Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con un especial sobre el nuevo escenario de “posconflicto” que se empieza a vislumbrar a partir de la ruptura de las negociaciones con el ELN; el balance de la implementación del Acuerdo de Paz realizado por el jefe de la Misión de la ONU en Colombia; el avance de procesos complejos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); la entrevista con Iván Márquez sobre su posición frente al estado actual del proceso de paz; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de paz 13-19 Febrero 2019

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La JEP en medio del fuego cruzado de la política sigue avanzando

El gobierno ha hecho manifiestas sus intenciones de objetar la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), de hacerlo, le daría un golpe mortal a la justicia transicional y al acuerdo de paz. Adicionalmente, el gobierno entraría en choque con el Congreso, la Corte Constitucional y la comunidad internacional.[1] Aunque un presidente puede objetar una ley por inconveniencia política o por inconstitucionalidad, hacerlo por lo segundo cuando la Corte ya falló es un sinsentido jurídico sin antecedentes, pues además la objeción iría a la Corte.[2]

Por su parte, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, revivió varias de sus peticiones, que no pasaron el examen de constitucionalidad, para pedirle al primer mandatario que las tenga en consideración al calificarlas como inconvenientes: los alcances de las entidades investigadoras sobre el narcotráfico como delito de ejecución permanente; la suspensión de investigaciones contra agentes del Estado y reinsertados por parte de la Fiscalía mientras se define su situación en la JEP; la supuesta renuncia de investigación penal de crímenes graves y el choque de funciones con la JEP; y los beneficios desmedidos que dejaría el régimen de condicionalidades con su gradualidad.[3]

Del otro lado, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, reiteró su llamado al presidente para que sancione la Ley Estatutaria por seguridad jurídica y de esta forma pueda entrar en vigor como lo ordenó la Corte Constitucional, "por su importancia para los comparecientes a esta justicia, a las víctimas, al país y a la comunidad internacional".[4] Asimismo, Linares impugnó los argumentos del Fiscal: “La jurisdicción fue diseñada para garantizarle a las víctimas, al país y a la comunidad internacional que no habrá impunidad, que no se incumplirán los compromisos internacionales en la materia y que se sancionarán a quienes han cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en el marco del conflicto” Además, insistió en que estos debates son de vieja data y que deben resolverse en un ámbito político, un asunto que no le corresponde a la JEP.[5]

Igualmente, en una carta dirigida al presidente, 227 organizaciones sociales de derechos humanos y de víctimas le pidieron al mandatario que ratifique la Ley Estatuaria de la JEP. Las organizaciones reclamaron “la posibilidad de que se materialicen los derechos que han sido conculcados por distintos actores tras más de cincuenta años de conflicto, oportunidad que las víctimas y las organizaciones firmantes confiamos al SIVJRNR, y especialmente a la JEP, en materia de justicia”.[6] Si bien el Centro Democrático pide, como supuestos voceros de las víctimas, que se haga viral el mensaje “No más JEP”, son las mismas asociaciones de víctimas las que están defendiendo la JEP y reclaman al presidente que sancione la Ley Estatutaria.[7]

Mientras tanto, en la JEP siguen pasando cosas importantes: Rodrigo Londoño (Timochenko) y Jorge Torres Victoria (Pablo Catatumbo), asistieron, cada uno por su cuenta, a la Sala de Reconocimiento para dar sus primeras versiones voluntarias en el marco del Caso 001: “Retenciones Ilegales de las FARC”. En esta diligencia, que es de carácter obligatoria, los exjefes guerrilleros contribuyeron voluntariamente con la información que detentan para ayudar a esclarecer qué sucedió con los 6.162 casos relacionados con retenciones ilegales, entre los cuales se encuentran secuestros extorsivos, desapariciones e incluso homicidios. Catatumbo aseguró que su versión demuestra el cumplimiento del acuerdo de paz pactado con el Estado, que sigue comprometido con la búsqueda de una paz estable y duradera, y principalmente con las víctimas.[8]

Por su parte, Rodrigo Londoño declaró al salir de la audiencia: “Siento que el esfuerzo y el compromiso que hicimos en La Habana está dando frutos, y esto nadie, nadie, lo hace trizas”. Luego agregó: “Si lo hacen trizas, cogeremos cada pedacito y lo reconstruiremos porque es mucha la gente en Colombia que está comprometida y se la está jugando por la paz. Tengan la plena seguridad de que no los voy a defraudar, esta es una de las tantas audiencias en que vamos a participar contribuyendo a la verdad".[9]

"La UBPD no sólo buscará fosas comunes": Luz Marina Monzón[10]

Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), no le teme a las presiones políticas ni a la lucha contra el tiempo. Aunque varios sectores políticos le exigen los primeros resultados, está convencida de que su prioridad es hacer una recolección rigurosa de la información, de la mano de las víctimas, para encontrar a los desaparecidos.

Monzón es reiterativa en que no se dedicarán a buscar fosas, sino a buscar a las personas dadas por desaparecidas de una manera organizada y participativa: “Nuestro fin no es encontrar cuerpos, sino cuerpos que tienen nombre y familiares […] Ellos necesitan saber si están o no muertos. Necesitan conocer la certeza que les ayude a aliviar el sufrimiento, que es la que no tienes cuando la persona está desaparecida”.

En los hombros de la UBPD recae uno de los mayores retos del posconflicto: hallar a más de 100.000 personas dadas por desaparecidas. Pero la entidad no sólo busca personas que fueron desaparecidas forzadamente, esa es solo una parte: “Nosotros tenemos que buscar personas que han sido secuestradas, reclutadas ilícitamente, desaparecidas forzadamente y los combatientes, tanto regulares como irregulares”, aclaró Mozón. Es decir, todos aquellos que engrosan las filas de las personas dadas por desaparecidas porque sus seres queridos no volvieron a saber de ellas.

En Arauca y Catatumbo vuelve lo peor de la guerra

El rompimiento de la mesa de diálogos entre el ELN y el gobierno de Iván Duque ha despertado preocupación en materia de seguridad en las zonas donde tiene presencia esa guerrilla, especialmente en Arauca. En los últimos días, se han presentado una seguidilla de ataques por parte de esta guerrilla contra la infraestructura y la fuerza pública en esta zona limítrofe.[11] Este fin de semana atacaron con explosivos las estaciones de policía de Tame y Arauquita. Hace 15 días perpetraron un ataque igual en Saravena. Desde hace 22 días se registra en el departamento una arremetida contra la Fuerza Pública por parte de las disidencias de las FARC. Pero lo grave es que inteligencia confirmó que estos ataques son acciones conjuntas entre las disidencias y el ELN, que buscan el control del territorio fronterizo.[12]

De igual forma, en la zona rural de la región de Catatumbo, los civiles son testigos y víctimas de una guerra en la que cada vez se respetan menos sus derechos. Desde hace un año se recrudeció la disputa territorial entre las guerrillas del EPL y ELN, que no solo ha dejado más de 18 mil damnificados, según cifras de la ONU, sino que también se han dado episodios en los que las disidencias de las FARC y las bandas criminales han cometido numerosos crímenes. La instalación de minas antipersonal, el ataque a las misiones médicas, enfrentamientos armados en centros urbanos y atentados al oleoducto que terminan con la contaminación de acueductos veredales, son solo algunos de los ejemplos que se han dado en los 50 días que van de este 2019.[13]

Duque se comprometió en Washington a revivir viejas estrategias antidrogas

La visita del presidente Iván Duque a Washington parece confirmar que la agenda bilateral nuevamente se centrará en el problema del narcotráfico. Con el objetivo de combatir las drogas, se ha realizado un llamado para revivir viejas estrategias de política pública.[14] El gobierno de Duque ya ha puesto sobre la mesa sus cartas para combatir los cultivos de uso ilícito en el país y parece que la sustitución voluntaria no hace parte de su agenda.

El énfasis del Gobierno radica, principalmente, en la erradicación forzada por parte de la Fuerza Pública, una estrategia que tiene en vilo a las comunidades que viven de estos cultivos y que han anunciado que quieren dar el paso hacia economías legales.[15] Como lo demuestra la movilización masiva de campesinos de Ituango que exigen el cumplimiento de los acuerdos firmados de sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito.[16]

El programa de sustitución de coca que nació con el Acuerdo de La Habana está a la deriva en el Gobierno Duque, como lo muestran su política de seguridad, el decreto para reestructurar Presidencia y el Plan Nacional de Desarrollo. Aunque ninguno dice que se acabará la sustitución, dejan abiertos interrogantes clave sobre quién va a dirigirla, cómo se seguirá ejecutando y cuáles son sus metas finales.[17]

En la última década Colombia ha gastado 20 billones de pesos en la lucha contra las drogas, pero no hay resultados satisfactorios.[18]  Según un estudio del grupo de Acciones por el Cambio la experiencia colombiana indica que no podemos seguir reeditando la misma política, de hecho, las cifras abren el interrogante sobre la efectividad de las metas de una estrategia antinarcóticos orientada a la construcción de un mundo libre de drogas. Las metas de reducción de la oferta o el consumo de las estrategias no sólo no se han alcanzado, sino que han producido efectos contraproducentes para la vigencia de los derechos humanos, la salud pública y la democracia e institucionalidad.[19]

PDET y PATR aguardan para convertirse en realidad

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son vistos hoy como la gran esperanza para la recuperación de las zonas rurales del país que durante tantos años vivieron el rezago y las dificultades generados por el conflicto armado. Esta iniciativa, apunta a fortalecer la reforma rural integral y ha servido para propiciar una planeación participativa de todas las comunidades a través del cual se construyen los Planes de Acción para la Transformación Territorial (PATR). En este sentido, subregiones como el Alto Patía – Norte del Cauca[20], Sierra Nevada - Perijá - Zona Bananera[21], y el Catatumbo[22] quienes ya realizaron sus ejercicios participativos, están a la espera de que los acuerdos no se queden sobre el papel y la implementación llegue pronto a sus territorios.

Los dineros dispuestos para la ejecución de los PDET se tasaron en 79.8 billones de pesos para ser invertirlos en los 170 municipios del país, y se destinaron 8.6 billones, hasta el momento se han hecho algunas pocas inversiones. Al frente de ellas ha estado la Agencia de Renovación del Territorio (ART), que viene ejecutando pequeñas obras y proyectos con el fin de atender los territorios afectados por el conflicto armado, previo a la implementación de los PDET. Las tareas han estado enfocadas en vías terciarias e impulso de actividades de desarrollo económico, ambiental y productivo.

Duque pone una tercera condición al ELN para posible acercamiento

El presidente de la República, Iván Duque, puso este martes una tercera condición para un posible acercamiento con la guerrilla del ELN y es que se entreguen a la justicia a todos los responsables del atentado en la Escuela de Cadetes General Santander:

“Si ellos tienen verdadera voluntad de paz tienen que empezar primero con la liberación de todos los secuestrados y por ponerle fin a todos los actos criminales y le agrego que los responsables de estos crímenes de lesa humanidad tendrán que cumplir las penas proporcionales a las que se han hecho acreedores por ese comportamiento”, afirmó Duque. [23]

Esta puede ser la última semana de comunicación con la delegación de paz de la guerrilla del ELN que está en La Habana. Luego volverán a la clandestinidad de la confrontación armada contra el Estado, tras el fallido intento de mesa de diálogo que inició con el gobierno de Juan Manuel Santos y no ha podido concretarse en la era de Iván Duque.

Beltrán sostiene que el ELN estaría dispuesto a llegar un acuerdo para dejar el secuestro extorsivo. También ha indicado que no quieren pararse de la mesa de La Habana y que el Gobierno mantiene un canal más discreto con personas “muy cercanas” para valorar la posibilidad de reanudar las conversaciones. Asimismo, reconoce que este avance puede estar más en manos del expresidente Álvaro Uribe, y por eso le pide que los convoque a una mesa de diálogo.[24]

Clan del Golfo tapona a migrantes en el Darién

Detrás de la romería de migrantes de Congo, Haití, Cuba, Venezuela y Ecuador que, esta semana quedaron literalmente atorados en plena selva de la frontera terrestre entre Colombia y Panamá, está uno de los cabecillas más sanguinarios del “Clan del Golfo”.

Se trata de alias Éver, comandante de la subestructura Efrén Vargas de esa banda criminal, que controla las rutas del narcotráfico y es el amo de otros negocios ilegales que se mueven en la frontera con Panamá. Hace tres semanas, el hombre citó a una reunión clandestina a varios traficantes de migrantes para notificarles que las rutas para sacar gente hacia Estados Unidos quedaban clausuradas.

Según declaraciones Vargas está preocupado porque que el reciente naufragio de una embarcación que cubría la ruta Capurganá - Sapzurro (Chocó), con 30 africanos a bordo, volcaron a las autoridades a la zona, impidiéndole sacar varias toneladas de coca.[25]

Darío Acevedo fue nombrado director del Centro Nacional de Memoria

Pese a los múltiples cuestionamientos que tuvo ante la opinión pública por referirse con un lenguaje inapropiado a líderes de la oposición e insistir en la tesis de que en Colombia no hubo conflicto armado, este martes el presidente Iván Duque nombró como director del Centro Nacional de Memoria a Darío Acevedo Carmona.[26]

Es en este escenario que el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, quien lleva más de 30 años trabajando en la recuperación de la memoria y paz con organizaciones por todo el territorio del país, le dirigió una misiva a Acevedo. En la carta De Roux deja abierta la opción de trabajar entre ambas instituciones para "construir el futuro que anhelamos todos los colombianos".

Recordemos que ambas entidades se acaban en 2021. El mandato que estableció el Acuerdo de Paz para la Comisión de la Verdad fue por tres años, tiempo en el cual tienen que realizar un informe que detalle las causas del conflicto en Colombia. Este es el mismo tiempo que le queda de trabajo al CNMH, como lo estipuló la ley 1448. Sus funciones pasarán a manos del Museo de Memoria Histórica.[27]

Fuentes:

Pacifista disponible en: https://pacifista.tv/

Semana disponible en: https://www.semana.com/

La Silla Vacía disponible en: https://lasillavacia.com/

DeJusticia disponible en: https://www.dejusticia.org/ 

El Tiempo disponible en: https://www.eltiempo.com/

Verdad Abierta disponible en: https://verdadabierta.com/

El Colombiano disponible en: http://www.elcolombiano.com/

Fundación Paz y Reconciliación disponible en:  https://pares.com.co/

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com/noticias