Temas prioritarios

Señor/a candidato/a, Jefe y/o equipos de Campaña: 

La Organización Internacional para las Migraciones está consagrada al principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la sociedad. En su calidad de organismo intergubernamental, la OIM trabaja con sus asociados de la comunidad internacional para: ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración; fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias; alentar el desarrollo social y económico a través de la migración; y velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes

En Colombia, OIM trabaja desde 1956, brindando apoyo a las autoridades del nivel nacional y local en la implementación de proyectos de alto impacto social, que han beneficiado a más de cuatro millones de personas en el país, en los últimos años. La OIM es líder en la ejecución de proyectos que benefician a la población en búsqueda de protección internacional, migrantes que retornan, migrantes laborales, víctimas de la trata de personas, personas en situación de desplazamiento; niños, niñas y jóvenes desvinculados de grupos armados ilegales, desmovilizados vinculados a procesos de reintegración, víctimas de los grupos armados ilegales y desplazados a causa de desastres naturales.

¿Por qué los temas en los que trabajamos son prioritarios?

Integración socioeconómica y cultural de refugiados y migrantes:

Está demostrado que la migración gestionada de forma segura, ordenada y regular genera oportunidades para el desarrollo, el crecimiento económico y el enriquecimiento cultural de los países.

Es necesario sostener el compromiso de Colombia en lo relacionado con la implementación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, al cual el país adhirió en 2018. Es vital mantener los avances alcanzados en materia de integración regularización e integración socio económica y cultural de los refugiados y migrantes venezolanos en Colombia, así como la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) y las más de 150 medidas encaminadas a garantizar una vida digna para estas poblaciones.

Asimismo, es de suma importancia que se reconozca a esta población como agente de progreso que puede generar valor, riqueza y empleo; con el fin de fortalecer los vínculos comunitarios que le permitan a las comunidades prevenir la xenofobia y todas las expresiones de discriminación. 

Respuesta integral a los movimientos migratorios regionales:

Colombia se ha convertido en un país de tránsito de migrantes de diversas nacionalidades; en la mayoría de los casos, estas personas se encuentran en una alta condición de vulnerabilidad. 

Es pertinente y prioritario generar alternativas para la protección de sus derechos, incluyendo el acceso a asistencia humanitaria, orientación e información. 

Superación de barreras para la atención en salud de personas migrantes, incluyendo cobertura universal: 

Es un compromiso de la Agenda 2030 garantizar la atención integral en salud de todas las poblaciones, incluidos refugiados y migrantes. La salud aporta al desarrollo de las comunidades.

Es necesario realizar acciones para acortar las brechas de acceso a salud en zonas rurales dispersas, así como fortalecer los esfuerzos para la prevención de enfermedades, incluido el COVID-19. La prestación de servicios en materia de salud sexual y reproductiva es fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y niñas migrantes.

Prevención de la trata y tráfico de personas: 

Estos dos delitos son riesgos asociados a la migración no ordenada y constituyen una de las peores violaciones de derechos humanos contra las personas en movimiento.

Es necesario fortalecer las medidas de atención de personas víctimas y de prevención; así como las acciones para la investigación y judicialización de los perpetradores.

Apoyo a colombianos retornados: 

La gestión ordenada del retorno representa una oportunidad para el desarrollo económico de las comunidades.

Es fundamental contar con mecanismos de reintegración socioeconómica para estos colombianos, de manera que puedan retomar sus proyectos de vida en el país.

Fortalecer los mecanismos de participación y comunicación del Estado colombiano con la diáspora (colombianos en el exterior):

Está demostrado que los nacionales en el exterior generan oportunidades para el desarrollo. 

Implementar medidas que generen intercambios con la diáspora abre las posibilidades para que ésta continúe con su aporte al país.

 

Fortalecimiento de las instituciones creadas en el marco del Acuerdo de Paz:

Con el apoyo de la comunidad internacional, el país avanza en el camino hacia la construcción de la paz a través de la implementación de las medidas establecidas en el Acuerdo Final, como lo es el Sistema Integral para la Paz e instrumentos como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Actualmente, hay más de 9 millones de víctimas registradas en el país. 

Es esencial contar con instituciones sólidas que faciliten la construcción de paz duradera en todo el territorio. El funcionamiento de las entidades que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición es una garantía, no solo para la implementación del Acuerdo, sino para el reconocimiento y la participación efectiva de las víctimas. 

Apoyo a procesos de reintegración y reincorporación: 

Con la firma del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las FARC-EP, 13.589 excombatientes iniciaron su proceso de transición a la vida civil. Cinco años después, aunque cerca del 59% de ellos participa en proyectos productivos, la estigmatización y violencia en su contra sigue siendo la principal amenaza en su proceso de reincorporación socioeconómica. 

La reincorporación integral, sostenible e inclusiva de excombatientes es un componente fundamental para la construcción de paz y la estabilización de Colombia, así como del desarrollo territorial y comunitario. Es necesario continuar con la implementación de medidas que garanticen la reincorporación socioeconómica, de manera que esta población pueda desarrollar proyectos de vida sostenibles en la legalidad. 

Prevención del reclutamiento, uso y utilización:

Desde 1999, 7.130 niños, niñas y adolescentes han ingresado programas de atención para niñez desvinculada de grupos armados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Recientemente, y a través del Sistema de alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, entre 2017 y 2022 se registraron 190 situaciones de riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en Colombia.

Se debe garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes, tanto de la población migrante como de las comunidades de acogida, puedan crecer y desarrollar su proyecto de vida en entornos protectores que garanticen sus derechos. 

 

Continuidad al cumplimiento de los compromisos de género en el marco del Acuerdo de Paz:

En el Acuerdo de Paz se establecieron medidas dirigidas a garantizar la inclusión de las mujeres en la construcción de paz. Entre estas se encuentra el acceso a la tierra, la promoción de su participación en espacios de representación, toma de decisiones y resolución de conflictos, así como el acceso a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las mujeres víctimas. Actualmente, el 30% de quienes adelantan su proceso de reincorporación son mujeres.

La garantía de una paz estable y duradera solo se logra con la participación efectiva de las mujeres. Es fundamental avanzar en la implementación de las políticas, programas y acciones en materia de género derivadas del Acuerdo de Paz. En este marco, fortalecer acciones para garantizar la protección de lideresas y fomentar espacios para su participación. Adicionalmente, la implementación de medidas para la prevención de la violencia basada en género (VBG) puede abrir oportunidades para la participación social, política y económica de las mujeres excombatientes.

Fortalecimiento al ordenamiento de la propiedad y al desarrollo rural:

El ordenamiento social de la propiedad rural, que fue incluido en el punto 1 del Acuerdo Final de Paz, es un elemento esencial en la ordenación de las migraciones internas, y hace parte de la garantía de no repetición de procesos de despojo y desplazamiento interno. Colombia sigue siendo uno de los países con las cifras más altas en el mundo: más de 700.000 en 2021, según OCHA.

 
Es fundamental la implementación del catastro multipropósito como insumo para la recolección de información de las áreas rurales, así como la regularización de la tenencia de la tierra. Adicionalmente, es necesaria la implementación de los planes de desarrollo rural, con el fin de garantizar el acceso en estas zonas a servicios y oferta del Estado.