Bogotá. Con el propósito de promover el acceso a los servicios de salud y garantizar una atención integral y sostenible para la población nacional venezolana con estatus migratorio regular en el marco de la pandemia por COVID-19, desde el Ministerio de Salud y Protección Social con el apoyo del Programa de Estabilización Comunitaria (CSA) de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de la mano con la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR y la Corporación Opción Legal, se implementó el Proyecto de Cobertura Universal. 

Este Proyecto se llevó a cabo en 10 territorios priorizados del país[1], y a partir del mes octubre de 2020 a 31 de julio de 2021, ha logrado que 13.910 personas, incluyendo nacionales venezolanos y colombianos retornados, hoy cuenten con la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de Colombia.

Entre estos beneficiarios hay 4.570 niños y niñas de padres venezolanos, quienes han visto garantizado su acceso a servicios esenciales de salud como consultas médicas, exámenes de laboratorio, medicamentos, intervenciones quirúrgicas, entre otros.

Tal es el caso de Yoseanni Briceño, una niña de nueve años, quien hace dos años llegó con su mamá y sus dos hermanos a la ciudad de Cúcuta en el departamento de Norte Santander desde el estado Trujillo, en Venezuela.

El año pasado, Yoseanni fue diagnosticada con sarcoma -un tipo de cáncer, en su pierna izquierda; y para garantizar su atención, desde el mes de noviembre del 2020, fue beneficiaria del proyecto. Esto por medio de la afiliación a una Entidad Promotora de Salud (EPS) del régimen subsidiado, donde recibe su tratamiento requerido.

“Al principio, por no tener documentos, era muy complejo hacer que mi hija tuviera una continuidad para su tratamiento de quimioterapia, así que acudí al mecanismo tutela. Un día, en una capacitación de afiliación en mi barrio, donde estaba el equipo de OIM y de Opción legal, me informaron sobre la posibilidad de afiliar a mi hija al sistema de salud. El contar con estos servicios nos permite, como familia, sentir un infinito de oportunidades…creer que hay una solución y que todo es posible”, comentó Yusdany Valero, madre de Yoseanni.

Igualmente, a través de este proyecto se promueve la disminución de factores de riesgo asociados con la morbilidad infantil y materna, garantizando la atención y controles en salud de mujeres, niñas y niños, que abarcan desde el tratamiento, la promoción y la prevención de enfermedades.

Por ejemplo, durante su embarazo, Ani Herrera, una joven venezolana residente en la ciudad de Cartagena, fue orientada por el equipo territorial de salud de la OIM y Opción Legal para vincularse al sistema de salud y así poder tener acompañamiento durante su embarazo y acceder a un parto seguro.

“Conocí a Vanessa de OIM y a Nelson de Opción Legal, quienes me orientaron para poder acceder a servicios de salud materna. A través de Vanessa, me enteré y participé en el curso de maternidad. Y con Nelson recibí orientación en la ruta de aseguramiento para poder actualizar mi documento de identificación que confirme mi permanencia en el país y así afiliarme a una EPS de régimen subsidiado para poder solicitar citas de control prenatal y demás servicios del plan de salud”, comentó Anni Herrera. 

Conoce más sobre la historia de Anni aquí

Fortalecimiento de capacidades

Adicionalmente, para fortalecer las capacidades institucionales, en estos 10 territorios se llevaron a cabo 294 talleres sobre ruta de aseguramiento en salud, dirigidos a 4.820 funcionarios públicos y organizaciones comunitarias que están involucradas en procesos para la promoción de derechos de la población refugiada y migrante venezolana. A través de la asesoría de los consultores de la Corporación Opción Legal, estas capacitaciones se centraron en el marco de la reglamentación del Sistema en Salud para llevar a cabo la afiliación de población nacional venezolana con estatus migratorio regular en el marco de la emergencia sanitaria generada por la COVID-19.

Así mismo, se realizaron 491 talleres de capacitación dirigidos a la comunidad- nacionales venezolanos, colombianos retornados y comunidades de acogida-, sobre la ruta de aseguramiento en salud, los derechos y deberes y los procesos de regularización, contando con la participación de 9.760 personas (7.466 mujeres, 2.294 hombres).

Estos resultados se deben al trabajo coordinado entre la comunidad, las agencias de cooperación y las instituciones involucradas. Para ello, ha sido fundamental la labor de los líderes y lideresas de la Redes Comunitarias de Salud, quienes apoyaron los procesos de identificación de los nacionales venezolanos y colombianos retornados que aún no estaban afiliados al Sistema de Salud para que recibieran información y asesoría.

[1] Barranquilla (Atlántico); Cali (Valle del Cauca); Cartagena (Bolívar); Bucaramanga (Santander); Cúcuta (Norte de Santander); Maicao (La Guajira); Riohacha (La Guajira); Medellín (Antioquia); Santa Marta (Magdalena) y Soacha (Cundinamarca).