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Gaceta de Paz 09-15 octubre 2019

Gaceta de Paz 09-15 octubre 2019

Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la alarmante cifra de personas desplazadas por la violencia en lo que va del año; la reiteración de la petición del Gobierno de Iván Duque al Gobierno de Cuba para que extradite a líderes del ELN; la decisión de la JEP ampliando el plazo para recibir informes de las víctimas; la expulsión de Iván Márquez y los demás reincidentes por parte del partido FARC; entre otras.

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En lo que va del año 15.140 personas han sido desplazadas forzosamente[1]

En lo que va del año, la Defensoría del Pueblo ha documentado la ocurrencia de 58 eventos de desplazamiento forzado masivo con ocasión del conflicto armado, que han afectado a 15.140 personas (5.126 familias), de los cuales 15 han sucedido en Nariño, 13 en Chocó y 10 en Antioquia, los departamentos con mayor afectación por estos hechos.

Según lo informó la Defensoría Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, la situación es muy preocupante a nivel general pero además se ha registrado un incremento de las situaciones que ponen en riesgo de desplazamiento a la población civil, en territorios como Cauca, Chocó, Arauca, Putumayo y Guaviare. Por ello para la entidad es necesario que en esos departamentos se fortalezca la respuesta institucional, pues sobre todo en estos territorios y comunidades hay una amenaza concreta derivada de la reconfiguración del conflicto armado.

De otro lado, además de los desplazamientos forzados, también es preocupante la situación de confinamiento en la que están varios territorios por culpa del conflicto armado. De acuerdo con la Defensoría solo en agosto y septiembre, por la incursión armada de las AGC en el municipio de Murindó (Chocó) y la posibilidad de enfrentamientos con el ELN, 1.773 indígenas de los resguardos Chageradó y Murindó resultaron confinados.

 

 

 

El portazo del partido FARC a Santrich e Iván Márquez[2]

El partido FARC publicó un comunicado en el que expulsaron del partido a Iván Márquez, a Jesús Santrich y los demás reincidentes que abandonaron el proceso de reincorporación. Las razones aducidas para la expulsión son: “el abandono del proceso de paz, el rearme, la usurpación del nombre histórico (FARC – EP) y el desconocimiento de sus organismos de dirección, estatutos y código de ética”. Desde el anuncio del rearme, el país entero estaba atento a la reacción que tendrían aquellos que dejaron las armas, el mismo día que se conoció el famoso video, los voceros del partido aseguraron que no compartían la decisión y que seguirán firmes con la paz.

Esta semana hicieron un anuncio mucho más contundente al respecto: aseguraron que su movimiento es un partido “para la paz y para luchar por las transformaciones democráticas (...) en el que no caben las expresiones armadas”. Los jefes del partido FARC además le pidieron a la comisión de ética de su colectividad que se les aplique la sanción máxima a los desertores, que es la separación y expulsión definitiva del partido. Reiteraron que la gran mayoría del conjunto de la Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia - FARC, superior al 95 por ciento de los ex guerrilleros de las FARC – EP continúan acogidos al Proceso de Paz en cumplimiento de lo acordado.

JEP amplía plazo para recibir informes de víctimas y organizaciones sociales[3]

Hace un mes, las víctimas del conflicto armado le pidieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ampliar el plazo para recibir los informes que contienen todos los hechos que han vivido durante 50 años de guerra. Tras analizar los argumentos, los magistrados decidieron ampliar el plazo, que será hasta el 15 de marzo de 2021.  Para los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad esta decisión garantiza el principio de centralidad de las víctimas y el derecho de acceso a la justicia, la verdad, reparación y no repetición. 

Ampliar el plazo es importante también porque así la JEP podrá conocer los hechos que a juicio de las organizaciones violaron sus derechos humanos y reconocerles la capacidad a las víctimas para que participen activamente en los respectivos procesos judiciales. Para la JEP, los enjuiciamientos solo serán medidas de justicia reales si las víctimas y sus familias participan y están informadas de los procesos. No obstante, quedó estipulado que la ampliación es solo para las organizaciones y las víctimas. En el caso de las entidades del Estado se mantuvo el plazo inicial, el 15 de marzo de 2020.

Gobierno pide nuevamente a Cuba extradición de jefes del ELN[4]

Una nueva solicitud de extradición de los comandantes del ELN a Colombia fue enviada a Cuba por el Gobierno colombiano que, desde julio pasado insiste en que desde la isla extraditen a los jefes guerrilleros para que respondan por los delitos causados en el marco del conflicto armado en el país. Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, explicó que esta nueva solicitud de extradición se basa en la orden del juez cuarto de ejecución de penas de Antioquia, quien pidió que Aureliano Carbonell y Pablo Beltrán, integrantes del Comando Central, respondan en Colombia por la masacre de Machuca, la cual dejó 84 muertos y cumple 21 años de ocurrida el próximo 18 de octubre. Pablo Beltrán y el resto de los comandantes están en Cuba desde enero de este año tras el rompimiento de los diálogos con esa guerrilla por el gobierno del presidente Duque. Ceballos insistió en que el gobierno cubano, ahora en cabeza de Miguel Diaz-Canel, posesionado hace tan solo cinco días, de una respuesta oficial que el presidente Iván Duque lleva esperando hace más de siete meses.

Consejo de Seguridad de la ONU pide fortalecer reincorporación de exguerrilleros

Durante la presentación del Informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, los representantes de la comunidad internacional reconocieron los avances en la ejecución de la Política de Paz con Legalidad, los esfuerzos políticos y financieros del Gobierno y reiteraron el llamado a acompañar los esfuerzos en la búsqueda de la paz.[5] El Consejo de Seguridad pidió acelerar medidas para la reinserción de los excombatientes de las FARC y garantizar su seguridad y la de líderes sociales. Insistieron en la necesidad de que el Estado llegue a los lugares más remotos del país para mejorar la seguridad y para evitar una vuelta al conflicto.

Asimismo, y de manera unánime, el Consejo de Seguridad condeno la vuelta a las armas de varios exlíderes guerrilleros y alabó la respuesta del Gobierno, del partido FARC y de la sociedad en su conjunto. El enviado de la ONU para Colombia, Carlos Ruiz Massieu, destacó la necesidad de más avances en la reintegración social de los antiguos combatientes, y apoyar a quienes siguen comprometidos con la paz. "Es ahora más importante que nunca apoyar a las mujeres y hombres que siguen decididamente comprometidos con la paz y a transformar sus vidas y las de sus familias y comunidades", dijo Ruiz Massieu ante el Consejo de Seguridad.[6]

Gobierno radicará proyecto de ley para prorrogar la Ley de Víctimas

El presidente Iván Duque informó que el Gobierno diseñó un proyecto de ley que busca prorrogar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras hasta el 2031, ya que actualmente vence en junio de 2021. Esta decisión se anuncia justo un día después de que la Corte Constitucional realizó una audiencia pública para responder a la demanda presentada por Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, quienes pidieron la extensión, ya que en 9 años no se ha reparado ni al 10 % de las víctimas registradas.[7] Los demandantes consideran que, de no extenderla, toda una estrategia pública para atención y reparación a las víctimas se caería sin que todavía se hayan cumplido sus fines y, con un factor adicional: lo allí planteado tiene relación directa con la implementación del Acuerdo de Paz. Aunque está citado el gobierno y representantes de la Mesa Nacional de Víctimas, 37 organizaciones piden participar dado que citar una audiencia sobre el futuro de una ley creada para satisfacer los derechos de las víctimas mientras se excluye a diversos sectores de ellas es un contrasentido. La audiencia también versará sobre el estado actual de la ley y el proceso de restitución de tierras. Y, en consecuencia, sobre posibles alternativas para la continuación de estos procesos en caso de la Ley de Víctimas pierda vigencia.[8]

Las peticiones de víctimas en el exilio a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos[9]

Las víctimas solicitan que se defina cómo será el traslado de las muestras de ADN y que la entrega digna de los cuerpos sea en los países de exilio. Las constantes amenazas, atentados y asesinatos a los integrantes de la primera organización de familiares buscadores en Colombia, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) los llevo a vivir en el exilio. El Grupo Europa de Familiares de Personas Desaparecidas en Colombia, con integrantes de diez países le entregó un primer informe a la UBPD con 60 casos recogidos de desaparición de familiares.

Otra petición, es conectarse con otras organizaciones de Europa, el Cono Sur, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con Gladys Ávila, vocera del Grupo Europa, también hay preocupaciones enfocadas en el tiempo que tarde la UBPD en empezar a exhumar, identificar y hacer entregas dignas de los cuerpos. También piden que se agilice y se facilite el proceso de toma de muestras de ADN a los familiares que están fuera de Colombia ya el traslado de muestras de sangre es muy complicada y debe tener ciertos cuidados, por eso afirman que podrían hacer la recolección de material genético solo con la prueba de saliva, que es mucho más fácil de transportar.

90 entidades públicas comienzan a rendir cuentas sobre la deforestación en la Amazonia[10]

Más de 90 entidades de orden nacional y regional, entre los que se encuentra la Presidencia y seis ministerios, empezaran a comparecer ante los estrados judiciales tras ser vinculadas al proceso a través del cual la Corte Suprema de Justicia declaró a la Amazonia como sujeto de derechos. El Tribunal Superior de Bogotá citó a 94 entidades nacionales y regionales para que expliquen qué han hecho para dar cumplimiento a las órdenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que declaró a la Amazonia como sujeto de derechos y ordenó al Gobierno nacional a crear mecanismos concretos para frenar la deforestación, enfrentar el cambio climático y, de esta forma, proteger a las generaciones futuras. La declaratoria de la Amazonia como sujeto derechos es una invitación a comprender las conexiones que existen entre la selva y cada uno de los municipios colombianos y a replantearnos la manera como venimos proyectando el ordenamiento territorial y el desarrollo del país. Esta visión de desarrollo no puede seguir desligada de la protección de ecosistemas estratégicos como el Amazonas, ni de la mitigación de los efectos del cambio climático y sus efectos sobre la calidad del aire, el agua y el bosque.

Los territorios más vulnerables son una prioridad para el gobierno: consejero Archila[11]

El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, instaló la semana pasada la reunión institucional del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, para el Chocó. Archila reiteró que los territorios más vulnerables son una prioridad para el gobierno y anunció acciones concretas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de 14 municipios de esta región.

El consejero Archila sostuvo su posición al afirmar: “No venimos a pintar pajaritos en el aire. Venimos con representantes de más de 20 entidades del Gobierno que pactan compromisos y responden por su ejecución, dentro de criterios de buena planeación y financiación”.  Por otro lado, el Gobernador de Choco, Carlos Palacios anunció que mediante ordenanza de la Asamblea, los PDET se convertirán en política pública en el departamento, tal como lo han hecho a través de acuerdos. Ese día también se pactaron inversiones en otros temas de importancia como educación, salud, víctimas y desarrollo rural. Además, Chocó quedará vinculado a “Colombia Fluvial”, programa del INVIAS para mejorar la navegabilidad y así el desarrollo de la región.

Fuentes:

El País disponible en: https://www.elpais.com.co/

Semana disponible en: https://www.semana.com/

El Tiempo disponible en: https://www.eltiempo.com/

El Colombiano disponible en: https://www.elcolombiano.com/

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com/noticias

Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación disponible en: http://www.portalparalapaz.gov.co/