Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo.Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con llegada de Santrich a la Cámara, la pérdida de investidura de Iván Márquez,la búsqueda de firmas para salvar las curules de paz, el aumento de la violencia política; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de Paz 12-18 de Junio 2019

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Llegada de Santrich a la Cámara causó rechazo e indignación[1]

Tal como estaba pronosticado, la llegada del exjefe de la guerrilla y ahora militante del partido Farc, Jesús Santrich, a la Cámara de Representantes, generó revuelo y el rechazo.

La situación se tornó tan tensionante, que, a su llegada a la corporación, el presidente de la comisión, Giovany Cristancho, levantó la sesión luego de la intervención de su colega, la también representante por el Centro Democrático, Jennifer Arias, quien con voz quebrada expresó que no podría sentarse junto a una de las personas que asesinó a uno de sus seres queridos. “Necesito tiempo para asimilarlo”, dijo.

Sin embargo, acompañado de sus colegas Benedicto González (remplazo de Santrich durante el tiempo que estuvo en prisión) y Sergio Marín, el nuevo congresista de Farc aseguró que “lo que cabe en este momento es la comprensión y la tolerancia. No voy a dejarme provocar sino que voy a tener una actitud positiva porque de lo que se trata es de sacar adelante esa prospectiva de paz y reconciliación”.

Iván Márquez pierde su investidura de congresista[2]

El Consejo de Estado tomó esta decisión luego de advertir que el exjefe de las FARC no se posesionó en el Congreso y la única excusa posible para su ausencia, por "fuerza mayor", no pudo comprobarse. 

Luciano Marín, el verdadero nombre de Iván Márquez, estaba destinado a llegar al Senado, gracias a las curules en el Congreso que le otorgó el Acuerdo de Paz a la exguerrilla. Después de que en abril del año pasado fuera capturado Jesús Santrich,  Márquez, junto con alias El Paisa, decidieron irse de la zona veredal de Miravalle, en San Vicente del Caguán. Ambos dijeron que las autoridades estaban planeando un montaje en su contra.

Cuando llegó el 20 de julio de 2018, día de la posesión del Congreso, se hizo evidente que Márquez no llegaría. Después de casi un año, el exjefe negociador de las extintas FARC en La Habana no se posesionó como congresista. Por esto, el presidente del Senado, Ernesto Macías, alertó de esta al Consejo de Estado, e interpuso una demanda para buscar la pérdida de su investidura. La demanda fue admitida el 8 de agosto de 2018 y fue acumulada con la interpuesta por el abogado Daniel Silva. Para determinar si habría existido alguna razón de esta naturaleza, el magistrado ponente del caso, Alberto Montaña Plata, pidió a diferentes autoridades pronunciarse si tenían registro de alguna amenaza en contra de Márquez, como dejaba entrever el exjefe guerrillero en la carta que envió a la Comisión de Paz del Senado. Así las cosas, el Consejo de Estado decretó la pérdida de su investidura pues, como logró acreditarlo con las diferentes comunicaciones que recibió, el exjefeguerrillero no se posesionó como senador y no acreditó ninguna excusa válida que justificara su ausencia.

Márquez reapareció el pasado 20 de mayo, fecha en la que publicó en su cuenta de Twitter una nueva misiva en la que arremete contra el gobierno y le dice a los excombatientes que se encuentran concentrados en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR): “Fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiados en la buena fe de la contraparte. Qué ingenuos fuimos al no recordar las palabras sabias de nuestro comandante en jefe Manuel Marulanda Vélez, cuando nos había advertido que las armas eran la única garantía de cumplimiento de los acuerdos. La triste realidad es que nos pusieron conejo”.

 “Defendamos la Paz” recogerá un millón de firmas para salvar las curules de paz[3]

El movimiento surgido para defender los Acuerdos de Paz se reunió el pasado lunes 17 para buscar salidas concretas que protejan lo pactado con la exguerrilla de las FARC. Sus miembros del que hacen parte exintegrantes y facilitadores de los diálogos de La Habana, congresistas, académicos, víctimas, organizaciones y líderes sociales, y periodistas afirmaron que las curules sí fueron aprobadas en el Congreso y pidieron a las autoridades judiciales que estudian la votación “fallar en derecho”.

Las autoridades judiciales aún estudian el quórum que era requerido, y la votación que se necesitaba, para aprobar el proyecto de acto legislativo que creaba las 16 circunscripciones para las víctimas del conflicto armado.

El exministro Juan Fernando Cristo abrió la discusión, al anunciar que a partir de este momento saldrán a las calles a recoger, al menos, un millón de firmas en respaldo a las curules de paz, ante la expectativa que se tiene de parte de las autoridades judiciales sobre una decisión alrededor de la votación de las mismas en el Congreso de la República, en 2017. Además, señaló que dos fallos de la Corte Constitucional permiten dejar en evidencia que el quórum fue suficiente para que dichos escaños obtuvieran luz verde y revivan.

Según el exfuncionario de Santos, otorgar dichas curules sería un primer paso para responder a las preocupaciones del país sobre los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Advirtió que darles representación en el Legislativo a los territorios más golpeados por la violencia significaría una medida de protección colectiva para quienes vienen siendo amenazados. En tal sentido, reiteró que las circunscripciones de paz estarán destinadas para las víctimas del conflicto y, en ningún caso, personas no acreditadas como tal podrán acceder a las mismas.

Mayoría de ex-Farc rehacen sus vidas fuera de Espacios Territoriales[4]

Al menos 6.000 excombatientes de las FARC decidieron hacer su transición a la vida civil al lado de los familiares que dejaron cuando se fueron a la guerra y en sus sitios de origen. Es decir, la mayor parte de los exguerrilleros no está haciendo su reincorporación de manera colectiva.

En los 24 sitios destinados originalmente al desarme y la transición a la vida civil, ubicados en 13 departamentos, permanecen en la actualidad 3.356 exintegrantes de las FARC. Estos son los denominados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) que conoce el país desde febrero del 2017, cuando los exguerrilleros entraron a ellos a dejar las armas. Luego, esas zonas fueron destinadas para que los excombatientes que decidieran permanecer allí pudieran realizar sus proyectos productivos. Pero hay aproximadamente otros 1.000 excombatientes de las FARC, de los que no suele hablarse a la hora de reubicación tras el fin de las zonas de reincorporación, porque se reubicaron de manera espontánea en otros 30 puntos. Los han denominado Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) o Áreas de Reincorporación Grupal (ARG), y hay discrepancias entre el Gobierno y el hoy partido Farc sobre el número. Por el lado de la exguerilla, Pastor Alape, miembro del Consejo Nacional de Reincorporación, instancia que se ocupa del tema, dice que son cerca de 60 sitios, y el monitoreo gubernamental, a cargo de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), dice que han identificado cerca de 30.

La Violencia política aumentó en un 86 % en mayo[5]

El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) dio a conocer el informe del monitor de Violencia Política en Colombia de mayo. Luego de cuatro meses de reducciones continuas, el documento reflejó un aumento significativo en el número de muertes asociadas a la violencia política. A pesar de que en mayo se registraron 23 días no consecutivos sin muertes asociadas a este tipo de violencia, el reporte indica que las 13 muertes de mayo representaron un aumento del 86 % frente a las presentadas en abril.

Las principales víctimas  fueron los dirigentes de Juntas de Acción Comunal, activistas políticos regionales y, en menor medida, docentes, integrantes de gremios y periodistas.

Según el informe, las acciones de violencia política se registraron en 18 de los 32 departamentos de Colombia. El 53% de las acciones se concentraron  en Cauca (7), Tolima (6), Arauca (5), Antioquia (3) y Valle del Cauca (3).  De estos departamentos, excluyendo a Tolima, las zonas de conflicto entre grupos armados organizados y el ELN son en las que se presentan elevados niveles de mortalidad de la violencia política porque los grupos criminales se disputan el control del narcotráfico, la extorsión y minería ilegal.

Durante 2019, las cifras registradas por el Cerac informan sobre 45 personas amenazadas, 17 heridas y 13 asesinadas.

Las cuentas de la guerra en el Bajo Cauca y el Sur de Córdoba[6]

La subregión del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba es un nuevo Catatumbo, corazón de la guerra en el país, en donde los habitantes padecen en medio de un conflicto que incluye a los narcos del Clan del Golfo, dos de sus disidencias, el ELN y los disidentes o rearmados de los frentes 18 y 36 de las antiguas FARC. La pelea es por la coca, la minería, la rentas por extorsión y el control de los corredores de movilidad en la zona de influencia del Nudo de Paramillo.

Al revisar los datos, los números dan cuenta contundente de esta tragedia humanitaria, evidenciada especialmente en los desplazamientos individuales y masivos. Entre el 1 de enero y el 12 de junio de este año, 9.056 personas de los seis municipios del Bajo Cauca y de los cinco del sur de Córdoba se han declarado como víctimas de desplazamiento ante la Unidad para las Víctimas

El miedo y la necesidad de huir están determinados en gran parte por las tácticas de terror de varios de estos grupos contra la población civil, que han retomado prácticas de quienes los antecedieron, los paramilitares. Y aunque los homicidios han tenido una reducción porcentual, respecto al primer semestre de 2018 (20 por ciento en el Bajo Cauca y 6 por ciento en el sur de Córdoba), expertos creen que el subregistro es grande y que ha habido un aumento en las desapariciones.

Además, como detalles nuevos de esta guerra están la nueva disidencia que le salió al Clan del Golfo con su frente Francisco Morelo Peñate, que delinque en El Bagre, Zaragoza y Nechí, y que comanda ‘el negro Cristian’, exjefe financiero del mismo; y el aumento de las minas antipersonales y del reclutamiento de jóvenes.

El aguacate hass: una muestra de berraquera en Cauca[7]

Cerca de doscientos cincuenta exguerrilleros se alistan a emprender una de las más ambiciosas iniciativas de reincorporación económica en toda Colombia. Cada uno de los integrantes del proyecto trabajará para convertir el aguacate hass en un referente de producción agrícola y construcción de paz en el suroccidente colombiano. A cargo de esta tarea se encuentra Henry Ortiz Dagua, quien desde principios de marzo vive en función de supervisar el día a día de esta iniciativa, en aspectos como: la distribución de turnos de trabajo, el monitoreo de la plantación e incluso la regulación en el uso de las herramientas de la cooperativa. Esta situación lo llevó a desplazarse de tiempo completo al terreno donde se adelanta proyecto, el cual se encuentra ubicado en el Resguardo de Tumburao, a media hora del casco urbano del municipio de Silvia, Cauca.  

Luego de sembrar la primera plántula en el predio de Tumburao, Germán Ospina (encargado de proyectos económicos en Cauca de las cooperativas creadas por excombatientes, ECOMUN) explica el tiempo que requiere desde este momento hasta empezar la producción: “se requieren 18 meses de cuidado y seguimiento para que tengamos producción de aguacate, así que para finales de 2020 podremos disfrutar de los frutos que hoy estamos cosechando”.

Por ahora, Germán y Henry junto con las personas en proceso de reincorporación trabajan día a día para lograr cumplir el sueño de ofrecer aguacate hass con sello de paz y esperanza en todos los rincones del mundo. Esta propuesta hace parte de los proyectos priorizados y aprobados en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), los cuales son apoyados por el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) y un equipo de profesionales de la ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización), el PNUD y de la Misión de Verificación de Naciones Unidas. 

Líderes sociales expusieron sus riesgos ante la Comisión de la Verdad[8]

En el denominado Primer Diálogo Público por la No Repetición, defensores de derechos humanos de diferentes departamentos, autoridades regionales, funcionarios del gobierno nacional, delegados de agencias internacionales y miembros de la sociedad civil, hablaron durante casi tres horas sobre la tragedia humanitaria que azota a quienes asumen causas comunitarias.

Ese conversatorio fue un nuevo intento para tratar de frenar una ola de violencia que desde hace más de diez años golpea a los líderes sociales, que se agudizó con el avance de las negociaciones con las Farc y la implementación del Acuerdo de Paz. Uno de los principales mecanismos de las organizaciones sociales es denunciar los asesinatos y emitir periódicamente informes de contexto; a la par de realizar incidencia en el exterior, campañas de sensibilización en medios de comunicación y marchas en diferentes ciudades.

Fuentes:

El Tiempo disponible en: https://www.eltiempo.com/

Verdad Abierta disponible en: https://verdadabierta.com/

El Colombiano disponible en: http://www.elcolombiano.com/

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com/noticias

Misión de Verificación ONU disponible en: https://colombia.unmissions.org/

Silla Vacía disponible en : https://lasillavacia.com/