Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con: el llamado de la ONU a utilizar entidades del acuerdo para aterrizar la paz, el pedido de la CIDH sobre investigación por falsos positivos enterrados en Dabeiba, la necesidad de proteger a los líderes sociales para que la paz avance en Colombia; las prioridades del 2020 en la implementación del Acuerdo de Paz; y la amenaza que representan para Timochenko las disidencias de las FARC; entre otras.

Lea y descargue Gaceta de Paz Enero 02-16 de 2020

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Un llamado a utilizar las entidades que creó el Acuerdo para aterrizar la paz.[1]

En una declaración conjunta, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, el presidente Iván Duque y el alto consejero para la estabilización Emilio Archila ambientaron la presentación del informe qué se hará ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York. En la intervención, Duque reiteró la intención de prorrogar el mandato de esta misión hasta 2022, cuando termina su gobierno. Ruiz Massieu resaltó los avances que tiene la implementación del acuerdo de paz y destacó especialmente algunos que se han dado en esta administración, como la ruta de reincorporación que se decretó a finales de 2019. El jefe de esta misión, encargada de hacerle seguimiento a dos puntos del acuerdo de paz: la reincorporación de los excombatientes a la vida civil y las garantías de seguridad también hizo un llamado para superar los “evidentes desafíos” en especial en asuntos de seguridad. Al cierre, Ruiz Massieu aseguró con optimismo: "Colombia sigue siendo una inspiración para el mundo, lo ha sido desde la firma del Acuerdo de paz. Esa inspiración, aunada al compromiso de Gobierno, FARC y la sociedad y a los ejemplos de reconciliación nos hace tener la confianza de que el Acuerdo será un éxito".

 

Comunidad de Bojayá pide acompañamiento internacional.[2]

Después de que la comunidad de Bojayá (Chocó) alertara sobre la presencia de un grupo de alrededor de 300 hombres vestidos de civil que portaban armas largas y cortas, entre 10 y 12 líderes de este municipio recibieron llamadas amenazantes en las que, según la lideresa de víctimas y de la Organización de Comunidades Étnicas Los Palenkes, “unos se identificaron como ELN, otros pidieron recursos económicos, otros municiones y otros, como en el caso de Leyner (Palacios), le dieron dos horas para salir”. Por esta razón, esta organización comunitaria, y otras víctimas de Bojayá, piden con urgencia una comisión internacional que los acompañe. “Los actores armados hoy es claro que no respetan a la sociedad civil ni las autoridades étnicas ni civiles de Colombia. En ese sentido, nosotros necesitamos esa presencia internacional en las comunidades, que nos permita evitar que estos actores usen como escudo a la población (…) eso puede ayudar a garantizar la permanencia de las comunidades en su territorio.”, indicó la lideresa.

 

“Sin dilación y seria”: el pedido de la CIDH sobre investigación por falsos positivos enterrados en Dabeiba[3]

El pasado 14 de diciembre de 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer un macabro hallazgo, la ubicación de lo que sería la primera fosa común masiva con más de 50 cuerpos de falsos positivos. La fosa común, ubicada en Dabeiba - Antioquia, tendría los cuerpos de presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el marco del conflicto armado interno. Para la JEP estos cuerpos corresponderían a personas desaparecidas y ejecutadas para ser presentadas como guerrilleros muertos en combate. Ante el hallazgo, que puso en el escenario nuevamente el tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Colombia a seguir adelante con la investigación que reveló la existencia de esta fosa en el marco el caso 003 denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. La Comisión valoró positivamente las acciones que están siendo implementadas por parte de la JEP, así como las medidas cautelares decretadas sobre algunos cuerpos custodiados para su protección. La presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, recordó que “en casos de ejecuciones extra judiciales o desapariciones forzadas el Estado tiene la obligación de realizar una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, elemento fundamental para la protección de ciertos derechos que se ven anulados por estas situaciones”.

 

ONU solicita al gobierno proteger a excombatientes de FARC.[4]

Unos 77 excombatientes de las FARC fueron asesinados en 2019, elevando la cifra a un total de 173 desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia en 2016, señala un nuevo informe del Secretario General de las Naciones Unidas. La falta de seguridad es aún más crítica para los líderes sociales: desde la firma del Acuerdo de Paz, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha verificado 303 asesinatos de defensores y defensoras de las garantías fundamentales y líderes sociales. De acuerdo con António Guterres, la seguridad de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos, así como de los excombatientes, está intrínsecamente vinculada a la seguridad de sus comunidades. El Secretario General reiteró su llamamiento al Gobierno colombiano a adoptar medidas más efectivas para proteger la vida de los líderes sociales y las personas involucradas en la implementación del Acuerdo de Paz. El titular de la ONU recordó que, si bien el Acuerdo de Paz preveía una transformación a largo plazo de Colombia, particularmente de las zonas devastadas por el conflicto, los fundamentos de esa transformación deberían construirse desde ahora a través de acciones concretas de todos los actores para implementar el Acuerdo en su totalidad.

 

Rueda de negocios entre exguerrilleros y empresarios del Meta.[5]

Con el fin de fomentar el interés de los empresarios del departamento del Meta hacia los proyectos productivos que implementan las personas en proceso de reincorporación de la región, la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el PNUD y la OIM aunaron esfuerzos para realizar la primera rueda de negocios de proyectos productivos de la reincorporación. La rueda de negocios se llevó a cabo en Villavicencio, capital del Meta; allí, 32 representantes de empresas conocieron de cerca 15 proyectos productivos que se están implementado en el departamento y que benefician a más de 1000 personas en proceso de reincorporación y de las comunidades locales cercanas a los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Luego de la contextualización ante los emprendimientos, se organizaron mesas temáticas entre empresarios y exguerrilleros para intercambiar experiencias de cada modelo de negocio y desarrollar alianzas estratégicas. Las personas en proceso de reincorporación tuvieron la oportunidad de aclarar dudas, conocer el actual comportamiento del mercado, tipos de estrategias de comercialización, ventajas del mercado digital, entre otras. Se espera que a partir de esta experiencia se puedan organizar otras reuniones que permitan fortalecer el proceso de reincorporación en el departamento del Meta.

 

Hallan seis cuerpos en fosas comunes en Nariño[6]

El hallazgo de dos fosas comunes en zona rural del municipio de Olaya Herrera (Nariño), fue revelado por el Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules, cuyas tropas ejercen el control en una extensa zona del Litoral Pacífico de este departamento. De acuerdo con informaciones suministradas por la Red de Participación Cívica, el 26 de diciembre de 2019 se habrían registrado fuertes enfrentamientos entre dos grupos armados residuales que se disputan el dominio del territorio para ejercer el control del narcotráfico en esa jurisdicción. Ante el aviso las tropas del Comando Operativo Pegaso iniciaron las operaciones de registro y control en la zona, con el propósito de verificar la información de la ciudadanía y garantizar la seguridad de la población civil asentada en el lugar. En cumplimiento de las operaciones el pasado 5 de enero hallaron dos fosas comunes, en las cuales -luego de un registro detallado adelantado por unidades de la Sijin de la Policía Nacional- fueron encontrados seis cuerpos que al parecer corresponden a integrantes de los grupos armados residuales que delinquen en la región.

 

15 años de Justicia y Paz: avances en reparación y deudas en justicia.[7]

En 2020 se cumple el tercer lustro de la Ley de Justicia y Paz en Colombia, y aunque el trabajo de los tribunales empezó en 2009 en el caso de Bogotá y 2011 en Medellín y Barranquilla, los resultados, según los mismos jueces, son satisfactorios y positivos. El presidente de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, magistrado Juan Guillermo Cárdenas, afirmó que con esta ley se entró, por primera vez, a investigar los crímenes de sistema cometidos por integrantes de grupos armados ilegales y de guerrillas. El balance de la Ley de Justicia y Paz para las víctimas que acoge esta ley es incierto. Para la Línea Fundadora de las Madres de la Candelaria, que representa a cientos de mujeres que perdieron a sus hijos o seres queridos en el conflicto armado, hay puntos altos y otros muy bajos. Sobre la justicia, Amparo considera que el trabajo está a mitad de camino, aunque aclara que para la mayoría de las víctimas la verdad absoluta es justicia. Sobre las reparaciones y garantías de no repetición, el balance es negativo. “Hay víctimas que se están muriendo y no han recibido un peso (…) Ni hablar de la no repetición, menos en un país donde siguen desapareciendo personas todos los días”, añadió Amparo.

 

ONU: “No se alcanzará la paz mientras voces de líderes sean silenciadas”[8]

El 13 de enero, el jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentó el último informe emitido por la misión ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El documento presentado resaltó que 2019 fue el año más violento para los excombatientes, y Ruiz Massieu insistió que “no se alcanzará la paz mientras las voces de los líderes sociales sigan siendo silenciadas por la violencia y mientras excombatientes que están comprometidos con su reincorporación sigan siendo asesinados”. Su presentación se enfocó en las garantías de seguridad para estas dos poblaciones, en particular, en las necesidades de protección y seguridad de los más de 9,000 exguerrilleros en proceso de reincorporación que se encuentran fuera de los espacios de reincorporación. También, el jefe de la Misión denunció la situación crítica en la que se encuentran diferentes comunidades del Chocó, Cauca y Nariño, donde son activas las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN.

 

2020, un año crítico para la implementación del proceso de paz[9]

Si bien se han logrado importantes avances en la reincorporación a la vida civil de cerca de 13,000 excombatientes y, en la creación y desarrollo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, aún quedan muchos desafíos por enfrentar. Implementar la integralidad del Acuerdo, garantizar el compromiso de las nuevas administraciones locales, aumentar la seguridad de los líderes sociales y excombatientes, y consolidar la justicia transicional son los cuatro retos fundamentales para la implementación del Acuerdo de Paz en el año 2020. La Fundación Ideas para la Paz destaca la importancia de lograr una mayor articulación y coordinación en la implementación de los seis puntos del Acuerdo. Solo una ejecución integral y coordinada del Acuerdo creará las condiciones necesarias al desarrollo y a la superación de la violencia. Contar con el compromiso y dedicación des las nuevas administraciones locales es, en este sentido, una prioridad. De igual forma, el mejoramiento de las condiciones de seguridad es un prerrequisito a la participación efectiva de las comunidades, al desarrollo rural y a la inversión privada en las áreas mas afectadas por el conflicto armado. Por fin, el trabajo de la justicia transicional es fundamental para superar las heridas creadas por el conflicto e ir promoviendo la reconciliación, reparación y reconstrucción.

 

Timochenko amenazado por las disidencias de las FARC[10]

El aviso de un ataque contra Rodrigo Londoño, jefe del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), prendió las alertas para que la Policía iniciara una operación relámpago que terminó con la neutralización de dos hombres que, supuestamente, tenían órdenes de matarlo. La noticia sobre este plan llegó a las autoridades hace unos días, luego, un grupo de operaciones especiales de la Policía viajó hasta la vereda La Cuchilla, zona rural del municipio de Alcalá (Valle del Cauca) para fortalecer la seguridad del líder de la FARC. La Fuerza Pública pudo detener este atentado gracias a que la fuente que les advirtió del ataque les hizo una descripción física de dos personas que estarían encargadas de ejecutar el plan. Cuando oficiales quisieron detenerlos para pedirles documentos, los hombres sacaron pistolas y se enfrentan a los policías. Producto de la confrontación, fallecieron los sujetos, conocidos como ‘Guamby’ y ‘Conejo’, quienes serían integrantes de la célula guerrillera de El ‘Paisa’.

 

La Jurisdicción Especial para la Paz cumple dos años: logros y desafíos[11]

Poco a poco la imagen de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha mejorado, producto de la disminución de conflictos de competencia entre las entidades del Estado y de su actuar judicial. No solo ha abierto siete casos para la investigación de conductas violatorias de los Derechos Humanos cometidas en el contexto del conflicto armado, tanto por parte de los exguerrilleros de las FARC como de miembros de la Fuerza Pública y agentes del Estado. Además, ha puesto su mirada hacia las víctimas, quienes reclamaban más participación en los procesos. Los magistrados han ido a los territorios, han escuchado a las víctimas y a los responsables, tratando de equilibrar fórmulas que garanticen la satisfacción de los derechos de los afectados en el conflicto. La JEP redujo el tiempo en el que toma las decisiones; y, en palabras de Guillermo Mendoza Diago, ex vicefiscal general de la Nación, ya se ha empezado a sacar a flote la verdad de lo ocurrido en el conflicto. El año 2020 traerá las primeras decisiones de fondo de la JEP. Se espera que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad diga si es suficiente el aporte de los comandantes de las FARC sobre el secuestro.

 

Obispos del Pacífico denuncian agudización del conflicto armado[12]

En un comunicado conjunto los Obispos de la Región del Pacífico y Suroccidente de Colombia, expresaron una vez más su preocupación y advertencia por la agudización del conflicto en estas zonas territoriales y en otras regiones del país. Estos territorios, compuestos en su mayoría por afrodescendientes, indígenas y mestizos, ha sido uno de los más golpeados por la violencia. En este sentido, los prelados expresaron “alzamos nuevamente nuestra voz de pastores y hacemos un llamado a retomar el sendero de la paz en la perspectiva del respeto a los Derechos Humanos, los Derechos de los Pueblos y el Derecho Internacional Humanitario". En su mensaje convocaron al Gobierno Nacional “a establecer condiciones de vida digna y mecanismos de protección para las comunidades y líderes sociales”. Igualmente, solicitaron prestar atención ante las alertas por posibles situaciones de connivencia de integrantes de la Fuerza Pública con grupos ilegales. También reafirmaron su llamado para buscar salidas políticas y pacíficas al conflicto armado, de manera especial con el ELN, con las AGC y estructuras similares.

 

Iván Duque le pide a la Misión de verificación de la ONU que se quede hasta el final de su gobierno[13]

Durante la reunión de la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, que se realizó en Cartagena, el presidente Iván Duque manifestó su deseo para que el mandato de la Misión de Verificación de la ONU esté hasta el final de su gobierno. El mandatario, frente a los miembros de esta comisión, resaltó que la Misión es clave para consolidar la paz en el país, por lo cual desea que continúe "su labor de garante, independiente, de escrutador de este proceso nos permita a nosotros afianzar los éxitos y también identificar retos comunes para ser resueltos". De igual forma, el jefe de Estado agradeció la presencia de los embajadores ante Naciones Unidas, pues es un espaldarazo al pueblo colombiano y a la agenda de construcción de paz con políticas públicas de corto, mediano y largo plazo. Según Duque, la idea es que sea una construcción colectiva como país y dijo, de manera enfática, que "la paz no tiene dueño, la paz no le pertenece a ningún líder político. La paz le pertenece a la sociedad entera”.

 

Inicia la implementación de la Zona Futuro en el Bajo Cauca antioqueño[14]

El Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos Arévalo, se reunió con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, para detallar las acciones de trabajo de su oficina en el departamento. Especialmente, en la implementación de las llamadas Zonas Futuro, una de ellas en la subregión del Bajo Cauca. Ceballos dijo que esa estrategia consiste en el fortalecimiento de la seguridad en una zona específica, complementada con la presencia de todos los niveles del Estado, para el fortalecimiento de las economías locales, y para hacer el tránsito de las actividades ilegales hacia las legales. El gobernador ofreció su apoyo para coordinar y articular una acción integral del estado garantizando la presencia de todos los ministerios, pero ante todo, garantizando la seguridad y tranquilidad de todos los ciudadanos, lo cual implica el combate directo contra las economías ilegales. Sobre el apoyo a las economías legales, detalló que hay identificados y priorizados varios proyectos con las comunidades, los cuales se impulsarán de manera especial, impactando a miles de personas de los municipios del Bajo Cauca. Por su parte Gaviria Correa expresó que el primer mensaje luego de esta reunión es que la preocupación y la decisión de mejorar la situación en el Bajo Cauca, son comunes a los gobiernos Nacional y Departamental.

 

Investigación revela escándalo de chuzadas por el Ejército nacional [15]

La Revista Semana reveló escandalosa evidencia que el Ejército estarían chuzando a políticos de oposición, periodistas y magistrados encargados del juicio contra Álvaro Uribe. El presidente Iván Duque y su ministro de Defensa se comprometieron a “ir hasta el fondo en las investigaciones contra las manzanas podridas” y a tener "cero tolerancia" con las violaciones a la ley por parte de uniformados. Además, la denuncia de Semana muestra que la salida del general Nicacio Martínez, el pasado 27 de diciembre, lejos de haber sido por razones personales, como lo presentó el presidente Duque, tuvo que ver con seguimientos ilegales. El comandante del Ejército, que renunció en diciembre, en su momento fue ascendido por el presidente Duque para liderar las Fuerzas Armadas pese a un informe de Human Rights Watch, que denunciaba que cuando era coronel y segundo al mando de la Décima Brigada Blindada tenía al menos 23 casos investigados por falsos positivos, y varios soldados bajo su mando ya han sido condenados por asesinatos de indígenas, de personas protegidas y agresiones sexuales.

 

En el Chocó, la efectividad de los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial está cuestionada.[16]

Conocida como PDET, la iniciativa hace parte del Acuerdo de Paz y que se concibió para atender a los 170 municipios más golpeados por la guerra. Ante la crisis humanitaria que vive el departamento de Chocó, las comunidades afro e indígenas reclaman al Estado para que intervenga de manera integral. Funcionarios responden que la actual administración hace presencia en diversas regiones de Chocó y que una de las maneras es impulsando los PDET. No obstante, a juicio de un experto en desarrollo, en la priorización de municipios “se cometieron errores garrafales, tan estructurales, que dañarían la posibilidad de que sean algo eficiente y efectivo”. Con base en su conocimiento del departamento, la exclusión que más inquieta es la de la Quibdó, que abriga a unos 115 mil habitantes, cientos de ellos llegados allí en condición de desplazamiento forzado. A su juicio, se deben atender tanto el que expulsa como el que recibe, pues es la única forma de recomponer el tejido social, y afirma “lo que yo veo es que los municipios PDET en Chocó están localizados para controlar corredores, no para atender víctimas”. Otro de los cuestionamientos apunta a los ocho pilares que conforman este programa. Desde su experiencia, “la perspectiva étnica no se ve en esos pilares (...) vienen en una perspectiva más productivista, más desarrollista, más de crecimiento económico, y no de desarrollo humano”.

 

Fuentes:

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com

El Tiempo disponible en: https://eltiempo.com

El Colombiano disponible en: https://www.elcolombiano.com

Prensa Rural disponible en: https://prensarural.org

La Silla Vacía disponible en: https://lasillavacia.com

Verdad Abierta disponible en: https://verdadabierta.com/