicia que enfrenta la población víctima, y que fueron aminoradas a través del diseño institucional que se encuentra en vigencia.

¿Reducir el ejército en el posconflicto? elementos clave para el análisis

Sorprendió a algunos que el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, confirmara ante el Congreso que las Fuerzas Militares cuentan con casi 40 mil soldados menos que hace cinco años, en efecto, la disminución del pie de fuerza comenzó en 2014. Uno de los lugares más comunes al hablar sobre construcción de paz es pensar el fin de los conflictos armados como una oportunidad para redirigir los recursos de la guerra. Pero, cabe aclarar que, aunque los indicadores anteriores de violencia no miden el efecto directo de reducir la tropa, sí revelan las malas consecuencias de una reforma inadecuada sobre la seguridad ¿Es mejor entonces no reducir las Fuerzas Militares? El punto que de veras interesa no es meramente el tamaño de las FFMM: el punto es que la reforma militar no puede ser automática ni ciega frente al contexto, ni se reduce a cambiar el número de soldados. En vez de sólo modificar el pie de fuerza, en uno y otro sentido, hay que entender que el papel de los soldados simplemente no puede ser el mismo en un contexto de conflicto que en uno de posconflicto.