Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con el trabajo sin precedentes que está haciendo la Comisión de la Verdad con los exiliados; el impulso que le dio la Corte Constitucional a la JEP; el informe de la ACNUDH que instó al gobierno a implementar el Acuerdo de Paz; los retos de la reincorporación que resonaron desde Tierra Grata con la visita de Iván Duque; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de paz 13-19 Marzo 2019

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La Comisión de la Verdad y los exiliados: un mandato sin precedentes[1]

Cerca de 500.000 colombianos y colombianas viven fuera de las fronteras del país, como consecuencia de la guerra. La mayoría de ellos aún no han podido hablar de lo que les sucedió. El conflicto armado en Colombia produjo un exilio que destaca por su extensión en el tiempo y porque asumió la forma de diáspora, en tanto dispersó colombianos alrededor del mundo.

En este panorama, la Comisión de la Verdad, creada por el Acuerdo de Paz de La Habana, durante los próximos tres años intentará construir un narración amplia y compleja que incluya el desplazamiento transfronterizo dentro de ella. Un mandato sin precedentes en otras comisiones.

En Barcelona, el pasado 28 de febrero, se dio inicio al trabajo de este organismo extrajudicial que debe conocer y abordar qué, a quiénes, cómo y por qué pasó lo que pasó en el conflicto armado. Este proceso acompañará el camino de recuperación de los testimonios del exilio, un tema invisibilizado y desconocido por décadas en el país, y contarán con el apoyo de diferentes organizaciones internacionales y movimientos de víctimas.

El espaldarazo de la Corte Constitucional a las JEP

La Corte Constitucional se pronunció sobre la Ley de Procedimiento que le da vida a la JEP, que había sido demandada por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y DeJusticia, porque atentaba contra la autonomía de la justicia y el derecho de las víctimas a conocer la verdad. La Corte decidió cambiar algunas normas que los congresistas estipularon en el reglamento de la JEP.[2]

La Corte Constitucional reiteró que la JEP tiene plena competencia para investigar y sancionar los crímenes cometidos por policías y militares. Además, cerró la discusión sobre el trámite de extradición de excombatientes, pues aclaró que la JEP sí tiene la facultad de practicar pruebas para definir si el excombatiente está cubierto con la garantía de no extradición. Asimismo, reafirmó que la decisión final de extraditar a excombatientes debe tener en cuenta los derechos de las víctimas y la sostenibilidad del proceso de paz.[3]

ACNUDH insta cumplimiento del Acuerdo de Paz para proteger los derechos humanos

La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), presentó su informe sobre la situación del país entre enero y diciembre de 2018. Este documento es el diagnóstico que elabora el organismo como resultado del trabajo de las 1338 misiones que tiene en Colombia.[4]

El informe indica que Colombia se encuentra en sus primeros pasos en la implementación de un acuerdo que busca la paz estable y duradera; si bien se registran avances en materias de inclusión social, participación política y equidad de género, hay cifras que aún preocupan en relación con el asesinato de líderes sociales y la inseguridad en los municipios más afectados por la violencia. Las cifras del informe revelan realidades aún escabrosas que ponen de presente unos grandes retos para el gobierno de turno.[5]

En este sentido, esa agencia le recordó al presidente Iván Duque y a su gabinete que “el Gobierno elegido para el período 2018-2022 tendrá la responsabilidad histórica de continuar con la implementación del Acuerdo y de avanzar en la construcción de un país en paz y equitativo, donde toda la población tenga garantizado el pleno acceso a los derechos humanos”.[6]

Los retos de la reincorporación y la visita de Duque al ETCR de Tierra Grata

Dos años después de la firma de la paz, la reincorporación a la vida civil de la exguerrilla podría resumirse en tres parámetros. El bueno, 13.193 personas entregaron las armas. El malo, que nadie sabe qué hacen ni dónde están 1.200 de ellas. Y lo feo, que 92 han muerto asesinadas. El panorama de la reincorporación muestra avances importantes, pero un número mayor de improvisaciones rodea el tema.

Por segunda vez, desde su ascenso a la Casa de Nariño, Iván Duque se reunió con los excombatientes, en este caso en Tierra Grata, al norte del Cesar. El presidente llegó para apagar el fuego que encendió al objetar la ley estatutaria de la JEP. Parado frente a 160 excombatientes, el jefe de Estado les aseguró “que las seis objeciones no generan inseguridad”.[7]

Tierra Grata no tiene rentas ilegales a su alrededor (ni cultivos de uso ilícito o minería) y además es el ETCR más cerca de una capital (a una hora larga de Valledupar). En medio de sus necesidades e incertidumbres frente a la implementación de lo acordado, es una comunidad organizada. Y lo es, básicamente, porque ha podido mantener en varios aspectos el espíritu de lo colectivo que determinaba todo en las FARC.[8]

Las víctimas, la cenicienta del Plan Nacional de Desarrollo[9]

A finales del año pasado, en el foro ‘Los derechos de las víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo’ (PND) se discutió con las víctimas, el Gobierno, la sociedad civil, la academia y la comunidad internacional sobre los aspectos clave del PND para atender y reparar a las víctimas del conflicto. De este y otros espacios que la Unidad de Víctimas desarrolló con las comunidades y las Mesas de Víctimas surgió un documento presentado a Planeación con propuestas y consideraciones.

Sin embargo, según las organizaciones de víctimas, el Plan que finalmente llegó al Congreso tiene poco de ese documento. Como dice el coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra: “Con mucha ilusión participamos en la construcción de un documento, nos crearon grandes expectativas y ahora nos sentimos como la cenicienta del paseo porque casi nada de lo que propusimos se tuvo en cuenta”.

Para la representante a la Cámara Juanita Goebertus hay tres elementos que ponen en entredicho el compromiso del Gobierno con las víctimas: los recursos de la paz no son adicionales como exige la Constitución; las metas de atención y reparación a las víctimas disminuyeron con respecto al cuatrienio pasado; y, la restitución de tierras tampoco aumentó sus metas.

El doble rasero para la violencia sexual en el marco del conflicto armado[10]

El cuerpo de las mujeres es un botín de guerra en los conflictos armados. En su afán de conquistar territorios, someter a las comunidades, ejercer presión sobre las poblaciones, atacar a sus adversarios y satisfacer sus deseos, incluso con mujeres de sus propias tropas, tanto guerrilleros como paramilitares y agentes del Estado recurrieron a la violencia sexual.

El tema ha cobrado relevancia por cuenta del presidente de la República, quien anunció que presentaría ante el Congreso una reforma constitucional al Acto Legislativo 01 de 2017, respaldando la postura del Centro Democrático, en el cual propondría que los delitos de violencia sexual a menores de edad sean juzgados por la justicia ordinaria.

La idea es que los exjefes de la antigua guerrilla de las FARC paguen por esos crímenes por fuera del sistema de justicia transicional, donde se someterían a penas superiores a los 30 años, sin ninguna clase de beneficios. La medida propuesta es asimétrica si se compara con los beneficios contenidos en la Ley 975 de 2005, conocida como de Justicia y Paz, y que recibieron excomandantes, mandos medios e integrantes rasos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes pagaron por los mismos delitos ocho años de cárcel, como fue convenido bajo la presidencia de Uribe Vélez.

Esta minga no es como las otras

La comisión política de la Minga Social, encabezada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), desde hace una semana tiene paralizada la vía Panamericana que une al centro y sur del país con al menos 20 mil personas.

La Minga es la unidad indígena social y popular, y así es como se ha denominado la movilización social en el Cauca: Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz. Esta protesta social exige el cumplimiento de mil acuerdos incumplidos, no solamente en este gobierno, para que por fin garantice la convivencia, el desarrollo y la profundización de la democracia mediante el cumplimiento de lo establecido en los acuerdos de paz. [11]

Esta Minga no deja de insistir y exigir que vaya Duque, porque dicen que los ministros y viceministros los engañaron en las negociaciones del Plan Nacional de Desarrollo. Además, hay al menos tres particularidades que hacen esta Minga más parecida a la que enfrentó Álvaro Uribe: a Duque lo recibió una minga a la cual se han unido más organizaciones; hay más riesgo de un polvorín con grupos armados; y, los que negocian son opuestos políticos.[12]

Los dos enemigos públicos que según Colombia se esconden en Venezuela[13]

En medio de las crecientes tensiones con el régimen de Nicolás Maduro, el gobierno colombiano realizó una grave acusación sobre la complicidad de las autoridades venezolanas con los grupos delincuenciales.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, aseguraron que el régimen de Maduro permite la presencia en su territorio de 'Gentil Duarte', máxima cabeza de los grupos de ex FARC que le 'hicieron conejo' a la paz.

Asimismo, Colombia ha denunciado públicamente que en Venezuela, en el Estado Apure, se mueve sin mayores problemas 'Pablito', el jefe del llamado frente de guerra Nororiental del ELN y responsable de los atentados en Arauca y del que dejó 22 cadetes de la Policía asesinados con carro bomba en Bogotá en enero pasado.

‘El Paisa’ no rindió su versión voluntaria ante la JEP[14]

Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, conocido como ‘El Paisa’, una vez más, les incumplió a los magistrados de la JEP. El antiguo comandante de la extinta guerrilla de las FARC no compareció este lunes ante la Sala de Reconocimiento, que desde febrero ordenó a los 31 miembros del Estado Mayor Central rendir sus versiones voluntarias en el marco del caso 001, sobre la retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP.

“Velásquez Saldarriaga, quien fue comandante de la columna móvil Teófilo Forero, no ha manifestado razón alguna hasta este 18 de marzo para no cumplir con su citación a versión voluntaria. La primera condición para mantener los beneficios de la JEP es comparecer cuando se es llamado.”, dice el comunicado de la JEP.

De acuerdo con la ley, ‘El Paisa’ tiene tres días hábiles para radicar las razones de su inasistencia, argumentos que estudiarán los magistrados. Sin embargo, este es sólo uno de la lista de incumplimientos del excombatiente, de quien se desconoce su paradero desde julio del año pasado.

Fuentes:

Semana disponible en: https://www.semana.com/

La Silla Vacía disponible en: https://lasillavacia.com/

DeJusticia disponible en: https://www.dejusticia.org/

El Tiempo disponible en: https://www.eltiempo.com/

Verdad Abierta disponible en: https://verdadabierta.com/

El Colombiano disponible en: http://www.elcolombiano.com/

Fundación Paz y Reconciliación disponible en:  https://pares.com.co/

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com/noticias