Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la visita del Consejo de Seguridad de la ONU para hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz; la solicitud del Gobierno para extender un año más la Misión de Verificación de la ONU en Colombia; las 638 obras que ya se han ejecutado en el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial; el primer centro poblado de las FARC en Agua Bonita, Caquetá; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de Paz 10-16 de Julio 2019

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“Proceso de paz es un ejemplo para la comunidad internacional”: Consejo de Seguridad[1]

Con una visita al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Caldono, Cauca, concluyó este sábado la visita del pleno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a Colombia, en compañía del Jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, y de representantes del Gobierno nacional, autoridades locales y de FARC.

“Hemos visto como los excombatientes están reincorporándose a la sociedad con actividades económicas. Hemos intercambiado con ellos opiniones, nos han presentado también su visión de cómo viene desarrollándose la implementación del proceso de paz en una zona que sufrió mucho con la violencia pero que ahora se nota cada vez más pujante con iniciativas de tipo comunitario y económico”, dijo al terminar la visita el Presidente del Consejo de Seguridad, Gustavo Meza-Cuadra.

Durante la actividad en el ETCR, la delegación de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad compartió la experiencia de la implementación del Acuerdo de Paz en el territorio con excombatientes de las FARC-EP y las comunidades aledañas al ETCR.

Duque pidió extender por un año más Misión de la ONU en Colombia[2]

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, le solicitó al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que extienda por un año más la Misión de Verificación que hace seguimiento a la implementación del acuerdo de paz.

“Hoy le he entregado al presidente del Consejo de Seguridad la carta que ratifica que queremos el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU porque consideramos que su escrutinio, que su acompañamiento es fundamental para el éxito de esta reincorporación”, dijo el Mandatario.

El anuncio lo hizo el Presidente en el marco del recibimiento que le hizo al Consejo de Seguridad de esto organismo internacional que estuvo en el país para hacer seguimiento a la implementación del acuerdo de paz. Duque les reiteró su compromiso con la reincorporación de los excombatientes de las FARC que siguen comprometidos con el proceso.

Las 638 obras que se han hecho por la paz[3]

Transformar el campo, cerrar las brechas económicas y sociales y así acabar paso a paso las causas del conflicto armado colombiano, son los objetivos del Acuerdo de Paz. Hoy, 32 meses después de la firma, la meta se ha ido materializando en las regiones. En las regiones, donde realmente se ha vivido la guerra, el Gobierno ha ejecutado 638 obras en cumplimiento de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Con 108.766 millones de pesos se han mejorado 226 vías rurales, 135 escuelas, 100 escenarios comunitarios, 41 parques y 41 espacios deportivos. Además, se han realizado obras de generación y distribución de energía; alcantarillas, acueductos, y mejoramientos de centros de salud en las 16 regiones priorizadas.

Juan Carlos Zambrano, director de la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), explicó que fueron las comunidades las que decidieron cuáles eran sus prioridades para los próximos 15 años, de allí salieron unas 33.000 iniciativas que se han ido estructurando en proyectos.

Agua Bonita (Caquetá), el primer centro poblado de excombatientes de las FARC[4]

A lo que hoy es el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Agua Bonita, Caquetá, llegaron hace más de dos años alrededor de 300 guerrilleros en armas. En su mayoría, habían integrado el Bloque Sur y venían de los frentes 3, 14 y 15.

Hoy en Agua Bonita hay un proyecto de piscicultura, otro de piña, un estadero, una gallera, una miscelánea, una panadería, una fritanguería, un reservorio de semillas y desde hace unas semanas una planta despulpadora de frutas. Eso sin contar los cultivos de pancoger que han sembrado los excombatientes.

Lo que actualmente les permite hablar con tranquilidad de la manera en que quieren producir, de sus proyectos y de su futuro en el espacio es que ellos son los dueños de la tierra. Es tal vez el primer ETCR que resolvió este tema, fundamental en el proceso de reincorporación. Mientras en muchos otros espacios el Gobierno está negociando con los propietarios el valor de los predios, aquí ya están titulados a la cooperativa.

El Congreso debe fortalecer la Ley de Víctimas y Restitución de tierras antes de que expire[5]

La Corte Constitucional estudia en este momento una demanda presentada en contra del artículo 208 de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), que establece su vigencia por diez años, es decir, hasta el 11 de junio de 2021.

Los demandantes pidieron que fuera declarado inconstitucional este artículo para que la Ley no pierda vigencia, pensando en dos elementos claves: cuál sería el impacto concreto sobre los derechos de las víctimas de la pérdida de vigencia de la Ley y, cuál es la relación existente entre la Ley y las modificaciones constitucionales realizadas para implementar el Acuerdo de Paz.

Así, diferentes organizaciones solicitaron a la Corte Constitucional que declare inconstitucional la norma demandada y prorrogue la vigencia de la Ley hasta el 2030, siguiendo el término de la implementación del Acuerdo Final. Además, solicitaron al tribunal que exhorte al Congreso de la República para que asuma la discusión sobre la prórroga de la vigencia de la Ley o adopte medidas para una política de reparaciones igual o más robusta que la existente actualmente.

Las medidas del Gobierno para proteger a líderes de sustitución de cultivos[6]

Uno de los flagelos que afronta el país tras la firma del acuerdo de paz es el homicidio contra líderes sociales. Desde el 1° enero de 2016 hasta la fecha, según la Defensoría del Pueblo, han sido asesinados más de 460, entre líderes comunales, defensores del ambiente, sindicalistas y líderes que defienden el pacto de La Habana.

Por eso, este martes 16 de julio, la Consejería para la Estabilización y la Consolidación lanzó en 14 regiones simultaneas un plan para reforzar las medidas de seguridad de los líderes del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en todo el territorio nacional. “

El evento central se realizó en Tumaco, Nariño, donde han caído más una docena de estos líderes. “Uno de los propósitos básicos es reducir los factores de riesgo sobre nuestros líderes PNIS. Los líderes del programa están en el tercer nivel de homicidios contra líderes en el país. Desde la firma del acuerdo de paz, y es una cifra que nos causa dolor al mencionarla, han sido asesinados 58 líderes PNIS”, agregó Archila.

Líos de la sustitución ratifican el fracaso del posconflicto en sur de Córdoba[7]

En el último mes, las bandas criminales que operan y están en guerra en el sur de Córdoba le han dado un fuerte golpe al programa de sustitución de cultivos, pues han asesinado a dos de sus integrantes. Aunque no se sabe si ese era el motivo, el hecho ha causado terror entre los beneficiarios de la sustitución.

Además de la guerra, que ya ha cobrado la vida de otros trece campesinos miembros del programa desde que éste inició en 2017, la sustitución en el sur del departamento va a cuentagotas y los campesinos están empezando a perder la esperanza en este programa.

En el sur de Córdoba, la sustitución se ha quedado, simplemente, en la erradicación voluntaria de las matas de coca y no llegó a generar el bienestar con el que se pensó. Esto porque, en general, ha habido un retraso en los pagos que debía hacer el Gobierno y no ha empezado ninguno de los proyectos productivos. A esto se le suma la guerra que hay en la región entre varias bandas criminales por el control de la coca, la minería y las rentas de la extorsión.

Cinco departamentos concentran el 45 % de desaparecidos por conflicto[8]

Más de medio siglo de conflicto armado ha dejado en el país más de 8 millones de afectados, según el Registro Único de Víctimas. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), estimó que estas cifras de víctimas incluyen un universo de desaparecidos forzadamente de más de 120.000, tomando como base los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Conforme lo indican los datos, Antioquia concentra más del 24 por ciento de los casos de desaparición forzada en el país, con un registro de 20.286 víctimas; le siguen Meta, con 5.459 desaparecidos; Magdalena, con 4.123; Valle del Cauca, con 3.983; y Cesar, que tiene 3.955 desaparecidos. En estos cinco departamentos se concentran el 45,53 % de los casos.

Precisamente para ubicar a los desaparecidos, el 28 de mayo pasado, la UBPD comenzó su despliegue en 10 regiones: Apartadó y Rionero, Antioquia; Barrancabermeja, Santander; Cali, Valle del Cauca; Cúcuta, Norte de Santander; San José del Guaviare, Guaviare; Puerto Asís, Putumayo; Barranquilla, Atlántico; Sincelejo, Sucre; y Villavicencio, Meta.

La incesante lucha de los Awá[9]

Según el coordinador binacional de derechos humanos de la Gran Familia Awá, Miguel Caicedo, cerca de 130 integrantes de esa comunidad, desde 1990 hasta hoy, han sido asesinados o se encuentran desaparecidos: “A muchos compañeros los reclutaron las FARC y nunca aparecieron […] en mi resguardo Pialapi-Pueblo Viejo, más de diez fueron enrolados y jamás regresaron”.

Cada uno de los 25.813 habitantes del pueblo awá que, según el censo de 2005, viven en Colombia, al igual que los 5.242 pertenecientes a esta etnia en Ecuador, han sido afectados de una u otra forma por el conflicto armado. En cada una de las cuatro organizaciones en las que se distribuye esta comunidad hay heridas: pocas cerradas.

Tras soportar un largo proceso de desplazamiento y violencia, los indígenas han emprendido de a poco el retorno a su territorio, considerado por el Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos, como uno de los 24 hotspots que existen en el mundo por su biodiversidad, pero también por su alto grado de amenaza.

Con peces ornamentales, campesino del Valle están saliendo de la coca[10]

La casa de Alberto, campesino y líder de víctimas en Valle del Cauca, no se alcanza a ver desde la carretera. Queda a 40 minutos del puerto de Buenaventura, en el corregimiento de Cisneros, conocido por los cultivos de coca. La casa está en la parte baja de la montaña, donde las familias le están apostando al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Desde 2018 Cabrera tenía dudas: el negocio de la piscicultura no parecía tan rentable. Para sustituir la coca, pensó, sería mejor cultivar peces ornamentales. Lo hizo justo después de arrancar con sus manos los cultivos de coca. De hecho, el negocio de los peces ornamentales funcionó y su caso ha sido un referente en las historias de éxito del programa de sustitución de cultivos:

“La verdad va de la mano con el medio ambiente. Lo que me fui dando cuenta es que vale la pena es trabajar con peces ornamentales, porque peces para el consumo humano la verdad es difícil. Le pongo ejemplo: un kilo de tilapia lo puede vender entre 10 mil a 11 mil pesos, mientras que un kilo de peces ornamentales hasta en 200 mil pesos”.

Fuentes:

Pacifista disponible en: https://pacifista.tv/

Silla Vacía disponible en: https://lasillavacia.com/

Semana disponible en: https://www.semana.com/

Dejusticia disponible en: https://www.dejusticia.org/

El Tiempo disponible en: https://www.eltiempo.com/

El Colombiano disponible en: http://www.elcolombiano.com/

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com/noticias

Misión de Verificación de la ONU disponible en: https://colombia.unmissions.org/