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Gaceta de Paz 11-18 diciembre 2019

Gaceta de Paz 11-18 diciembre 2019

Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con: un especial sobre las investigaciones del Caso 003 “falsos positivos” llevada por la JEP; el aumento de la violencia letal contra líderes sociales; nuevo asesinato a exintegrante de las FARC; la creación de Corporeconciliación: la nueva corporación de un grupo de exguerrilleros; el asedio de economías ilegales a líderes de Cúcuta; entre otras.

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En busca de los falsos positivos en el cementerio de Dabeiba (Antioquia). 

Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidieron empacar maletas, junto con un equipo forense de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) -más conocida como la Fiscalía de la JEP- para ir hasta el cementerio de Dabeiba por dos casos. El primero es el Caso 003, también conocido como “falsos positivos”. Se trata de las ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron presentados como bajas en combate por integrantes del Ejército. Algunos militares, que hoy están contando toda la verdad en esta justicia a cambio de recibir beneficios, dijeron que participaron en el asesinato y posterior entierro de 45 civiles que nada tenían que ver con la guerra, para hacerlos pasar como guerrilleros.
Además, hay otra razón de peso para el viaje de la JEP. Esta historia se cruza con otro proceso que adelanta esta justicia: las medidas cautelares sobre más de 16 lugares donde habrían desaparecidos, según afirma organizaciones de víctimas.[1]

Se presume que en el cementerio de Dabeiba se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate (“falsos positivos”). Los indicios preliminares indicarían que se trata de hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad.
En el marco de este último trámite, la JEP ya decretó medida cautelar de protección sobre algunos cuerpos custodiados en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia. También se han realizado tres audiencias públicas: el pasado 17 y 18 de julio, sobre la Comuna 13 de Medellín; el 8 y 9 de octubre, sobre la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango; y el 20 y 21 de noviembre sobre los restos de los desaparecidos de San Onofre[2]

Esta es la primera vez que la JEP pasa de escuchar las versiones de los comparecientes, como se les llama a quienes se someten a esta justicia, a la etapa de la contrastación. “Hemos hablado con más de cien militares. Nos han revelado decenas de hechos, pero tenemos que comprobar que aquello que dicen  es cierto. Son crímenes que hasta ahora habían sido desconocidos por la justicia ordinaria”, dijo Alejandro Ramelli, magistrado de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP. Cabe resaltar que también es la primera vez que se ordena una exhumación tan numerosa.

La única manera de saber si están diciendo o no la verdad, es desenterrándola. Por eso Ramelli, como encargado del caso 003, ordenó “la ubicación, exhumación, custodia e identificación de
cuerpos, cuerpos esqueletizados y estructuras óseas” que, de acuerdo con las coordenadas de los acusados, reposan en Dabeiba. Además, pidió entrevistar a posibles testigos, practicar pruebas y hallar similitudes en las investigaciones que se adelantaron en la justicia ordinaria o en la justicia penal militar[3]

Desde hace dos años una alianza entre el Dejusticia y Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) viene respondiendo a la pregunta sobre cómo obtener datos más precisos sobre el número
real de asesinatos a líderes sociales en Colombia. En 2018 publicaron un primer documento que analizó la situación de 2016, y esta semana lanzaron un segundo informe, que recoge el panorama hasta 2018. Para comprender cómo funciona este cálculo vale la pena hablar del informe que publicaron en septiembre de 2018: “Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2016-2017: una estimación del universo”, aplicando un modelo estadístico conocido como LCMCR para entender cuántos podrían ser los homicidios totales y aclarar cuántos de estos líderes asesinados se estarían quedando por fuera de los conteos. En ese momento, el modelo constató que existe un subconteo en los asesinatos a líderes sociales en el país al establecer que para 2016 la totalidad de asesinatos podría estar entre los 160 y los 180,mientras que para 2017 la cifra oscilaría entre 176 y 200. Ahora, en el más reciente informe, se usa una estimación por sistemas múltiples (ESM) para estimar la población total de líderes sociales asesinados en 2018. La principal conclusión de este informe es que hay un aumento elevado evidente en el número de asesinatos a líderes sociales entre 2016 y 2018. Incluyendo los casos de homicidios que no fueron reportados, la cifra creció en aproximadamente 71%, pasando de 166 a 284. Este incremento en los homicidios reafirma la hipótesis que después del Acuerdo de Paz, la violencia letal contra los líderes sociales se ha intensificado.

71% habría aumentado la violencia letal contra líderes sociales desde 2016[4]

Desde hace dos años una alianza entre el Dejusticia y Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) viene respondiendo a la pregunta sobre cómo obtener datos más precisos sobre el número real de asesinatos a líderes sociales en Colombia. En 2018 publicaron un primer documento que analizó la situación de 2016,y esta semana lanzaron un segundo informe, que recoge el panorama hasta 2018. Para comprender cómo funciona este cálculo vale la pena hablar del informe que publicaron en septiembre de 2018: “Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2016-2017: una estimación del universo”, aplicando un modelo estadístico conocido como LCMCR para entender cuántos podrían ser los homicidios totales y aclarar cuántos de estos líderes asesinados se estarían quedando por fuera de los conteos. En ese momento, el modelo constató que existe un subconteo en los asesinatos a líderes sociales en el país al establecer que para 2016 la totalidad de asesinatos podría estar entre los 160 y los 180,mientras que para 2017 la cifra oscilaría entre 176 y 200. Ahora, en el más reciente informe, se usa una estimación por sistemas múltiples (ESM) para estimar la población total de líderes sociales asesinados en 2018. La principal conclusión de este informe es que hay un aumento elevado evidente en el número de asesinatos a líderes sociales entre 2016 y 2018. Incluyendo los casos de homicidios que no fueron reportados, la cifra creció en aproximadamente 71%, pasando de 166 a 284. Este incremento en los homicidios reafirma la hipótesis que después del Acuerdo de Paz, la violencia letal contra los líderes sociales se ha intensificado. 

Asesinan a excombatiente de las FARC en Ituango[5]

En la vía que conduce del municipio de Ituango (Antioquia) a la vereda Santa Lucía, en inmediaciones del espacio territorial de reincorporación, fue asesinado Manuel Antonio González Vuelvas, excombatiente de las FARC. La víctima era hijo de Elmer Arrieta,conocido en su momento con el alias de El Flaco, quien fue el segundo comandante del Frente 18 de la extinta guerrilla, y hasta hace poco fue candidato a la Asamblea por el Partido FARC. De acuerdo con las primeras versiones, el crimen se presentó en inmediaciones de Ituango, en el sitio conocido como Las Granjas a 15 minutos de la población por vía destapada. Según testigos, la víctima se movilizaba en una motocicleta, cuando fue ultimado a balazos por desconocidos. González llevaba tres años en su proceso de reincorporación y deja a una bebé de 10 meses y a su compañera, que también es excombatiente. El exguerrillero trabajaba en un proyecto colectivo de ganadería. Con este nuevo asesinato,ya son 19 exguerrilleros asesinados en Antioquia, desde que se firmaron los acuerdos de paz en La Habana, en el año 2016.

La reincorporación ya tiene otra cara distinta a FARC[6]
Corporeconciliación.Así se llama la corporación que un grupo de exguerrilleros, muchos de ellos mandos medios,viene cocinando para hacer su reincorporación al margen de FARC y que dice representar a más de dos mil excombatientes que viven por fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación (ETCR). El grupo, que no se siente representado por la dirección de Rodrigo Londoño, antes Timochenko, ha tenido varias reuniones con el alto consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila. Una primera reunión que tuvo lugar en septiembre, después tuvo otra en Montería, a la que también fue el consejero; y el 30 de noviembre nació la corporación oficialmente en Bogotá. Su creación es una derrota para la FARC, que no logró la meta de mantener la vida colectiva,la jerarquía y la organización que tenía en armas, y un reto para el Gobierno que tendrá que lidiar con varias contrapartes en la implementación. Pero,sobre todo, puede ser una buena noticia para el país porque muestra que hay muchos excombatientes que, a pesar de los incumplimientos del Gobierno de Iván Duque y de no entenderse con la dirección del partido, quieren seguir apostándole al Acuerdo y no irse a las disidencias con sus conocimientos de la guerra. 
 
Economías ilegales asedian a líderes en Cúcuta[7]

Norte de Santander no es un buen lugar para ser líder o defensor de derechos humanos. Tanto en las personas que se enfocan en Cúcuta y los municipios de su área metropolitana, como el Ministerio Público consideran que el solo hecho de liderar a sus comunidades, abanderar los reclamos y exigir sus derechos los pone en riesgo. Entidades estatales reconocen que algunas juntas de acción comunal (JAC) de zonas rurales han desaparecido.Entre enero y junio de 2019, el programa Somos Defensores registró cinco homicidios de líderes sociales en el departamento y 23 agresiones en su contra, una tendencia de victimizaciones que se mantiene en la región, según reportó esta ONG en su más reciente informe semestral. Algunos líderes denunciaron que hay miembros de la Policía que podrían estar involucrados con las economías ilegales,ya que las mercancías ilícitas fluyen por toda el área metropolitana pese a los controles. Incluso,culpan a la institución de filtrar información a los grupos armados sobre las denuncias que los líderes hacen ante autoridades. La capital de Norte de Santander ha sido uno de los enclaves más importantes para el contrabando y tráfico de todo tipo en los 43 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela.Aunque en la ciudad hay más oportunidades para que la sociedad civil se organice y exija derechos que en el área metropolitana, denunciar los riesgos que traen las dinámicas ilegales ha puesto en la mira a líderes comunales y comunitarios.

Ataque en Bolívar (Cauca), otra tragedia anunciada[8]

En la mañana de este 13 de diciembre se registró un ataque con arma de fuego en el municipio de Bolívar, al sur del departamento del Cauca. Según versiones en terreno,la balacera tuvo lugar en la vereda conocida como 'Los Pinos', en el corregimiento de EL Rodeo.Asimismo,según el alcalde del municipio de Bolívar, en el ataque fueron asesinados dos hombres y fue herida una mujer en estado de embarazo. De acuerdo con las autoridades del municipio al sur del departamento caucano, una de las victimas era Jerson Oswaldo Zúñiga Ancona, quien fue un exintegrante de la junta comunal de la vereda de 'La Caldera' y, a quien, le reconocen haber trabajado en el proceso fundacional de la vereda de 'Los Pinos'. La otra víctima era su hermano, Jhon Alexander Zúñiga Anacona y la mujer herida Dolly Milena Imbachí Alvarado, quien tiene tres meses de embarazo. De acuerdo con las versiones entregadas por las autoridades en el municipio de Bolívar, hombres armados llegaron hasta la residencia de los hermanos Zuñiga Anacona, quienes antes de ser asesinados habrían sido sujetos de maltratos. La comunidad ha señalado la poca capacidad de reacción de autoridad competente como la policía, así como de que brinden garantías de seguridad a los habitantes del municipio y de la crisis de Derechos Humanos que viene atravesando el departamento del Cauca.

Mujeres de Tumaco y exintegrantes de las FARC-EP, de la mano hacia la reconciliación[9]

En el antiguo ETCR La Variante, 30 mujeres, entre exintegrantes de las FARC-EP y habitantes de la comunidad, reconstruyeron lazos de convivencia a través del reconocimiento y el ejercicio activo de sus derechos, gracias al proceso comunitario con enfoque de género. En el marco del compromiso del Gobierno colombiano con la reincorporación de las y los exintegrantes de las FARC-EP, culmina en Nariño el desarrollo del proceso 'Acciones comunitarias con enfoque de género y derechos de las mujeres', diseñada con orientaciones de la Mesa Técnica de Género del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). Durante seis meses, mujeres exintegrantes de las FARC-EP y habitantes del antiguo ETCR participaron en un proceso de formación en temas de ciudadanía activa, incidencia en asuntos públicos, promoción de agendas de mujeres a nivel territorial y nacional, así como la promoción y prevención en derechos sexuales y reproductivos. Como resultado de este proceso, las mujeres consolidaron un proyecto ambiental que busca la creación de una asociación dedicada a la transformación del material reciclable en bisutería para su posterior comercialización. Con ese propósito, el SENA capacitó a las beneficiarias en la fabricación de objetos a partir de dicho material.

Tumaco tendrá la primera zona franca PDET[10]

El consejero para la Estabilización, Emilio Archila, anunció que con el apoyo de la Sociedad Portuaria de Tumaco este territorio tendrá la primera Zona Franca de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que generará más de 20.000 empleos a mediano plazo. Según el consejero, este es el resultado del avance de los PDET, como parte de la implementación del acuerdo de paz con las FARC en la región Pacífico y la frontera nariñense, una de las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza. Por su parte, el director de la Sociedad Portuaria de Tumaco, Andrés Tarquino, señaló que cree en los PDETs y quiere garantizar que Tumaco sea la mejor zona para implementarlo. Dijo que con esta zona franca se va a reactivar la economía de este territorio en línea con la nueva binacional Tumaco - Esmeraldas, que se pactó con el gobierno ecuatoriano. “Debemos apoyar a los territorios más golpeados por la violencia y la pobreza. Es un concepto de equidad. Ya la empresa privada nos está apoyando en otras iniciativas. En la medida en que actuemos con un criterio de país, las acciones para transformar los territorios serán irreversibles” señaló Archila. Frente al programa de sustitución de coca en Tumaco, Archila anotó que el gobierno Duque ha invertido más de $600.000 millones de pesos en este programa, y en la actualidad hay 16.500 familias vinculadas, de las cuales más de 10.000 reciben asistencia alimentaria inmediata.

Fuentes:

Semana disponible en: https://www.semana.com/

La Silla Vacía disponible en: https://lasillavacia.com/

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com

Fundación Paz y Reconciliación disponible en: https://pares.com.co/

Dejusticia disponible en: https://www.dejusticia.org/71-habria-aumentado-la-violencia-letal-contra-lideres-sociales-desde-2016/

Agencia para la Reincorporación y la Normalización disponible en: http://www.reincorporacion.gov.co

El Colombiano disponible en: https://www.elcolombiano.com

[2] https://pares.com.co/2019/12/14/jep-tras-la-verdad-en-casos-de-falsos-positivos-de-medellin/

[3] https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/en-busca-de-los-45-falsos-positivos-en-el-cementerio-de-dabeiba-antioquia-articulo-895866

[4] https://www.dejusticia.org/71-habria-aumentado-la-violencia-letal-contra-lideres-sociales-desde-2016/

[5] https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/asesinan-a-excombatiente-de-las-farc-en-ituango-443600

[8] https://pares.com.co/2019/12/13/ataque-en-bolivar-cauca-otra-tragedia-anunciada/