Actualización semanal sobre los hechos más importantes relacionados con la implementación del Acuerdo. Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con un especial sobre la objeción presidencial a la Ley Estatutaria de la JEP; la arremetida del gobierno en la Corte Constitucional para revivir el uso del glifosato para combatir los cultivos de coca; los avances en el proceso de reincorporación impulsados por las ONU; la apertura del caso 007 sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en la JEP; entre otros.

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Objeciones del presidente Duque a la JEP: más políticas que de conveniencia

Este domingo el presidente Duque objetó seis de los 159 artículos de la estatutaria de la JEP y anunció que presentará una reforma constitucional para modificar el acto legislativo 01 de 2017, que le da vida a esta jurisdicción. En ese sentido, la ley deberá volver al Congreso y es posible que pase de nuevo por la Corte Constitucional para su revisión.[1]

Estos son los seis artículos objetados:[2]

1. Reparación de las víctimas (artículo 7): porque “no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas”.
2. Falta de determinación de la suspensión de los procesos (inciso tercero del literal j del artículo 79): porque “se trata de la suspensión de las actuaciones de la Justicia ordinaria frente a personas cuyas acciones sean competencia de la JEP. Lo consideramos inconveniente ya que no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar”.
3. Máximos responsables (parágrafo 2 del artículo 19): porque “renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad”.
4. La extradición (artículo 150): porque “es inconveniente debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas”.
5. Limitación de la competencia del Alto Comisionado para la Paz (artículo 63): porque “no determina el alcance de la competencia al Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se sometan a un proceso de paz”.
6. No extradición de terceros (artículo 153): porque “condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo”.

Además de esas seis objeciones, el presidente anunció un proyecto de reforma constitucional para abordar otros tres puntos: excluir del trabajo de la JEP los delitos contra menores, eliminar de tajo todos los beneficios de los desmovilizados que reincidan (aparentemente sea con el delito que sea) y llevar a la justicia ordinaria todos los delitos de ejecución continuada que se siguieron cometiendo después del 1 de diciembre de 2016.[3]

La decisión que tomó Duque, de objetar seis puntos de la Ley Estatutaria de la JEP y de presentar una reforma constitucional a la misma, ya empieza a levantar un torbellino político de voces a favor y en contra. La presidenta de la JEP, Patricia Linares aseguró que recibían “su decisión de objetar parcialmente el proyecto de ley” y agregó que tiene la tranquilidad que brinda la “afianzada tradición democrática que ha caracterizado a nuestro país de pleno respeto a la autonomía de los poderes públicos, la cual garantizará el funcionamiento de la JEP en el marco del proceso que sigue, para contar con una ley definitiva sobre la ley estatutaria, una importante herramienta que servirá para afianzar principios democráticos esenciales como el de debido proceso y el de seguridad jurídica”. [4]

Por su parte, el exequipo negociador del Gobierno y de las FARC, acompañado de personalidades de la vida pública colombiana (políticos, académicos, periodistas, artistas, representantes de organizaciones sociales y culturales, entre otros) dirigieron una carta al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterrez, abogando por el cumplimiento de los Acuerdos y criticando la postura destructiva del Gobierno Duque frente a los mismos:

“Le expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas”.[5]

También se ha manifestado un llamado a la resistencia pacífica en las regiones, así como, a entender que la paz va más allá del debate entre JEP y el Gobierno, observar a las comunidades que, pese a 50 años de conflicto en sus regiones, le siguen apostando a la paz. Como afirma Lorena Cantor en el Pacifista: “Hace mucho que distintas voces construyen paz en todo el país, cada día y en cada grito, desde antes de que estuviera de moda y de que todo lo etiquetaran con una palomita blanca; pero hay que aprender a escucharlas, a acompañarlas para que no remen solas y sobre todo, hay que defenderlas en la calles. La construcción de una Colombia diferente será colectiva o no será”. [6]

Las peleas y el consenso en el debate sobre el glifosato

En la audiencia pública de la Corte Constitucional sobre la aspersión aérea con glifosato y las condiciones para su reactivación, desarrollada la semana pasada, salieron de nuevo los desacuerdos alrededor de este tema. El gobierno de Duque hizo una apuesta arriesgada pidiendo al alto tribunal ‘modular’ la sentencia T-236 de 2017, en la que se establecen los requisitos para fumigar cultivos con coca. Mientras tanto, los opositores presentaron argumentos para que la Corte mantenga estos criterios, cerrándole la puerta a la reactivación de la fumigación.[7]

Desde el inicio del Plan Colombia en el año 2000, se han fumigado más de un millón de hectáreas de coca, con glifosato, que contiene el roundup, una sustancia cancerígena y considerada en muchos países como altamente peligrosa. Es decir, por casi 20 años se ha vertido toxinas sobre las zonas rurales y campesinas del país. Además, se han erradicado durante los últimos años centenares de miles de hectáreas de coca y se han mandado a la cárcel miles de campesinos.

La experiencia colombiana demuestra que la solución al problema de las drogas ilícitas implica un esfuerzo integral, intenso y sostenido en el corto, mediano y largo plazo sobre cada una de las partes que componen el sistema del narcotráfico: cultivos de uso ilícito, producción, y comercialización.

Se trata de un problema complejo que se debe a factores como la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, razón por la cual la solución a este implica un abordaje desde diferentes enfoques: económico, de desarrollo territorial, descentralización y gobernabilidad.[8]

Gobierno de Colombia, ONU y FARC avanzan en proceso de reincorporación [9]

Con el fin de acelerar la reincorporación social y económica a través de proyectos productivos, y alineados con las políticas de estado para la estabilización y consolidación, se invertirán cerca de tres millones de dólares, (aproximadamente nueve mil millones de pesos) dedicados a fortalecer iniciativas económicos y sociales con un enfoque territorial, de género y étnico. El proyecto vinculará a 2.500 personas en 15 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y está concebido para generar soluciones de cuidado para la niñez y la juventud, así como el empoderamiento económico de la mujer.

Actualmente existen 120 iniciativas productivas que incluyen 17 emprendimientos liderados por 278 mujeres. De estas se seleccionarán iniciativas que recibirán inversiones para la inclusión en la cadena de valor y comercialización de sus productos. También, se logrará establecer redes de trabajo con otras iniciativas de los mismos territorios para beneficiar a 2.083 personas en proceso de reincorporación.

Para implementar iniciativas de atención enfocadas a 509 madres gestantes y lactantes, niños, niñas y adolescentes, cinco de los ETCR identificados recibirán inversiones sociales. Este componente también contempla adecuaciones de espacios de cuidado existentes para niños y niñas con el objetivo de articular las acciones en terreno con el ICBF en lugares donde la institución no tiene cobertura a la fecha.

JEP abre investigación sobre reclutamiento de niños

La JEP investigará los hechos denominados como reclutamiento de menores de edad ocurridos entre el 1 de enero de 1971 y el 1 de diciembre de 2016. Frente a 4.219 investigaciones que aparecen en los sistemas de información de la Fiscalía General de la Nación, apenas se reportan diez sentencias condenatorias. Según los informes aportados a la JEP, el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado hacía parte de las políticas y prácticas de las FARC-EP y, en consecuencia, su responsabilidad podría imputarse a quienes comandaban esa guerrilla.[10]

La Sala de Reconocimiento tomó esta decisión a partir de tres informes presentados por la Fiscalía General de la Nación: (i) Inventario del conflicto armado interno (y su base de datos anexa); (ii) Vinculación y utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de las FARC-EP (iii) y el informe Violencia basada en género cometida por las FARC-EP.

Además, la Sala de Reconocimiento tomó la decisión de abrir el caso 007, a partir del informe 'Una Guerra sin Edad. Informe Nacional de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano' del Centro Nacional de Memoria Histórica y el informe 'Infancia transgredida: niñas, niños y adolescentes en la guerra', de la Coalición Coalico. También se tuvieron en cuenta las bases de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, el Sistema de Información de las Afectaciones a los Pueblos Indígenas de Colombia, de la ONIC, y la base de datos entregada por el Centro de Cooperación Indígena.[11]

Feminicidios en Buenaventura: el control criminal sobre los cuerpos de las mujeres[12]

En este municipio del Valle del Cauca el asesinato de mujeres por razón de género también ha estado dirigido al debilitamiento social para la expansión de las economías criminales. Las historias de algunas mujeres han sido estudiadas por Danny María Ramírez una socióloga e investigadora bonaverense. Según ella, el asesinato de mujeres en Buenaventura va más allá del odio y ha tenido el objetivo de silenciar, acabar procesos sociales y desarticular comunidades.

 “En Buenaventura se presenta el femigenocidio étnico/territorial, que tiene el objeto de eliminar a las mujeres para desarticular el tejido social de una comunidad que, a través de la historia ha venido resistiendo para permanecer en el territorio, un territorio donde los enclaves capitalistas de economías globales y criminales tienen un plan a ejecutar bajo un modelo de desarrollo establecido no incluyente”, es una de las conclusiones de los estudios de Ramírez.

Buenaventura, un municipio en el que para 2010 el 13,48% (más de 48.000 personas) de la población vivía en la miseria, y donde, además, hay múltiples actores armados y una historia de conflicto. Ahí, donde, según el Observatorio de Memoria y Conflicto, se han cometido 37 masacres; 1.682 asesinatos selectivos; y se registran 283 víctimas de violencia sexual en el marco de la guerra.

Lideresas que resisten bajo amenaza[13]

La oleada de asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, desatada durante el año pasado y que no ha dado tregua durante 2019, ha estado en la agenda pública desde hace meses. Son innumerables los informes que registran el fenómeno y no pocos los que han indagado por sus causas. Sin embargo, poco se ha hablado de la manera diferencial en que este fenómeno criminal ha afectado a las mujeres.

Si bien las cifras de los asesinatos de hombres defensores superan los 100 por año desde 2016 (mientras que el de las defensoras y lideresas suman 20 por año) el informe anual del Programa Somos Defensores sobre la violencia contra líderes en 2017, hizo una especial mención en la sevicia de la que son víctimas los cuerpos de las lideresas asesinadas. Una violencia que no registraron los cuerpos de los hombres: “De los 16 casos (de lideresas asesinadas) que se reportaron en 2017, al menos 4 demostraron una extrema violencia, con actos de tortura, violencia sexual y sevicia en la forma en que fueron asesinadas”.

“Necesitamos reactivar las cátedras de Paz, que están completamente muertas”[14]

Después de más de 50 años de guerra declarada con las FARC, hace dos años Colombia inició un proceso de posconflicto. Como parte de los acuerdos, se creó la Comisión de la Verdad, un órgano temporal que oficialmente inició operaciones el pasado 28 de noviembre. Con su puesta en marcha el país intentará alcanzar un objetivo ambicioso, nada fácil, pero necesario: entender lo que pasó, perdonar y reconciliarse.

La Directora de Pedagogía de la Comisión de la Verdad, Ana Cristina Navarro, habló sobre el papel de la educación en esta nueva etapa: “El sistema educativo debe apuntar a formar personas con mayor capacidad de relacionarse, porque está claro que tendrá más éxito en esta sociedad no el que más conocimientos recoja, sino quien mejores relaciones genere. El típico estudiante que pasa con notas normales, pero es un líder arrasador, puede ser el mejor. Está muy bien aquel que se concentra en adquirir conocimientos, sin embargo, hay que aprender a pensar críticamente y a relacionarse. En el fondo, eso es inteligencia emocional, y es fundamental para que la empatía se pueda esparcir por todas partes; no difundir, sino contagiar.”

Ejército rescata familia secuestrada por las disidencias en Putumayo[15]

Hombres de las disidencias de las FARC, antiguo frente 48 hoy al mando de alias Sinaloa, mantuvieron secuestrada a una familia en Putumayo, quienes fueron rescatados en dos operaciones adelantadas por hombres del Gaula Militar, adscritos a la Sexta División del Ejército.

Entre los plagiados se encontraba una niña de dos años, su señora madre y un tío, por quienes los delincuentes exigían una millonaria suma de dinero por dejarlos en libertad. De acuerdo con la información suministrada, Jhonier Riascos, fue secuestrado el 25 de de febrero, situación que fue puesta en conocimiento por parte de sus familiares a las autoridades.

El caso llegó a manos del Gaula Ejército, que de inmediato en coordinación con inteligencia militar empezaron a adelantar las investigaciones pertinentes que permitieron el pasado 2 de marzo determinar el lugar donde permanecía secuestrado Riascos. Él hombre estaba cautivo en una finca de la vereda La Caucasia, jurisdicción de Puerto Asís (Putumayo), lugar al que llegaron los hombres del Gaula y procedieron a su rescate.

La JEP pide rendición de cuentas sobre desaparecidos[16]

El 30 de agosto del año pasado, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que decretara medidas cautelares sobre 16 lugares en los que posiblemente se encuentran inhumados los restos de decenas personas. La petición fue acompañada con un detallado informe sobre zonas de los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre.

El pasado miércoles, seis meses después de esa petición, la Sección para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, emitió un comunicado sobre el estudio que ha realizado de esas posibles medidas cautelares. A pesar de que la Fiscalía General de la Nación, gobernaciones, alcaldías y otras instituciones le hicieron allegar información sobre el tema, consideró que el material aportado no es suficiente para pronunciarse sobre la solicitud del Movice.

Dudas sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Anorí[17]

Anorí, uno de los municipios más lejanos del Nordeste antioqueño está dentro de la lista de los 170 municipios priorizados en el país para recibir dineros de la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC, pero desde hace varios meses hay muchas dudas de la ejecución de los proyectos con los cuales intentan superar la brecha que generó la guerra.

Las inquietudes de los pobladores de Anorí, particularmente del sector rural, tienen que ver con el mal estado de sus vías veredales, indispensables para impulsar el desarrollo de los campesinos, pero a las que no se atienden en debida forma; las sospechas de corrupción en el desarrollo de algunos proyectos; la imposición de decisiones que se toman desde Bogotá; y la demora de pagos que el gobierno nacional debe hacerle a los cultivadores que dejaron la hoja de coca para uso ilegal y se acogieron a los programas de sustitución voluntaria.

Además, buena parte de las comunidades anoriseñas están preocupadas porque hay indicios de que la ejecución del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y sus componentes estarían mezclándose con actividades de carácter electoral, de cara a los comicios locales y regionales que se realizarán el próximo mes de octubre en todo el país.

Fuentes:

Pacifista disponible en: https://pacifista.tv/

Semana disponible en: https://www.semana.com/

La Silla Vacía disponible en: https://lasillavacia.com/

El Tiempo disponible en: https://www.eltiempo.com/

Verdad Abierta disponible en: https://verdadabierta.com/

El Colombiano disponible en: http://www.elcolombiano.com/

Fundación Paz y Reconciliación disponible en:  https://pares.com.co/

El Espectador disponible en: https://www.elespectador.com/noticias

Fundación Ideas para la Paz disponible en: http://www.ideaspaz.org/ 

Misión de Verificación de la ONU disponible en: https://colombia.unmissions.org/

Jurisdicción Especial para la Paz disponible en: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Principal/Informacion-de-prensa.aspx