Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con el choque de trenes entre la JEP y la Fiscalía; los 2.300 casos de violencia sexual contra mujeres que arribaron a la JEP; la vista del presidente Duque al ETCR de Pondores, en la Guajira; la convergencia de diferentes crisis sociales en el municipio Ituango y sus inmediaciones; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de paz 10-16 Octubre 2018

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Fiscalía y JEP: ¿Choque de trenes?

Luego de una inusual inspección a un expediente de la JEP por orden de la Fiscalía, en el que se investigan a 31 exjefes guerrilleros por el delito de secuestro, en la que quedaron muchos cuestionamientos en el aire, se ha creado un ambiente de tensiones alrededor de ambas jurisdicciones. A este hecho, se le suman las investigaciones por presuntas irregularidades de algunos funcionarios de la secretaría ejecutiva de la JEP, como es el caso de su directora administrativa, Martha Lucía Zamora, a quien este martes la Fiscalía le imputó los delitos de asesoramiento y perturbación de actos oficiales, estos por supuestamente ocultar y favorecer la salida de zonas veredales de exintegrantes de las FARC. Las disputas entre la JEP y la Fiscalía se multiplican, por lo que la Comisión para la Paz del Senado ha propuesto una cumbre de poderes entre las jurisdicciones, con la intención de limar asperezas y articular sus respectivas competencias, además de darle fin a los enfrentamientos entre las mismas y asegurar la implementación y continuidad de los acuerdos de paz.

Ya hay 2.300 casos documentados de violencia sexual contra mujeres en la JEP

Los casos documentados de 2.300 mujeres y niñas que fueron violentadas sexualmente durante el conflicto armado, y los que sean allegados a la JEP, serán la base para juzgar a los responsables de este delito. Además, serán el contraste para la verdad que los perpetradores reconozcan, o no, y que determinará su situación judicial. Si no dicen la verdad, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP tiene las herramientas para investigarlos. Ese es el mensaje que quiere mandar esta entidad con la puesta en marcha del software Layna, un sistema que procesará rápidamente la información contenida en los informes de violencia sexual. Este programa se activó con la entrega de un informe con 2.000 casos que documentaron tres organizaciones de mujeres y entregaron a la Sala de Reconocimiento de Verdad, otros que allegaron la Fiscalía General de la Nación y unos más que resultaron de una jornada de documentación en Norte de Santander. Estos informes hablan de las mujeres, de quiénes eran, cómo era su entorno, de la situación en la que fueron violentadas, de cómo cambió su vida después de eso, información que puede mostrar patrones de victimización y ayudar a identificar posibles agresores.

Así fue la visita de Duque a zona de reincorporación

El presidente Iván Duque visitó este viernes una zona de reincorporación de exguerrilleros de la FARC en la vereda de Pondores, en La Guajira. El jefe de Estado llegó acompañado de Eamon Gilmore, delegado de la Unión Europea para la implementación de los acuerdos de paz; de Jean Arnault, el jefe de la misión de la ONU, y de Patricia Lombart, embajadora de la Unión Europea en Colombia. El mandatario, tras una breve charla con sus invitados internacionales, tuvo un encuentro de cerca de 40 minutos con los exjefes guerrilleros de la zona, encabezados por Joaquín Gómez. Duque recorrió las instalaciones del ETCR e incluso visitó algunos de los talleres que los exguerrilleros tienen en el lugar para trabajar. Tras esto, Duque se dirigió a los cerca de 200 excombatientes que están en Pondores, a quienes les expresó la voluntad y el acompañamiento del Gobierno a los que genuinamente estén el proceso de desmovilización: “Les vamos a cumplir a los que genuinamente estén en este proceso, a los que tengan voluntad genuina de desmovilización, desarme reinserción y no repetición”.

La mala hora de Ituango

Este municipio del norte de Antioquia vive sus días más difíciles. Grupos armados sucesores del paramilitarismo y disidencias de la extinta guerrilla de las FARC se disputan a sangre y fuego vastos territorios estratégicos para el narcotráfico y ricos en metales preciosos. La violencia arrecia, la hoja de coca se esparce por sus veredas y la emergencia provocada por los daños en las obras de construcción de Hidroituango mantienen en zozobra a sus habitantes. La comunidad está bajo riesgo permanentemente, como lo demuestra el desplazamiento de más 75 familias a julio de este año, según registros oficiales de la Personería de Ituango. De hecho, líderes del municipio advierten que la cifra podría superar las 500 familias, es decir unas dos mil personas si se estima que cuatro es el número promedio de miembros por familia. El reclutamiento forzado, según otro líder social, ha sido uno de los mayores detonantes del desplazamiento que ha venido aumentando en el último año en Ituango. “O trabaja con nosotros o se tiene que ir del pueblo”, le advierten los grupos armados ilegales a los jóvenes y muchos padres.

El ELN reitera petición a Duque de un cese bilateral del fuego

El ELN reiteró este lunes su petición al presidente, Iván Duque, de iniciar un cese bilateral del fuego para poder "rebajar la intensidad del conflicto" armado. En un comunicado, el ELN aseguró que existe un "sentir colectivo de la necesidad" que indica que "es urgente" alcanzar ese pacto de cese el fuego bilateral que consideran que tendría "positivas repercusiones nacionales". No obstante, este sábado desde Uribia el presidente Iván Duque al referirse al accionar del ELN habría reafirmado que en “este país no se puede seguir viendo a grupos armados que quieren hablar de paz mientras siguen flagelando a la comunidad, amenazando, secuestrando”. Los cuestionamientos frente al ELN aumentan por el amplio despliegue de su accionar criminal en los últimos días: el secuestro del ingeniero José Leonardo Ataya en Arauca, el reclutamiento de ocho menores en Chocó –recuperados esta semana por el Ejército–, así como, los indicios de haber participado en el asesinato de tres geólogos en Antioquia y en el secuestro del menor Cristo José en Norte de Santander.

Tras seis meses de la captura de Santrich, juez ordena posesionarlo en el Congreso

El partido político FARC, en rueda de prensa, volvió a reclamar a la Fiscalía acciones humanitarias para su militante Jesús Santrich y, a la vez, recalcaron que una jueza de circuito reiteró que deberá ser posesionado en su condición de representante a la Cámara. Por un lado, el comunicado de las FARC señala que Santrich ya cumplió seis meses de estar detenido, tiempo durante el cual se le han violado los derechos humanos: “La reclusión actual de Santrich es contraria a derecho, pero sobre todo contraria a la dignidad humana. Santrich actualmente se encuentra en aislamiento total, situación incompleta por su discapacidad visual”. Por otra parte, la jueza 61 del circuito civil de Bogotá, Edith Alarcón, le reiteró a la mesa directiva de la Cámara de Representantes que dé posesión, máximo en 48 de horas, a Jesús Santrich como representante. En tal sentido, le señala la jueza a la mesa que desde el pasado 14 de agosto de 2018 le habían notificado que así lo hiciera.

Las disidencias de la Farc disparan la deforestación en Caquetá

En San Vicente del Caguán es normal ver parches de 100 y de 200 hectáreas de bosque pelados que se registran sobre todo al norte del municipio, justo donde las disidencias de la otrora guerrilla están impulsando esa tala. Eso es una gran paradoja porque justamente las FARC, cuando eran guerrilla armada, tenían “reglas”, como manuales ambientales que hacían más costosa y ayudaban a controlar la explotación de recursos naturales. Ahora, dos disidencias que lideran los exjefes farianos Gentil Duarte y alias Calarcá cambiaron de reglas: les están dando a los campesinos la “orientación” de talar y amenazando a las autoridades ambientales para que no vuelvan a poner un pie en el territorio. El rol de estas disidencias se ha vuelto la gasolina para que grandes terratenientes de la región aprovechen el vacío de esas autoridades y les paguen a los campesinos por ampliar sus fincas haciendo talas. Así, San Vicente es el municipio del país en el que más árboles se tumbaron a diciembre de 2017 en todo el país, 26.632 hectáreas de bosque según el Ideam.

16 años de la ‘Operación Orión’: violencia, memoria y resistencia

El 16 de octubre de 2002 cerca de 2000 uniformados y funcionarios judiciales del Ejército Nacional, el extinto DAS, la Policía, el CTI y las ‘Fuerzas Especiales Antiterroristas’ se tomaron la comuna 13 de Medellín con armas, helicópteros y tanquetas. Según el CNMH, esta intervención militar en el territorio urbano dejó más de 600 víctimas directas entre retenidos, desplazados, heridos, muertos y desaparecidos. Del total, hubo 105 personas desaparecidas forzosamente, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 17 homicidios a manos de la fuerza pública y 80 civiles heridos. Esta semana, habitantes de la Comuna 13 se congregaron en las afueras del Palacio de Justicia para exigirle al general del Ejército Mario Montoya, quién comparecerá de nuevo ante la JEP, que diga toda la verdad sobre un operativo militar. Para los habitantes de ese populoso sector del suroccidente de Medellín, particularmente para los familiares de personas reportadas como desaparecidas, el general Montoya tiene mucho que aclarar sobre la planeación y ejecución de esta operación militar en la que participaron tropas de la Cuarta Brigada del Ejército, por aquel entonces bajo su mando.

¿Cómo se rige la protesta pacífica en Colombia? Ejercicio y garantía de un derecho fundamental

Durante el 2017 y lo que va corrido del 2018, diversos episodios de protesta social han llamado la atención de la opinión pública, una parte de la cual cuestiona la legalidad de paros, tomas y huelgas, así como su legitimidad frente a la defensa de derechos. El Ministro de Defensa, Guillermo Botero, por ejemplo, ha dicho que, en algunos territorios, los grupos armados ilegales financian estas manifestaciones, lo que ha causado el rechazo de diversos sectores que sienten que la protesta está estigmatizada e instrumentalizada por una variedad de agendas e intereses. Pero, no se puede perder de vista la normatividad internacional y nacional que ratifica la protesta como un derecho fundamental, reconociendo que la movilización en Colombia ha jugado un papel relevante en la conformación de colectivos que participan activamente en la defensa de derechos. Esto es de suma importancia en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, con la puesta en marcha del protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica, que entró en vigor antes de finalizar el Gobierno de Santos.