Con apoyo de OIM y USAID, más de 100 funcionarios de equipos psico-jurídicos y defensores comunitarios se capacitan para fortalecer la atención y orientación a las víctimas de desaparición forzada.

La desaparición forzada es una de las mayores victimizaciones en el marco del conflicto armado colombiano. Según el Registro Único de Víctimas ocupa el cuarto lugar con víctimas más de 171.000 víctimas registradas de las cuales 47.000 son directas. Es también una de las modalidades de victimización más dolorosas por la incertidumbre y espera a la que somete a los familiares. De ahí la importancia de contar con instituciones y funcionarios sensibles y bien capacitados para brindar una orientación adecuada y humanizada a los familiares. Una orientación que parta de la empatía, del reconocimiento de su sufrimiento, la resiliencia, y las particularidades del hecho victimizante.

La desaparición forzada impide la realización de un proceso de cierre y duelo ya al desconocerse el destino final de la persona desaparecida, se alberga la esperanza de encontrarla viva y por tanto, nunca se detiene la búsqueda. Es una herida abierta que lleva a las familias a recorrer múltiples caminos para encontrar a sus seres queridos: búsquedas físicas (en lugares) y búsquedas institucionales (entre las diferentes entidades del Estado, donde se enfrentan, en muchos casos, a la fragmentación de la información y a una débil atención por parte de los funcionarios).

La Ley de Víctimas (1448 de 2011) asignó a diferentes entidades del Estado responsabilidades con relación a la atención y reparación a las víctimas del conflicto armado. La Defensoría del Pueblo es una de esas entidades. Por eso, el Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas del Conflicto (VISP), de USAID y OIM, ha priorizado el apoyo a esa entidad desde el año 2013 con el fin de contribuir a su labor de orientación y atención humanitaria.

En ese marco, en el último mes, más de 100 funcionarios de los equipos psico-jurídicos y defensores comunitarios reciben capacitación con el fin de fortalecer su capacidad para atender y orientar a las víctimas de desaparición forzada. El rol de acompañamiento a las víctimas del conflicto, y en particular a las de desaparición forzada, por parte de la Defensoría es un proceso transversal que comprende desde el proceso de búsqueda hasta la entrega digna. Por eso, sus funcionarios deben estar capacitados para brindar apoyo en cada una de las etapas del proceso. Su orientación a las víctimas es fundamental.

Los funcionarios, organizados en tres grupos, reciben formación teórica y práctica en el contexto histórico, conceptos básicos, enfoque psicosocial y acciones psico-jurídicas, metodologías de identificación, georreferenciación, exhumación, entrega digna, enfoque diferencial y procedimientos comprendidos en el Plan Nacional de Búsqueda. El acto de inauguración, contó con la participación del Defensor del Pueblo Carlos Negret; de Michael Torreano, Director de la Oficina de Reconciliación e Inclusión de USAID/Colombia y de Luz Marina Monzón, Directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas; así como invitados de las organizaciones sociales y de víctimas quienes destacaron la importancia de este tipo de espacios.

“Este tipo de espacios son importantes porque también le permiten a las instituciones aprender de la experiencia de los familiares” Pilar Navarrete, esposa de Hector Jaime Beltrán, desaparecido del Palacio de Justicia.

Es una modalidad que impide la realización de un proceso de cierre y duelo ya al desconocerse el destino final de la persona desaparecida, se alberga la esperanza de encontrarla viva y por tanto, nunca se detiene la búsqueda. Es una herida abierta que lleva a las familias a recorrer múltiples caminos para encontrar a sus seres queridos: búsquedas físicas (en lugares) y búsquedas institucionales (entre las diferentes entidades del Estado, donde se enfrentan, en muchos casos, a la fragmentación de la información y a una débil atención por parte de los funcionarios).

La desaparición forzada es un fenómeno de enorme magnitud y complejidad, cuya cifra oficial es difícil de establecer y que varía según la fuente consultada. Así, de acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), corresponde a 82.998 personas desaparecidas entre 1958 y 2017; mientras que para la recién creada Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), son más de 100.000 personas. Tal como explicó su directora, Luz Marina Monzón: “La UBPD incluye en esta categoría a las personas desaparecidas forzadamente, pero también a las personas secuestradas, reclutadas ilícitamente y a los combatientes”, quien agregó que, a partir de mayo la entidad espera contar con 10 equipos móviles en región.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (www.ubpdbusquedadesaparecidos.co) es la nueva institución del Estado que, por los próximos 20 años, se encargará de la búsqueda humanitaria y extrajudicial de las personas vivas o muertas, dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado con el fin de contribuir a aliviar el sufrimiento de sus familias y lograr el reencuentro de los familiares cuando sea posible. Hace parte de los mecanismos incluidos en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016.