Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con las declaraciones del jefe de la Misión de Verificación, Carlos Ruiz Massieu ante el Consejo de Seguridad; el nuevo desencuentro entre la Minga y el Gobierno Nacional; los múltiples desafíos que representa la sustitución de cultivos; el anuncio de una nueva donación de 27 mil millones de pesos por parte de la UE al SIVJRNR; entre otros.

Lea y descargue Gaceta de paz 10-16 Abril 2019

Si quiere consultar el histórico de publicaciones de la Gaceta de la Paz: clic acá

“La mayor incertidumbre sería reabrir puntos centrales del Acuerdo”: Carlos Ruiz Massieu

Ante el Consejo de Seguridad de ONU, el representante de la Misión de Verificación, se refirió a los avances y preocupaciones sobre la implementación del Acuerdo de Paz. Carlos Ruiz Massieu hizo un diagnostico por varios puntos neurálgicos, sobre todo, del punto de reincorporación, para llamar la atención al Gobierno en la generación de confianza a los más de 10.500 exmiembros de la guerrilla, que se mantienen en tránsito a la vida civil. 

“Hago un llamado al Gobierno a que acelere la aprobación de más proyectos y el desembolso de los fondos, y que también asegure la aplicación de un enfoque de género en estos proyectos y que se tomen decisiones oportunas sobre el acceso a la tierra”, puntualizó.  A la fecha, reveló la Misión, se han aprobado proyectos individuales y colectivos para 1.774 exmiembros de las FARC.[1]

Massieu resaltó que es fundamental aplicar el Acuerdo de manera integrada y garantizar que todas las áreas de su implementación cuenten con los recursos adecuados. Refiriéndose a la situación jurídica de la JEP afirmó: “En un clima de incertidumbre para las víctimas acogidas a la JEP, miembros de la FARC y para las comunidades que han sufrido el conflicto, la mayor incertidumbre sería reabrir los puntos centrales del Acuerdo de Paz”.[2]

Asimismo, el representante de la Misión hizo un llamado a la comunidad internacional para seguir brindado su apoyo: “En la actualidad, una amplia gama de instituciones colombianas, así como líderes comunitarios, familias rurales, excombatientes y la sociedad civil, siguen participando activamente en este proceso y siguen confiando en el apoyo y la participación constante de la comunidad internacional”.[3]

Desencuentro entre el Gobierno Nacional y la Minga

El encuentro fallido del presidente con la Minga en el Cauca volvió a despertar las tensiones y promete fortalecer el paro nacional convocado para el 25 de abril.[4] El Presidente dijo que lamentaba que la Minga haya rechazado el diálogo con la presencia de todas las instituciones y reafirmó su mensaje de que no tolerará las vías de hecho como mecanismo de presión hacia el Estado, en línea con el llamado que le hizo su mentor político, Álvaro Uribe.

El encuentro del 9 de abril era el principal para los mingueros porque era el cara a cara, un pulso definitorio entre dos bandos ideológicamente opuestos, y el inicio de una nueva etapa que seguramente estará marcada por nuevas protestas. Lo que se viene es la continuación de ese pulso cuyo escenario serán las calles y comenzará con fuerza este 25 de abril con el paro nacional al que se sumó la Minga.

En la plaza pública, donde Duque nunca compareció, un representante de la Minga declaró: “Decirle al Presidente y a los mingueros que con lo que acaba de hacer hoy de no atender la Minga, ésta va crecer mucho más […] Nos compondremos con más fuerza, con la cara en alto invitaremos al país a una gran movilización, para demostrarle al país que no nos van a callar”.[5]

Los desafíos de la sustitución de cultivos ilícitos y las opciones para enfrentarlos

A medida que ha avanzado el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), las brechas entre la hoja de ruta para cumplir los compromisos que el Estado adquirió con las familias, y el desempeño real del Programa se han hecho evidentes. Se encuentran rezagos sistemáticos en el desarrollo de sus componentes, lo cual pone en juego su sostenibilidad.

En este contexto surge una pregunta sobre cuáles son las opciones para reencaminar el Programa. El Gobierno de Duque ha dicho que cumplirá los compromisos con la más de 130.000 familias que firmaron acuerdos colectivos y que han expresado su intención de sustituir los cultivos de coca. El PNIS ha avanzado en la erradicación voluntaria, pero tiene como tarea pendiente la sustitución y el tránsito a la economía legal.[6]

El PNIS se encuentra en un punto de quiebre. Para 2019 necesita 1.6 billones de pesos para cumplirles a las familias inscritas, pero actualmente cuenta con cerca de un billón de pesos. A la molestia de estas familias se sumaría las de otras 13.351 que no han sido aceptadas siquiera en el PNIS. Adicionalmente, uno de los problemas más urgentes que Duque debe afrontar es la inseguridad por la que atraviesan las familias y los líderes que apoyan la sustitución. En 2018, en los municipios donde se está implementando el Programa incrementaron los homicidios en un 38% respecto a 2017.[7]

La Unión Europea donará $27.000 millones para el sistema integral de justicia[8]

La Unión Europea (UE) anunció este 12 de abril una donación de 7,7 millones de euros (unos 27 mil millones de pesos) al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición  (SIVJRNR). Estos fondos se distribuirán entre la Comisión de las Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. 

A la primera entidad, que ya cuenta con un monto inicial de 200.000 euros de parte de la UE, se le entregarán 4,5 millones de euros; y a la segunda, 3,2 millones de euros. Esta comunidad política también anunció que trabaja también en un programa adicional para apoyar acciones de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

El trabajo de las tres entidades del sistema se ha visto afectado por los recortes presupuestales. A la UBPD le recortaron el 68% de su presupuesto; a la Comisión de la Verdad, el 40%; y a la JEP, el 20%. Los fondos anunciados por la UE serán precisamente para cubrir el despliegue territorial.

Organizaciones de DD.HH. entregarán informes a la JEP sobre delitos de Fuerzas Militares[9]

Voceros de once organizaciones sociales de derechos humanos, así como plataformas de apoyo a las víctimas, anunciaron que entregarán ante la Sala de Reconocimiento de la JEP documentos donde buscan evidenciar la sistematicidad y las prácticas generalizadas de las Fuerzas Militares al cometer las ejecuciones extrajudiciales, que se encuentran impunes en la justicia ordinaria.

"Si bien en el país se han juzgado casos cometidos por agentes estatales de alto rango, esas investigaciones han sido escasas. En la Fiscalía, las investigaciones no han pasado de una etapa preliminar y en muchos casos ni siquiera se ha iniciado una indagación contra los máximos responsables", aseguró Liliana Uribe, coordinadora de la articulación de las once organizaciones.

La intención de estos colectivos es documentar otras dos dimensiones: la violencia ejercida por paramilitares, en la que están comprometidos por acción y omisión agentes estatales, así como la violencia cometida desde las estructuras de inteligencia del Ejército Nacional.

ELN anuncia cese al fuego durante la semana santa[10]

Este jueves y a través de un comunicado, la Dirección General del Ejército de Liberación Nacional -ELN, anunció un cese al fuego unilateral para el periodo que comprende la Semana Santa.

“Les anunciamos a ustedes y a todo el país, que a pesar de la descomunal ofensiva militar y paramilitar en curso contra nuestras unidades en todo el territorio nacional, realizaremos un cese unilateral de operaciones ofensivas en esta Semana Santa, que iniciará a las cero horas del domingo 14 de abril y finalizará el domingo 21 del mismo mes a las doce de la noche.”  dice el comunicado.

El grupo subversivo señala que “(…) nuestra decisión de avanzar hacia la paz, de continuar con los Diálogos y la Mesa de Conversaciones, y acordar de manera inmediata un Cese al Fuego Bilateral que genere alivios humanitarios para las comunidades más afectadas por el conflicto.”

Asesinan a un bebé, hijo de excombatiente de FARC[11]

Un bebé de tan solo un año de edad murió luego de que sicarios atacaran a sus padres, una indígena wayúu y un excombatiente de FARC que adelantaba su proceso de reincorporación en el ETCR, Simón Trinidad, en La Guajira. El atentado se presentó en la noche del sábado cuando las víctimas, Carlos Enrique González y Sandra Pushiana, fueron a visitar a sus familiares en Maicao y fueron atacados con armas de fuego.

Según versiones dadas al portal generación Paz, por el excombatiente Abelardo Caicedo, Carlos fue a visitar a la abuelita para que conociera el bebé, entonces llegaron los hombres armados y asesinaron a un primo, hirieron a Carlos, a Sandra y al bebé quien falleció antes de llegar al hospital.

Conocido el ataque, varios de los dirigentes de FARC rechazaron la violencia contra los excombatientes y lamentaron el asesinato del niño. Desde la firma del Acuerdo de paz en 2016, han sido asesinados 126 exguerrilleros según denuncia el partido político FARC.

La nueva vida que exguerrilleros quieren conservar en ETCR de Guaviare[12]

En el 'Marco Aurelio Buendía', el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Charras, Guaviare, no solo viven exguerrilleros. Junto con los excombatientes de las FARC que quedan allí, viven algunos familiares que nada tuvieron que ver con la guerra, pero que encontraron en este ETCR un lugar en el que podían permanecer juntos.

En el 'Marco Aurelio Buendía' los exguerrilleros se quieren quedar, como lo recalcó Francisco Gamboa, alias Ricardo Semilla, coordinador de este ETCR. Gambo comentó que, por ejemplo, de los 250 excombatientes que llegaron inicialmente muchos se fueron a vivir con sus familias a otras zonas, o a trabajar en otro lugar, pero que así mismo varios más han regresado después de haber salido porque allí sienten que pueden hacer su vida de forma tranquila y segura.

Las familias, que los exguerrilleros pensaron que nunca podrían tener una vida ordinaria por las difíciles condiciones de la guerra, hoy son realidad, y el ETCR está lleno de mamás con sus bebés en brazos y papás jugando con sus niños. También hay jóvenes que en vez de instruirse en la guerra bailan y hacen coreografías, y excombatientes cuidando de un vivero de árboles maderables y piñas, o trabajando en el día en los terrenos aledaños.

A Briceño llegó el Estado, pero no la paz[13]

Briceño fue seleccionado para hacer los planes piloto de desminado humanitario en el 2016 y sustitución voluntaria de hoja de coca en el 2017. Ya para el 2018 se comenzaron a implementar el programa de Pequeñas Infraestructuras Comunitarias (PIC) y el Plan 50/51, de mejoramiento de vías, como parte del PDET.

Dos años después, esa esperanza se está diluyendo. Donde antes hubo cultivos de hoja de coca, hoy abunda la maleza. Briceño fue mostrado al país y al mundo como ejemplo de sustitución voluntaria, pero la realidad actual es otra: quienes erradicaron se quedaron sin cultivos, sin proyectos y nuevamente la violencia está generando miedo e incertidumbre.

Para ese momento, el PNIS fue valorado como exitoso, entre otras razones porque 2.715 familias se comprometieron a arrancar sus matas de hoja de coca. Pero siete meses después, cuando se acabó la renta bimensual de dos millones de pesos para cada familia cocalera, algunas veredas se están quedando despobladas porque los proyectos productivos no han llegado y el hambre que están padeciendo los obliga a desplazarse.

Fuentes:

Pacifista disponible en: https://pacifista.tv/

La Silla Vacía disponible en: https://lasillavacia.com/

El Tiempo disponible en: https://www.eltiempo.com/

Verdad Abierta disponible en: https://verdadabierta.com/

El Colombiano disponible en: http://www.elcolombiano.com/  

Misión de Verificación de la ONU: https://colombia.unmissions.org/

Fundación Paz y Reconciliación disponible en: https://pares.com.co/

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com/noticias

Ideas para la Paz disponible en: http://www.ideaspaz.org/publications