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Gaceta de Paz 11 - 17 septiembre 2019

Gaceta de Paz 11 - 17 septiembre 2019

Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con un especial sobre la violencia política en el periodo preelectoral; la expulsión de los reincidentes de las FARC por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz; la aplicación del plan piloto de identificación de cuerpos de desaparecidos en tres ciudades del país; el proyecto que busca prevenir la estigmatización de los reincorporados de las FARC; entre otros.

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La violencia política se agudiza en la recta final de las elecciones locales

El pasado domingo fue asesinado Bernardo Betancourt, candidato conservador a la Alcaldía de Tibú, Norte de Santander. Betancourt hace un mes había firmado un pacto por la no violencia durante el Consejo Municipal de Paz, también había insistido en sus redes sociales sobre una campaña sucia a través de información que circulaba en su contra. Las autoridades están investigando el hecho, y el Ministerio de Defensa realizará un consejo de seguridad en Tibú.[1]

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), ya van siete candidatos asesinados desde el 27 de julio. Con eso, a un mes y medio de las votaciones, ya hay más candidatos asesinados que los cinco de 2015. Además, la violencia es muy local, según la MOE, de los 40 candidatos que han sido víctimas de algún tipo de ataque en estas elecciones, 38 son candidatos a alcaldías y concejos y apenas uno a gobernación y otro a asamblea.[2]

Los funcionarios públicos de elección popular permanecen como el segmento con mayor cantidad de víctimas registradas (40,35%), siendo los concejales, los senadores y los alcaldes quienes encabezan las cifras. Del total de los ataques y victimizaciones contra miembros e integrantes de partidos políticos, el 30% corresponde a partidos de oposición y un 21% corresponde a partidos de coalición de gobierno. Es decir, los sectores más victimizados son los emergentes; el 18% de las victimizaciones corresponde a los partidos Liberal y Cambio Radical y un 31% se desconoce la filiación política del candidato atacado.

Además, en los últimos dos meses la violencia letal que corresponde a asesinatos, atentados y desapariciones forzadas, presenta una variación del 34,48%, siendo agosto el mes en el que mayor cantidad de asesinatos se registra, con cuatro casos, desde el arranque del calendario electoral. Por su parte, el mes de septiembre ha tenido un arranque crítico con un creciente número de víctimas, en tan solo los primeros días del mes se han registrado trece, dentro de las cuales ya se cuentan dos, producto de atentados y tres como consecuencia de asesinatos selectivos.[3]

 

Nuevos rearmados de FARC quedaron por fuera de la JEP[4]

La Sala de Apelaciones de la JEP decidió la expulsión de alias “Jesús Santrich”, “Iván Márquez”, alias “el Paisa” y todos los exintegrantes de las FARC que publicaron un video anunciando su rearme. La sala del tribunal consideró que, con su regreso a las armas, los ahora reincidentes habían incurrido en la falta más grave estipulada por esa jurisdicción. Con la decisión, los procesos en su contra serán competencia de la justicia ordinaria.

El magistrado de la Sección de apelación precisó que en el caso de ‘Santrich’ se dispuso el envío del expediente a la justicia ordinaria, con el fin de que sea esta instancia la que investigue las conductas delictivas en las que pudiera haber incurrido. En el caso de ‘el Paisa’, se señaló que tienen las pruebas de que se alzó de nuevo en armas contra el estado colombiano, situación que fue catalogada como un hecho notorio.

Como parte de esta decisión se ofició a los distintos juzgados y a la Fiscalía para revertir los efectos de las cancelaciones de las órdenes de captura que en su momento se suscribieron como parte de los beneficios que les otorgaron durante el proceso de paz. La decisión judicial ordena a otras instancias que devuelvan las actuaciones que realizaron en el caso de ‘el Paisa’ a las distintas autoridades penales, para reasumir sus competencias.

 

Piloto de identificación de cuerpos se iniciará en Bogotá, Medellín y Barranquilla[5]

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía aplicarán el piloto de reconocimiento a personas fallecidas que están en instituciones del Estado en estas ciudades y no han sido identificados o entregados a sus familiares. En Bogotá, Barranquilla y Medellín comenzará la nueva fase del piloto de identificación de cuerpos que desaparecieron y que permanecían sin reconocer en morgues del Estado o cementerios por falta de información.

Este piloto comenzará con un diagnóstico de las etapas de la identificación para ubicar donde están los vacíos o errores en el proceso. También servirá para consolidar la información disponible en expedientes físicos y digitales de necropsia, archivos, libros y bases de datos de Medicina Legal y la Fiscalía. A partir de este trabajo será posible que, junto a la UBPD, las entidades desarrollen planes de acción para lograr la identificación de estas personas y entregarlas a sus familiares.

No hay cifras consolidadas del número de personas sin identificar, sin embargo, las dimensiones de este vacío estatal para cumplir con esta labor son muy altas. En un estudio hecho por el Ministerio del Interior, en 426 cementerios municipales, encontraron que hay 26.395 personas desaparecidas.

 

En marcha talleres para prevenir estigmatización de exintegrantes de las FARC-EP[6]

Conscientes de los retos del proceso de reincorporación en materia de superación de la estigmatización y de fortalecimiento de la convivencia, el Gobierno colombiano avanza en el diseño e implementación de acciones de prevención temprana que permitan garantizar una reincorporación integral y sostenible de las y los exintegrantes de las FARC-EP.

Como parte de las acciones que se adelantan para enfrentar fenómenos como la estigmatización, se realizará durante el mes de septiembre el taller 'Construyendo paz, territorio y vida' en diferentes departamentos del país.

Estos talleres, liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el componente FARC del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) y la Unidad Nacional de Protección (UNP), tienen como propósito sensibilizar a los actores locales y propiciar escenarios para la convivencia y la reconciliación, por lo que reúnen a habitantes de las comunidades, funcionarios públicos, personas en proceso de reincorporación y medios de comunicación.

Estos talleres contribuyen a la dinamización de acciones de prevención de la estigmatización establecidas en la política de reincorporación, expresada en el CONPES 3931 de 2018 y en la política sectorial Paz con Legalidad, y a afianzar la reconciliación y la construcción de paz territorial.

 

Los Yukpa, a la espera del cumplimiento del PDET[7]

Al ser parte de las comunidades asentadas en tres de los ocho municipios del departamento de Cesar priorizados en los PDET y que hacen parte de las estrategias para la ejecución del primer punto del Acuerdo de Paz que busca la Reforma Rural Integral, los Yukpas también tuvieron su participación en la consolidación de estos programas.

Ellos presentaron en total 73 iniciativas propias étnicas, únicamente para población indígena, enfocadas en: Educación rural y primera infancia, Reconciliación, convivencia y paz, Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, Reactivación económica y producción agropecuaria, Salud rural, infraestructura y adecuación de tierras, Vivienda, agua potable y saneamiento y Derecho a la alimentación.

Sin embargo, para ellos todo este trabajo ha quedado detenido porque hasta el momento no han visto ningún desarrollo, es por este motivo que han escrito a la Consejería de Estabilización y Normalización y les han respondido que no se ha podido avanzar por recursos limitados. “Se limitan solamente a decir que van a hacer una reunión de alto nivel con el pueblo Yukpa para explicarnos qué es un PDET, pues nosotros desde el primer momento, desde el 2017, sabemos qué es un PDET, por eso lo construimos” manifiesta Guillermo Cabrales, secretario general de las autoridades del pueblo Yukpa de la Serranía de Perijá.

 

Emprendimiento de excombatientes ganó premio Emprender Paz[8]

Mundo Maderas, con sede en Yumbo y gerenciada por tres personas que en 2014 finalizaron el camino de la reintegración a la vida civil, fue una de las ganadoras del premio Emprender Paz 2019, el cual se entrega a empresas del sector privado con mayor compromiso en la construcción de paz en Colombia.

Desde 2010 se dedican al diseño y fabricación de estibas, guacales, tablas y bastidores; secado y maquinado de madera; así como soluciones para el embalaje y almacenamiento de productos, fue una de las 124 iniciativas postuladas al premio que anualmente entrega la fundación Grupo Social, con el apoyo del gobierno de Suecia y la fundación Konrad Adenauer.

En los rostros de Jhon Burbano (ex FARC), Héctor Perea (ex AUC) y Héctor Hernández (ex AUC) era notoria la alegría al sostener el premio en las manos, y expresaron que ello significa “que estamos haciendo las cosas bien y que estamos contribuyendo a la paz de nuestro país. A las personas las oportunidades las cambian, y eso fue lo que precisamente ellas hicieron en nosotros. Así sacamos adelante este emprendimiento que, entre sus 65 trabajadores, emplea a otras personas que también pertenecieron a un grupo armado y que hoy más que nunca están comprometidas continuar una vida alejada de las armas”.

 

Durante un mes la Amazonía se tomará el Tribunal Superior de Bogotá[9]

Entre el 15 de octubre y 12 de noviembre el Amazonas colombiano estará en el centro del debate público. Durante ese mes, 94 entidades del Gobierno nacional y regional tendrán que explicarle al Tribunal Superior de Bogotá qué acciones vienen tomando para dar cumplimiento a las órdenes de la Corte Suprema de Justicia y reducir el avance de la deforestación en la Amazonia colombiana, así como cuáles son sus planes a futuro para contenerla.

La citación la hizo el Tribunal, el pasado 22 de agosto, a través de un auto en el que explica que el propósito de las audiencias será verificar el cumplimiento de la sentencia 4360 de 2018. Esa fue la sentencia con la que la Corte Suprema respondió a esta demanda presentada por 25 niñas, niños y jóvenes, declarando la Amazonía colombiana como sujeto de derechos y ordenando una serie de medidas para frenar la pérdida del bosque amazónico.

La cita, que será en Bogotá y en otras ciudades del país, será un momento importante. No solo porque el país tendrá la posibilidad de conocer las respuestas de la Presidencia, seis Ministerios. tres Corporaciones Autónomas Regionales, el Ideam y otra cantidad de organizaciones; sino porque, también, asistirán representantes de las gobernaciones y los municipios del Meta, Vichada, Putumayo, Cauca y Nariño que le presentarán al país información de primera mano.

 

Todo el poder del Estado aterrizará en cinco regiones[10]

El consejero de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República, Rafael Guarín, explica el plan del Gobierno para llegar a las zonas más complejas por presencia de grupos ilegales, con altos índices de homicidios y concentración de cultivos de coca y minería ilegal. Afirma que los problemas en estas regiones no se solucionan solo con policía y ejército, y que “se requiere que el Estado llegue con servicios sociales a los territorios, al tiempo que se construye legitimidad institucional y legalidad”.

​“En el futuro, este es el compromiso del Gobierno Nacional por terminar de construir la nación y el Estado. Hay regiones que están afectadas por la fuerte presencia de economías ilícitas y grupos armados organizados, amenazas que son de tal magnitud que afectan la seguridad nacional, además de afectar seriamente los derechos a la vida, la libertad y la integridad.

Vamos a iniciar en el Pacífico nariñense, Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba; el Catatumbo, Arauca, Chiribiquete y los parques naturales aledaños. En estas regiones, a través de las Zonas Futuro, se hará una intervención microfocalizada en veredas y municipios que busca lograr el control institucional del territorio y subsanar el déficit de presencia del Estado o la precariedad de las instituciones estatales, con miras a garantizar los derechos individuales, económicos y sociales de las comunidades, así como transformar una situación de predominio de ilegalidad”, explicó Guarín.

 

Fuentes:

Semana disponible en: https://www.semana.com/

La Silla Vacía disponible en: https://lasillavacia.com/

Dejusticia disponible en: https://www.dejusticia.org/

El Tiempo disponible en: https://www.eltiempo.com/

Verdad Abierta disponible en: https://verdadabierta.com/

El Colombiano disponible en: https://www.elcolombiano.com/

Fundación Paz y Reconciliación disponible en: https://pares.com.co/

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com/noticias

Misión de Verificación de la ONU en Colombia disponible en: https://colombia.unmissions.org/

Agencia para la Reincorporación y la Normalización disponible en: http://www.reincorporacion.gov.co/es