Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con el choque entre la Sala de Amnistía y la Unidad de Investigación y Acusaciones de la JEP; El primer encuentro de hombres violentados sexualmente en el conflicto armado; La petición que hacen las madres de Soacha ante las declaraciones de los militares sobre falsos positivos; entre otras.

Lea y descargue Gaceta de Paz 16 - 22 Octubre 2019

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Alias Sonia, solo un choque más entre la JEP y su Unidad de Acusaciones[1]

La Unidad de Investigación y Acusaciones (UIA), pidió a la Sala de Amnistía de la JEP que abra un incidente de incumplimiento para expulsar a Omaira Rojas, conocida como ‘Sonia’. “Esta determinación se adoptó tras las verificaciones realizadas por el Grupo de la Policía Judicial de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, en coordinación la Dijin, y luego del anuncio público de su intención de retomar las armas y alzarse en contra del régimen constitucional y legal vigente en agosto pasado”, según con la declaración del Director de la UIA, en referencia al video en el que Iván Márquez y su banda anunciaron su rearme.

Pedro Mahecha, magistrado de la Sala de Amnistía de la JEP, respondió con otro comunicado anunciando que no le abre ese incidente a Sonia, alegando que “el fiscal 03 de la UIA, que pidió la apertura del incidente, no pudo demostrar esos indicios, ya que el cotejo morfológico que aparece en su informe no determina plena identidad ni es concluyente respecto a que Sonia aparezca en el video de agosto pasado”.

Además, Sonia le dijo a Blu Radio que ella sigue comprometida con el proceso de paz, que está a la espera de ampliar su versión en el macrocaso de secuestro y que  estuvo reunida con otros mandos medios de las antiguas Farc, en la que pidieron avanzar en la implementación del Acuerdo.

Hombres violentados sexualmente en el conflicto armado hablan por primera vez[2]

Por amenazas y miedo a poner en tela de juicio su hombría, los hombres víctimas de este delito han callado durante años. Para romper el silencio, 30 de ellos se reunieron con la Fiscalía de la JEP para buscar verdad y justicia. En su memoria están hechos que sucedieron hace tres o treinta años y de los que apenas están siendo capaces de hablar. Eran treinta hombres, todos distintos: jóvenes, mayores, negros, indígenas, blancos, en condición de discapacidad, heterosexuales y homosexuales; que también iban desde distintos departamentos y regiones.

Este grupo, en el que pocos se conocían entre sí, viajó hasta Paipa (Boyacá) para reunirse con la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales y un equipo de atención emocional para hablar sobre un tema del que poco se sabe: la violencia sexual que los actores armados ejercieron contra otros hombres durante el conflicto armado interno. Es la primera vez que hombres víctimas de este delito se reúnen para contar sus historias.

Las Madres de Soacha muestran el tamaño del reto de la JEP ante las víctimas[3]

Las observaciones que presentaron las Madres de Soacha el jueves pasado a lo que han dicho los militares ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sobre “falsos positivos”, muestran que esa justicia probablemente se va a enfrentar a demandas de verdad muy difíciles de llenar, pero a unas de reparación que pueden ser más alcanzables. Ese capítulo del gobierno del expresidente Álvaro Uribe sumó, entre 2006 y 2009, 855 víctimas, según datos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), y se convirtió en uno de los fenómenos más dolorosos y visibles de décadas de conflicto.

Antes de la audiencia del jueves ante la Sala de Reconocimiento, las Madres lloraron juntas durante dos meses, en una nueva manera de compartir su dolor porque militares asesinaron a sus familiares y los hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate. Esta vez en un salón que la JEP les armó para que vieran los videos de las declaraciones de los militares.

Lo hicieron como antesala a sus observaciones sobre esas versiones ante los magistrados de la Sala de Reconocimiento, que dejaron tres grandes demandas, que muestran el tamaño de la esperanza que despertó la JEP y los retos que se enfrenta para hacerla realidad: pidieron más testimonios, no sólo de militares; exigieron que Uribe responda y que la JEP aclare quiénes dieron las órdenes; y, por último, pidieron que los militares las reparen más allá de contar la verdad.

JEP modifica las fechas de las declaraciones colectivas de las Farc[4]

La Sala de Reconocimiento de Verdad de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP modificó el calendario y los lugares para la ampliación de la versión colectiva entregada por los antiguos miembros de las FARC.

La Sala había fijado tres fechas para las ampliaciones de la versión colectiva, entre el 21 de octubre y el 5 de noviembre, en Icononzo, Tierra Grata y Pondores, pero debido a las dificultades logísticas para realizar estas jornadas, solicitaron la modificación de las fechas.

Las nuevas fechas y lugares son para bloque Magdalena Medio el 18 de noviembre; para el bloque Suroccidental el 21 de noviembre; el bloque Oriental será el 24 de octubre de 2019 y la diligencia el 25 de noviembre en ETCR Icononzo; el bloque Noroccidental realizará la diligencia el 29 de noviembre en ETCR Llanogrande, mientras que el Sur será el 4 de diciembre en el ETCR Pondores, donde también será la diligencia del bloque el 6 de diciembre.

Estas sesiones territoriales buscan, además de la ampliación de la versión voluntaria, "satisfacer las demandas de verdad efectuadas por las víctimas acreditadas en el Caso 01, recibir contribuciones a la verdad por parte de comparecientes que reportan investigaciones o condenas por delitos relacionados con retenciones ilegales de personas", explicó la JEP en un comunicado.

Gobierno pedirá a Farc entrega de bienes para reparar a las víctimas[5].

 El Gobierno elaboró un proyecto de decreto el cual advierte que “los exintegrantes de las Farc-EP que en su momento suscribieron el inventario de los bienes de que trata el Decreto Ley 903 de 2017 deberán garantizar la entrega material de cada bien incluido en éste y responderán por su cuidado e integridad hasta el momento en que se realice dicha entrega material". El Gobierno Nacional insistió que uno de los compromisos que tiene la extinta guerrilla de las Farc con el país, es reparar a las personas que se vieron afectadas por hechos violentos, que se registraron en por lo menos 170 municipios del territorio nacional.

Disminuyen los asesinatos de líderes sociales, pero se disparan otras violencias[6]

Al comparar el primer semestre de este año con el del anterior, hay un dato que revela un cambio en apariencia positivo, aunque el drama continúa: los asesinatos de líderes sociales mermaron, pues los violentos le quitaron la vida a 59 de ellos, frente a los 77 de ese periodo de 2018. Sin embargo, al ampliar el plano, la foto muestra un panorama alarmante, pues en total ocurrieron 591 de agresiones de todo tipo, cifra que es la más alta registrada en los primeros seis meses de los últimos diez años. Esa es una de las principales conclusiones del informe Defensores, ¿el juego final?, publicado este miércoles por la organización no gubernamental Somos Defensores.

En términos porcentuales, la investigación establece que los asesinatos decrecieron un 23 por ciento, pero que las agresiones aumentaron un 49 por ciento, al pasar de 397 en el primer semestre de 2018, a 591 en los seis primeros meses del año en curso. En cuanto a tipo de agresiones, se incrementaron las amenazas, los atentados y las detenciones arbitrarias; ocurrió la misma cantidad de casos de robo de información; y no se registraron judicializaciones arbitrarias ni desapariciones forzadas.

La Agencia para la Reincorporación fortalece convivencia con excombatientes, en 19 departamentos[7]

Hasta agosto de 2020, la ARN liderará la implementación del Modelo de Fortalecimiento Comunitario (MFC) en 30 municipios de 19 departamentos, con el fin de aportar a la estabilización y consolidación de la paz en los territorios en los que se desarrolla la reincorporación, mediante el apoyo a procesos comunitarios locales y la creación de espacios de diálogo entre excombatientes y miembros de las comunidades.

El Modelo de Fortalecimiento Comunitario de la ARN es una oportunidad para tejer lazos de confianza entre personas que pertenecieron a grupos armados ilegales y habitantes de las comunidades que los acogen; disminuir los niveles de estigmatización; fortalecer las capacidades comunitarias y reconstruir el tejido social en lugares en los que los excombatientes viven o desarrollan actividades productivas y comunidades que fueron afectadas por la violencia.

En estos territorios, el Modelo de Fortalecimiento Comunitario propicia espacios de encuentro y diálogo entre los habitantes de las comunidades; así como procesos de formación en temas de convivencia, reconciliación, cultura ciudadana, resolución de conflictos, democracia participativa, protección de la niñez y emprendimiento. Allí, los participantes también desarrollarán juntos una iniciativa comunitaria asociativa, formativa, productiva, cultural, artística, deportiva o de deliberación pública para el interés colectivo.

Consejero Archila destaca nivel de avance en obras PDET para el Sur de Córdoba[8]

El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, dijo al término de la reunión interinstitucional realizada en Montería que se evidencia un buen nivel en el avance de las iniciativas de gestión y proyectos que buscan transformar las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza en el sur de Córdoba. Archila se refirió específicamente al avance de los PDET, que hacen parte de los compromisos de implementación del Acuerdo Final, donde se priorizaron proyectos en vías terciarias, titulación de tierras, créditos, entre otros. "El gobierno del Presidente Duque da la cara y cumple. Se están moviendo los recursos del OCAD PAZ y las Obras por impuestos. El país debe apropiarse de los PDET y defenderlos como motor de la transformación en las zonas rurales", puntualizó. Emilio Archila, dijo además que las vías terciarias son fundamentales para promover la reactivación social, económica, productiva, ambiental e institucional en el país, especialmente en el sur de Córdoba, por lo que ofreció todo el apoyo del Gobierno Nacional para sacar adelante los proyectos y fortalecer la gestión de recursos.

Fuentes:

El País disponible en: https://www.elpais.com.co/

La Silla Vacía disponible en: https://lasillavacia.com/

RCN Radio disponible en: https://www.rcnradio.com/

Verdad Abierta disponible en: https://verdadabierta.com/

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com/noticias

Agencia para la Reincorporación y la Normalización disponible en: http://www.reincorporacion.gov.co/es

Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación disponible en:  http://portalparalapaz.gov.co/