• La firma del convenio entre MinEnergía y la OIM en noviembre de 2023, tuvo como objetivo brindar asistencia técnica en la estrategia de diálogo social, involucrando la participación de diversos actores territoriales en el marco de la política pública de transición energética justa.
• La transición energética representa una agenda de oportunidades para cerrar brechas de acceso a la energía en los territorios, fomentar la estabilización comunitaria y contribuir a la paz. 

Priorizar el bienestar de los ecosistemas, luchar contra el cambio climático y el deterioro medio ambiental, han sido algunas de las apuestas protagónicas de las autoridades a nivel nacional. De ahí nace la Política de Transición Energética Justa, una iniciativa que busca cambiar el modelo minero – energético, por un modelo que se fundamente en la estabilización, la sostenibilidad y la protección de la vida a través de iniciativas comunitarias. 

El proyecto del Ministerio de Minas y Energía (MinEnergía) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), tiene como eje central la creación de organizaciones o asociaciones conformadas por miembros de las comunidades, que colectivamente diseñaron y pusieron en marcha propuestas orientadas a generar, comercializar y hacer un uso eficiente de la energía a partir de fuentes no convencionales.

El objetivo principal es democratizar el acceso a la energía, mejorando la soberanía y la eficiencia del servicio en poblaciones vulnerables, denominando a estas iniciativas como Comunidades Energéticas. Este propósito se alinea con los esfuerzos de la OIM para apoyar a las comunidades afectadas por fenómenos climáticos, con medidas destinadas a fomentar la resiliencia y reducir las vulnerabilidades en los territorios mediante estrategias de adaptación sostenibles.

Ahora bien, en las cifras finales del proyecto se registraron 5.958 postulaciones con propuestas comunitarias para la obtención y producción de energía. Estas postulaciones se originaron en los 32 departamentos del país, con una concentración significativa de solicitudes en La Guajira, Córdoba, Santander y Meta.

Además, se llevaron a cabo 19 talleres de participación territorial, que incluyeron mesas técnicas y Asambleas Populares, con la participación de 1.325 personas de las comunidades locales y actores institucionales. Estos espacios facilitaron la concertación de alternativas sostenibles basadas en fuentes de energía renovable, a través de la comunicación y la escucha activa de los participantes.

Finalmente, se desarrollaron los planes estratégicos para la implementación de la Escuela de Transición Energética. Esta iniciativa busca fortalecer las capacidades de la ciudadanía mediante la participación y la transferencia de conocimientos necesarios para fomentar la economía popular a nivel territorial, dentro de un enfoque de desarrollo sostenible. Además, pretende promover el uso eficiente y socialmente responsable de los recursos energéticos renovables.

La culminación de este proyecto marca un inicio en la transición energética justa, dando paso a condiciones de vida digna desde la equidad, la democratización y la participación vinculante de las comunidades en la priorización de sus necesidades.