Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con el atentado a la Escuela General Santander de la Policía en Bogotá por parte del ELN, y la consecuente ruptura de los diálogos con el Gobierno de Colombia; el balance del primer año de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); la puesta en marcha de la Alta Instancia de Género para atender las necesidades del posacuerdo; el fallo de restitución que protege los derechos territoriales del pueblo Ette Ennaka; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de paz 16-22 Enero 2019

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ELN admite responsabilidad del ataque y el Gobierno rompe la mesa de diálogos

En la mañana del 17 de enero se ejecutó un ataque con explosivos a la sede de la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional, que dejó 21 muertos y 68 heridos.[1] Todos los sectores políticos y sociales –tanto a nivel nacional como internacional– se unieron para rechazar el atentado, manifestación que se extendió a una marcha el domingo en la capital, donde se reivindicaron diferentes intereses desde la defensa de la paz hasta la mano dura contra el terrorismo.[2]

Tres días después del ataque el ELN reconoció su responsabilidad a través de un comunicado, en el que aseguró que su accionar es una respuesta en "legítima defensa" e insistió al Gobierno en el camino del diálogo.[3] No obstante, en respuesta al ataque el presidente de la República ordenó el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los diez miembros del ELN que integran la delegación de negociadores asentada en Cuba, rompiendo oficialmente la mesa de negociación y reabriendo la guerra frontal con esta guerrilla.[4]

Líderes sociales[5], comunidades étnicas[6], representantes de los mecanismos de justicia transicional[7], la Comisión de Paz del Congreso, entre otros, han pedido al Gobierno que reconsidere su postura frente al diálogo con el ELN e hicieron un llamado para blindar el Acuerdo de Paz con las FARC.[8]

Por otro lado, la discusión en torno al pedido de entrega de los líderes del ELN por parte del Gobierno de Colombia se salió del ámbito bilateral, involucrando a otros países y miembros de la comunidad internacional. Efectivamente, Noruega como país garante reclamó respeto a los Protocolos y la postura de Cuba que proscribe la entrega del equipo negociador, mientras que Chile, otro país garante del proceso de paz con el ELN, expresó su plena solidaridad con la petición de Duque.[9]

Un año de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

Hace un año se posesionaron los 38 magistrados de la JEP designados para desarrollar los postulados pactados en el Acuerdo Final: hacer justicia, reparar a las víctimas, buscar la verdad y evitar que se repitan los hechos de violencia que dejaron más de ocho millones de víctimas. Como una conmemoración a este hecho, y también como un ejercicio de transparencia, esta Jurisdicción realizó un balance del 2018 y de los retos que asumirá para este año.[10]

La presidenta, Patricia Linares, destacó el reconocimiento de 32.200 víctimas en los cinco grandes casos seleccionados y priorizados. También resaltó la participación de 105 víctimas en el marco de las 13 audiencias públicas y privadas convocadas por las salas, además de los 168 informes recibidos por parte de diferentes actores, incluyendo instituciones del Estado. [11]

El principal reto para este año, según la directora del ICTJ, es la visibilidad y legitimidad de la JEP ante el país. Para ello, es importante hacer claridad sobre su operación. Por ejemplo, explicar que no es cierto que la jurisdicción no sancione a los responsables de crímenes internacionales en el marco del conflicto armado, sino que otorga tratamientos penales especiales condicionados a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.[12]

Ya está en marcha la instancia de género[13]

El Gobierno Nacional instaló formalmente la Alta Instancia de Género, una herramienta que hará efectivos los derechos de las mujeres en la implementación del Acuerdo de Paz, particularmente en los territorios que han sido históricamente afectados por el conflicto armado en el país.

La instancia fue presentada en un acto encabezado por la vicepresidenta de la República y el Alto Consejero para el Posconflicto, quien ejercerá el cargo de presidente del organismo por decisión de Iván Duque. En ella participarán delegados de los ministerios del Interior, de Hacienda, de Agricultura y Desarrollo Rural; los delegados de los directores del Departamento Nacional de Planeación, del Departamento Administrativo de la Función Pública, de la Agencia de Renovación del Territorio y de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

Dentro de las obligaciones contempladas por la Alta Instancia de Género se encuentran: coordinar, armonizar, concertar, impulsar y hacer seguimiento a la implementación y transversalización del enfoque de género en la implementación del Acuerdo por parte de las entidades involucradas.

Una sentencia judicial, la nueva esperanza del pueblo Ette Ennaka[14]

Después de una lucha de 34 años, esta comunidad indígena logró un fallo de restitución a su favor que protege sus derechos territoriales. La juez que tomó la decisión advirtió que además del conflicto armado, la falta de diligencia del Estado exacerbó las condiciones de vulnerabilidad.

Ante la falta de diligencia, la togada compulsó copias para que Procuraduría General de la Nación “investigue de manera preferente a los funcionarios encargados en el extinto Incora, seguidamente Incoder y hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT)”, así como para que vigile el cumplimiento de las órdenes de las sentencias.

Se trata del duodécimo fallo de este tipo en el país y el décimo en aplicación al Decreto Ley 4633 de 2011, que protege a las comunidades indígenas víctima del conflicto armado. La decisión constituye una salvaguarda para el pueblo Ette Ennaka, cuya vulnerabilidad había sido advertida por la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004 y en los Informes de Riesgo de la Defensoría del Pueblo de 2003 y 2010.

Sin muchos votos partido FARC apuesta a las alianzas en 2019[15]

La FARC tendrá su primera ‘comisión electoral nacional’ para definir cuál será la estrategia para sus primeras elecciones regionales después de dejar las armas. A diferencia de las legislativas de 2018, en las que tenían diez curules aseguradas gracias al Acuerdo de paz, estas elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados tendrán que ganárselas a voto limpio. Estas serán el verdadero termómetro para medir qué tanto su pasado poder regional se traduce en votos.

En varias regiones el partido cree que lanzar candidatos es exponerlos a que los maten, como está pasando con los líderes sociales (mataron 164 el año pasado y van 8 en 2019) y con sus propios militantes (van más de 80 desde que firmaron el Acuerdo). El temor también tiene que ver con que en algunas regiones las disidencias no solo hacen que la gente crea que la FARC no ha dejado las armas, sino que los tienen amenazados si hacen trabajo político con sus bases.

Pero la decisión de aliarse con otros movimientos también tiene otras razones. Según la senadora Sandino, el partido está buscando “crear convergencias porque creemos que se están cerrando nuestras opciones de participación -la reforma política se aprobó con cambios y se hundieron las circunscripciones especiales-, […] y no tenemos los suficientes recursos para lanzar candidatos propios en cada región”. Así, la apuesta del naciente partido será unirse con otros partidos y movimientos, no necesariamente de la oposición, de acuerdo a las dinámicas políticas particulares de cada territorio.

Masacre de La Rochela: una generación después[16]

El 18 de enero de 1989 fueron asesinados 12 servidores judiciales por paramilitares en Santander y tres sobrevivieron; ellos junto con sus familias piden el reconocimiento debido por parte del Estado. “El camino para volver a confiar sería un reconocimiento a los seres queridos. Causa dolor y tristeza que el valor de una persona quede en el olvido, que mi padre sea tratado como un muerto más”, dice Alejandra Beltrán quien era una niña cuando la violencia le arrebató a su padre Pablo Beltrán Palomino —juez de instrucción criminal de San Gil— en el corregimiento de La Rochela.

El juez Beltrán iba con otros 14 compañeros camino a investigar la desaparición de 19 comerciantes en el Magdalena Medio en 1987. Fueron engañados y, 12 de ellos, asesinados. Y, a la fecha, la justicia no ha podido establecer quién ordenó el hecho que acabó con la vida de dos jueces, investigadores, secretarios y dos conductores. Esa deuda del Estado colombiano con sus servidores judiciales, incluidos tres sobrevivientes, pasa también por la falta de atención a sus familias.

Las cifras de la ONU lo demuestran: la violencia se desbordó en 2018[17]

2019 no será un año fácil para Colombia. Las necesidades humanitarias hoy, según la ONU, son mayores a las que tenía el país en enero del año pasado; los homicidios aumentaron, el conflicto se reactivó, la migración creció de forma acelerada, las disidencias de las FARC engrosaron sus filas y los diálogos de paz con el ELN llegaron a un abrupto fin.

El gobierno deberá esforzarse si no quiere que la violencia siga repuntando en las zonas de conflicto. Así lo recomienda la ONU en un informe reciente sobre las “necesidades humanas” en Colombia. El documento comienza con una cifra general: en este momento, 7 millones de personas necesitan asistencia por diferentes consecuencias del conflicto armado.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) documentó, mes a mes, las dinámicas del conflicto en los 32 departamentos. El Acuerdo de Paz con las FARC representó “un alivio humanitario en muchas regiones golpeadas por el conflicto”, pero, en el transcurso de 2018, no se vieron estrategias para atender a las 5.1 millones de personas afectadas por la guerra, afirma el documento.

¿Quién está matando a los líderes sociales en la Sierra Nevada?[18]

Aunque el pacto de paz con los paramilitares se dio después de 2006, los residuos de quienes reciclaron esa guerra siguen cobrando la vida de líderes, defensores del territorio y el medioambiente. La reciente ola de violencia se dio en el arranque de este 2019: Maritza Quiroz, lideresa y reclamante de tierras, fue asesinada en zona rural de Santa Marta el pasado 5 de enero, misma suerte que corrió Wilton Orrego, contratista de Parques Nacionales Naturales, muerto a tiros el 14 del mismo mes en el corregimiento Guachaca.

El riesgo estaba diagnosticado desde hace un año. En una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, emitida en mayo de 2018, se llamó la atención frente a los riesgos que viven los reclamantes de tierra, líderes sociales y funcionarios de entidades estatales en la Sierra Nevada de Santa Marta. “En ese lugar ejerce un férreo control el grupo paramilitar denominado los Pachencas. Dicho actor armado surgió en 2007, un año después de la desmovilización del frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia”, recalca el informe.