Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con el balance de la implementación del Acuerdo a dos años de su firma; los primeros 100 días del Gobierno Duque; el plan de acción del Gobierno para protección de líderes sociales; y la aprobación de una ley que permitiría la negociación con el ELN; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de paz 14-20 Noviembre 2018

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Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con el balance de la implementación del Acuerdo a dos años de su firma; los primeros 100 días del Gobierno Duque; el plan de acción del Gobierno para protección de líderes sociales; y la aprobación de una ley que permitiría la negociación con el ELN; entre otros.

Balance de la implementación del Acuerdo a dos años de su firma

En el segundo Seminario Internacional de Evaluación de la Implementación del Acuerdo de Paz, el Sistema Univeritario Estatal (SUE) reconoce lo avanzado en temas como “dejación de armas, transformación de las FARC en partido político con representación en el Congreso; desminado; instalación y puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición; y legislación y normatividad para atender lo acordado”. Además, reconoce que son varios los esfuerzos de gobiernos departamentales que avanzan hacia la implementación en sus territorios, pero a su vez resaltan que en algunas de las zonas más afectadas por el conflicto hay un “débil compromiso” con la paz. En cuanto a los rezagos con la implementación del Acuerdo, el SUE afirmó que los puntos que presentan mayor retraso son aquellos referentes a la “reforma rural integral, la reforma política, circunscripciones especiales de paz, sustitución de cultivos de uso ilícito, aplicación de enfoques territoriales, de género y étnico, y reincorporación de los excombatientes”.[1] El Consejero Presidencial para el Posconflicto, José Emilio Archila, develó la cifra de $150 billones para cumplir con todos los puntos consignados en el Acuerdo Final durante los próximos 10 años y reafirmó que tiene “fe en que lo vamos a lograr. Además, tengo el apoyo del presidente Duque que tiene la convicción de que vamos a lograr la reincorporación de quienes se han mantenido firmes al proceso y una especial preocupación por iniciar el proceso de acortar las brechas por las zonas más afectadas por la violencia”.[2]

Los primeros 100 días del Gobierno Duque: Conflicto, Acuerdo de Paz y política de drogas.

En su balance de los tres primeros meses de la administración de Iván Duque, la Fundación Ideas para la Paz destaca la suspensión del proceso de diálogo con el ELN bajo la exigencia de acabar con las acciones armadas y el secuestro; el polémico Decreto para el decomiso de sustancias psicoactivas; la mayor ofensiva contra las facciones disidentes; una agenda legislativa dirigida a eliminar la conexidad de narcotráfico y el secuestro con el delito político; y la creación de una sala especial para juzgar a la Fuerza Pública. Dentro de los resultados que causan preocupación se destacan el incremento del número de víctimas de desplazamiento y confinamiento (un alza del 21% con respecto al periodo de agosto a octubre de 2017) y el aumento en el número de agresiones y homicidios de líderes sociales (del 357% y 143%, respectivamente). Además, hay incrementos notables de homicidios en zonas de disputa, como lo son los departamentos de Putumayo y Arauca, y regiones como el Bajo Cauca, el Norte de Antioquia y el sur del Chocó e incrementos en muertes violentas en Cauca y Nariño. En los primeros 3 meses de gobierno los eventos de protesta social también tuvieron un alza del 59%.[3] Frente al Acuerdo de Paz, la lógica de Duque ha sido tenderles la mano a las bases guerrilleras, pero apretar a los de arriba; apostar a la estabilización y la reinserción de los excombatientes, y endurecer el manejo de los reincidentes. Eso no cambia el corazón del Acuerdo, pero el fin del conflicto ya no es el derrotero para transformar la política y el campo colombiano, como estaba en el Acuerdo.[4]

Extradición de Santrich significaría el fracaso de la paz: Iván Márquez, el Paisa y Romaña[5]

Una carta firmada por al menos nueve de los más importantes mandos medios de las desmovilizadas FARC expone las razones por las cuales ha crecido la desconfianza en el Estado y se declaran a la espera de que se resuelva la situación jurídica de Jesús Santrich. Márquez y los excomandantes guerrilleros, de los cuales se desconoce su paradero porque decidieron mantenerse alejados por lo que ellos denominan inseguridad jurídica y miedo a ser asesinados, critican la modificación del Acuerdo de Paz declamando que “lo que hoy llaman acuerdo de paz no es el convenido por las partes en La Habana” y reiterando que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “no fue acordada solamente para la guerrilla, sino para todos los actores del conflicto”, incluso para terceros y autores intelectuales. También advierten que la modificación planteada a la JEP para crear una sala especial para los uniformados servirá para entregárselos a la Corte Penal Internacional, y agregan al respecto: “Es obvio que esto es una jugarreta de los políticos para aplazar el nacimiento de la verdad en torno a lo acaecido en el conflicto y de sus verdaderos responsables”. Finalmente, los excomandantes puntualizan que la captura de Santrich sembró desconfianza con el Estado y recuerdan el asesinato de los más destacados guerrilleros que firmaron acuerdos de paz en Colombia.

Se abre el Caso 005 de la JEP sobre violaciones de los DDHH en el norte del Cauca[6]

En este caso, la JEP, a través de la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad, se enfocará en los hechos victimizantes cometidos entre 1993 y 2016 en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono. La sala priorizó al Cauca al considerar que su caso es representativo, “ya que en él han confluido todos los actores armados [..] que afectaron a grupos sociales, especialmente vulnerables”. Según explicó en su auto, esos municipios del departamento fueron el centro de las acciones delictivas del Bloque Occidental o Bloque Alfonso Cano de las FARC, y además se replegaron numerosos frentes que buscaban aprovechar sus características geoestratégicas para ocultarse de la fuerza pública. La población civil quedó en medio del fuego cruzado de estas acciones, y sufrió el desplazamiento forzado, secuestros, tortura, violencia sexual, muertes producto del conflicto armado, confinamiento, siembra de minas antipersonal, reclutamiento forzado, entre otras.

Gobierno pone en marcha plan de acción para protección de líderes sociales

El 19 de noviembre, el presidente Duque firmó el decreto que implementa el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección (PAO), la estrategia que buscará evitar crímenes en contra de líderes y defensores de derechos humanos en el país.[7] Este documento contempla la articulación institucional, la actuación estratégica en el territorio y una estrategia de comunicación y capacitación para la prevención[8] y surge ante el aumento de crímenes contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y demás personas que a partir de su rol representa liderazgo en su comunidad. El Observatorio de Violencia Política ha hecho seguimiento sistemático a las acciones violentas y advierte que, entre noviembre de 2016 y octubre de 2018, se han presentado 533 casos de agresiones, la mayoría de las cuales ocurrieron en Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Nariño. Se afirma que la violencia contra líderes es sistemática frente a los perfiles de las víctimas (la mayoría pertenecían a organizaciones de víctimas o de restitución de tierras; JAC y organizaciones que representan derechos colectivos y étnicos; y movimientos que se han opuesto y denunciado acciones de corrupción, minería y otras economías ilegales). Sin embargo, la complejidad de este fenómeno radica en la dificultad para encontrar un patrón en los victimarios, pues la violencia letal es ejercida según las dinámicas de seguridad de cada territorio.[9]

Tensiones en el Catatumbo tras ingreso de la Fuerza de Despliegue Rápido[10]

Las operaciones militares, reforzadas con por lo menos 5 mil efectivos, y los combates entre la guerrilla del ELN y el grupo armado ilegal EPL, han generado una situación crítica para las comunidades, quienes en octubre lanzaron una alerta sobre la crisis humanitaria que padecen debido a la existencia de distintos grupos armados, economías criminales y una profunda debilidad institucional. Según el Presidente Duque, el objetivo de esa unidad militar es ponerle fin al flagelo de la violencia que agobia a los catatumberos, “y no se vuelvan a sentir los violentos con el derecho de intimidar a los ciudadanos”. De acuerdo con el comandante general de las Fuerzas Militares, General Alberto Mejía, esta zona fronteriza con Venezuela es considerada como crítica, pero aseguró que las condiciones de seguridad van a mejorar ostensiblemente con “más helicópteros, más aviones, más plataformas, más inteligencia y más capacidades militares”. Sin embargo, las organizaciones sociales de la región reiteran que “la militarización no es la única salida que el Estado debe presentar a la comunidad del Catatumbo. Lo que siempre hemos exigido es que el Estado resuelva los problemas estructurales, de fondo, que tenemos, lo cual podría dar salida al conflicto”.

Se aprueba ley que permitiría una negociación con el ELN

El gran triunfo de quienes se oponían al texto original de la ley de orden público, que presentó el Gobierno, es la eliminación de las precondiciones para un diálogo con grupos al margen de la ley. “La buena noticia es que tenemos prórroga de la ley de orden público, que es la que permite conducir un proceso de negociación con el ELN. Eso nos alegra a todos los que queremos un fin integral del conflicto armado”, fueron las palabras de la representante por la Alianza Verde, Juanita Goebertus. El balance agridulce es la aprobación de puntos como las zonas de intervención estratégica y un fondo transformado en una subcuenta para financiar esas zonas, los cuales compiten con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) descritos en el Acuerdo Final. El temor de varios parlamentarios es que la primera intervención que llegará a estas zonas será la militar. Según ellos, el Estado ha demostrado que, por más promesas de mediación social en esos territorios, cuando se presenta el Ejército a imponer el orden público no llegan – o llegan tarde – los programas para las comunidades afectadas.[11] Además, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos reiteró que el Gobierno mantiene la condición de que el ELN abandone las acciones criminales como precondición para reanudar las negociaciones de paz[12] y solicitó a las autoridades cubanas hacer efectiva la circular roja de Interpol contra Nicolás Rodriguez Bautista, alias “Gabino”, jefe máximo de la guerrilla.[13]

“No aguantamos más”: el grito de la minga indígena de Chocó[14]

“Hay reclutamiento de menores, violación de mujeres por armados e irrespetos a la comunidad. Los grupos armados llegan al territorio como si les perteneciera", declama una líder indígena. Unas 400 personas indígenas del Chocó viajaron a Bogotá porque hoy viven en medio de una guerra por el control del tráfico de armas, cocaína y personas, de la minería ilegal y la explotación de maderas finas.  El control de las armas en su región no lo ejerce el Estado sino las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN. Para entender un poco su desesperación, basta con ver los datos de la ONIC que dicen que, de los 102 pueblos indígenas existentes en Colombia, 62 están en peligro de extinción física y entre ellos se encuentran los Embera, Zenú y Wounaan de Riosucio y Carmen del Darién, en el Chocó.

Fuentes

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com/noticias

Verdad Abierta disponible en: https://verdadabierta.com/

El Tiempo disponible en: https://www.eltiempo.com/

Fundación Paz y Reconciliación disponible en: https://pares.com.co/

Pacifista disponible en: https://pacifista.tv/

La Silla Vacía disponible en: https://lasillavacia.com/

Fundación Ideas para la Paz disponible en: http://www.ideaspaz.org/publications