Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a la implementación del Acuerdo de Paz; el informe trimestral del representante de la Misión de la ONU en Colombia; los primeros resultados de la Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA); la resurrección de la aspersión con glifosato en la Corte Constitucional; entre otros. otros.

Lea y descargue Gaceta de Paz 17-23 de Julio 2019

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El Banco Europeo de Inversiones llega a Colombia y apoyará la paz[1]

“El Banco Europeo de Inversiones (BEI) elige a Bogotá como sede de su representación regional como una muestra de confianza en el país y en toda la región. Con esta nueva representación queremos reforzar nuestra actividad en América Latina, identificando proyectos de inversión que permitan promover un crecimiento económico sostenible en la región”, dijo Arnd Beck, jefe de la Oficina para América Latina de esta entidad, que tiene un foco especial en proyectos para conservar el medio ambiente y, en Colombia, para apoyar el posconflicto.

Esta noticia la traen el presidente del BEI, Werner Hoyer, y la vicepresidenta, Emma Navarro, que visitan el país desde este lunes 22 julio. En los días que estarán en el territorio nacional, se reunirán con el Presidente, el Ministro de Hacienda y el Consejero para la Estabilización y Consolidación, entre otros funcionarios que tienen injerencia en la política económica y de paz. Así, firmarán el acuerdo para que Bogotá acoja la sede regional del BEI en América Latina.

“El Acuerdo de Paz ha permitido salvar miles de vidas”: Carlos Ruiz Massieu

Una semana después de que el Consejo de Seguridad de la ONU visitará el país, el representante de la Misión de la ONU en Colombia, presentó el informe trimestral del organismo con sus recomendaciones para el gobierno. Una de las principales: la urgencia de desmantelar las estructuras criminales que están atentando contra la construcción de paz.

El informe hace un análisis para cada uno de los puntos neurálgicos del Acuerdo y resalta en gran medida los avances que el gobierno y la exguerrilla han tenido, sobre todo, en materia de reincorporación de los excombatientes. Destaca el informe, que 10.708, de los 13.068 exmiembros de las FARC, confirmaron que se encuentran comprometidos con la paz. [2]

“El Acuerdo de Paz ha permitido salvar miles de vidas y ha generado oportunidades para que las víctimas y sus familias obtengan reparación y justicia, así como para el desarrollo económico de vastas zonas del país que han sido devastadas por la guerra durante decenios. […] el apoyo firme y unánime del Consejo ha sido fundamental para estos logros […]”, expresó Ruiz Massieu durante su intervención.[3]

Cuatro de cada 10 colombianos sufrieron violencia siendo menores[4]

El 41,4 % (40,8 % en mujeres y 42,1 % en hombres) de los colombianos menores de 18 años han padecido algún tipo de violencia física, sexual o psicológica, según reveló la primera encuesta oficial de prevalencia (EVCNNA), realizada por el Ministerio de Salud, con el apoyo de USAID, Together for Girls, la OIM y el CDC.

Los resultados arrojaron que el 26,5 % de las mujeres entre 18 y 24 años reportaron haber padecido algún tipo de violencia física cuando eran menores de edad, y en el mismo sentido, el 37,5 % de los hombres. De igual forma, el 21,2 % de las mujeres y el 9,5 % de los hombres entre los 18 y 24 años señalaron haber sufrido violencia psicológica por parte de padres, cuidadores o parientes adultos.

En ese sentido, también se evidenció que el 15,3 por ciento de las mujeres y el 7,8 por ciento de los hombres dijeron haber sido víctimas de algún tipo de violencia sexual antes de los 18 años. De acuerdo con los resultados, existe la necesidad de desarrollar con urgencia políticas intersectoriales para reducir estas cifras.

El glifosato toma vuelo[5]

A pesar de los choques que ha tenido el Gobierno de Iván Duque con la justicia por el proceso de paz, esta semana consiguió voltear a la Corte Constitucional para recuperar una herramienta tan poderosa como criticada: las fumigaciones aéreas con glifosato. En una sentencia de 2017, la corte había impuesto seis condiciones para reanudar la erradicación aérea. La más controvertida exigía estudios científicos concluyentes sobre la ausencia absoluta de daño. Esa talanquera desapareció el jueves con el nuevo pronunciamiento de la Corte.

El Ejecutivo activó su estrategia a comienzos de año al pedir la convocatoria a una audiencia pública para escuchar argumentos a favor y en contra del glifosato. Y el resultado concreto salió esta semana. El pleno de ocho magistrados interpretó el fallo de 2017, lo que en el fondo terminó por darle carta blanca al Gobierno para fumigar. Los magistrados ni siquiera le exigieron al Gobierno un corte de cuentas sobre los avances en los requisitos exigidos para levantar la prohibición. Simplemente reconocieron la imposibilidad de diseñar una política antinarcóticos de cero riesgos. Con esa premisa aclararon que la evidencia del daño es relativa, no absoluta.

Aguacate Hass en Caldono es el proyecto productivo con más excombatientes[6]

En el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Los Monos en Caldono (Cauca) se desarrolla el proyecto productivo colectivo con mayor número de excombatientes de las FARC vinculados. Se trata del proyecto productivo de aguacate Hass, cuyo valor de inversión asciende a los $2.344 millones ($1.920 millones aporta el gobierno nacional y $424 millones la comunidad internacional) y está conformado por 240 personas en proceso de reincorporación.

Actualmente, los excombatientes están sembrando 25 mil árboles en 70 hectáreas de tierra ubicadas en la vereda Valle Nuevo, del resguardo indígena Tumburao de Silvia (Cauca). Se conformó siete equipos integrados por mujeres y hombres en proceso de reincorporación, población indígena y, especialmente, 34 exintegrantes de las FARC y miembros de la comunidad que fueron certificados como operarios gracias a los Entornos de Formación Productiva que implementó la ARN.

El proyecto hace parte de un bio encadenamiento productivo, es decir, un sistema que permite aprovechar eficientemente los residuos de trucha, cerdos y ganado, para ser utilizado como abono orgánico en el cultivo de aguacate Hass.

Desmovilizada de FARC denunció que fue secuestrada y abusada[7]

Bajo protección de la Policía se encuentra una ex combatiente de las FARC, quien denunció haber sido torturada y abusada sexualmente por dos sujetos que la raptaron el pasado domingo 14 de julio en el casco urbano de Corinto, Cauca. El delicado caso trascendió cuando la mujer, por sus propios medios, se presentó en las instalaciones de la casa de justicia de este municipio para informar sobre lo sucedido.

 “Ella narró lo que sucedió porque logró ver hasta qué punto la condujeron y que luego fue interrogada violentamente por dos sujetos, quienes la señalaron como informante de la fuerza pública, durante esto, uno de ellos la accedió sexualmente en dos ocasiones, tras herirla con un bisturí”, explicaron por su parte policías de la Sijín que conocieron el caso.

La mujer, a pesar de las agresiones padecidas, huyó de la residencia a los cuatro días siguientes, aprovechando un descuido de los sujetos. Por el momento, la desmovilizada permanece en el hospital de este municipio y bajo protección de la Policía. Se espera que se dé un trasladado a otro centro asistencial como forma de sacarla de la zona y evitar más afectaciones a su integridad.

En Madrigal la paz territorial sigue frenada[8]

Como parte de lo definido en el Acuerdo de Paz, la Agencia Para la Renovación del Territorio (ART) hizo presencia en el corregimiento para impulsar los procesos participativos del PDET, con el objetivo de que la comunidad identificara sus necesidades y anhelos en materia de infraestructura y proyectos productivos para los próximos 10 años.

A partir de este proceso de participación en asambleas veredales y municipales, la ART definió un Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) en la región del Alto Patía y Norte del Cauca. Sin embargo, tras la socialización de finales del año pasado, la comunidad de Madrigal ni ha sabido más de la agencia ni comenzaron los proyectos.

Adolfo López, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento de Madrigal, confirma que la ART no volvió: “Nosotros llegamos hasta la [asamblea] regional, […] Pero, de un tiempo para acá, se quedó quieto. No sé qué pasó, no avanzó, nos quedamos en la propuesta”. El argumento de la entidad es que la demora está dada por la necesidad de estructurar los proyectos recogidos en el PATR y buscar la manera de financiarlos.

El mapa de una guerra que estalló en el Chocó[9]

En los últimos días, el sur del departamento del Chocó ha sido protagonista por causa de los combates que se presentan entre las estructuras armadas ilegales y acciones del Ejército Nacional en el territorio. La presencia de grupos armados ilegales ya hace parte del día a día del departamento, y aunque generaban múltiples afectaciones a la población, su poder territorial no generaba conflictos entre sí, ni con las Fuerzas Armadas.

Esta situación era producto de acuerdos que alcanzaron el ELN con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) desde el 2018; en ellos pactaban unos límites territoriales que en términos generales se venían respetando. Todo esto cambió con la irrupción del grupo postfarc del Frente 30 en el territorio.

Así, hay por lo menos dos elementos generales que explican la intensificación del conflicto. El primero sería la actividad de los grupos armados ilegales que hacen presencia en esta región y los enfrentamientos entre ellos, -caso del Litoral del San Juan enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de las FARC-EP-. Y el segundo, sería la aparición de la Fuerza Pública, la cual hoy hace presencia en zonas donde poca presión ejercía en meses anteriores.

‘La JEP es nuestra última esperanza’: víctima de la Comuna 13[10]

Las víctimas y los representantes de las organizaciones alegan que la ineficiencia en las labores de búsqueda por parte de la Fiscalía y Alcaldía ha generado un perjuicio en los familiares de los desaparecidos. Las distintas organizaciones que participaron de la audiencia de la JEP reclamaron ante la subsecretaria de derechos humanos de la Alcaldía de Medellín, distintos puntos que, según dicen, han estado reclamando por casi seis 6 años, y de los cuales no han tenido respuesta clara.

La magistratura de la JEP ordenó en un plazo de 10 días a la Fiscalía elaborar un informe con el dato exacto de las víctimas desaparecidas, los planes de extinción de dominio y los planes de búsqueda que se han elaborado. Igualmente, la JEP ordenó a la Gobernación de Antioquia que debe entregarse en 10 días un informe de fiscalización sobre los títulos mineros en la zona y en un plazo no mayor a 30 días, elaborar un proyecto de memoria en el territorio de las víctimas de la comuna 13.

“Estamos muy esperanzadas y confiamos profundamente en la JEP porque han sido muy duros para reclamar por el cuidado de las zonas de búsqueda […] Siempre hemos tenido miedo, pero lo hemos superado, porque estamos decididas por la búsqueda de nuestros seres amados”; aseveró Margarita Restrepo, una madre que busca a su hija desaparecida hace 17 años.

Fuentes:

Pacifista disponible en: https://pacifista.tv/

Semana disponible en: https://www.semana.com/

El Tiempo disponible en: https://www.eltiempo.com/

Verdad Abierta disponible en: https://verdadabierta.com/

El Colombiano disponible en: http://www.elcolombiano.com/

Fundación Paz y reconciliación disponible en: https://pares.com.co/

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com/noticias

Misión de Verificación de la ONU disponible en: https://colombia.unmissions.org/noticias

Agencia para la Normalización y la Reincorporación disponible en: http://www.reincorporacion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias